Recientemente en varios medios de comunicación se han publicado diversos artículos donde se mencionaba a la Asociación ATTAC (Asociación para Tributación de Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) en supuestos boicots al consumo de fresa cultivada en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Incluso se ha citado a líderes políticos supuestamente vinculados a esta Asociación como actores principales de esta campaña que ya se está desarrollando en determinados países, en especial Alemania, liderada por la plataforma digital Campact (similar a Change.org) que está recabando firmas desde hace varias semanas instando a que no se consuman frutos rojos en cuya producción se ponga en riesgo el propio Parque de Doñana.
No obstante, aunque distorsionadores de la realidad, estos artículos no pueden ocultar una evidencia como es el riesgo histórico que los abusos en el uso del agua para regadíos han conllevado sobre la pervivencia de Doñana, abusos a los que ATTAC, en Alemania, en España y en todos los países en que actúa, se opone radicalmente. El Plan de regularización de regadíos ilegales puesto sobre la mesa últimamente por la Junta de Andalucía es el último intento de consagrar una realidad donde se pretende mirar para otro lado, en realidad para el lado de actividades agrícolas que han sobreexplotado durante décadas mediante pozos ilegales las aguas subterráneas esenciales para el mantenimiento ecosistémico del Parque, al margen de otras explotaciones de seres humanos en invernaderos de alta producción trabajando en nefastas condiciones.
En ATTAC, y en concreto en su Observatorio de Ecología Política, sí es cierto que analizamos y denunciamos estos procesos de apropiación privativa indebidamente insostenible de los bienes comunes que suponen los recursos naturales, especialmente el suelo y el agua.
Pero ¿cuál es el trasfondo de lo que ocurre en el entorno de Doñana? ¿Es solo una cuestión de oportunidad electoral? ¿Es un mero problema de agricultores "legales" versus "ilegales", o hay algo más?
Buscar negocio en el medio rural es una tendencia que se ve incrementada desde hace unos años. Los Fondos de Inversión, en connivencia con los partidos de la derecha en los que se apoyan y son por ellos apoyados, han ido colocando más y más activos en los terrenos agrícolas, lo cual está provocando una enorme transformación en la estructura de propiedad de los terrenos rústicos, una acumulación de explotaciones agrarias, cada vez más grandes y "menos familiares" y con mayor protagonismo de la tecnología. Se trata de cubrir las futuras demandas de alimentos y sus previsibles incrementos con una producción donde el suelo y el agua son inputs determinantes.
Esto ha hecho que los Fondos de inversión hayan arraigado en España (cuarto exportador de la UE) interesados en cítricos, aceite y vino, lo que ha provocado aplicar el regadío intensivo a secanos históricos más adecuados (sostenibles) de estos cultivos. Pero a estos productos se hace preciso incluir otros de enorme rentabilidad como son los frutos rojos (fresa, arándanos, grosellas, frambuesas, ...) de consumo creciente y con exportaciones dirigidas a toda Europa, especialmente Alemania, producidos mayoritariamente en el entorno de Doñana y fuertemente apoyados por estos fondos de inversión que ponen a un modelo productivo agroindustrial en sus radares. Así, fondos como Fremman Capital, GPF / Frugara, Miura Equity, y el especializado en frutos rojos de Huelva Alantra/ Surexport, han entrado en el capital de empresas históricas del sector con el apoyo de Interfresa, el potente lobby empresarial del mismo.
El Plan de la Junta de Andalucía de regularizar los cultivos ilegales es en sí mismo una amenaza para los propios agricultores, pues no solo afectaría a la frágil ecología de Doñana sino que destrozaría la imagen de marca de productos de su entorno
Asimismo, la compraventa de terrenos agrícolas revalorizados (unida a las demandas de uso para energías renovables) los ha convertido en una especie de nueva burbuja especulativa. De hecho, los grandes fondos inmobiliarios cada vez están más interesados en las tierras de cultivo, multiplicando por diez el número de inversores en los últimos años y no solo en Huelva. Así, firmas como Proa Capital, CVC, Abac Capital, Nuveen o PSP Persan, por ejemplo, están cada vez más presentes en nuestro medio rural.
El agua, factor determinante y limitante de esta nueva burbuja, se ha convertido más que nunca en objeto político, pues el cambio climático está haciendo cada vez más escaso el recurso, cada vez el agua es más "oro azul".
Ahora bien, en otra contradicción típica del capitalismo, el exceso de ambición en la producción de estos productos choca frontalmente con las estrategias reputacionales de grandes compañías de distribución de alimentos que han hecho de la llamada sostenibilidad seña de identidad de su actividad. Empresas como Aldi, Lidl, Edeka, Tesco y Sainnsburys y otras que importan fresas y en general frutos rojos en todas las épocas del año, también del entorno de Doñana, ya solicitaron hace un año a la Junta de Andalucía que no ampliara los regadíos en Doñana en carta directamente dirigida al presidente andaluz.
La razón es obvia; sus clientes, en especial alemanes, holandeses, ingleses y escandinavos, son conscientes de que Doñana es Patrimonio Ecológico de la Humanidad, que las aves de estos países pasan el invierno en sus cálidas marismas hoy desecadas y en riesgo de desaparición. Conocen en suma su enorme valor ambiental y por eso exigen bienes de consumo que no hayan incrementado en su producción amenazas a su equilibrio ecológico, siendo este un elemento determinante en sus patrones de consumo. Por todo ello existe el enorme riesgo de que estas distribuidoras rechazaran productos generados en zonas de afección directa o indirecta de espacios naturales, muy especialmente uno tan paradigmático y reconocido internacionalmente como Doñana.
Por eso el Plan de la Junta de Andalucía de regularizar los cultivos ilegales es en sí mismo una amenaza para los propios agricultores, pues no solo afectaría a la frágil ecología de Doñana sino que destrozaría la imagen de marca de productos de su entorno, con un peligroso efecto dominó que afectaría a todos los agricultores, grandes y pequeños, legales e ilegales o "regularizables". A todos.
Hablar pues de un boicot a la fresa es la simplificación trumpista de los mensajes que son tan habituales hoy en día. La realidad es mucho más compleja y exigiría una nueva reorientación de la producción agrícola en el entorno de Doñana que implicara el equilibrio en el uso del agua para dar cabida al mantenimiento ecológico de las marismas. Eso también exige que los Fondos de inversión corrijan sus expectativas de beneficios y que sean conscientes de que exigen unos ritmos que la naturaleza no puede dar. Un hecho que difícilmente es esperable por la propia idiosincrasia de esos mismos Fondos.
En todo caso, ATTAC está para recordar que no se puede especular con nuestros recursos naturales. Y también está ATTAC para extender la idea de que la ciudadanía puede tener también un protagonismo en la lucha contra estos especuladores comprando o no determinados productos, especialmente en la defensa de nuestra gran joya verde que es Doñana.
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Alberto Fraguas Herrero es miembro del Observatorio de Ecología Política de ATTAC Madrid.
Recientemente en varios medios de comunicación se han publicado diversos artículos donde se mencionaba a la Asociación ATTAC (Asociación para Tributación de Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) en supuestos boicots al consumo de fresa cultivada en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Incluso se ha citado a líderes políticos supuestamente vinculados a esta Asociación como actores principales de esta campaña que ya se está desarrollando en determinados países, en especial Alemania, liderada por la plataforma digital Campact (similar a Change.org) que está recabando firmas desde hace varias semanas instando a que no se consuman frutos rojos en cuya producción se ponga en riesgo el propio Parque de Doñana.