El Banco de España no nos cuida

Recientemente el Banco de España ha vuelto a hacer una radical propuesta para reformar los costes del despido en línea con las que hizo durante la burbuja inmobiliaria, cuando, según el banco, los problemas de la economía española tenían como principal artífice el mal funcionamiento del mercado de trabajo. A la postre se comprobó que el banco lo sabía todo sobre el mercado de trabajo y nada de lo que sucedía en el sistema financiero, su área de competencia. Recuérdese que el banco negó hasta los posos la burbuja inmobiliaria. Un caso agudo de ceguera premeditada, resultado de que entonces, como desgraciadamente ahora, no nos encontramos ante un organismo independiente de los intereses privados sino capturado por las entidades que debe supervisar. El retiro natural de un exgobernador y de algunos de sus altos funcionarios distinguidos por sus servicios suele ser un sillón en una de esas entidades.

Pero el banco tampoco conoce cómo funciona el mercado de trabajo y tiene un alto récord de malas ideas acerca de cómo regularlo que, sin embargo, suelen terminar en el BOE. Recuérdese, por ejemplo, que el banco predicaba antes y durante la crisis inmobiliaria que las condiciones de trabajo negociadas en los convenios sectoriales eran barreras de entrada para las PYMES, o que servían para hundirlas o evitar que crecieran, pues eran fijadas por las grandes empresas en connivencia con los sindicatos con el fin de eliminar la competencia. Esa idea tuvo un amplio recorrido en la reforma de 2012 con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector y la supresión de la ultractividad de los convenios colectivos. Sin embargo, resultó falsa pues no hubo un boom de convenios de empresa como predecía el banco. Las PYMES no corrieron a negociar un convenio propio huyendo del sectorial. El motivo es que el argumento de que el convenio sectorial las asfixiaba era una ocurrencia no respaldada por la evidencia empírica. A mayor abundamiento, cuando el gobierno del PP realizó la Encuesta Anual Laboral para evaluar los resultados de su reforma laboral, el grado de satisfacción de las PYMES con su convenio sectorial resultó no solo alto sino también superior al declarado por las empresas con convenio propio.

Ahora el banco propone la mochila austriaca, acumular anticipadamente la indemnización por despido en una cuenta individual. La justifica, entre otras cosas, porque permitiría igualar el reparto de las indemnizaciones entre todas las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral mientras que ahora se concentran entre los despedidos; y porque incentivaría la movilidad de aquellos trabajadores estables que acumulan muchos derechos indemnizatorios. El primer argumento es difícil de adjetivar; si se extendiese a otras áreas del gasto público, los que no enferman o no estudian a lo largo de su vida deberían igualmente ser compensados frente a los que sí hacen uso de la sanidad o la educación universal. El segundo, ojalá fuera el problema acuciante de nuestro mercado de trabajo; significaría que, como en Austria, el empleo es mayoritariamente estable y nos podríamos dar al lujo de preguntarnos por qué los estables no cambian más a menudo de empleo. Una propuesta que plantea predotar una indemnización por despido como la mochila, en un mercado que ajusta fundamentalmente vía despidos como el español no es seria, pues no busca resolver su principal problema, la inestabilidad en el empleo. Además ignora, sorprendentemente, la reciente gestión diferencial y exitosa de la crisis a través de los ERTES, que han demostrado que es más conveniente gastar dinero en mantener plantillas que los ajustes vía despidos, como ya saben desde hace años en Alemania. Si a esto se suma que para su puesta en marcha la mochila requiere recortar a la mitad la indemnización por despido y 6.000 millones procedentes de los fondos europeos, no es aventurado calificarla de quimera. De hecho, la mochila austriaca forma parte del sueño liberal de transformar el trabajo asalariado en autónomo y la protección colectiva en cuentas individuales efectivas o nocionales, con el fin de avanzar hacia un mundo donde la sociedad no exista, como predicaba Margaret Thatcher.

Todo lo anterior tendría una importancia relativa si no fuera porque, nuevamente, el Banco de España ha descuidado al sector financiero, que vuelve a estar en un momento crítico y con él toda la economía española. Los bancos españoles son los menos solventes de toda la Eurozona, según datos de la Autoridad Bancaria Europea y, al mismo tiempo, son de los que más ganan, con un 7% de rentabilidad sobre recursos propios en 2019, por encima de la media y de los bancos de las grandes economías europeas. Los bancos españoles han repartido dividendos por encima de lo prudente durante la etapa de crecimiento iniciada en 2014 y como resultado cuentan ahora con un magro colchón de capital para hacer frente al inminente aumento de la morosidad generado, no solo por la crisis, sino también por el elevado volumen de empresas zombis que mantenían en sus carteras antes de la pandemia. Como consecuencia de esta imprudente política auspiciada por el supervisor, no se puede descartar a corto plazo un recorte apreciable del crédito bancario a familias y empresas, lo que podría estrangular la recuperación. Y todo esto a pesar de las presiones del Banco de España y las concesiones del Ministerio de Economía para que con los créditos avalados por el ICO los bancos pudieran trasladar el riesgo de las empresas zombis al contribuyente, como ya ocurrió con la SAREB y los activos inmobiliarios tóxicos. Entre 20.000 y 40.000 millones habría costado este nuevo rescate bancario encubierto que aflorará en los próximos años con la ejecución de los avales.

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Es urgente solucionar definitivamente el descontrol del Banco de España y el sistema financiero si no queremos que esto termine conduciéndonos a una sociedad donde ganen predicamento las soluciones autoritarias de extrema derecha. Para ello se requiere que los bancos funcionen con un mínimo de capital del 30%, que el negocio bancario opere a través de entidades pequeñas de ámbito local apegadas a lo que ocurre en el territorio, que el sueldo de sus directivos no pueda superar diez veces el salario mínimo, que los objetivos del supervisor sean la solvencia, la competencia bancaria y evitar la exclusión financiera en lugar de, como ocurre ahora, la rentabilidad, y que se amplíen las incompatibilidades de la alta dirección del Banco de España.

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Carlos Martín Urriza es director del Gabinete Económico de CCOO