Nos encontramos en un momento crucial. Las diferentes Comunidades Autónomas, que ostentan plenas competencias sobre esta materia, tienen que elaborar en estos próximos meses las nuevas normativas que regirán el funcionamiento de las residencias. Nos tememos que una gran mayoría de estas CC.AA. pretenden perpetuar el actual modelo inmundo y mercantilista que prima en las residencias españolas desde hace ya lustros, y que ha tenido su punto más álgido, y dramático, en la atroz gestión de la pandemia que se ha saldado con el fallecimiento de 35.000 personas mayores en las residencias del Estado español por COVID19 o con síntomas. Lamentamos que la Justicia y los Parlamentos no hayan entrado hasta la fecha en estos centros para analizar e investigar lo sucedido cuando hay suficientes indicios de la discriminación sufrida por los residentes por razón de edad y por el lugar en el que vivían. Una sociedad madura, una democracia sólida, no permitirían nunca esta impunidad, esta ausencia enfermiza de la verdad.
Y en esta coyuntura trascendental queremos dirigirnos explícitamente a los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas para solicitarles un cambio de actitud y talante para encarar el debate público sobre el marco normativo y el modelo que queremos trasladar a las residencias y a la Dependencia. Además de señalar su responsabilidad en el actual sistema obsoleto que criticamos, pedimos a estas Administraciones públicas que corrijan una anomalía inaceptable en democracia, como es la marginación, el ninguneo, en la participación y representación de familias y usuarias (y trabajadoras también) en aquellos foros institucionales donde se tendría que debatir abiertamente el nuevo modelo que debemos implantar entre todos.
La inexistencia de personal suficiente, y cualificado, para atender las múltiples necesidades de los residentes, la gran mayoría personas muy vulnerables y castigadas por enfermedades graves; la deficiencia de la atención médica; la práctica abusiva de sujeciones físicas y químicas; el funcionamiento ausente de los servicios de inspección; las continuas violaciones de las normativas por parte de las empresas operadoras; la alimentación escasa y pobre en valores nutricionales; la ausencia de la iniciativa pública en beneficio de una consolidada red de empresas privadas usureras; unos servicios asistenciales y de cuidados paupérrimos o abandonados; etc. etc... es el inaceptable reflejo del modelo hoy vigente de residencias, alejado de la calidad y de la dignidad deseables, paradigma del maltrato institucionalizado, de las malas prácticas y de las humillaciones... todo ello hace que las familias y las usuarias de las residencias digamos ¡¡ BASTA YA !!
Aunque las organizaciones de familiares y usuarias de residencias hemos valorado positivamente las mejoras que aporta el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios de la Dependencia aprobado el pasado 28 de junio en el Consejo Territorial que reúne a Gobierno central y a las Comunidades Autónomas, consideramos que en lo fundamental el documento no garantiza el cambio de modelo, no asegura cuidados dignos y de calidad. Gran parte de las exigencias prioritarias de los familiares y de las usuarias no se han tomado en consideración:
– En lugar del coeficiente 0,43 [43 cuidadoras por cada 100 usuarias] que se contempla en el Acuerdo para implantar en 2030, La Plataforma Estatal propone una ratio de personal cuidador (gerocultoras o auxiliares) de 1,13, lo que garantiza la presencia de 1 trabajadora por cada 4 residentes en los turnos de mañana y de tarde, respectivamente, y de 1 por cada 10 en el de noche. La cifra aprobada en el Acuerdo perpetúa uno de los grandes dramas que arrastran las residencias: la flagrante falta de personal.
– En inspecciones y órganos de control tampoco se ha tomado en consideración el suficiente refuerzo del número de inspectores, su calidad formativa y la transparencia con la que deben actuar; ni se establecen órganos de representación con la participación de familiares en la vida cotidiana de las residencias.
– Tampoco se asume la obligación de elaborar en todas las CC.AA. planes de creación de residencias públicas para combatir adecuadamente la obscena privatización del sector de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad. De la misma forma, tampoco se les garantiza a estas personas sumamente vulnerables una asistencia adecuada por parte de la sanidad pública, por lo menos la misma que se le ofrece al resto de la ciudadanía.
–No desaparecerán las macro-residencias ni el espíritu de hacinamiento que transmiten, pues se seguirán permitiendo construcciones de edificios de 120 plazas, cuando hemos propuesto que la cantidad no sobrepase las 60 camas por centro. Tampoco se exigirá un número suficiente de habitaciones individuales que preserve la intimidad de las personas a la vez que permita una prevención más eficaz ante la amenaza constante de epidemias e infecciones.
Llegados a este punto [y reiteramos: «en este momento crucial»] apelamos a la sociedad, al pueblo español, para que el 17 de septiembre a las 6 de la tarde, desde la Plaza de España hasta la Plaza del Callao en Madrid, exija a las diferentes Administraciones públicas y a las empresas operadoras de residencias un cambio de actitud y de talante que derive en la conformación de un nuevo modelo de funcionamiento de residencias, y de los demás servicios de la Dependencia también, en el que la participación activa de usuarias, familiares, y trabajadoras, como representantes legítimos de la ciudadanía, sea inexcusable. Un nuevo modelo donde la iniciativa pública sea sólida, donde los servicios se ofrezcan en el entorno familiar, bien financiados, de calidad suficiente, dotados de personal adecuado en número y formación, y a un precio razonable para la realidad actual de las pensiones.
Apelamos a la sociedad, al pueblo español, para que el 17 de septiembre a las 6 de la tarde, en Madrid, exija a las diferentes Administraciones públicas y a las empresas operadoras de residencias un cambio de actitud y de talante
Nadie es ajeno a vivir su último tramo de vida o su discapacidad en una residencia. Todos y todas somos susceptibles de ocupar una plaza residencial en un momento determinado. Por eso decimos que esta situación bochornosa e inhumana que se da con el actual sistema de residencias en el Estado español tiene que transformarse radicalmente ya; el respeto a los derechos humanos, los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, no puede esperar. De lo contrario, estamos alimentando una sociedad enferma, edadista, cruel.
Te esperamos en Madrid, el 17 de septiembre. ¡Acude!
La Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias.
Nos encontramos en un momento crucial. Las diferentes Comunidades Autónomas, que ostentan plenas competencias sobre esta materia, tienen que elaborar en estos próximos meses las nuevas normativas que regirán el funcionamiento de las residencias. Nos tememos que una gran mayoría de estas CC.AA. pretenden perpetuar el actual modelo inmundo y mercantilista que prima en las residencias españolas desde hace ya lustros, y que ha tenido su punto más álgido, y dramático, en la atroz gestión de la pandemia que se ha saldado con el fallecimiento de 35.000 personas mayores en las residencias del Estado español por COVID19 o con síntomas. Lamentamos que la Justicia y los Parlamentos no hayan entrado hasta la fecha en estos centros para analizar e investigar lo sucedido cuando hay suficientes indicios de la discriminación sufrida por los residentes por razón de edad y por el lugar en el que vivían. Una sociedad madura, una democracia sólida, no permitirían nunca esta impunidad, esta ausencia enfermiza de la verdad.