De castaño a oscuro

Pocas semanas después de la configuración del nuevo gobierno del PP, gracias a la genuflexión del PSOE y a las patrióticas gestiones del asesor de fortunas, Felipe González, acompañado de su camarilla golpista, las oligarquías político-económicas han alcanzado sus últimos objetivos.

Efectivamente, en toda la historia de nuestra democracia, ni tan siquiera en legislaturas de mayorías absolutas, tanto del PP como del PSOE, el partido gobernante ha adquirido tal nivel de poder en los principales órganos del Estado. Lo controlan todo. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de Administración de RTVE, la mayoría de los medios de comunicación, etc. y siguen presentes, naturalmente, en la presidencia y en los consejos de empresas con capital público y en otras privadas de carácter estratégico, vía puertas giratorias.

Es decir, que la que iba a ser la legislatura del consenso, ausente de mayorías absolutas, ineludible en acuerdos con los demás partidos políticos, sancionada en las urnas por la voluntad popular y así proclamada urbi et orbi por PP, PSOE y C's, trastoca sus propios discursos y traiciona el voto ciudadano, permitiendo el control institucional absoluto del partido gobernante.

Para ello, el PP está tejiendo un complicado encaje de bolillos, una ceremonia de la confusión que no podemos saber hoy hasta qué punto está pactada de antemano con el PSOE y Ciudadanos. Maneja una baraja que reparte a dos manos, intenta por un lado sobrellevar el pacto de legislatura con Ciudadanos, y por el otro ofrece algunas prebendas al PSOE a cambio de silencio, migajas en el reparto de puestos en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Administración de RTVE, etc.

Ambos partidos beneficiarios simulan presentar exhortaciones, solicitar comisiones de investigación y presencias de ministros –que no sirven para nada– para salvar la cara ante la opinión pública en el Congreso de los Diputados o el Senado. Es el teatro de guiñol de la política española, la apariencia como idioma compartido y la sustracción permanente de la verdad al ciudadano.

La gestora del PSOE, los barones instalados en el poder y la vieja guardia, están autorizando estas operaciones de pactos, y van a lograr lo que en décadas de transitar por la vida política, con errores y aciertos indudables, no han conseguido, y es, una profunda división entre la militancia de base y sus cúpulas directivas, la desafección de sus seguidores. La lealtad de tantos afiliados y votantes anónimos no merece esta deserción continuada de los principios del socialismo obrero. Para Ciudadanos, sin embargo, se abre una oportunidad de sorpasso a un PSOE desunido y sin mensaje –de la que ya se han apercibido, claro– por lo que nos venden su apuesta benéfica y desinteresada por la gobernabilidad y la intermediación social con algún gesto, simulado o no, de intransigencia con el Ejecutivo, siendo incluso más beligerantes que el PSOE.

No podemos aceptar a estas alturas que acreditados miembros de la carrera judicial y asociaciones profesionales denuncien en los medios de comunicación que sufrir presiones forma parte de su trabajo, vamos... ¡que es algo habitual! ¿Dónde está entonces la separación de poderes, la independencia del poder judicial? ¿Estamos esperando que la Comisión Europea nos haga una reconvención, como en tantas otras cosas, por la situación de indefensión de jueces y fiscales, mediatizados por la composición de sus órganos de gobierno, los ascensos condicionados, los ceses y traslados no solicitados, las inhabilitaciones, o las fichas abiertas en el curso de su trayectoria profesional? Mientras tanto, tenemos que seguir escuchando el latiguillo de insignes candidatos al museo de cera: “la justicia es igual para todos”.

Como nos distraeremos con el recorrido judicial de la cuestión catalana, que tiene todavía madeja que desenredar, paralela a los años de corrupción del caso Palau –parece que el independentismo no tiene escrúpulos en sacar prenda hasta de un símbolo nacional–, cabe pensar que esto le vendrá bien al PP en sus próximas citas en el banquillo, y que ocultará más fácilmente sus vergüenzas tras las del otro.

Mientras tanto, el desempleo real no baja –sólo hay reparto de sueldos y de duración de contratos–, y las diferencias salariales hacen que seamos el país con mayores tasas de desigualdad, según el último informe de la OCDE. Los beneficios empresariales no se están reflejando en las rentas salariales y padecemos una fiscalidad socialmente regresiva –más acentuada con la crisis–, que favorece a las grandes empresas y a las fortunas patrias. Menos mal que, aun “tributando” fuera, ellos son los mayores defensores de la Constitución, la unidad del país y la bandera.

Pero para muchos españoles el color de la indignación está pasando ya de castaño a oscuro. No es funcional para la estabilidad del sistema tirar tanto de la cuerda. ___________________

Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.