La igualdad de condiciones y de oportunidades son principios básicos en nuestras democracias. Y no son lo mismo. La primera requiere de la distribución equitativa de recursos esenciales y, la segunda, de la eliminación de barreras que impiden el acceso igualitario a estos recursos. Sin igualdad de condiciones, no es posible garantizar la igualdad de oportunidades.
A modo de ejemplo, en España, la educación obligatoria es gratuita y universal, pero el acceso a los circuitos de educación superior más demandados y a determinadas carreras profesionales depende más de la capacidad económica del aspirante, de su red social o de los atajos relacionales que utilicen, que de sus logros académicos o de su potencial profesional. Investigadores como Bourdieu enfatizan el papel de instituciones como la familia, la educación y las redes sociales en la configuración de la vida económica y, consiguientemente, nos sugieren que el capital cultural y social puede ser tan influyente como el capital económico en la determinación del éxito o fracaso económico de los individuos.
La identificación de las élites de poder en la sociedad moderna se puede realizar mediante técnicas avanzadas de análisis de redes, aplicando, por ejemplo, la descomposición K-core a una gran base de datos relacional. Los investigadores Grau Larsen y Houman Ellersgaard desentrañaron, con esta técnica, estructuras cohesivas dentro de redes complejas en Dinamarca. Los resultados de sus análisis revelaron cómo el poder está concentrado en un pequeño grupo de individuos altamente interconectados. Este grupo tiene una influencia desproporcionada en múltiples instituciones —educativas, empresariales y administrativas—, lo que les permite moldear políticas y decisiones a un nivel amplio. Al entender estas conexiones, podemos obtener una visión más clara de cómo se ejerce el poder en la sociedad contemporánea. Estudios análogos en nuestro país arrojan conclusiones similares.
Esta concentración de poder en manos de unas pocas familias solo puede contribuir a la perpetuación de la desigualdad y la exclusión social en los ámbitos públicos y privados, porque sus decisiones tienden a beneficiar, conscientemente, a aquellos que ya están en esa misma posición privilegiada. Siguiendo la perspectiva bourdieusiana, sus organizaciones no solo seleccionan, socializan y capacitan a los individuos, sino que también les proporcionan los recursos necesarios para acumular y reinvertir ese capital social, económico y relacional en su beneficio continuo, lo que refuerza la posición de estas élites y perpetúa las estructuras de poder dentro de una sociedad, también en la española.
La socialización de estas élites se realiza por una suerte de inducción cultural y solo genera conexiones de interés con recipientes de su mismo estatus. Una vez dentro, estas organizaciones de prestigio socializan a los individuos, inculcándoles normas, valores y comportamientos que son valorados en la esfera de poder en la que operan. Este proceso de socialización refuerza su identidad y pertenencia a un grupo selecto, lo que redunda en una visión compartida de la estructura social y del modo de operar como grupo en nuestra sociedad, que se autorreferencia en un mismo marco de protección corporativista.
Nuestras élites no solo están separadas del resto de la sociedad en cuanto a ingresos o relaciones; también lo están espacialmente. La brecha por códigos postales dibuja un mapa territorial que es fácilmente identificable por todo el país.
Los residentes de las zonas más ricas de España deben solo el 56% de sus ingresos anuales a las rentas del trabajo o a pensiones, mientras que en los barrios de clase trabajadora se llega al 84%
Los residentes de las zonas más ricas de España deben solo el 56% de sus ingresos anuales a las rentas del trabajo o a pensiones, mientras que en los barrios de clase trabajadora se llega al 84%. Este 5% más rico de los españoles debe casi un 40% de sus rentas a actividades económicas o al rendimiento de acciones, bonos o bienes inmuebles. Para la clase media española, estos rendimientos apenas suponen un 10% de sus rentas brutas. Los orígenes geográficos y socioeconómicos de esta élite no son accidentales. Los barrios más ricos de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades españolas actúan como viveros donde se cultivan las futuras generaciones de líderes en muchos sectores clave. Este fenómeno de concentración geográfica y social refuerza una homogeneidad de perspectivas y valores que, a su vez, moldea la toma de decisiones en el país. En su obra The Power Elite, Wright Mills ya describía cómo una pequeña fracción de la población puede concentrar una desproporcionada cantidad de recursos y control sobre las decisiones que afectan a toda la sociedad. La concentración mutual ilustra cómo las élites se consolidan y perpetúan su poder a través de redes de apoyo y proximidad geográfica. Esta dinámica no solo crea una estructura de poder resistente a cambios externos, sino que también plantea desafíos significativos para la lucha por la equidad y la justicia social y de los poderes públicos.
El acceso a la carrera judicial en España es un otro ejemplo de esta dinámica. Prepararse para las oposiciones judiciales requiere años de estudio intensivo y un considerable apoyo financiero familiar, recursos que generalmente solo están disponibles para aquellos con un sólido respaldo económico. Como resultado, la judicatura, especialmente en sus niveles más altos, está predominantemente compuesta por individuos de clase media-alta, educados en las mejores universidades y apoyados por fuertes redes familiares y sociales. Solo un 3% de los opositores a la judicatura reciben apoyo a través de una beca. Aquí también se manifiesta la metáfora del codigopostalismo.
Los escalones hacia la élite del poder son muy altos para la inmensa mayoría y poco elevados para los propios. ¿Pero tiene la élite una conciencia propia como grupo? Quizás no tengan una conciencia colectiva cohesiva, porque se ordenan con diferentes prioridades, pero están profunda y extensamente interconectadas y parecen mostrar un gran consenso en los asuntos claves que afectan a “sus intereses” y en cómo se alinean en torno a esa actitud defensiva. Por eso, la oposición de las élites a la intervención del Estado no solo es económica, sino también ideológica e instrumental, y se ejerce de múltiples formas, cuestionando la legitimidad de la redistribución forzada de “su riqueza”. La mejor manera de enfrentar estas políticas es presentarlas como irresponsables o amenazantes para la prosperidad del país en su conjunto. El “¡Viva la libertad, carajo!” es la expresión más sintética de este corpus defensivo. Pero en esta narrativa de la libertad y del peligro de la implementación de las políticas de izquierdas, necesitan contar con un componente crítico en toda democracia: los medios de comunicación.
La teoría del establecimiento de agenda, o agenda setting, nos explica las fuertes correlaciones que existen entre los temas salientes o prominentes de los medios de comunicación y los principales temas de debate públicos, tanto en medios clásicos como en redes sociales. Los medios de comunicación tienen, en un primer nivel, la capacidad de transferir los temas destacados de la agenda mediática a la agenda pública y establecer en la audiencia "en qué pensar"; por ejemplo, destacando en la cobertura el aumento de la inseguridad o la ocupación de viviendas. En un segundo nivel, los medios pueden enmarcar “cómo es, cuáles son las características de lo que se piensa” y, en nuestro ejemplo, enfatizar la presión de la inseguridad como un resultado de problemas como la falta de medios policiales o el descontrol en las fronteras. En un tercer nivel, pueden interconectar temas, mostrando una relación entre inmigración e inseguridad. De esta manera, se proyecta la inseguridad no solo como un problema de criminalidad, sino también como un fenómeno interrelacionado con la inmigración.
Ni el control de las narrativas ni del priming son un asunto menor para los grandes dueños de la información, porque existe una conexión directa entre la protección de sus intereses como élite y la necesidad de controlar la agenda pública y de tejer un espacio de primacía narrativa. En España, la cobertura mediática sobre los presuntos casos de tráfico de influencias ha recibido, en las últimas semanas, una atención artificialmente desmesurada. El tiempo y la prominencia dedicados a estos temas han superado con creces la atención prestada a los recientes datos positivos sobre la economía nacional y el aumento del empleo. Al destacar noticias judiciales, se favorece conscientemente una narrativa de fracaso y de caos que impone una agenda pública negativa en período electoral, que daña a propósito la competencia real del gobierno y que permeará toda la gestión cotidiana de este más allá de las elecciones.
La intención del votante es un plan mental que culmina en un comportamiento electoral específico, como decidir votar o no votar. Esta decisión final está influenciada por múltiples factores, entre los cuales destacan los medios de comunicación y la opinión pública. La opinión pública actúa como intermediaria entre los medios de comunicación y la intención de los votantes. Aunque también influyen otras variables, como el entorno familiar, las escuelas y el ámbito laboral, estudios recientes han demostrado que los patrones de enmarcado de la información por parte de los medios de comunicación —incluyendo su línea editorial y la propiedad— tienen una influencia significativa en la opinión pública. Esta, a su vez, afecta directamente en la decisión de los votantes sobre si votar y a quién votar.
Por tanto, intervenir en la opinión pública a través de los medios de comunicación tiene un impacto significativo en la decisión final de voto. Controlar las audiencias permite influir en las agendas informativas y en el encuadre de las noticias. Esta intervención supone un esfuerzo deliberado para moldear la opinión pública y, en última instancia, influir en la expresión del voto individual. Cuando no se encuentra el camino se crea uno propio, siguiendo la expresión de Aníbal.
Un estudio concluye que los vecinos de barrios pobres viven hasta nueve años menos que los de ricos
Una notable mayoría de la alta carrera judicial, de los dueños de los medios de comunicación españoles o de los propietarios de las grandes empresas y corporaciones del país residen en los mismos códigos postales. Puede que el codigopostalismo no sea solo una metáfora del poder interconectado de nuestras élites, sino que represente una realidad superior que no debemos desentrañar. En todo caso, puede que no sea solo un ejercicio de ficción, sino el reflejo de cómo el poder necesita concentrarse y perpetuarse en espacios de convivencia específicos, y legitimarse a sí mismo a través de un ciclo continuo de reciprocidad y mutualidad.
Cuando las decisiones que afectan a toda la sociedad se forjan y se diligencian en los salones exclusivos de un reducido grupo con intereses comunes, el tejido de las necesarias políticas públicas comienza a entretejerse con los hilos de la élite. Y en eso estamos.
Juan Miguel Becerra es doctor en análisis y pensamiento político.
La igualdad de condiciones y de oportunidades son principios básicos en nuestras democracias. Y no son lo mismo. La primera requiere de la distribución equitativa de recursos esenciales y, la segunda, de la eliminación de barreras que impiden el acceso igualitario a estos recursos. Sin igualdad de condiciones, no es posible garantizar la igualdad de oportunidades.