De todos los miedos que, hoy en día, le quitan el sueño a los españoles, como son la vivienda, la cesta de la compra o un posible empeoramiento de la situación económica y social a causa de las guerras, el que parece más grave es el que se refiere a la decadencia imparable de la sanidad pública que, habiendo sido excepcional, los gobiernos de las comunidades autónomas la están ofreciendo a empresas extranjeras, cuyo único objetivo es lucrarse. España entera asiste perpleja e impotente a este viraje de la sanidad que, con la privatización, ha perdido calidad, eficacia y prestigio. Los políticos se comportan como si fueran sus propietarios, haciendo y deshaciendo a su antojo, con el afán de enriquecerse también ellos mismos, además de sus familias, sus novios, sus amigos. Y yo me pregunto, ¿eso se puede hacer?, ¿se puede negociar con la sanidad pública?, ¿de verdad eso se puede hacer?, ¿cualquier presidente de una Comunidad Autónoma, inexperto, torpe, desaprensivo y sin escrúpulos, puede despojar a los ciudadanos de este bien público, contraviniendo un derecho constitucional?
La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Los principios y criterios que permiten este derecho se regulan en la Ley 14/1986, General de Sanidad por la que se transfiere la Sanidad a las comunidades autónomas, las cuales asumen la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios sanitarios; así como la prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
Lo cierto es que las comunidades autónomas han dejado la sanidad pública en manos de empresas privadas que desmantelan hospitales y centros de salud, que suprimen plazas hospitalarias, que no cubren las bajas
Pues bien, esto no se está cumpliendo en absoluto. Lo cierto es que las comunidades autónomas han dejado la sanidad pública en manos de empresas privadas que desmantelan hospitales y centros de salud, que suprimen plazas hospitalarias, que no cubren las bajas... Así que la sanidad está en la cuerda floja y, si nadie lo remedia, la cuerda se romperá y caerá al vacío. La falta de asistencia y el deterioro de la sanidad perjudica a millones de personas que, con las larguísimas listas de espera, pueden morir o empeorar sus dolencias antes de ser atendidas por un profesional.
Además, al adjudicar la sanidad, con todas sus infraestructuras, a una empresa extranjera se está enajenando el patrimonio del país, aquello que es de todos, ¿cómo se atreven?, y un delito tan grave como este se ejecuta con total impunidad. ¡Qué despropósito que un político goce de un privilegio, que lo exime de rendir cuentas de sus actos! ¿Para eso sirven las comunidades autónomas, para el enriquecimiento, personal e ilícito, del ejército de políticos que las gobiernan, cobijado bajo el tupido manto de la impunidad?
El Gobierno Central debería tener poder de veto para que estas atrocidades no pudieran cometerse y debería disponer de recursos legales para revertir la sanidad de la privada a la pública y obligar a que se cumplan los principios fundamentales previstos en la ley. Y si el Gobierno Central no puede evitar esta debacle, ¿para qué sirve?
Es necesario emprender acciones legales por parte de particulares, asociaciones, periódicos y todos los medios posibles, denunciando de forma explícita a los presidentes de las comunidades autónomas y, desde luego, es preciso que surja un movimiento ciudadano que exija abolir la impunidad, que va contra natura, ¿o acaso son ángeles?
Ahora la sanidad pública española no es española, sino alemana
Quirónsalud, el grupo hospitalario líder en la privatización de hospitales, clínicas y residencias de toda España, pertenece a la empresa alemana Fresenius. Pues bien, Fresenius, el gran grupo financiero, ha puesto a la venta ocho hospitales de Quirónsalud en Colombia y Perú porque ya no le resultan rentables. Fresenius ha contratado a Goldman Sachs (líder a escala global en banca e inversión y operativa de valores y gestión de inversiones, que provocó la crisis financiera de 2008) para la gestión de la venta. Al parecer, alguna gran empresa del sector ha intentado comprar el negocio alemán de Fresenius en España.
En eso se ha convertido la sanidad pública en un montón de acciones para el mejor postor. España ha vendido sus hospitales. Ya no son nuestros. Estamos perdidos. ¿Y dónde han ido a parar los miles de millones que han recibido las comunidades autónomas?
De muestra un botón: es de todos conocido que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está imputado por delitos de fraude fiscal y falsedad de documento, relacionados con la Empresa Quirón, por los que deberá ir a la cárcel y ella, la presidenta, tendrá que dimitir como mínimo, pues parece una pieza clave en la relación de este individuo con la empresa hospitalaria.
Tal vez convenga recordar que en 1997 el señor Aznar, en connivencia con Rodrigo Rato y Miguel Ángel Rodríguez, sin consultar con el Congreso, privatizó de forma total la Telefónica haciendo una oferta pública. ¿Acaso era suya? Y por si fuera poco, nombró presidente a su compañero de pupitre, del colegio del Pilar, Juan Villalonga. Afortunadamente, con Sánchez en la presidencia, España ha recuperado el 10 % de las acciones convirtiéndose en el socio mayoritario. De no haber sido por esta sabia decisión, la Telefónica sería 100% capital extranjero y el socio mayoritario nada menos que Arabia Saudí.
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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.
De todos los miedos que, hoy en día, le quitan el sueño a los españoles, como son la vivienda, la cesta de la compra o un posible empeoramiento de la situación económica y social a causa de las guerras, el que parece más grave es el que se refiere a la decadencia imparable de la sanidad pública que, habiendo sido excepcional, los gobiernos de las comunidades autónomas la están ofreciendo a empresas extranjeras, cuyo único objetivo es lucrarse. España entera asiste perpleja e impotente a este viraje de la sanidad que, con la privatización, ha perdido calidad, eficacia y prestigio. Los políticos se comportan como si fueran sus propietarios, haciendo y deshaciendo a su antojo, con el afán de enriquecerse también ellos mismos, además de sus familias, sus novios, sus amigos. Y yo me pregunto, ¿eso se puede hacer?, ¿se puede negociar con la sanidad pública?, ¿de verdad eso se puede hacer?, ¿cualquier presidente de una Comunidad Autónoma, inexperto, torpe, desaprensivo y sin escrúpulos, puede despojar a los ciudadanos de este bien público, contraviniendo un derecho constitucional?