Imaginemos que dentro de unas semanas el Tribunal Supremo anuncia que no es posible investigar al rey emérito por contar con la inviolabilidad constitucional del art. 56, que le ampara en todo tipo de actos hasta su abdicación en 2014, y porque las posibles irregularidades fiscales posteriores habrían prescrito.
Como creo que esto sucederá, no dejo de imaginar el impacto que provocará en la sociedad española esa conclusión judicial ante las actuaciones privadas sospechosas de Don Juan Carlos que se han publicado, algunas de fuentes tan cuestionables como Corinna Larsen o el ex comisario Villarejo.
No es difícil vaticinar que en ese escenario la desafección ciudadana hacia la política y sus instituciones crecerá. También su decepción al constatar cuál es la validez real del artículo 14 de la Constitución; ese que recoge el principio de igualdad de los españoles ante la ley.
No soy un socialista republicano recalcitrante ni ajeno a una realidad constitucional que blindó la monarquía como forma de Estado y como precio para acceder a la democracia en 1978. Tanto por convertir en una carrera de obstáculos casi insalvable la reforma de la Constitución para poder dar paso a una República como por consagrar para el rey una inviolabilidad de carácter medieval.
Uno de los problemas pendientes que tiene el Estado de Derecho es que el artículo 56 de la Constitución, cuando establece la inviolabilidad del rey, no distingue entre sus actos en la función institucional de jefe de Estado y las actividades personales. Lo ampara todo porque la institución y la persona van unidas.
Retrasada sine díe la compleja convocatoria de un referéndum que requiere un amplio apoyo parlamentario, blindada la Corona como forma de Estado, mantenida la inviolabilidad e irresponsabilidad por todo tipo de acciones y excluido el rey y la familia real de la aplicación de la Ley de Transparencia en lo que se refiere a la obligación de declarar su patrimonio y de seguir los principios de buen gobierno en su función como jefe de Estado, la frustración ciudadana será enorme. Y todo ello afecta a la democracia.
Pero no es momento de dividir al país en medio de una doble emergencia que se llama covid y recuperación económica. Por eso no defiendo nada que provoque mayor inestabilidad política en España. Como pedir la abdicación del rey Felipe VI o una consulta sobre Monarquía o República. Las prioridades hoy son otras y todos los esfuerzos han de ir dirigidos a consensuar los Presupuestos y avanzar en la reconstrucción social y económica.
Ahora bien, sí considero urgente, en defensa del Estado de Derecho, “democratizar” la Corona, en el sentido de estimular e impulsar nuevas prácticas de democracia en esa institución. Para ello, la Corona puede, voluntariamente y para toda la Familia Real, asumir compromisos con la transparencia fiscal e informativa y con principios éticos ejemplares de buen gobierno (en los términos de los artículos 5, 8 y 26 de la Ley 19/2013 de Transparencia, así como los artículos 3 y 17 de Ley 3/2015, del ejercicio del alto cargo).
La Fiscalía archiva las denuncias contra Pere Aragonès, Teresa Rodríguez y Ana Pontón por injurias a la Corona
Además, el rey Felipe VI podría renunciar ante el Parlamento a la inviolabilidad para sus actividades personales. De no ser así, el Congreso tendría que tomar la iniciativa legislativa y dejar bien claro que la democracia está por encima de privilegios a la Corona.
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Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.
Imaginemos que dentro de unas semanas el Tribunal Supremo anuncia que no es posible investigar al rey emérito por contar con la inviolabilidad constitucional del art. 56, que le ampara en todo tipo de actos hasta su abdicación en 2014, y porque las posibles irregularidades fiscales posteriores habrían prescrito.