La emergencia climática no permite más retrasos

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José Luis de la Cruz Leiva

La reducción temporal de las actividades humanas en 2020, fruto de la pandemia de covid-19, provocó una caída de las emisiones mundiales de CO del 5,4% en 2020. Sin embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero aumentaron en alrededor de 2,3 partes por millón, y alcanzaron nuevos picos históricos; además, se espera que en 2021 las emisiones vuelvan a aumentar.

2020 fue uno de los tres años más cálidos de los que se tienen registros, la temperatura media mundial es ya superior en 1,2 ºC y se ve cada vez más lejos que seamos capaces de cumplir con la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, y alcanzar cero emisiones netas de CO a nivel mundial para el año 2050.

Por otro lado, el último informe del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) sobre la Brecha de Emisiones 2021 nos alerta de que los actuales planes de acción de los países que han suscrito el Acuerdo de París nos avocan hacia un aumento de la temperatura global de 2,7 ºC para fines de siglo.

Si aún queremos mantener la esperanza de contener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo, el mundo necesita que desde ahora mismo a 2030 pongamos urgentemente en marcha políticas y acciones adicionales. La emergencia climática no permite más retrasos en cuanto a la acción. Los planes de acción de los países deben contemplar medidas concretas y salir de los planes ambiguos que aún encontramos y que no reflejan un verdadero compromiso.

La COP26, que arrancó el 31 de octubre en Glasglow, se produce además en un momento crítico en el precio de la energía, que nos muestra el riesgo de depender de los combustibles fósiles. La cita en Escocia debe responder a las necesidades mundiales y dar pasos importantes para la implementación de ambiciosas políticas climáticas de adaptación a la nueva realidad climática. Los gobiernos deben desarrollar de manera inmediata acciones climáticas alineadas con las económico-sociales, así como con las nuevas demandas laborales del cambio climático.

Si antes de la pandemia de covid-19 se alertaba de que el impacto del cambio climático afectaba de forma más acusada a los más vulnerables, la pandemia lo ha hecho aún más evidente. El coronavirus ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la Humanidad. Ha demostrado al mundo que debemos aprovechar esta crisis como una oportunidad de reconstruir de manera tal, que se reduzcan las emisiones y se mejore la resiliencia al cambio climático. La COP26 debe abordar esta desigualdad climática y profundizar en la articulación del fondo verde para que responda al objetivo para el que fue diseñado.

En las negociaciones de Copenhague, en 2009, las naciones desarrolladas se comprometieron a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, con el fin de ayudar a los países en desarrollo a afrontar el reto climático. En diciembre de 2020, el Grupo Independiente de Expertos sobre Financiación del Clima concluyó que este objetivo está lejos de alcanzarse y que, por tanto, se requieren esfuerzos adicionales significativos por parte de los países ricos.

El acceso a financiación y transferencia de tecnología para los países en desarrollo resulta esencial para hacer frente al cambio climático. El fondo verde diseñado para que los países más ricos ayuden a la adaptación y resiliencia de los más vulnerables ha de servir para crear planes de creación de una industria verde, generadora de empleo decente, que, junto con políticas públicas de sanidad, educación, asistencia social, energía y vivienda contribuya a que la transición sea realmente justa y sin dejar a nadie atrás.

La financiación ha de implicar el acceso a patentes tecnológicas, conocimientos y procesos de desarrollo relacionados con la acción climática. Pero, además, ha de eliminar reglas de comercio e inversión que restringen la capacidad de los Estados para implementar políticas activas de reindustrialización y transformación del sistema productivo. Los gobiernos tienen que aportar un marco para las inversiones en tecnologías de vanguardia, como la eficiencia energética, la producción de energías renovables o el hidrógeno verde, entre otras, apoyando la investigación, la innovación y el desarrollo.

Otro aspecto fundamental para conseguir que la acción climática global sea una realidad es el desarrollo del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mecanismos de mercado sobre derechos de emisiones. Se refiere a los proyectos que permiten a un país reducir emisiones realizando proyectos de descarbonización en países en desarrollo. El desarrollo del Artículo 6 puede suponer una reducción real de las emisiones e impulsar la ambición. Pero para que sea una realidad, debe estar construido sobre normas claras que garanticen que no se producen dobles contabilidades, es decir, que reflejen reducciones reales de las emisiones, que éstas no son contabilizadas en los dos países y que además están respaldadas por acuerdos transparentes sobre los que se puede realizar un seguimiento real.

El PNUMA estima que, si se generase este mercado global de emisiones para todos los sectores de la economía, alrededor de 5 GtCO2e podrían comercializarse por año en 2030. Por tanto, es fundamental que todos los gobiernos se impliquen con energía renovada en una cooperación multilateral, ya que es la única vía para afrontar la emergencia climática de forma efectiva y eficiente.

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La COP26 ha de reconocer que no hay justicia social sin justicia climática, y que ambas son esenciales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tenemos claro que existen responsabilidades comunes, pero también diferenciadas, y ahora debemos tener claro que solo a través de la solidaridad global basada en una financiación verde y el intercambio de tecnología, podremos llegar a conseguir una acción climática eficiente con protección social, sin dejar a nadie atrás, y que además nos proporcione resiliencia frente a futuras crisis mundiales como la que estamos sufriendo por el covid-19.

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José Luis de la Cruz Leiva es responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.Fundación Alternativas

La reducción temporal de las actividades humanas en 2020, fruto de la pandemia de covid-19, provocó una caída de las emisiones mundiales de CO del 5,4% en 2020. Sin embargo, las concentraciones de gases de efecto invernadero aumentaron en alrededor de 2,3 partes por millón, y alcanzaron nuevos picos históricos; además, se espera que en 2021 las emisiones vuelvan a aumentar.

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