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Congreso

El PP y Sumar se alían para que el Gobierno no pueda enviar armas al extranjero sin el aval del Congreso

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

En el Congreso, a veces, se tejen alianzas inesperadas. Es lo que ha ocurrido este martes con la proposición de ley presentada por el Partido Popular que busca obligar al Gobierno a contar con una mayoría parlamentaría antes de enviar armamento al extranjero ya que ahora únicamente está obligado a informar sobre ello. Se trata de una propuesta reclamada por los socios del Gobierno tras el inicio de la guerra en Ucrania pero que ha hecho suya la formación de Alberto Núñez Feijóo, que busca debilitar así al presidente Pedro Sánchez.

La toma en consideración de la norma ha salido adelante gracias al apoyo de Vox y la abstención necesaria de Sumar, socio minoritario del Ejecutivo central, además de la de Podemos. Ambos partidos se han mostrado muy críticos cada ocasión en la que Sánchez ha enviado armas a Ucrania sin contar con su apoyo contribuyendo, a su juicio, a la escalada bélica. El PP, sin embargo, no critica que se envíe material al extranjero sino que se haga sin tener su visto bueno.

La proposición de ley del PP reclama que el Gobierno debe solicitar "la autorización del pleno del Congreso de los Diputados" para enviar material militar a una zona en guerra, limitar la vigencia de las misiones militares en el exterior a cinco años desde su aprobación por la mayoría de la Cámara, pasados los cuales el Gobierno debería solicitar una prórroga, explicar los objetivos alcanzados y los que quedan por cumplir. Si no se hiciera, la misión se consideraría finalizada y la autorización caducada.

"El Gobierno no debe tener el monopolio de las decisiones en materia de defensa", defendió el diputado conservador Alberto Fabra. "Debemos garantizar un debate democrático sobre los envíos de material militar a otros países. Son decisiones con enormes implicaciones geopolíticas", aseguró durante el debate en el pleno. El PP también propone que el Gobierno debe contar con el aval del Parlamento si decide aumentar el número de tropas y de material. Además, en el plazo de un año tras la aprobación de la reforma, el Gobierno deberá solicitar que se renueve la autorización de todas las operaciones militares en curso.

Sumar se abstiene a cambio de que el PP permita su reforma sobre hipotecas

La abstención de Sumar ha sido clave para logar que la tramitación salga adelante, si bien su portavoz, Agustín Santos, recalcó que el PP ya había presentado una propuesta idéntica en el Senado  que se aprobó el pasado 24 de septiembre y que se está tramitando ahora en la Comisión de Defensa. Conscientes de que con esta segunda norma la formación de Alberto Núñez Feijóo buscaba dividir a los socios del Gobierno, formaciones como Bildu, el PNV y Esquerra Republicana han votado finalmente en contra pese a estar a favor del fondo de la ley.

"En una democracia parlamentaria es el Congreso el que debe definir cuál es el interés nacional", aseguró durante el debate de la norma el parlamentario de Sumar, Agustín Santos Maraver. En la misma línea se pronunció el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, que demandó más controles del legislativo, si bien ambos criticaron que cuando el PP ha estado al frente del Gobierno central ha actuado también a espaldas del Parlamento y que su motivación no es mejorar la transparencia del Gobierno sino provocarle un golpe a Sánchez.

Con todo, la abstención de Sumar ha sido una suerte de trueque. La formación de Yolanda Díaz ha negociado el sentido del voto con el PP a cambio de que los conservadores permitieran que su reforma para poder reclamar al banco cláusulas abusivas en la amortización de la hipoteca sea admitida a trámite, como ha acabado sucediendo. En el caso de Podemos, la formación morada ha incluido enmiendas en la norma para acortar los plazos propuestos por el PP.

Para las formaciones a la izquierda del PSOE, sin embargo, el problema no radica únicamente en que el ala socialista del Gobierno tome decisiones sin consultarlas con el Parlamento, sino que cuestionan el envío de armas en sí mismo, como ha sucedido cada vez que han trascendido las partidas para Ucrania. Tanto Sumar como Podemos, especialmente estos últimos, defienden que esa decisión aleja aún más una salida diplomática del conflicto y temen que acabe desembocando en un problema mucho peor, con el horizonte de un enfrentamiento nuclear.

El último envío de armas a Ucrania dividió a los socios de la coalición

El pasado mes de mayo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió con Pedro Sánchez en suelo español y el presidente del Gobierno anunció que iba a suministrar armamento por valor de mil millones de euros durante el año 2024, una cifra sin precedentes en la ayuda militar española a cualquier país. El socialista también se comprometió a apoyar a Ucrania "todo el tiempo que haga falta", pese a la oposición de Sumar y otros socios parlamentarios, que reclamaron contar con la autorización del Congreso antes de anunciar esa partida.

"Es un memorándum de entendimiento, no es necesario pasarlo por el Congreso de los Diputados. No es un tratado internacional", así despachó Sánchez la petición del portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Aunque el gasto se aprobó en el Consejo de Ministros, Urtasun aseguró que se trató de un "acuerdo muy opaco, donde no estaba establecido el destino" y, tras conocerlo, Sumar manifestó al PSOE su discrepancia.

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Además de esa última partida, también hay que sumar otros 5.000 millones de euros para el periodo 2024-2027, a través del Fondo de Asistencia a Ucrania, que forma parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz en el que está España. Nuestro país ha contribuido con otros 11.100 millones de euros desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Sumar, además. también ha batallado para evitar que se exporte ningún tipo de material a países como Israel. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, envió este martes una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedir la suspensión de cualquier contrato de compraventa de armas en curso con empresas israelíes.

Según han informado fuentes del Ministerio que dirige Bustinduy, la misiva, remitida en nombre de "los cinco ministerios de Sumar", se refiere a "algunos contratos" que aún quedan en curso a pesar de que España no ha autorizado ninguna nueva operación en este sentido desde el 7 de octubre.

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