Publicamos este artículo en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click
aquí. La información y el análisis que recibes dependen de ti.
La cuestión catalana ha vuelto a primer plano de la actualidad política, después de un año en que la protagonista ha sido una pandemia, utilizada como instrumento de confrontación y desestabilización por parte de la oposición populista de la derecha, y casi simultáneamente con la crisis diplomática con Marruecos que remite a la situación de bloqueo de las iniciativas diplomáticas para el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y al reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí por parte de la administración Trump.
Todo ello, después de una investidura agónica de Pere Aragonès en Cataluña que ha servido de precedente a las declaraciones que anunciaban la decisión del Gobierno de retomar la mesa de diálogo, así como de las filtraciones de Moncloa en que se valoraba la posibilidad de ejercer el derecho de gracia a los condenados por el procés procéspara antes de este verano, y casi inmediatamente, a la publicación del informe del Tribunal Supremo como último trámite preceptivo del expediente con carácter previo a la decisión de indulto por parte del Gobierno. En primer lugar, hay quien ha dicho que el informe es muy duro, aunque para ser precisos habría que decir que más que duro es un informe totalizador de un poder ensoberbecido, que reclamando su independencia niega de hecho el derecho de gracia y pretende dejar sin autonomía para ejercerla al poder político.
Porque lo que no está entre las competencias del máximo Tribunal y se trata de una interpretación inexplicable es oponer la sentencia al indulto, cuando tan constitucional es la una como el otro, y no cabe oponerlos entre sí, pero ante todo es rechazable emitir juicios de intenciones sobre los condicionantes y las motivaciones políticas del Gobierno para en su caso acordar los indultos, con términos poco menos que descalificatorios e injerencias explícitas entre poderes del Estado, como es la acusación al Gobierno, a todas luces improcedente en un tribunal, de pretender un ejercicio de autoindulto.autoindulto
Por otra parte, nadie había interpretado hasta ahora el derecho de gracia constitucional como una descalificación de la justicia o como un cuestionamiento de la calificación o de la pena impuesta.
Por contra, es hasta cierto punto lógico que el Tribunal Supremo se reafirme en los argumentos de su sentencia, aunque no tanto que éste lo haga de forma tan absoluta, taxativa y sin matices como si entre tanto no hubiese pasado el tiempo ni cambiado las circunstancias, lo que no deja en buen lugar la medida, la sensibilidad y la proporcionalidad que se predican de la justicia.
También forma parte de sus atribuciones que el Supremo valore e incluso que refute todas las razones de los solicitantes de los indultos, aunque de nuevo no parece lo más adecuado a la naturaleza de un informe, preceptivo pero no vinculante, que lo haga considerando inaceptable en términos de un rechazo general y para todos del indulto, cuando los informes deberían ser individualizados, porque individuales son las calificaciones, las penas y las multas e individual es la solicitud de indulto, y por tanto individual debe ser el informe sobre cada posible indultado. Y además porque el que toma la decisión es el poder ejecutivo al que, sobre todo el Tribunal Supremo, debe respetar en sus atribuciones constitucionales. En este sentido, la manifestación de voluntad de Jordi Cuixart no puede servirle al tribunal para aplicar a la totalidad de los condenados una voluntad de reincidencia no expresada por éstos.
Por otra parte, la defensa de la calificación de la conducta como sedición, y la comparación de los tipos y las penas con nuestro entorno para demostrar que unas y otras están alineadas con el resto de la Europa democrática, más que responder a los argumentos de los peticionarios del indulto parece dirigirse preventivamente a los tribunales europeos.
Es evidente que ya ha habido reproche penal y que se ha cumplido una parte no menor de la pena. El Tribunal Supremo además, dentro de sus atribuciones, ha cerrado todas las puertas para la progresión de grado a los penados por parte de la administración penitenciaria..
Pero, ante todo, el Tribunal Supremo no está para dar argumentos políticos a la oposición en sus posibles recursos ante un hipotético indulto que, por otra parte, todavía no se ha decidido, ni tampoco para marcar el camino de las aún más hipotéticas causas de nulidad ante la instancia de lo contencioso administrativo. El problema no es solo que el Tribunal Supremo prepare el argumentario político contra el indulto, sino que aporte la línea del recurso a la oposición y le marque el resquicio para su hipotética anulación por "manifiesta irrazonabilidad" a la propia sala III de lo Contencioso Administrativo.
Porque hay precedentes de condenados por causas y con penas más graves indultados con informe tanto favorable como desfavorable del tribunal sentenciador y del Tribunal Supremo. Tampoco ha sido ni es el arrepentimiento, el perdón o la manifiesta voluntad de no reiteración en el delito un requisito necesario y mucho menos imprescindible para el indulto.
Se trata pues de devolver a la política lo que nunca debió salir de ella por causa del decisionismo independentista al margen de la ley y de la Constitución. De favorecer el diálogo en unas nuevas condiciones, con un nuevo gobierno y una nueva presidencia en Cataluña.
Los catalanes y los españoles merecemos darnos una nueva oportunidad para el acuerdo y la convivencia. Entre unos y otros existe una distinta sensibilidad y opinión con respecto al indulto. Una mayoría de los catalanes y posiblemente tan solo una minoría de los españoles lo respaldan, aunque todos tengamos la voluntad de dar nuevas salidas políticas razonables al contencioso y también casi todos tengamos dudas, también razonables, con respecto a su contribución a una posible solución.
Es verdad que algunos pronunciamientos dificultan y no facilitan la percepción ciudadana sobre la posibilidad de encauzar el conflicto mediante el diálogo. Pero precisamente porque no hay concordia, es preciso buscarla. Además, no todos en el mundo independentista, como tampoco en el resto de las fuerzas políticas, han reaccionado igual. Así el mundo de Junts pel Cat y la ANC han reafirmado su rechazo del indulto en favor de la amnistía, al tiempo que su voluntad de reincidencia en la vía unilateral. Con la exigencia de la amnistía pretenden situar a la democracia y a la justicia española como un régimen poco menos que dictatorial, ante el cual se justificaría el derecho a decidir como un derecho de autodeterminación en una nación sin Estado sometida a ocupación. En este sentido, el rechazo de una mayoría del Parlamento español está más que justificado y el apoyo de algunos grupos parlamentarios ha sido también difícilmente explicable.
Mientras tanto ERC, sin desmarcarse totalmente, ha expresado claramente su voluntad de diálogo y de una solución acordada, tanto en el último congreso de su partido como en sus declaraciones públicas. Aunque también es cierto que, en el marco del discurso de investidura, la negociación se plantea con un plazo perentorio de dos años para alcanzar un acuerdo con el Gobierno central.
El mundo independentista es por tanto heterogéneo y se trata por eso precisamente de aprovechar las nuevas oportunidades, por pequeñas que estas sean, para en primer lugar restañar las heridas, relajar la tensión política y con ello abrir una etapa de diálogo dentro de una situación de mayor normalidad institucional y social.
El informe del Tribunal Supremo acota el indulto a una medida de gracia parcial. En ella cabe el mantenimiento de la pena de inhabilitación de aquellos que manifiesten su voluntad de reincidencia. También cabe la reducción del tiempo de condena, que además se podría hacer coincidir con una reforma del delito de sedición y de sus penas en el Código Penal. En todo caso, la motivación ha de ser exigente e individualizada ante los más que probables recursos.
En definitiva, el indulto debiera ser el colofón de un proceso de acuerdo político, que parece que en este caso aún no se ha producido a tenor del pacto de investidura catalán ni se va a producir a corto plazo, lo que coloca al Gobierno de coalición progresista al albur de las tensiones del Gobierno catalán y de la oposición beligerante de las derechas de la plaza de Colón, instalados ambos en una de las lógicas más populistas, en el plano territorial y político, de la historia española reciente.
El eslabón
En palabras de Azaña, ya no basta la conllevanza orteguiana para atravesar el desfiladero, sino que es necesario el mayor grado de compromiso.
_________________
Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
La cuestión catalana ha vuelto a primer plano de la actualidad política, después de un año en que la protagonista ha sido una pandemia, utilizada como instrumento de confrontación y desestabilización por parte de la oposición populista de la derecha, y casi simultáneamente con la crisis diplomática con Marruecos que remite a la situación de bloqueo de las iniciativas diplomáticas para el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y al reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí por parte de la administración Trump.