El juez García Castellón ha aumentado su apuesta en el juego del gato y el ratón frente a la mayoría del parlamento y contra el Gobierno. Ahora, con el argumento de que el procés y el Tsunami han provocado una vulneración grave de los derechos humanos. Un paso más en la instrucción de la acusación de terrorismo a Puigdemont y Rovira, que después de cuatro años solo ha adquirido velocidad a partir del resultado electoral y del inicio de las conversaciones con Junts para la consecución de la mayoría de investidura. Primero, estableciendo una relación causa efecto entre las movilizaciones en El Prat y el infarto fatal de un viajero, y ahora con los heridos en las movilizaciones entre las fuerzas de seguridad. Una calificación en sucesivos autos que no solo ha ido cambiando en función del contexto político, pasando, sin solución de continuidad, de desórdenes públicos a violencia terrorista con intención de matar, sino que además pretende intervenir puntualmente en cada paso de la negociación política y del debate parlamentario. A pesar de que recientemente hemos tenido un ejemplo de desórdenes públicos continuados y graves amenazas ante las sedes del PSOE sin que a nadie se le haya ocurrido esgrimir siquiera el calificativo de actividad terrorista light.
Como consecuencia, se acentúa la confrontación y polarización con la calificación al alza del procés y del Tsunami Democràtic como terrorismo, cuando ni siquiera la sentencia de sedición lo contempló por la ausencia de violencia. Si así hubiera sido, el calificativo sería por el delito de rebelión.
En paralelo, el Tribunal Constitucional y su presidente Conde-Pumpido se han convertido en la bestia negra a batir por parte de la derecha con el objetivo de devaluar preventivamente una futura sentencia, supuestamente favorable, sobre la ley de amnistía. En la lógica de que el único tribunal bueno es el que nos da la razón.
Buena muestra de ello es también la actitud selectiva del Consejo General del Poder Judicial en una defensa exclusiva de los suyos y haciendo caso omiso de su responsabilidad de inspección y sanción de las conductas impropias de sus miembros. Ahora, acaba de conocerse la aceptación de la labor mediadora por parte de la Comisión Europea en la largamente aplazada negociación entre PSOE y PP sobre su renovación. Eso supone que el recurso a la mediación en el ámbito internacional solo es legítima según quién la proponga.
Con este doble rasero, la derecha y una parte de los jueces más conservadores de la cúpula judicial y del Consejo del Poder Judicial no dudan en instrumentalizar la institución de la justicia para su batalla política contra la ley de amnistía y contra el Gobierno. Una apuesta que se torna más fuerte cada día, después de la batalla de resistencia y deslegitimación de los indultos y la reforma de la sedición y malversación desarrolladas por la derecha la legislatura pasada, y ahora con la pretensión de influir también sobre la justicia europea. En resumen, si es que no hubiera lawfare, se le parece bastante.
Mientras tanto, el CIS mete presión en la campaña electoral de las elecciones gallegas, confirmando la posibilidad de la quiebra de la mayoría absoluta del Partido Popular en favor de un gobierno plural de las izquierdas encabezado por Ana Pontón del BNG.
La derecha y una parte de los jueces más conservadores de la cúpula judicial no dudan en instrumentalizar la justicia para su batalla contra la ley de amnistía y contra el Gobierno. En resumen, que si es que no hubiera 'lawfare', se le parece bastante
Dentro del PSOE, Page acentúa su papel de nota discordante con responsabilidad institucional en solitario, mientras la dirección llama a la contención en la crítica interna. En la mayoría parlamentaria, la ofensiva político judicial consolida el cierre de filas en torno a la amnistía.
Sin embargo, y a pesar de este ambiente de polarización política, continúa la buena marcha de la economía española, con unos extraordinarios datos de empleo, la contención de la inflación y la moderada desaceleración del PIB, todo ello en un contexto de depresión de la economía europea internacional provocada por los efectos de la guerra y del fuerte alza de los tipos de interés decididos por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de los EEUU.
Esto no impide que la reacción de la derecha política a los buenos datos económicos sea la incredulidad y la negación, y que ante cualquier mejora del salario, del empleo o de las pensiones, agiten la amenaza de la ruina y el apocalipsis, de la mano de la derecha económica, sabedores de que mientras el empleo y la vivienda ocupan los primeros puestos en las preocupaciones de los españoles, la amnistía y Puigdemont aparecen entre los últimos.
Incluso en lo deportivo, parece que el asunto también va de justicia. Finalmente la Audiencia Nacional juzgará el caso de Jenni Hermoso, tanto por el beso no consentido, como por el acoso contra la jugadora y su familia para obligarla a retractarse y negar los hechos denunciados.
En paralelo, la Corte Penal Internacional ha aceptado entrar a debatir si considerar genocidio la guerra del Estado de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, sin otra recomendación que la contención de la guerra y la garantía de la ayuda humanitaria, sin atreverse a proponer el alto el fuego para acabar con la masacre. Un crimen de guerra continuado y una limpieza étnica de libro, similar al ejecutado contra la izquierda y los republicanos españoles, mientras la llamada comunidad internacional mira para otro lado y los organismos internacionales se mueven entre el cinismo de los EEUU y la impotencia.
Un crimen contra la paz que solo puede diferenciarse del genocidio en su carácter supuestamente reactivo y no planificado, ignorando la estrategia sionista de la ocupación, así como en un volumen limitado de víctimas. Por lo pronto, más de 25.000 muertos y más de 50.000 heridos, en su mayoría niños y mujeres.
Por ello, no deja de llamar a escándalo que los mismos argumentos que condenan la invasión de Ucrania por Rusia, por contra se inviertan frente a la ocupación de Palestina por parte del ejército israelí. Un ejercicio vergonzoso de cinismo imperialista, pero también de aporofobia e islamofobia.
Y en el trasfondo, el horror de la guerra de Israel contra Gaza y Cisjordania, junto a los ecos de la guerra de Rusia contra Ucrania y el proceso de primarias republicanas en los EEUU, en que se perfila la candidatura de Donald Trump.
Ruido y furia.
_________________________
Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
El juez García Castellón ha aumentado su apuesta en el juego del gato y el ratón frente a la mayoría del parlamento y contra el Gobierno. Ahora, con el argumento de que el procés y el Tsunami han provocado una vulneración grave de los derechos humanos. Un paso más en la instrucción de la acusación de terrorismo a Puigdemont y Rovira, que después de cuatro años solo ha adquirido velocidad a partir del resultado electoral y del inicio de las conversaciones con Junts para la consecución de la mayoría de investidura. Primero, estableciendo una relación causa efecto entre las movilizaciones en El Prat y el infarto fatal de un viajero, y ahora con los heridos en las movilizaciones entre las fuerzas de seguridad. Una calificación en sucesivos autos que no solo ha ido cambiando en función del contexto político, pasando, sin solución de continuidad, de desórdenes públicos a violencia terrorista con intención de matar, sino que además pretende intervenir puntualmente en cada paso de la negociación política y del debate parlamentario. A pesar de que recientemente hemos tenido un ejemplo de desórdenes públicos continuados y graves amenazas ante las sedes del PSOE sin que a nadie se le haya ocurrido esgrimir siquiera el calificativo de actividad terrorista light.