Las pensiones subirán el 8,5% en 2023. Se garantiza el poder adquisitivo de 9 millones de personas pensionistas. Lo hicieron posible la movilización continuada desde 2018 contra la congelación aplicada por el Partido Popular y la existencia de un Gobierno de Coalición Progresista. Sin embargo, la ley Escrivá (Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, LRIPPE), aprobada en junio de 2022, crea una bomba de relojería que amenaza las pensiones de lxs trabajadorxs más jóvenes. La LRIPPE es una ley neoliberal y obsoleta. Neoliberal porque privatiza una parte de las cotizaciones sociales. Obsoleta, al ignorar la vuelta de la intervención pública desde 2008 y el malestar creciente por el aumento de la desigualdad. Además, investigaciones recientes alertan sobre los efectos macroeconómicos de los fondos de pensiones (FFPP) que la LRIPPE favorece: alimentan la financiarización, promueven el aumento de la explotación y la desigualdad, contribuyen a convertir la vivienda en un activo especulativo, actúan de manera procíclica, acentuando las recesiones, y crean inestabilidad financiera que puede contagiarse a la economía real. La LRIPPE debe ser derogada.
Neoliberalismo, privatización financiada con fondos públicos
Para alimentar los FFPP de empresa se desviarán cuatro fuentes de ingresos públicos. Se aumenta la reducción en la base imponible del IRPF hasta 10 mil euros. Por cada partícipe en los fondos se detraerán hasta 400 euros anuales de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social. Se crea una deducción del 10% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades (IS) por las contribuciones de la empresa a sistemas de empleo. Por último, las empresas depositarias de los fondos estarán exoneradas del Impuesto sobre Transacciones Financieras. La ley deja abierta la puerta para que futuros gobiernos de derecha aumenten radicalmente estas subvenciones. Especialmente preocupantes son las posibilidades que se abren de trasvase de cotizaciones sociales a los bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. La historia de la privatización acelerada en sanidad y educación no deja espacio para la ingenuidad. Cuando pueda, la derecha avanzará agresivamente por la brecha que la ley ha abierto.
Financiarización, explotación y desigualdad
Las cuatro décadas de capitalismo neoliberal han generado grandes masas de activos financieros cuyo volumen guarda cada vez menos relación con el capital productivo y la capacidad de carga del planeta. Los FFPP han sido el principal instrumento para la acumulación de capital financiero: en 2019 eran la principal institución propietaria de activos bajo control, 51 de un total de 140 billones de dólares[1]. Un capital que busca en la esfera financiera los rendimientos que no ofrecen las inversiones reales, favoreciendo la hegemonía de la gestión dirigida a la maximización del valor para el accionista que sitúa como principal objetivo incrementar sus retribuciones mediante la distribución de dividendos, en muchos casos provenientes del endeudamiento, y la recompra de acciones. Para ello se recurre a reestructuraciones mediante la venta de las divisiones no esenciales, el despido de trabajadorxs, la externalización y deslocalización de actividades y agresivas políticas antisindicales para reducir salarios reales e incrementar los ritmos de producción. Se forja un bloque de intereses entre accionistas y dirección para transformar salarios en dividendos y retribuciones extravagantes de la alta dirección. Lxs trabajadorxs pierden poder adquisitivo y ganan precariedad. El resultado final es la intensificación de la explotación y la desigualdad.
Fondos de pensiones, financiarización y desigualdad en Estados Unidos
Estados Unidos es el país donde el proceso de financiarización ha sido más intenso. Desde 1974 a 2021, los FFPP se han multiplicado por 95 veces, pasando de representar una cuarta parte a una vez y media el producto anual. Los FFPP estadounidenses representan el 62% del total mundial. Estudios empíricos encuentran una estrecha relación entre FFPP, financiarización y desigualdad.
Lin y Tomaskovic[2] asocian la financiarización con el aumento de la desigualdad entre 1970 y 2008, período en que la participación de los más ricos pasó del 31% al 50% de la renta total. Una parte muy importante de ese aumento procede del incremento de la desigualdad salarial como resultado la reducción de la participación de los salarios en el excedente de las empresas y del aumento de la parte destinada a las retribuciones de los ejecutivos y los salarios más altos. La financiarización, aislada de factores como el declive de la sindicación, la globalización o el cambio tecnológico, daría cuenta de la mitad de la caída de los salarios, el 10% del crecimiento de los salarios de los ejecutivos y el 15% del crecimiento de la dispersión salarial.
Palladino[3] relaciona el estancamiento de los salarios con el modelo de gestión empresarial asociado al predominio de las finanzas, la creación de valor para el accionista. La inversión en acciones de los FFPP a partir de los años 80 fomentó el poder de los accionistas, uno de los factores detrás del estancamiento de los salarios. La parte de los salarios como porcentaje de los activos de las empresas cayó desde el 21% en 1972 hasta el 11% en 2017.
Para Braun[4], la búsqueda de rentabilidad para los capitales de los FFPP origina dos consecuencias macroeconómicas perversas: la política de valor para el accionista incentiva las reestructuraciones basadas en externalización de actividades, destrucción de empleo y congelación salarial; las inversiones inmobiliarias llevan al aumento de los alquileres y al desahucio de las personas de bajos ingresos. Los FFPP se construyen sobre una contradicción: sus partícipes son asalariados interesados en mejores condiciones laborales, pero los capitales que alimentan con sus contribuciones las degradan; al mismo tiempo, dificultan el acceso a la vivienda para los grupos sociales entre los que probablemente se encuentren, “convirtiendo el capital del trabajo en un protagonista mayor de la radical transformación de la vivienda en activos para los fondos de capital institucional”. Los dos mayores inversores de Blackstone Property Partners Europe son los FFPP de los empleados públicos y profesores de California con 750 mil y 470 mil millones de dólares. En el Estado español, Blackstone posee varias SOCIMIS, más de 22 mil viviendas en alquiler y se benefició con la compra de 1.900 viviendas de protección oficial siendo alcaldesa de Madrid Ana Botella.
Fondos de pensiones, financiarización y desigualdad en Europa
Dünhaupt[5] estudió el impacto de la financiarización en la desigualdad de renta entre 1980 y 2010 para 13 países de la OCDE, de los que 10 son europeos que han convergido hacia el modelo estadounidense de maximización de valor para el accionista. En todos ellos, ha aumentado el Índice Gini[6], y en todos, excepto Países Bajos, se ha incrementado la participación del 1% de los más ricos en la renta total. No detecta un impacto significativo de los gobiernos de izquierda en la evolución de la desigualdad. La socialdemocracia ha asumido la doxa neoliberal: privatización de empresas, desregulación financiera, contención salarial, ausencia de política industrial, competencia fiscal, abandono de la vivienda al libre mercado. En el mejor de los casos defiende un neoliberalismo compasivo[7] incapaz de contrarrestar las fuerzas profundas que alimentan el poder del capital: aumento de la explotación, captación de rentas, por ejemplo, inmobiliarias, y regresión fiscal. Concluye que las variables relacionadas con la financiarización contribuyen a explicar el incremento de la desigualdad de ingresos y que aquella es consecuencia de las políticas de desregulación de los mercados financieros y de promoción de inversores institucionales que presionan contra los salarios, entre ellos, los FFPP.
En 2016, Bonizzi y Churchill[8] advirtieron que la creación de vínculos entre los FFPP y la banca en la sombra podría “sembrar la simiente de posterior inestabilidad financiera a un nivel sistémico”. Después del estallido de la burbuja punto.com en 2001, los FFPP abandonaron el esquema de prestación definida e inversiones en acciones por otro de aportaciones definidas e inversiones alternativas. En los sistemas de prestación definida, los partícipes saben cuál va a ser la cuantía de su prestación. En los sistemas de aportación definida, la prestación dependerá del valor de los activos en el momento de la jubilación. Este sistema transforma las pensiones en un mecanismo procíclico, ya que reduce los ingresos de las personas jubiladas cuando se deprime la actividad económica, acentuando la caída de la demanda. Los FFPP padecen una contradicción esencial entre las necesidades de generar altos rendimientos y reducir el riesgo. Para alcanzar los dos objetivos optaron por inversiones alternativas como fondos de cobertura y de capital riesgo, al tiempo que adoptaban la estrategia liability-driven investment (LDI), invirtiendo en activos ajustados al vencimiento de los pagos de prestaciones. En Reino Unido, las inversiones alternativas pasaron de suponer el 7% del total en 2001 al 25% en 2013. El análisis de Bonizzi y Churchill resultó premonitorio.
¿Por qué nos debe preocupar la crisis de los fondos de pensiones británicos?
La presentación en septiembre de 2022 de un proyecto de presupuesto que reducía los impuestos a los más ricos provocó una reacción de los mercados financieros que forzó la dimisión de la primera ministra Liz Truss y la caída del precio de los bonos del tesoro a largo plazo. Los FFPP británicos habían invertido en ellos 1 billón de libras que utilizaron como colateral (activos comprometidos para asegurar el cumplimiento de un contrato) para adquirir complejos derivados financieros asociados a la estrategia LDI. Cuando el valor de los bonos a largo plazo comenzó a caer, los FFPP se encontraron con repetidas demandas para hacer efectivas las garantías, por lo que comenzaron a vender bonos alimentando un bucle de retroalimentación descendente que puso en peligro el conjunto del sistema financiero británico, la solvencia de los FFPP y las pensiones de sus millones de partícipes. El Banco de Inglaterra se vio forzado a intervenir comprando 65 mil millones de libras de bonos a largo plazo para detener la caída. Los riesgos de la banca en la sombra, de la que forman parte aseguradoras, fondos de inversión y FFPP, se extienden al conjunto del sistema financiero global. Esas instituciones no están sometidas a las normas de capital y liquidez para los bancos establecidas a raíz de la crisis financiera global de 2008, por lo que estos les han transferido parte de los riesgos que antes figuraban en sus balances. Jon Cunliffe, vicegobernador del BI, reclamó en una carta al parlamento que “la crisis de los fondos de pensiones ´subraya la necesidad´ de una regulación internacional de los no-bancos”. Sharon Bowles, miembro de la Cámara de los Lores, calificó el uso de los bonos como colateral de “un esquema Ponzi”. Steven Kelly, economista de la Universidad de Yale, afirmó: “Es posible que no tengamos pánicos bancarios, pero tenemos extrañas explosiones de corredores de materias primas y fondos de pensiones”[9].
Lecciones de la crisis británica. Primero, los FFPP son una parte de la banca en la sombra, con escasos controles de solvencia y riesgo. Segundo, su alto nivel de apalancamiento, necesario para poder hacer frente a los compromisos de prestaciones, genera desequilibrios que pueden afectar al conjunto del sistema financiero. Tercero, al contrario que los sistemas de reparto que actúan como estabilizador automático en tiempo de crisis, constituyen un poderoso instrumento procíclico que acentúa las crisis. Cuarto, su solvencia depende de la autoridad financiera, en esta ocasión la intervención fue de 65 mil millones de libras, otro mecanismo más de privatización de lucros y socialización de riesgos y pérdidas.
La 'ley Escrivá' se alinea claramente con la segunda alternativa, todo el poder de las administraciones para crear un gran fondo de promoción pública, pero de depósito y gestión privado del que las entidades financieras extraerán suculentas comisiones
Los tiempos están cambiando. Ideas y leyes obsoletas
A principios de los años 80, Margaret Thatcher y Ronald Reagan iniciaron la larga noche neoliberal proclamando que el Estado era el problema y no la solución. La nueva ortodoxia se construyó alrededor de las privatizaciones, la desregulación y las leyes antisindicales. El resultado de cuatro décadas de capitalismo neoliberal ha sido un brutal aumento de la desigualdad, la generalización de la precariedad y el malestar en el trabajo y el estancamiento de la productividad.
La sucesión de crisis en los últimos quince años ha destruido las bases del relato neoliberal. Solo la intervención pública masiva ha permitido al capital superar las crisis de 2008, Crisis Financiera Global; 2020, confinamiento y cese de la actividad productiva por la covid; 2021, inflación; y 2022, guerra de Ucrania. Dos factores han acentuado la crisis del neoliberalismo en su cuna, Estados Unidos: el estallido de la desigualdad y la crisis social, y la voluntad de conservar la hegemonía imperial. Así se reconocía en la primera gran iniciativa de Biden, el Plan de Empleos para América, que proponía la defensa del empleo con salarios justos y protección sindical y la inversión pública en infraestructuras e investigación para poder competir con una China que "está invirtiendo agresivamente en I&D" (el adverbio correcto sería "inteligentemente").
En Europa, el gobierno neoliberal de la UE asume ya la necesidad de una política industrial para no quedar rezagada en el avance tecnológico, especialmente en todos los eslabones de la producción de chips de alta tecnología, apunta a la mutualización de la deuda y aprueba programas de gasto como Next Generation. En noviembre, la Comisión Europea pidió el aumento de la inversión pública para afrontar las transiciones energética y digital[10]. El 12 de diciembre, la muy conservadora presidenta Von der Leyen se dirigió a los primeros ministros para demandarles que "para asegurar la competitividad de la industria europea en la transición energética, necesitamos más inversión pública tanto en el nivel estatal como en el europeo" y que "tenemos que ayudar a nuestra industria en la transición a la energía verde". Propone inversión y planificación públicas.
Estamos en un punto de inflexión. Excepto la tribu Mad-Max (Ayuso, Abascal, Bolsonaro, Trump), se reconoce la necesidad de la intervención del Estado en la economía. La cuestión es si servirá a las necesidades de la mayoría, de la mejora de las condiciones de trabajo, de una economía ampliada de los cuidados, y de la transición a un sistema económico compatible con los límites físicos del planeta o si, por el contrario, todo el poder público, incluyendo la recuperación de algún tipo de planificación, se pondrá al servicio de la acumulación privada de capital. La ley Escrivá se alinea claramente con la segunda alternativa, todo el poder de las administraciones para crear un gran fondo de promoción pública, pero de depósito y gestión privada del que las entidades financieras extraerán suculentas comisiones. Además, constituirán grandes capitales en busca de valorización a través de la reestructuración de empresas acompañada de despidos y reducciones salariales y la compra de viviendas y otros activos inmobiliarios para endurecer aún más un mercado enloquecido que expulsa a las personas de rentas bajas y medias. La derogación de la ley Escrivá debe convertirse en un objetivo prioritario del movimiento social en defensa del sistema público de pensiones y de la izquierda política y sindical.
[1] Thinking Ahead Institute, Global Pension Assets Study 2020, p. 9.
[2] Lin, Ken-Hou y Tomaskovic-Devey, Donald, Financialization and US income Inequality, 1970-2008, American Journal of Sociology 118 (5), 1284-1329, March 2013.
[3] Palladino, Lenore, Financialization at work: Shareholder primacy and stagnant wages in the United States, Competition & Change, 25 (3-4), 382-400, July 2021.
[4] Braun, Benjamin, Fueling Financialization: The Economic Consequences of Funded Pensions, New Labor Forum 2022, Vol. 31 (I), 70-79.
[5] Dünhaupt, Petra, An empirical assessment of the contribution of financialization and corporate governance to the rise in income inequality, Working Paper, No. 41/2014, Berlin Institute for International Political Economy (IPE), Berlin Scholl of Economics and Law.
[6] El Índice Gini mide la desigualdad en la distribución de la renta. Si la renta estuviese igualitariamente distribuida, su valor sería 0. Con una concentración total de la renta, sería igual a 1.
[7] Albarracín, Daniel, Barcena, Gonzalo y Garí, Manuel, ¿Giro neokeynesiano o neoliberalismo compasivo?, Viento Sur, 18 de noviembre de 2022.
[8] Bonizzi, Bruno y Churchill, Jennifer, Pension Funds and Financialisation in the European Union, Revista de Economía Mundial, nº 46, 2017, pp. 71-90, Sociedad de Economía Mundial, Madrid. Aunque el artículo se publicó en 2017, se remitió por los autores a la revista en febrero de 2016.
[9] Tomo las citas de Hannah Brenton, Why we should all be worried about the crisis at UK pension funds.
[10] Comisión Europea, Comunicación sobre las orientaciones para una reforma del cuadro de gobierno económico de la UE, 9 de noviembre de 2022.
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Xabier Pérez Davila es economista, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.
Las pensiones subirán el 8,5% en 2023. Se garantiza el poder adquisitivo de 9 millones de personas pensionistas. Lo hicieron posible la movilización continuada desde 2018 contra la congelación aplicada por el Partido Popular y la existencia de un Gobierno de Coalición Progresista. Sin embargo, la ley Escrivá (Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, LRIPPE), aprobada en junio de 2022, crea una bomba de relojería que amenaza las pensiones de lxs trabajadorxs más jóvenes. La LRIPPE es una ley neoliberal y obsoleta. Neoliberal porque privatiza una parte de las cotizaciones sociales. Obsoleta, al ignorar la vuelta de la intervención pública desde 2008 y el malestar creciente por el aumento de la desigualdad. Además, investigaciones recientes alertan sobre los efectos macroeconómicos de los fondos de pensiones (FFPP) que la LRIPPE favorece: alimentan la financiarización, promueven el aumento de la explotación y la desigualdad, contribuyen a convertir la vivienda en un activo especulativo, actúan de manera procíclica, acentuando las recesiones, y crean inestabilidad financiera que puede contagiarse a la economía real. La LRIPPE debe ser derogada.