Alguna vez habrá que plantear, alto y claro, que el poder judicial también puede ser criticado, ¡faltaría más!
Recientemente Jesús Maraña ha realizado un análisis sobre el poder judicial, en su artículo “Disculpen que no me levante (de momento) para aplaudir a la nueva presidenta del CGPJ”, en mi opinión, muy acertado y comprometido. Un análisis que ningún otro medio se ha atrevido a realizar.
Lo indignante es que ningún político, de cualquier signo, sea capaz de hablar abiertamente sobre un poder enquistado, desde la Inquisición, pasando por el Tribunal de Orden Público (de la dictadura de Franco) hasta aterrizar en la Audiencia Nacional, donde se parapetó detrás de la banda terrorista ETA. Puede dar la sensación de que la mayoría de los políticos, especialmente los que tienen posibilidad de ejercer el poder, están interesados en el control del CGPJ, dado que participan en el nombramiento de los principales cargos de la Justicia. Por resumir, a los presidentes de las cinco salas del Tribunal Supremo, así como a los magistrados de dicho tribunal, a las tres salas de la Audiencia Nacional, y también a su presidente. Además de los innumerables cargos de los Tribunales Superiores de Justicia, audiencias provinciales y a los magistrados de las salas de lo civil y de lo criminal que se encargan del enjuiciamiento de causas sobre los aforados. Amén de la disciplina de los miembros de la judicatura, la elección también de dos magistrados, que por ley corresponde su elección al CGPJ, del Tribunal Constitucional.
Parece que hay un amplio consenso que entiende que la estructura judicial tiene una base considerablemente conservadora, lo que no tendría que ser necesariamente un elemento negativo, si no fuera por la difícil homologación con países de nuestro entorno como Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, etc. Una prueba que favorece esta percepción es la actuación de algunos jueces españoles en relación con el proceso contra el ex presidente de Cataluña, Sr. Puigdemont.
Acceder a la carrera judicial exige disponer de una suficiencia económica considerable, además de una estructura de relaciones en esa esfera que da lugar a una endogamia que se debería corregir, por los propios miembros del mismo y por el poder legislativo. La mayor parte de los jueces, debido fundamentalmente al sistema de acceso a la profesión, viven lejos de la realidad, pues cruzan directamente desde las facultades de derecho al desarrollo de la actividad jurisdiccional, eso sí, tras una ardua oposición para la que hay que contar con unos ahorros importantes para poder mantener el proceso, habitualmente dilatado, de acceso a la judicatura. En su inmensa mayoría no han tenido ninguna experiencia profesional fuera de la judicatura, lo que hace que sus experiencias vitales pudieran estar alejadas del funcionamiento de la sociedad en la que deben juzgar.
¿Cuántos jueces de los más de 5.400 que había en enero del presente año han sido apartados de su ejercicio en los últimos 25 años?
Sería importante que el legislativo se planteara, más pronto que tarde, la necesidad de acometer una reforma del modelo de acceso que tiene la judicatura. Y sería bueno que se pueda criticar, abiertamente, un planteamiento que responde a un modelo que nos lleva a momentos previos a Montesquieu, en el siglo XVIII, en lugar de situarnos en el siglo XXI.
Es difícil entender que haya más encausados en cualquier actividad relevante que en la judicatura. ¿Cuántos jueces de los más de 5.400 que había en enero del presente año han sido apartados de su ejercicio en los últimos 25 años? Parece más fácil apartar de su actividad a cualquier funcionario que desarrolle inadecuadamente su trabajo que a un juez, que también son funcionarios. Y ¿dónde radica la diferencia? Posiblemente en ese proceso endogámico de selección donde la interrelación impide que sean capaces de identificar los delitos de alguien a quien deben su situación o que alguien cercano le condiciona para tomar algunas decisiones.
Hay demasiadas incógnitas en el funcionamiento de la Justicia española. Francesco Carrara, al que algunos consideran el creador de la escuela clásica del derecho penal en el siglo XIX, decía: “Cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta por la ventana”. La realidad actual en España no se ajusta precisamente a lo planteado por Carrara, pero la interrelación entre jueces y políticos hace que la desconfianza sobre unos y otros esté presente en muchos ciudadanos.
La supervisión del poder judicial, como el resto de los poderes, debe estar sujeta al control del pueblo, por muy rimbombante que parezca la frase. Y como se pone de manifiesto de forma evidente, el CGPJ no parece el instrumento adecuado para ese control.
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José María de la Riva Ámez es profesor de Geografía en el Máster en Desarrollo Territorial Sostenible (UAM) y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE.
Alguna vez habrá que plantear, alto y claro, que el poder judicial también puede ser criticado, ¡faltaría más!