Altri da munición a Rueda contra el Gobierno aunque estaba fuera de plazo en las ayudas denegadas

El pasado martes, nada más conocerse la exclusión de Altri del listado del Gobierno de España de proyectos que se beneficiarán de los fondos PERTE para la descarbonización, la Xunta no tardó en repetir su argumentación: el Ejecutivo central "discrimina" a Galicia y sigue "criterios políticos" y no técnicos para perjudicar las iniciativas empresariales. Horas antes, Greenfiber —la sociedad promotora de la planta que la papelera portuguesa tiene prevista en Palas de Rei— reconoció en un comunicado que se presentó a esta convocatoria de ayudas de la UE sabiendo que "no podría ser elegible por razones de plazo" a no ser que el Estado "consiguiese acordar con la Comisión Europea una prórroga". Aun así, añadió, recurrirá la decisión del ministro de Industria que deja a la compañía sin 30 millones de Europa a la espera de otros 220 que aún aspira a obtener. 

La pregunta, advierten fuentes comunitarias, es clara. ¿Qué recorrido tiene un recurso sobre la exclusión de un paquete de ayudas del que se queda fuera por no cumplir los plazos? ¿Por qué una empresa se presenta a una convocatoria sabiendo que no cumple con las fechas marcadas como límite? "La táctica es muy vieja", responden, avisando de que la "imposible" adaptación del proyecto a los tiempos que imponen los fondos Next Generation de la UE no impide que Altri (y la Xunta) mantengan el discurso de la ofensa por la supuesta "discriminación a Galicia". 

Porque, tal y como se desprende del documento del Ministerio que aclara las puntuaciones de los proyectos rechazados, el de Altri —el segundo con peor puntuación— fue rechazado, en primer lugar, porque su "fecha de finalización supera el plazo máximo señalado" en la orden de agosto de 2024 que establece las bases reguladoras de la convocatoria de los PERTE de descarbonización. 

Pero también porque no cumple con las exigencias respecto al consumo de combustibles fósiles, que "no deben ser su fuente de energía" ni como "materia prima" ni en "equipos de emergencia o similares". Además, otro de los criterios en los que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima fue el referente a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de evitarlas con recursos técnicos y mejoras ambientales, recibiendo una puntuación de 3 cuando el mínimo exigido era 7. 

En cualquier caso, el hecho de que el proyecto no estuviese en plazo dejó a Altri sin opción en este PERTE. ¿Y cuáles son los plazos? La propia empresa, en su comunicado, aclara que su participación en esta convocatoria "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea", los proyectos candidatos "se deben finalizar antes del 31 de marzo de 2026". En menos de un año. 

Se refiere a los plazos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se basa en las fechas estipuladas por la normativa comunitaria que establece este mecanismo de recuperación impulsado tras la pandemia del covid. En el texto se aclara que los pagos a los Estados sólo se hará a finales de ese año 2026 y que aquellas medidas que se vayan a ejecutar con estas subvenciones tendrán que estar finalizadas antes del 31 de agosto de ese año. En España, como en la mayoría de Estados, los plazos para tramitar las ayudas y completar todo lo requerido para los pagos están ajustados, de ahí que la fecha límite para ejecutar gastos o inversiones sea el 31 de marzo. 

La macrocelulosa no estaría lista antes de 2028

Teniendo en cuenta que Altri aseguró varias veces que necesitaría unos tres años para terminar la planta y producir fibras textiles una vez obtenidos todos los permisos, y que la Xunta espera tener la Evaluación Ambiental Integrada que necesita antes de que acabe el verano, las expectativas sitúan el proyecto, como mínimo, en 2028. En el caso de que quisiera acelerar los plazos, la empresa tendría en torno a seis meses para finalizar las obras y poder recibir así los fondos de recuperación, ya sea en forma de PERTE o de otro paquete de ayudas. 

La propia UE lo deja claro en sus documentos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entró en vigor en febrero de 2021, "sirve para financiar las reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2026". Respecto a los fondos Next Generation, aclara que el plazo para ejecutarlos “finaliza el 31 de agosto de 2026”, según la normativa de dicho mecanismo de recuperación. 

"Es un castillo de naipes de manual, porque de eso se trata este proyecto, que tiene como objetivo real obtener en Galicia el eucalipto que no encuentran en Portugal. Por lo tanto, Altri no cumple con los plazos ni del PERTE ni de ninguna otra subvención del Plan de Recuperación que demandan", explica el eurodiputado gallego del PSOE gallego, Nicolás González Casares, que advierte, con ironía, de los "pequeños detalles" que Greenfiber tendría que solucionar ya, como la conexión a la red eléctrica. 

"Incumplieron las reglas conociéndolas desde el minuto cero", añade Casares, quien supone que la Xunta "seguirá con el lamentable rol jugado en toda esta historia y buscará culpar al Gobierno central si Altri no logra lo solicitado". "Acusarán al Estado de marginar a Galicia por no dar 250 millones de euros a fondo perdido a una industria que no puede ejecutar esos fondos en tiempo, incumpliendo las bases por principio", denuncia, además de advertir de la "inmadurez" de un proyecto cuya idea surgió ya en 2020.

Además, ya antes, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, había advertido del "posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas" por parte de Altri y de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar el proyecto. Ante la exclusión del PERTE, asegura que el Estado sabe que su inclusión supondría inmediatamente "la apertura de un procedimiento de infracción en Bruselas". "Esa es también una de las claves", asegura. 

'Wishful thinking'

Pero Altri denuncia que el Gobierno español podría pactar una prórroga de los plazos en la UE. "Es un wishful thinking, un pensamiento ilusorio, no tiene sentido", explican fuentes comunitarias, que advierten de lo que supondría activar ese cambio. Nada más y nada menos que reformar un reglamento, el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y para esto necesita que lo proponga la propia Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, y que lo aprueben (y sean convencidos) cada uno de los 27 Estados del Consejo y sea enviado al Europarlamento para recibir el visto bueno de la cámara, además de la convocatoria de un trílogo (negociación entre esas tres partes) para adaptar el texto. 

"Casi nada", insisten las mismas fuentes, que aclaran que "no tiene ningún sentido" algo así teniendo en cuenta que ya hay proyectos en marcha y que, además, recuerdan que hace no mucho el PP votó en contra de la exigencia de ampliar los plazos en lo que tenía que ver con las reformas impulsadas por los Estados al amparo de este mecanismo de ayudas. 

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Desde la Eurocámara insisten en que en la UE hay ahora mismo "otras prioridades" antes que las ayudas vinculadas al proyecto de recuperación tras la pandemia, que tienen desde hace tiempo como fecha de caducidad el años 2026 y, además, prorrogarlas supondría una pérdida económica que pocos Estados aceptarían. La pregunta, explican las mismas fuentes, es "qué hicieron Altri y la Xunta desde que se anunció la intención de ejecutar un proyecto hasta que se implementó, teniendo en cuenta que sabían perfectamente cuáles eran los plazos de los fondos europeos". 

La improbable elección de los IPCEI

Ante la imposibilidad de Altri de acceder a los fondos Next Generation o vinculados al mecanismo de recuperación del covid, como aseguran varias fuentes comunitarias, deja a Altri con pocas opciones. ¿Las tiene? "Pocas o ninguna", insisten, en referencia a los IPCEI (Important Projects of Common European Interest), proyectos de interés común europeo que reciben ayudas extraordinarias si contribuyen claramente a los objetivos de Bruselas, que tengan un impacto significativo en la competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de valor de la UE. También en el caso de involucrar a varios Estados o con beneficios que "no se limiten a las empresas o sectores en cuestión, sino a toda la economía o sociedad europea a través de efectos indirectos positivos", según aclara la UE.

En este caso, "el proyecto tendría que estar vinculado a un sector estratégico y tendría que ser el Estado el que solicitara su inclusión en esas ayudas", aseguran las mismas fuentes, que también advierten del "procedimiento extremadamente complejo" que conlleva y de la dificultad que tendría para no incumplir las normas de competencia comunitarias.