Una oportunidad de las eléctricas para la transparencia

El propósito de estas breves notas es aportar varios argumentos que desmienten la justificación con la que las compañías propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y, en menor medida, Naturgy y EDP) están amenazando al Gobierno a raíz de las medidas adoptadas por éste para reducir el impacto de la escalada del precio mayorista de la energía eléctrica; en particular la minoración de los beneficios extraordinarios que vienen obteniendo las plantas nucleares e hidráulicas.

Según las compañías, con esas medidas registrarán pérdidas y se verán abocadas al cierre.

1.- Antes de entrar en detalle, es importante destacar el permanente celo con el que siempre las compañías eléctricas han evitado proporcionar información para que se conozcan sus costes reales. Ello a pesar de que, al mismo tiempo, ha sido en nombre de esos costes como las compañías han obtenido sucesivas concesiones favorables de los gobiernos del PSOE y el PP desde los años ochenta.

2.- En la actualidad, el Foro Nuclear, Energía y Sociedad y otros altavoces que cierran filas con los intereses de las compañías eléctricas insinúan que la banda mínima de precios que necesitan las centrales nucleares para cubrir sus costes y demás gastos se sitúa en 55-60 euros por megavatio-hora (€/MWh). Según ese cálculo, aproximadamente la mitad de esa cifra correspondería a impuestos y tasas que gravan la actividad de las centrales. Lo cual justificaría el calificativo de “ahogo fiscal” con el que iniciaron una campaña de propaganda a principios de 2021; por tanto, antes de que se iniciase la escalada de precios y sobrebeneficios.

3.- Es muy probable que, con un precio medio de 34 €/MWh en el mercado mayorista, en el año 2020, las plantas nucleares hubieran registrado pérdidas. Sin embargo, como es bien sabido, ese año el precio fijado en el pool eléctrico fue anómalamente inferior al registrado en años anteriores, como consecuencia de la pandemia y de que coincidieron varios sucesos energéticos. De hecho, el precio medio entre 2015 y 2019 fue, sucesivamente, de 50,3; 39,7; 52,2, 57,3 y 47,7 €/MWh. De modo que el promedio de esos cinco años se situó en 49,4 €/MWh, sin que esgrimiesen ningún tipo de pérdida. Más aún, hubo voces que seguían defendiendo la tesis de que el precio del kilovatio-hora nuclear era y seguiría siendo competitivo con respecto a las energías renovables.

4.- Una segunda evidencia de que no había atisbo de pérdidas la pone de manifiesto el acuerdo adoptado por las compañías eléctricas con el Gobierno para prorrogar el funcionamiento de las plantas nucleares hasta 2027 unas y 2035 otras. El acuerdo se firmó en marzo de 2019 cuando el precio de febrero era de 57 €/MWh, el de marzo 43,3 €/MWh y, finalmente, el promedio anual fue de 47,7 €/MWh; con el matiz adicional de que la expectativa era que en el futuro los precios bajarían conforme aumentara la penetración de las energías renovables en el mix de oferta.

En ese escenario, las compañías eléctricas acordaron continuar generando energía electro-nuclear con el compromiso de invertir en las plantas unos 400 millones de euros (susceptibles de llegar a 600 millones) y la elevación en un 19% de la (raquítica) tasa anual que deben abonar a Enresa para financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales cuando concluya el período de prórroga.

5.- No cabe suponer que presionaran a favor de esa prórroga si las condiciones acordadas no siguieran garantizando una rentabilidad satisfactoria. Por tanto, si aquel escenario ofrecía perspectivas de rentabilidad con precios en el entorno de 40-55 €/MWh y con expectativas bajistas, las amenazas basadas en un mínimo de 55-60 €/MWh sólo pueden obedecer a dos posibles alternativas. Una es que las condiciones de costes hayan evolucionado desfavorablemente en estos dos años. La otra es que, utilizando la anómala situación del año 2020, las compañías eléctricas pretendan confundir a la opinión pública para justificar su férrea oposición a las medidas con las que el Gobierno pretende limitar sus beneficios extraordinarios.

Para negar la primera alternativa posible, resulta obligado analizar el comportamiento de los costes de producción y de las cargas tributarias que afectan a las plantas nucleares, con el hándicap de que las propias compañías eléctricas no aportan información transparente al respecto.

6.- Los costes de producción corresponden a cuatro componentes: a) la amortización de las inversiones realizadas hasta su puesta en funcionamiento; b) la amortización de las inversiones recurrentes efectuadas posteriormente para incorporar mejoras técnicas y de seguridad; c) el precio del combustible (uranio enriquecido) y d) los costes operativos y de mantenimiento. A ellos cabe sumar, como partida menor, el peaje a Red Eléctrica Española como transportista de la energía generada.

El primer componente es nulo, porque aquellas inversiones iniciales que realizaron en los años ochenta están sobradamente amortizadas; incluso con creces, debido a la cadena de privilegios que obtuvieron de los gobiernos del PSOE y el PP durante décadas.

El segundo componente, las inversiones más recientes, sobre todo a raíz del accidente de Fukushima en 2011 y las derivadas del acuerdo de prórroga firmado en 2019, resultan difíciles de estimar en su cifra total y en su prorrateo por MWh producido. No obstante, considerando ciertas informaciones parciales y haciendo un supuesto generoso, difícilmente superarán los 12 o como máximo los 15 €/MWh.

Para los otros dos componentes se cuenta con datos parciales que inducen a considerar que el coste del combustible junto con el abono del peaje difícilmente suman más de 5-6 €/MWh; mientras que los costes de operación y mantenimiento podrían estar en 6-8 €/MWh. Esta última cifra supondría que los costes estimados por el Foro Nuclear en 2006, 3 €/MWh, se habrían incrementado a un generoso ritmo del 5-8% anual.

Por tanto, agregando el importe de los cuatro componentes, cabe estimar que el total de los costes de producción se mantendría en una horquilla de 22-27 €/MWh.

7.- Los pagos de impuestos y tasas se pueden agrupar en cinco componentes: a) el impuesto IVPEE que introdujo la ley de diciembre de 2012 para gravar con un 7% todas las tecnologías generadoras de energía eléctrica; b) los impuestos específicos que incorporó esa misma ley para la producción nuclear; c) los tributos recientes que han introducido varios gobiernos autonómicos (Extremadura, Cataluña, Valencia) con criterios ambientales; d) la tasa anual abonada a Enresa, actualizada desde 2019 y e) tributos locales y otros gastos similares.

En este caso, la información que puede servir de referencia, ciertamente nada hostil, es la procedente de Energía y Sociedad, el portal de internet afín a los intereses de las compañías eléctricas y de forma particular a los relacionados con las plantas nucleares. Su boletín 194, aparecido en febrero de 2021, aportaba información reciente sobre cada uno de esos cinco componentes para respaldar la campaña propagandística del “exceso de carga fiscal”.

El impuesto IVPEE supondría 2,4 €/MWh, si bien hay que recordar que su aplicación quedó suspendida durante seis meses entre 2019-2020, de nuevo lo fue desde el verano de 2021 y las recientes medidas del Gobierno han vuelto a prorrogar su suspensión. Los otros impuestos que introdujo la ley de 2012 equivaldrían a 5 €/MWh, las ecotasas aplicadas por las comunidades otros 5 €/MWh, las tasas locales otros 2 €/MWh y el abono a Enresa, tras su elevación, otros 8 €/MWh.

Por consiguiente, el total de los cinco componentes “fiscales” ascendería a 20-21 €/MWh.

8.- En consecuencia, el umbral de rentabilidad inicial, marcado por la suma de los costes de producción y de la fiscalidad se situaría a partir de 42-48 €/MWh. Es decir, bastante menos que los 55-60 €/MWh que reclaman los propietarios de las plantas.

Además, la banda en torno a 45 €/MWh requiere de tres matices importantes. El primero, ya mencionado, es que los 2,4 €/MWh del IVPEE desde 2019 han estado más tiempo suspendidos que vigentes, y así siguen, por lo que no deben ser incluidos sin más.

9.- El segundo matiz estriba en que la tasa que pagan a Enresa no debe considerarse un tributo fiscal. Es un gasto imprescindible que se deriva de la apuesta histórica de las compañías eléctricas cuando optaron por instalar las centrales nucleares. Esa elección implicaba dos tipos de gastos importantes. Uno derivado de que esas centrales utilizan como combustible un producto que genera residuos radiactivos, algunos altamente peligrosos y duraderos, cuyo almacenamiento requiere gastos adicionales. Otro derivado de que el desmantelamiento de las plantas exigirá grandes medidas de seguridad.

La bicoca fue que, durante décadas, mientras las compañías obtenían grandes beneficios de la producción nuclear, los gobiernos, a través de Enresa, asumieron el coste del almacenamiento (totalmente hasta 2005 y aún de forma parcial hasta 2010) e ignoraron la necesidad de ir acumulando reservas financieras con las que preparar el momento del cierre de las plantas. Cuando en 2010 el Gobierno tomó en cuenta que las empresas tenían que hacerse cargo de ambos aspectos, la cuota que se impuso fue reducida y se mantuvo sin actualizar hasta 2019.

10.- El tercer matiz también obliga a retrotraerse en el tiempo. La ley de 2012 impulsada por el Gobierno del PP introdujo el impuesto sobre la producción eléctrica (IVPEE) y los impuestos específicos sobre la energía nuclear con una exclusiva finalidad recaudatoria: obtener nuevos ingresos para financiar el denominado “déficit de tarifa”. Cada año, Gobierno y CNMC (antes la CN de la Energía) estimaban unos “costes reconocidos” a cubrir con los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad generada. Como desde 2002 los ingresos comenzaron a ser inferiores a esos costes reconocidos, el Gobierno reconoció que las empresas eléctricas debían ser compensadas por la acumulación de aquellos déficits. Sin embargo, aquellos costes reconocidos nada tenían que ver con los costes reales de las compañías. Hubiera sido absurdo que dichas compañías hubieran soportado pérdidas prolongadas durante más de una década. De hecho, año tras año, los resultados financieros arrojaban importantes beneficios.

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Por tanto, en virtud de aquel birlibirloque del “déficit tarifario”, acuciado por incrementar la recaudación, el Gobierno introdujo aquellos nuevos impuestos que actualmente siguen pagando las plantas nucleares y de los que se beneficiaron las compañías eléctricas que son las propietarias de esas plantas nucleares.

11.- Por último, dando por sentado que los cálculos anteriores pueden contener ciertos errores y desviaciones, la conclusión final que cabe plantear es que las compañías eléctricas tienen una excelente oportunidad de demostrar su tesis sobre el “ahogo fiscal”: aportar transparencia a sus cuentas sobre costes de producción y cargas que soportan.

Una transparencia que, en realidad, sería imprescindible para el conjunto de su información financiera sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que generan electricidad y de cada uno de los segmentos (producción, distribución y comercialización) en los que participan con una elevada cuota de poder de mercado.