¿Una oportunidad para el Sáhara occidental?

El pasado mes de diciembre el emisario de las Naciones Unidas Horst Köhler convocó en Ginebra una ronda de conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Eran las primeras conversaciones entre las partes en los últimos 6 años; fuentes diplomáticas anticiparon el apoyo a Kohler de los Estados Unidos, que vendría a sumarse al de Rusia, dos miembros clave del Consejo de Seguridad. Las siempre delicadas expectativas sobre un posible desbloqueo del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, inacabado y enquistado desde 1991, han vuelto por tanto a aparecer, y es importante preguntarse qué puede hacer España para contribuir a que fructifiquen en todo lo que sea posible.

Para ello, es fundamental comprender que esta oportunidad viene marcada por el terremoto que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de febrero del año pasado, sobre los acuerdos pesqueros con Marruecos. En ella, el Tribunal no solo confirma la adhesión de la Unión al principio de descolonización, uno de los preceptos constituyentes de la política internacional tal y como la conocemos desde 1948, y el reconocimiento del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. El más alto tribunal europeo también establece doctrinalmente que los países miembros de la Unión, y la Unión misma, no pueden suscribir acuerdos con Marruecos que involucren los recursos de un tercero, como viene sucediendo desde hace cuatro décadas con la explotación de recursos del Sáhara Occidental a manos de consorcios y emprendimientos europeo-marroquíes. Así, la sentencia pone en primer plano el componente económico del conflicto y la corresponsabilidad de las potencias europeas en su prolongación y en el bloqueo político de sus soluciones.

Frente a la firmeza de los argumentos del alto tribunal, sin embargo, la Comisión Europea, varios Estados miembros y el propio Parlamento Europeo, que recientemente avaló la estrategia en una votación vergonzante sin garantías jurídicas suficientes, se han dedicado a la construcción de forzados artilugios normativos con el único fin de eludir el fondo y el espíritu de la sentencia. Esta actitud no solo añade al descrédito de las instituciones europeas. Es del todo inaceptable, e incomprensible, que España se haya sumado a ese camino de desobediencia. Cronifica el descrédito de ser el único país del mundo que ha abdicado de su rol como potencia administradora. Cabe recordar que el hoy ministro del Interior, en su etapa al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogió en un auto las responsabilidades de iure que corresponden a España en el proceso de descolonización inacabado del Sáhara Occidental. Otro juez español, Pablo Ruz, llegó a tipificar como genocidio los crímenes cometidos entre 1975 y 1992 contra el pueblo saharaui. La defensa de los Derechos Humanos, cabe recordar, es otro elemento básico de la arquitectura multipolar, que presume principios compartidos y no negociables para nuestra política exterior. Ni España ni la Unión Europea, que han firmado por ejemplo cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos en sus tratados comerciales, deberían poder mirar hacia otro lado.

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Y sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho al negociar nuevos Acuerdos comerciales cuyo objetivo es burlar los dictámenes de la justicia europea. No es solo una cuestionable decisión moral: es una muy mala decisión política, que fragiliza nuestra posición negociadora con terceros, nos resta credibilidad y fuerza, y sigue alimentando un supuesto realismo geopolítico que, lejos de reportar ventajas, ha supuesto un verdadero lastre para nuestra posición en el mundo, nuestra influencia en la región y nuestras relaciones de vecinazgo en las últimas décadas.

Es urgente por tanto, ante el desbloqueo de las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, que España corrija el rumbo erróneo de los últimos cuarenta años. Urge respetar las sentencias de los tribunales europeos en materia de descolonización y derechos humanos. Urge establecer relaciones con el Gobierno de la RASD e iniciar negociaciones para suscribir un acuerdo de pesca con el Frente Polisario que permita a nuestros pescadores faenar con garantías de seguridad jurídica. Urge reorientar nuestras relaciones con Marruecos hacia un modelo de cooperación constructiva, sólida y basada en el respeto y la confianza mutua, que pueda favorecer el desarrollo de los intercambios económicos, culturales, educativos y científicos entre nuestros pueblos por encima de la suspicacia y la desconfianza. España debe apoyar este nuevo impulso del proceso de negociaciones en curso poniendo como prioridad ineludible el respeto a los derechos humanos y a las decisiones de la Justicia europea, y ofreciendo a la vez un nuevo marco de cooperación y colaboración en el que nuestro país se implique sinceramente con todas las partes en la búsqueda de una solución política basada en las resoluciones internacionales. No solo es nuestra obligación: también es nuestro mayor interés. _____________

Sergio Pascual es diputado de Podemos en el Congreso y Pablo Bustinduy es diputado y candidato de Podemos a las europeas de mayo.