Una evidente y poco venturosa característica actual de nuestra sociedad es su alto nivel de politización. Una buena parte de nuestro entramado social, político y económico está significativamente impregnado por la política y más concretamente por los Partidos políticos, esto es, en nuestro país existe un alto nivel de Partitocracia. Los partidos políticos vienen controlando la mayor parte de las instituciones de poder y de decisión en nuestro país: el Poder legislativo, el Ejecutivo, el poder Judicial (de su órgano de poder: El Consejo General de Poder Judicial), así como los órganos constitucionales: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, etc., ello además de otras muchas instituciones públicas, de empresas de titularidad pública, aparte de otros muchos entes y organismos.
Resulta tan importante como urgente propiciar una despolitización en el conjunto de los organismos del Estado y disminuir así de forma significativa el muy amplio poder y representación de los partidos políticos en dichas instituciones y esa clara apropiación de las mismas. Esta partitocracia ha venido favoreciendo, además, un bajo control de lo público proveniente de nuestra sociedad, lo que ha hecho que durante décadas numerosos políticos y empresarios se aprovecharan de la permisividad y la falta de un eficaz control social e institucional, llevando a cabo actividades indebidas o directamente corruptas. Resulta necesario, en definitiva, un cambio social y legal para dar paso a la meritocracia, como ocurre en otros muchos países en donde la administración pública, desde los altos cargos a los alcaldes, son profesionales que no están designados por o elegidos a través de una lista de un partido político, sino que sean así elegidos en base a sus méritos curriculares, su experiencia en las funciones requeridas, nivel de prestigio, etc. en lugar de ser elegidos a dedo.
En este contexto legal e institucional, los ciudadanos están claramente indefensos y con pocas posibilidades de promover cambios en la ley y en la actuación de las formaciones políticas. En este sentido, una posible vía futura para empoderar en alguna medida a los ciudadanos respecto a los partidos políticos sería atribuirles un cierto poder de decisión y de contestación en los procesos electorales, uno de los pocos momentos o vías que tienen para decidir sobre los políticos. Nos estamos refiriendo a la vía de los votos en blanco efectivos en las Elecciones. Actualmente estos votos no tienen más que un valor testimonial, por el que los ciudadanos muestran legítimamente su disconformidad con los partidos políticos existentes, yendo a votar, y así ejerciendo su derecho legal y democrático, pero sin efecto alguno sobre los resultados de los partidos en la obtención de escaños, concejales, etc. en las distintas citas electorales.
Esta situación de impotencia o inoperatividad política podría cambiar si los votos en blanco que emitiesen y depositasen los ciudadanos en las urnas pudiesen dar lugar a cargos o escaños vacíos en los Parlamentos nacionales y autonómicos, Diputaciones o Ayuntamientos. Con ello los ciudadanos podrían así reflejar de una forma efectiva y útil su voluntad democrática y nivel de desacuerdo o descontento con los partidos o las opciones políticas que se presentan ante las urnas, lo cual presionaría a los partidos políticos para que se fijasen un poco más en la voluntad de los ciudadanos, de cara a lograr pactos o consensos que los ciudadanos desean y les piden desde hace mucho tiempo, y que ellos vienen ninguneando y con ello despreciando esa voluntad ciudadana.
Muchos ciudadanos optan por abstenerse y no ir a votar porque no tienen a quién votar. En este sentido, creemos que podría disminuir el nivel de abstención si los ciudadanos supiesen que su voto en blanco iba a servir para algo, dando lugar a escaños o cargos electorales vacíos. Esta solución, en definitiva, la de los votos en blanco útiles y definitorios en la atribución de escaños en una cámara nacional, parlamentaria, etc. sería un inequívoco exponente de un mayor nivel de democracia y de participación ciudadana.
Resulta tan importante como urgente propiciar una despolitización en el conjunto de los organismos del Estado y disminuir así de forma significativa el muy amplio poder y representación de los partidos políticos en dichas instituciones
A un nivel ya práctico, para llegar a este objetivo de que los votos en blanco pudieran ser útiles y dar lugar a escaños vacíos, hay básicamente dos posibles caminos legales o institucionales:
1) Cambio de la Ley electoral: Esta Ley debería cambiar para introducir la posibilidad de que los votos en blanco tuviesen ese valor efectivo y diesen lugar a escaños (u otros cargos electorales) vacíos. Y puestos a cambiar dicha Ley, pensamos además que sería tan útil como conveniente que en todas las papeletas de cualquiera de las opciones políticas existentes, se incluyese una casilla específica para los votos en blanco de los ciudadanos, tal como ocurre en otros países como Colombia, y ello sería lo más cómodo y lo más evidente para los electores sobre la existencia de esta opción. Con esta primera vía, en resumen, todos los votos en blanco emitidos se considerarían como una opción electoral legítima y elegida por los ciudadanos, y se les asignaría el número de escaños, concejales, etc. que proporcionalmente les correspondiese, sin la existencia de un partido concreto detrás de esta opción, sino que sería la opción (apartidista) de los ciudadanos como tales, sin más.
2) Una segunda opción para dar validez y efectividad en el cómputo a los votos en blanco, es la existente en diversos países, en los cuales se presenta un partido político creado y dirigido exclusivamente a recoger los votos en blanco, con el compromiso normalmente de que los candidatos incluidos en esa papeleta electoral no tomarán posesión de su escaño, concejalía, etc. o bien, no participarán en ningún tipo de votaciones o decisiones de la correspondiente cámara o institución. Es un mecanismo más inmediato, que no necesita una modificación de la Ley electoral, pero que necesita que haya candidatos en las distintas circunscripciones electorales que concurran y se presenten públicamente en la correspondiente lista electoral de estos partidos. Hasta ahora los resultados obtenidos por estos partidos en los distintos países han sido bastante modestos o minoritarios, por diversas razones en cada caso.
Finalmente, y sintetizando los efectos sociales, económicos y políticos de esta posible vía de votos en blanco que pudiesen computar, pensamos que podrían ser importantes y diversos:
A) Disminución del nivel de abstención electoral, ya que muchos ciudadanos se animarían a ir a votar, aunque fuese para mostrar de una forma efectiva su legítimo descontento con las opciones o partidos políticos existentes.
B) Podría generar un importante ahorro de dinero al erario público. Diversos estudios han calculado el coste para las arcas públicas de cada parlamentario, nacional o autonómico, llegando a la conclusión de que el coste medio de cada uno de los más de 1800 representantes o cargos de los 19 Parlamentos (dos nacionales y 17 autonómicos), integrando los miles de asesores y empleados adscritos a cada uno de dichos cargos, ascendería a unos 340.000 euros anuales por parlamentario, lo que podría dar una idea siquiera aproximada del posible ahorro que generaría para el erario público la existencia de por ejemplo 10 o 12 escaños vacíos en alguno de los parlamentos españoles, pudiéndose asignar dichos fondos ahorrados a otros destinos presupuestarios de carácter social (sanidad, educación, dependencia, etc.).
C) Un tercer efecto positivo de los escaños vacíos para los votos en blanco sería la importante llamada de atención a los partidos políticos para que tuviesen más en cuenta la voluntad ciudadana, y entre otras cosas fuesen capaces de llegar a Pactos de Estado importantes y urgentes como los cinco siguientes: Sanidad, Educación, Justicia, Economía, e Integridad y lucha contra la corrupción. Y además no dejaría de ser útil y desde luego significativa la imagen o visualización de una parte del aforo de un Parlamento permanentemente vacía por esos escaños derivados de la voluntad ciudadana.
D) El cuarto y último efecto, el más general, pero no menos importante, es que esta vía que hemos descrito en este artículo de los votos en blanco computables haría frente de alguna manera a ese exacerbado nivel de partitocracia actual, aumentando en cambio de esta forma el nivel de democracia existente en nuestro país. Ojalá algún día los partidos políticos fuesen capaces de propiciar estos cambios en la legislación electoral para ganarse en alguna medida el reconocimiento de los ciudadanos y evitar así la evidente y escandalosa desafección actual de nuestra sociedad respecto a la clase política.
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Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Una evidente y poco venturosa característica actual de nuestra sociedad es su alto nivel de politización. Una buena parte de nuestro entramado social, político y económico está significativamente impregnado por la política y más concretamente por los Partidos políticos, esto es, en nuestro país existe un alto nivel de Partitocracia. Los partidos políticos vienen controlando la mayor parte de las instituciones de poder y de decisión en nuestro país: el Poder legislativo, el Ejecutivo, el poder Judicial (de su órgano de poder: El Consejo General de Poder Judicial), así como los órganos constitucionales: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, etc., ello además de otras muchas instituciones públicas, de empresas de titularidad pública, aparte de otros muchos entes y organismos.