La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad de todo ser humano, además de carecer de efectos disuasorios y de tener efectos irreparables en caso de error judicial. Todo esto es especialmente grave cuando además la pena capital es aplicada a niños y niñas o a sus progenitores o familiares cercanos.
El debate sobre el efecto disuasorio, la adecuación y la efectividad de la pena de muerte como instrumento de prevención del crimen no es una novedad. En la actualidad, existen más de 50 países que contemplan este castigo en sus textos legales para delitos como el asesinato, el homicidio o el tráfico de drogas, y muchos de ellos tienden a considerar las ejecuciones practicadas como “secreto de Estado”, evitando con ello la publicación de los datos que reflejarían las verdaderas consecuencias de la aplicación de esta pena.
Al margen de la reciente polémica suscitada en torno a los métodos de ejecución empleados en algunos países, como la asfixia con nitrógeno, uno de los aspectos a menudo ignorados en relación con la pena de muerte es el modo en el que ésta compromete los derechos de niños y jóvenes. Si bien no se suele prestar la atención debida a estos colectivos especialmente vulnerables, muchos menores de edad continúan siendo detenidos por delitos punibles con pena capital y en algunos países posteriormente ejecutados, enfrentándose además a tratos inhumanos y degradantes durante las fases de encarcelamiento, juicio y posterior proceso de apelación. De hecho, según recoge Amnistía Internacional en su Informe sobre condenas a muerte y ejecuciones de 2022, son varios los países en los que se han llevado a cabo ejecuciones de personas condenadas por delitos presuntamente cometidos antes de cumplir los 18 años.
La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte ha redactado un informe sobre 'Niños, Jóvenes y Pena de Muerte', presentado en inglés en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora disponible en español gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores
A la luz de esta preocupante situación, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) ha redactado un informe sobre Niños, Jóvenes y Pena de Muerte, presentado en inglés en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora disponible en español gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La elaboración de este informe se puso en marcha a modo de seguimiento de la mesa redonda promovida en colaboración con el Gobierno de Australia, en junio de 2022, durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además de reafirmar el importante cuadro normativo adoptado por la comunidad internacional sobre la pena de muerte, el documento llama la atención sobre la necesidad de garantizar la protección de los derechos de los niños y de las niñas en este contexto, tanto de los condenados a la pena capital como de aquellos con padres, madres o familiares próximos en el corredor de la muerte o ejecutados.
Los efectos de la pena de muerte sobre estos niños y jóvenes, si bien muchas veces pasan desapercibidos para las autoridades, se manifiestan de múltiples formas. Cabe destacar así el mayúsculo estigma social, la discriminación, la marginación y la falta de apoyo social a los que se enfrentan estos niños y niñas, así como las profundas consecuencias físicas y psicológicas que comprometen su desarrollo y la satisfacción de sus derechos.
Otra cuestión muy relevante es la correcta determinación de la edad de los detenidos, ya que la falta de un sistema de registro de nacimientos o de los mecanismos empleados a estos efectos pueden proporcionar resultados inexactos y llevar a la ejecución de menores de edad. La falta de transparencia en torno a la pena de muerte en general, muy especialmente cuando se trata de niños y niñas, acentúa la deficiencia de los mecanismos de determinación de edad tanto en el momento de la supuesta comisión del delito como durante el proceso judicial y la posterior condena. Por ello, el establecimiento de un sistema de registro de nacimientos sólido y fiable es crucial para proporcionar datos claros y fidedignos y salvaguardar de manera efectiva los derechos de los niños, evitando así ejecuciones judiciales de menores cuya edad exacta no ha sido determinada de manera fiable.
También resulta prácticamente imposible en algunos casos determinar si estos niños disfrutaron de las garantías legales a las que tienen derecho desde el momento de su detención, incluido el derecho de asistencia de un abogado y de solicitar el indulto o la conmutación de la pena.
La falta de transparencia en torno a la pena de muerte en general, muy especialmente cuando se trata de niños y niñas, acentúa la deficiencia de los mecanismos de determinación de edad tanto en el momento de la supuesta comisión del delito como durante el proceso judicial y la posterior condena
Como se subraya en el informe, para prevenir estos riesgos es fundamental respetar y aplicar la normativa internacional, en particular las disposiciones dirigidas a la abolición de la pena capital para los menores de 18 años. En este sentido, es importante recordar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada hace más de 30 años y en vigor en 196 países, establece que “[los Estados Partes velarán por que] ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, y que “no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad” (artículo 37). No obstante, existen aún países que han seguido ejecutando a menores a pesar de ser parte de la CDN.
Por ello, tras analizar las principales implicaciones de la aplicación de la pena de muerte a niños y jóvenes, la CIPM presenta una serie de recomendaciones destinadas a conseguir avances y erradicar esta pena cruel e inhumana en todo el mundo.
El informe examina también experiencias positivas de organizaciones como UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina Quakers ante las Naciones Unidas y la propia CIPM en este ámbito, todas ellas destinadas a proporcionar la urgente protección de los derechos humanos de niños y jóvenes y a garantizar que ningún menor es condenado a muerte o ejecutado. Es esencial documentar, compartir y difundir las buenas prácticas y los avances logrados por estas organizaciones para promover la defensa de los derechos de colectivos especialmente vulnerables como los niños y jóvenes, priorizando su protección en el marco del debate sobre la abolición de la pena de muerte.
La publicación de la versión en español del informe de la CIPM sobre “Niños, Jóvenes y Pena de Muerte” supone un importante avance hacia la incorporación de esta cuestión a la agenda política, dada la apremiante necesidad de salvaguardar la dignidad, la libertad, la integridad física y, en definitiva, la vida de los más jóvenes.
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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Navy Pillay, presidenta de la CIPM. Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, magistrada de la Corte Penal Internacional y jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.
Marta Santos Pais, comisaria de la CIPM y ex Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.
La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad de todo ser humano, además de carecer de efectos disuasorios y de tener efectos irreparables en caso de error judicial. Todo esto es especialmente grave cuando además la pena capital es aplicada a niños y niñas o a sus progenitores o familiares cercanos.