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La Comunidad de Madrid lleva más de 25 años aplicando un modelo fiscal cuyos contraproducentes resultados para el crecimiento económico son cada vez más evidentes. Lleva a un deterioro de los servicios públicos, a un aumento de la desigualdad y a una generalización de estrategias de dumping fiscal, muy perjudiciales para el conjunto de la economía.
La desigualdad entre el 20% de los madrileños más ricos y el 20% más pobres es la más alta de España, a pesar de ser la Comunidad más rica, según el último Informe sobre exclusión y desarrollo social en España elaborado por FOESSA. Madrid lidera el número de personas en riesgo de exclusión social (con más de un millón de personas) y a la vez concentra los barrios y municipios más ricos de España (contando con 7 de las 10 localidades que tienen mayor renta por habitante), según la estadística Urban Audit del INE.
El modelo fiscal madrileño no persigue avanzar en la igualdad de oportunidades ni conseguir una sociedad más justa y solidaria. Es un modelo que favorece a los ciudadanos con rentas muy elevadas, y a la vez merma las posibilidades de progresar, e incluso llega a excluir, a los ciudadanos que cuentan con menos recursos.
Se basa en reducir e incluso suprimir impuestos a las rentas más elevadas, en contra del principio básico de cualquier sistema fiscal que es la progresividad —esto es, paga más impuestos quien más gana o más riqueza tiene—. A su vez pone en cuestión otro principio básico que se enseña en los manuales de fiscalidad, que es el de la suficiencia económica; porque merma los ingresos públicos necesarios para financiar el Estado del bienestar de forma adecuada.
En nuestro modelo de Estado de las Autonomías, estas tienen competencias plenas transferidas en materia de gasto pudiendo decidir sus políticas de sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. En materia de ingresos, las reformas más recientes del modelo de financiación autonómica de régimen general han ido encaminadas a aumentar la corresponsabilidad fiscal de las Autonomías, entendiendo que era conveniente que si las Comunidades pueden decidir sobre la mayor parte del gasto público, deben también hacerse responsables sobre los ingresos y tomar las decisiones necesarias para financiar adecuadamente tales políticas de gasto. Así, en la actualidad las Comunidades del Régimen General tienen capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas —en su tramo autonómico—, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y en los Tributos sobre el Juego. Las Comunidades pueden decidir aumentar o reducir estos impuestos.
Los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid siempre han tomado decisiones de bajar o bonificar impuestos. Desde 2004 se han dejado de recaudar un total de 48.292 millones de euros en la Comunidad. La bonificación de hasta el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que beneficia a las grandes herencias y fortunas, supuso una merma anual de recaudación de 2.631 millones de euros en 2019. El impuesto del patrimonio —bonificado al 100% en Madrid— habría supuesto 996 millones de euros en 2019. La pérdida de ingresos por la bonificación del 10% por la compra de vivienda habitual en el ITP y AJD fue de 56 millones de euros en 2019. Y las reducciones de tipos y deducciones autonómicas del IRPF (vinculadas a gastos educativos, familias numerosas, contratación de cuidadores,..) mermaron la recaudación de este impuesto en 870 millones de euros en 2019. En total en 2019 la Comunidad obtuvo 4.571 millones de euros menos por su política de reducción de impuestos.
El modelo fiscal madrileño tiene tres graves consecuencias que no debemos obviar:
1. Reducción de la financiación de los servicios públicos. Aunque Madrid es la Comunidad Autónoma con mayores crecimientos del PIB y renta per cápita, es la Comunidad que menos gasta en sanidad y educación públicas. En educación pública invierte 4.496€/alumno al año; un 63% menos que el País Vasco, que gasta 7.320€/alumno.
Madrid también es la Comunidad que menos gasta en sanidad pública, un 3,6% de su PIB (1.274 €/habitante), frente al 8,7% que gasta Extremadura. Esta menor inversión durante los últimos años se sufre ahora con una atención primaria desbordada por la crisis del covid-19.
2. Situaciones de dumping fiscal dumping fiscal en aquellas comunidades autónomas que como es el caso de Madrid pueden permitirse una bajada de la fiscalidad, generando una competencia desleal con las demás.
Madrid, en relación al resto de autonomías, cuenta con el "efecto capitalidad" del Estado, con las mayores y mejores infraestructuras logísticas y de comunicaciones, y con las más prestigiosas Universidades y Centros de Investigación, que facilitan un capital humano más cualificado y con mayor potencial de emprendimiento. Todo ello genera una enorme atracción empresarial, de ahí que hasta el 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tengan su sede en la comunidad. Unido a que el 29% de los empleados del sector público estatal se concentran en la capital, hace que esta Comunidad tenga la renta per cápita más elevada y pueda generar muchos más ingresos públicos que el resto de comunidades, que por lo tanto tienen menos margen para reducir impuestos.
Por el lado del gasto, Madrid también se beneficia de una población menos envejecida y de una menor dispersión de la población, que posibilita mayores sinergias en los gastos de algunas políticas públicas.
Aun así, Madrid introduce una competencia fiscal "desleal" a la baja, marcando una tendencia peligrosa en el resto de Comunidades de reducir impuestos haciendo uso de la capacidad normativa fiscal, inicialmente prevista para que pudieran aumentar sus impuestos y fueran capaces de financiar sus servicios públicos sin necesidad de reclamar más recursos al Gobierno Central.
Para 2021 Madrid bajará cada tramo (autonómico) del IRPF en medio punto, lo que dejará el tipo máximo en el 20,5% y el mínimo, en el 8,5%. Con ello, todos los tramos, ya inferiores a los de todas las demás comunidades, amplían todavía más la brecha.
3.Muchos madrileños terminan acudiendo al sector privado para proveerse de los servicios públicos, ante el deterioro de los mismos. La educación privada y concertada ya supone el 40% del total de la educación. Y de los 10,5 millones de españoles que tienen un seguro privado sanitario, el porcentaje más elevado es el de los madrileños, que representan el 38% del total, esto es 4 millones de madrileños (6 de cada 10). Ante esta mayor demanda, se produce un auge de los sectores privados de los servicios públicos. Por ejemplo, tan sólo en el último año se crearon 3 nuevas Universidades privadas, y este año se crea otra más; con lo que la Comunidad cuenta ya con el doble de Universidades privadas (son 12) frente a públicas (que son 6).
El modelo madrileño perpetúa un círculo vicioso en el que las reducciones de impuestos a las rentas más altas merman la financiación de los servicios públicos, que sufren cada vez mayor deterioro. Ello incita a un progresivo aumento del consumo de servicios públicos prestados por el sector privado. Lo que a medio plazo puede derivar en un menor peso del sector público en la cobertura de tales servicios públicos, que perjudica fundamentalmente a los ciudadanos de menores rentas.
Los efectos económicos y sociales últimos de este modelo son perjudiciales para la propia comunidad, porque aumentan las desigualdades, excluyendo a los ciudadanos que disponen de menos rentas porque las deja sin servicios. Tendrán menos oportunidades para su inserción laboral, limitando al final el potencial de crecimiento económico de la comunidad.
Es momento de cuestionarnos si queremos preservar el modelo social europeo cuya principal fortaleza es la garantía de contar con un estado del bienestar sólido que no excluye a ningún ciudadano, o si queremos importar el modelo norteamericano donde cada individuo ha de proveerse privadamente de los principales servicios públicos.
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Mónica Melle Hernández, Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM.
La Comunidad de Madrid lleva más de 25 años aplicando un modelo fiscal cuyos contraproducentes resultados para el crecimiento económico son cada vez más evidentes. Lleva a un deterioro de los servicios públicos, a un aumento de la desigualdad y a una generalización de estrategias de dumping fiscal, muy perjudiciales para el conjunto de la economía.