La pista del empleo

¿Está habiendo una transformación productiva en España? 

Hace pocas fechas, CCOO presentaba un informe que apunta a que la evolución del empleo en España perfila características que van más allá del conocido (y positivo) dato de situarnos en el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social.

A diferencia de otras crisis en las que, en nuestro país, se perdían grandes cantidades de puestos de trabajo que tardaban años en recuperarse, y que además la mayor parte de estos empleos se situaban en segmentos muy determinados y ligados a las debilidades estructurales de nuestro modelo productivo, esta vez las cosas están transcurriendo por otros derroteros. 

No es solo que se haya sostenido el empleo, primero, y se haya generado más empleo después. Es que su composición está mejorando. Y esto tiene que ver con más variables que los cambios en la legislación laboral y se explica más bien con las tendencias de transformación que se observan en el aparato productivo español y su —posible— evolución.

La legislación laboral por sí misma no es la que crea o destruye empleo. Sí es la que regula cómo se materializa la actividad económica en empleo, y sí contribuye de forma relevante a generar incentivos y desincentivos en la forma en que se rentabilizan las empresas, a cómo afrontan los distintos ciclos económicos, o a cómo se refuerza o no el consumo final de los hogares, variables todas ellas que sí afectan en segunda derivada a la creación de empleo. Y lo que está sucediendo en España no tiene antecedentes y nos debiera arrojar luz sobre algunos de los retos más estratégicos que tenemos por delante.

En nuestro país se han creado 1,58 millones de empleos asalariados netos entre 2018 y 2023. Un aumento acumulado del 10%. Pero tan relevante como esto es que el empleo está creciendo más en sectores intensivos en conocimiento, a diferencia de otros ciclos de recuperación como el transcurrido entre 2013 y 2018. Si ahora el 37% del empleo neto creado se concentra bajo el epígrafe "Técnicos, profesionales científicos e intelectuales”, en el anterior ciclo el porcentaje solo fue de un 17%. En “Técnicos y profesionales de apoyo” los porcentajes son del 24% actual frente al 10% del anterior periodo. Hace diez años la recuperación fue distinta. Se dio de forma mayoritaria entre los “Trabajadores de servicios de restauración, vendedores, personales y otros”, un 21% del total, que contrasta con el actual 12%. Las ocupaciones elementales suponían el 13% del empleo neto creado entre 2013 y 2018, cuando en la actual fase solo son el 3%. 

Corolario de todo esto: el 63% del empleo creado en los últimos cinco años se concentra en ocupaciones técnicas y el 32% en ocupaciones intermedias. Las ocupaciones más cualificadas crecen por encima de la media y concentran el 67% del empleo neto creado. Además la mayor cualificación del empleo es transversal a la mayoría de ramas de actividad y se extiende a sectores donde las ocupaciones técnicas tenían un peso reducido.

Estos buenos datos “de flujo” mejoran la composición del empleo, aunque aún consolidan de manera insuficiente un cambio radical en “el stock” de empleo, y en el modelo productivo en España. Las ocupaciones técnicas han pasado en cinco años del 29,4% al 32,4% del empleo asalariado, y las ocupaciones elementales han bajado del 15,2 al 14% del empleo total.

Estos datos comparados nos ponen sobre la pista de un elemento central que está ocurriendo en España, que es determinante para nuestro país y sobre el que no se está centrando mucha atención. La transformación, en una u otra intensidad (hará falta mas perspectiva de tiempo para afirmarlo rotundamente), de nuestro modelo productivo. 

Es el momento de mejorar el marco regulatorio en el que se vayan a crear los puestos de trabajo del presente y del futuro. Es el momento de una reducción legal de la jornada de trabajo, que acompañe y mejore lo ya avanzado desde la negociación colectiva

El informe de CCOO hacía referencia a otro dato relevante y seguro que discutible, como es la evolución de la productividad. Tomando los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales —que utiliza fuentes tributarias para ofrecer una panorámica del sector privado no financiero—, entre 2018 y 2023 se produjo una mejora de la productividad real por asalariado del 16,4%. Esta evolución habría sido compatible con la mejora neta del empleo antes descrita, lo que sería inédito en nuestra historia económica reciente. Recordemos que en España los incrementos de productividad habitualmente se dan en las fases recesivas, producto de una pérdida de puestos de trabajo más acusada que la propia caída de la actividad económica, mejorando el cociente de la productividad, lo que suponía una “mejora” pasiva e indeseable de tal productividad.

En opinión de CCOO, esta evolución del empleo que estamos analizando avala impulsar políticas en un doble sentido. Por un lado, en seguir mejorando los incentivos para que la rentabilidad futura de las empresas no se base en las desgastadas fórmulas de la precariedad y los bajos salarios. Al contrario. La subida de más del 50% del SMI o la reducción de la temporalidad a la mitad en el sector privado han sido compatibles con la mejor tasa de empleo de nuestra historia.

Es el momento de mejorar el marco regulatorio en el que se vayan a crear los puestos de trabajo del presente y del futuro. Es el momento de una reducción legal de la jornada de trabajo, que acompañe y mejore lo ya avanzado desde la negociación colectiva. Las futuras mejoras de la productividad que se prevé tenga la economía española, deben repartirse equitativamente y las personas trabajadoras deben apropiárselas en la negociación en los convenios colectivos, pero también a través de un marco legal más favorable. También es necesario abordar una mejor regulación de los procesos de externalización productiva y del riesgo digital de la economía de plataforma. Se trata de evitar que el modelo empresarial del futuro se pretenda rentabilizar basándose en viejas inercias competitivas de nuestro país, que en el plano laboral muchas veces son de abierta explotación.

Por otro lado, es necesario poner toda la carne en el asador en materia de políticas sectoriales e industriales. Hay que bajar el balón al suelo para desplegar toda la potencialidad de la transición digital y energética en España. La inversión pública a través de los distintos presupuestos de las Administraciones y los fondos Next Generation tienen que movilizar la inversión privada necesaria para aprovechar las posibilidades de convertir a nuestro país en una potencia de energía barata y renovable que sirva para localizar actividad productiva y no especulativa. España no puede ser el hábitat de castas extractivas y parasitarias para los pelotazos urbanísticos, para la vieja alianza financiero-inmobiliaria, el paraíso de los estraperlistas, intermediarios, rentistas y mercachifles varios. 

En cierto modo, las cartas en la economía-mundo se están repartiendo de nuevo, como siempre ocurre en las transiciones energéticas por sus enormes afectaciones e intereses en juego. Ni el renovado riesgo bélico al que se somete a Europa, ni las pugnas geoestratégicas entre las grandes potencias —y me atrevería a decir que tampoco el ruido político que asola a nuestro país en los últimos años— son ajenos a la profundidad de las transformaciones en marcha, y a todos los recursos que se movilizan en estos interregnos que transcurren entre lo que no acaba de morir y lo que no acaba de nacer. Es el momento y es ahora.

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Unai Sordo es Secretario General de CCOO.