Vivienda e intervencionismo; o la ley del embudo

Se opine lo que se opine de la “herencia universal” –un concepto poco conocido y reflexionado hasta ahora–, llama la atención el tono, la brocha gorda y la escandalera que se monta en España cada vez que sale a la palestra alguna propuesta relacionada con transferencias económicas ambiciosas. El escándalo, eso sí, siempre se produce en función de la dirección de esas transferencias. Si es para los vulnerables, son paguitas y compra de votos. Si es para los poderosos, no pasa nada, es política económica. La ley del embudo.

Para “herencia universal” los 42 mil millones de euros (42.000.000.000) que España gastó entre 2001 y 2013 en deducciones fiscales en el IRPF para la compra de vivienda. Aquel enorme gasto no estaba destinado a facilitar la emancipación de la juventud aunque se vendiera con esta intención, sino que contribuyó a mantener el alza desaforada del precio de la vivienda, al facilitar el acceso de millones de personas a unos créditos hipotecarios temerarios. Viento en las velas de la burbuja. Ergo… todo en orden. Circulen.

Retrocedamos en el tiempo.

Es 2 de mayo. Pero de 1959. El diario ABC da cuenta del homenaje que han rendido los Presidentes de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y su Junta Central a Don José Luis Arrese, ministro de la Vivienda, en las propias instalaciones del ministerio. La intervención del ministro en el agradecimiento por la concesión del título de “Agente de Honor” es un profundo, bizarro y llamativo ejercicio de lo que hoy los pedantes llamaríamos “políticas performativas”. Políticas que lejos de limitarse a la gestión técnica de las instituciones, conllevan una intención de profunda transformación del cuerpo social como consecuencia de la aplicación de las normas y de las políticas públicas ejecutadas. 

El título de la noticia hace referencia a la frase más célebre que pronunció Arrese nunca: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. En su alocución, el ministro aboga expresamente por que la construcción (de viviendas) no derive “de un modelo colectivo hacia el arrendamiento, ni siquiera hacia el acceso a la propiedad cuando los plazos son tan lejanos que destruyan el aliciente… la fórmula ideal, la cristiana, la revolucionaria desde el punto de vista de nuestra propia revolución, es la fórmula estable y armoniosa de la propiedad”. A lo largo del texto se aprecia que en el modo de promover vivienda subyace un modelo de familia, una forma concreta y estática de vínculo del individuo al territorio, o del propio concepto de propiedad: “derogar el sentido melancólico y transeúnte del hombre que camina por la vida sin derecho a alcanzar con su mano la posesión de las cosas que le rodean e implantar, como un himno de gloria, el arraigo de la familia en el ambiente cálido y amable del hogar”. Casi nada al aparato. La intención última “que no se salga con la suya una doctrina que llamó proletaria a la masa”, porque finalmente para “levantar al hombre hasta la dignidad física y metafísica para la cual ha sido creado” no habría “esfuerzo más exigente ni hermoso que hacer sentir que todos los españoles son propietarios del hogar que ocupan”.

El carácter antropológico del discurso de Arrese es ilustrador para entender las llamativas reacciones que se ven y escuchan cuando se produce cualquier actuación sobre el mercado de la vivienda. Todavía hoy, 64 años después.

España y su economía cambiaron mucho con el tiempo, claro. La concepción propietarista de la vivienda hizo fortuna en nuestro país. Con el paso del tiempo, el sector inmobiliario selló una ligazón estratégica con el financiero. Se acabó la limitación del “acceso a la propiedad cuando los plazos son tan lejanos que destruyan el aliciente”, mediante el recurso creciente al crédito hipotecario. La vivienda en propiedad terminaba por constituirse en algo más que el nido bucólico al que hacía florida referencia el ministro de Franco. Terminó por convertirse en un bien especulativo, un instrumento de ahorro y un activo de inversión. La propiedad de una vivienda era un colchón de seguridad ante la vejez y otras contingencias sobrevenidas, en un Estado desarmado fiscalmente hasta los años 80 y que por tanto protegía poco y mal la vejez o la enfermedad, y nada la dependencia, los cuidados y otras contingencias. 

La vivienda terminó por convertirse en un bien especulativo, un instrumento de ahorro y un activo de inversión

El poder de lobby producto de la conjunción de ambos sectores (constructor-inmobiliario y financiero) acabó por determinar que la vivienda se convirtiera en un elemento central del modelo económico español. Tanto es así que el bien colateral sobre el que se fundamentó la burbuja de endeudamiento externo de nuestro país fue precisamente la vivienda. Liberalización del suelo; urbanización masiva edificando más viviendas en un año que la suma de Alemania, Francia e Italia; el precio de los pisos que nunca bajarían pese al incremento de la oferta; el acceso temerario al crédito hipotecario para diferir en el tiempo el pago de cantidades astronómicas. Luego pasó lo que pasó con la crisis de 2008 y la pirámide se vino abajo. A socializar pérdidas por un lado, a impagar, desahuciar, y arruinarse familias, por otro. 

Nunca hubo una política de vivienda en España digna de tal nombre en las últimas décadas. Pero nunca hubo tampoco mercado más intervenido que el de la vivienda. Vaya si ha habido intervencionismo en el mercado de la vivienda. Pero no destinado a facilitar el acceso de las mayorías sociales a un bien esencial para poder vivir y ejercer un derecho, sino todo lo contrario. Para garantizar las posiciones de los propietarios, tanto más cuanto más propietario se es. Las medidas públicas han estado encaminadas a evitar que los precios de la vivienda bajasen estableciendo una especie de “estado de excepción” en las leyes de la oferta y la demanda. 

El precio de la vivienda ha estado permanentemente dopado. Mediante políticas fiscales, también complementadas con cheques, avales para la entrada de pisos, etc. El objetivo es mantener artificialmente precios altos. Disparatados. Salvaguardar la vivienda como bien de especulación, ahorro e inversión. Sirva como ejemplo que la deducción en el IRPF para la compra de vivienda habitual supuso entre el año 2001 y el año 2013 un gasto para todos los españoles de más de 42.600 millones de euros. En el año culmen de 2010, fueron 4.415 millones de euros los destinados a estas deducciones. Es decir, que nos hemos gastado en ventajas fiscales (que finalmente incentivan hipotecarse a muy largo plazo y facilitan el mantenimiento de precios disparatados) más recursos en poco más de una década que todo lo empleado en los ERTE, las bonificaciones a la Seguridad Social y las prestaciones por cese de actividad de los autónomos durante la pandemia. 

El precio de la vivienda ha estado permanentemente dopado. Mediante políticas fiscales, también complementadas con cheques, avales para la entrada de pisos, etc. El objetivo es mantener artificialmente precios altos. Disparatados

La actual Ley de Vivienda parte de una concepción distinta, aunque habrá que ver sus resultados reales, porque aquí sí que sí, “con la iglesia hemos topado” (en sentido metafórico quiero decir). La reacción de la derecha política, económica y mediática ha sido furibunda. El espantajo de la okupación por una parte, y por lo demás más de lo mismo: hay que construir más para que baje el precio (vuelta la mula al trigo), y facilitar a los jóvenes el acceso con avales, ayudas… (si no querías taza, taza y media). Lo que sea con tal de no depreciar el bien de inversión de los rentistas camuflando, como ayudas de vivienda que pagamos toda la ciudadanía, el dopaje a los precios desproporcionados.

Sería una buenísima noticia para la clase trabajadora que esta ley fuera obteniendo su principal objetivo, que no debiera ser otro que facilitar el derecho de acceso y uso a una vivienda a toda la población en condiciones asequibles. 

Hoy el arcaico concepto de la vivienda en propiedad como bien de inversión/ahorro/especulación supone una enorme extracción de renta para millones de hogares que no se puede derivar a otros consumos. La losa hipotecaria limita la capacidad reivindicativa de la clase trabajadora. Supone un riesgo vital, como estamos comprobando con el encarecimiento de las hipotecas tras la subida de tipos de interés. Aplaza las vidas adultas y autónomas. Es un sector que imanta cantidades de inversión –pues se obtienen retornos económicos excesivos, sobre todo en la medida que se garanticen precios dopados–  que serían mucho más interesantes en términos de país si se derivasen a otros sectores más dinámicos en la oportunidad transicional que se nos abre. Y finalmente porque supone un lastre a la movilidad geográfica de la que tanto se queja el empresariado. Buscar ofertas de trabajo lejos de la zona de residencia es limitante con los costes de pisos o alquileres, salvo en segmentos de personas con altos salarios. 

Pero hay que ser conscientes de que la vivienda en propiedad, como mochila de seguridad, forma parte del imaginario colectivo más instalado en nuestro país y de la enorme influencia del rentismo. El Estado, que protegía poco y mal cuando ideó la vivienda como activo al que recurrir si la vejez u otras circunstancias se ponían feas, tiene el desafío de proteger más y mejor esas contingencias de la vida. Se trata de generar la expectativa de que se puede acceder a una vivienda en condiciones asequibles, y que eso vale más la pena que “entramparse” durante 25 o 30 años para dedicar el salario de 11 años a pagar un bien que debiera responder a un derecho básico. 

Materializar esta política no depende solo de un BOE sino de una acción pública constante y definida en el tiempo. Solo así será performativa. Si lo sabía Arrese, que para ese fin disponía de todo el tiempo del mundo… A fin de cuentas, para eso habían asesinado, reprimido, ilegalizado o exiliado al pueblo republicano. Para tener lo que siempre necesitó el poder con el fin de configurar su sociedad: dinero, tiempo y, en su defecto, campos de concentración.

Tiempo y dinero, además del BOE. Esa es la clave.

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Unai Sordo es Secretario General de CCOO.