Estos últimos años, desde que se formó el primer gobierno de coalición progresista, hemos sido bombardeados con el discurso de los medios sobre la polarización. No se denunciaba, o escasamente para lo que ocurría en la realidad, el acoso al que se sometía desde el momento de su constitución la acción del gobierno; se hablaba en abstracto de polarización, como sinónimo de inestabilidad, enfrentamiento, ausencia de diálogo.
Es que la simple constitución de tal gobierno suponía un quebranto para la tranquilidad de los grandes negocios que habían gozado de la acción inequívocamente volcada en su favor del gobierno del PP, empezando por la socialización de las pérdidas de algunas entidades de crédito. Les eran ajenos los sufrimientos e incertidumbres padecidos por millones de hogares de familias trabajadoras por acusa de la pérdida del empleo, de los desahucios, de la imposibilidad de formar un hogar, etc. Entonces nunca oímos hablar de inestabilidad o polarización. Como tampoco entonces oímos hablar de fomentar la gobernabilidad aunque en dicho período –2011-2017– se produjera el acontecimiento más grave de la historia desde 1978, el procés y su impulso hacia la independencia de Cataluña, expresión entre otras de un grave carencia en la capacidad de gobierno del que por entonces lo ejercía, el PP .
Los sectores sociales poderosos y la derecha política han dado la alarma en cuanto se ha producido la más leve muestra de avivar el debate sobre alguna de las grandes cuestiones nunca abordadas a lo largo de la historia del régimen del 78 y que constituían preocupación cotidiana entre los sectores populares: el problema de la vivienda, la cronificación del desempleo y la precariedad, la contracción de los derechos sociales como consecuencia de las políticas austeritarias, etc.
La denunciada polarización ha sido, así, un pálido reflejo de las tensiones sordas vividas abajo por la pobreza, la desigualdad y las incertidumbres.
La tan ansiada gobernabilidad para cuya consecución hemos padecido, por ejemplo, un régimen electoral claramente favorecedor de los partidos conservadores, ha consistido en sacar de la agenda lo ingobernable, lo que puede alterar el orden social instituido (distribución del poder y la riqueza, dignidad en la vida y el trabajo, derecho a la vivienda o al medio ambiente, acceso a los bienes comunes). La gobernabilidad se ha convertido, según advierte el maestro Ferrajoli, en "la omnipotencia y la verticalidad de la política en la relación con los ciudadanos y sus derechos, necesaria para que se hagan reales su impotencia y sumisión a los dictados del mercado".
Los medios del sistema –los medios realmente existentes– han conseguido que la población sufra como suya la polarización y que la achaque a quienes quieren ampliar la agenda (15M, Podemos, Sumar) que viva como propia los sobresaltos de la oligarquía ante esta ampliación.
La tranquilidad social de los 90 –1996-2009–paraíso del negocio inmobiliario. La última década del siglo XX y la primera del XXI son conocidas como etapa de prosperidad económica, gracias a la expansión del negocio inmobiliario y el endeudamiento de masas con el que se mantiene el nivel de la demanda pero que, cuando sobrevenga la crisis financiera del 2009, arrastrará en su caída la pretendida prosperidad y dejará al descubierto la fragilidad del modelo de crecimiento de esta etapa. Mientras dura, la gobernabilidad aparece asegurada por el relevo al frente del gobierno del Estado del PSOE y el PP, cuyas agendas apenas si difieren en los problemas objeto de políticas públicas. La expansión del sector inmobiliario se alimenta de las expectativas de inversión que las intensas restructuraciones y las correspondientes indemnizaciones de la década anterior han estimulado con el cambio estructural inducido por la terciarización de la economía. Escasas diferencias como decíamos. Los recursos financieros procedentes de los fondos estructurales comunitarios (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, sin olvidar a estos efectos a la PAC) permiten una inversión pública en infraestructuras que es condición misma de posibilidad del boom urbanístico por el cual se produce una masiva reestructuración de la calificación del suelo en la que se aúnan los intereses de bancos, promotores y ayuntamientos que encuentran en el negocio de las recalificaciones la fuente de ingresos que les niega un deficiente reparto de la competencias fiscales con el resto de las administraciones.
El resultado de esta operación manifiesta efectos en varios dominios. Desde el punto de vista de la estructura social, el país ve reducirse el peso de la población asalariada en al industria para incrementarse (sin que desde entonces la tendencia se haya modificado) la ocupación en los servicios y, dentro de ellos, en el subsector turístico. El corolario es un cambio cultural de gran alcance, la desaparición de una cultura de clase forjada desde los años sesenta y que alimenta o sirve de sustrato el acuerdo constitucional del 78. La desaparición paulatina de esta cultura de clase tiene a su vez efectos en el dominio político. Hasta entonces y a pesar de las fuertes diferencias entre el PSOE y los sindicatos de trabajadores en la orientación de la política económica que tuvieron su zénit en al huelga del 14 de diciembre de 1988, los gobiernos socialistas se les entendía sostenidos por la clase trabajadora y sus organizaciones, un poderoso factor de contrapeso frente a las demandas empresariales y la derecha política al tiempo que una contribución inestimable al crecimiento económico con al coincidencia entre las aspiraciones de mejoras salariales de los trabajadores y las de incremento de la ganancia y las expectativas de inversión de los empresarios por el mantenimiento de un alto nivel de la demanda agregada-
En el dominio de la gestión pública, los cambios sobrevenidos apuntan a un efecto que aún hoy sigue manifestando efectos tangibles: la expansión del negocio del suelo y todo lo que lleva aparejado (p.ej. el crecimiento de las grande superficies comerciales)se refleja en la configuración de bloque sociales articulados en torno al negocio y sus rentas, en los que participan todos los sectores implicados y que determinan la orientación política d las administraciones territoriales, ayuntamientos y CCAA.
Resumo tan larga digresión: la ausencia de polarización y la gobernabilidad han estado aseguradas mientras existía un equilibrio de fuerzas mediante el que ninguno de los dos bandos firmantes del pacto constitucional se sentía tentado de mejorar su posición en la relación de fuerzas con el contendiente y se producía una coincidencia de intereses entre ambos bandos: en la etapa más fordista del régimen entre crecimiento de los salarios y al inversión; en la época del bloque inmobiliario rentista, entre los beneficios de banqueros, promotores de un lado y acceso a la propiedad y a la renta del otro.
Con la crisis del 2008 se derrumbó el castillo de naipes de la burbuja inmobiliaria. A la sucesión de impagados le sucedió la caída de las cajas de ahorro que habían tenido un papel destacado en al locura crediticia del boom inmobiliario y co ambos se agudizó la crisis de las administraciones locales que vieron hundirse una de sus principales fuentes de ingresos. Los remedios aplicados fueron peores que al enfermedad :las políticas austeritarias auspiciadas por la UE y aplicadas sin diferencias perceptibles por los gobiernos del PSOE y del PP llevaron a una prolongada recesión en lo macro y la caída en la pobreza y la incertidumbre para miles de hogares presas del desempleo, el desahucio y la falta de perspectivas.
Fue contra esta ausencia de perspectivas vitales contra lo que se levantó el 15M, contra el incumplimiento del acuerdo constitucional por los partidos del régimen.El 15M y PODEMOS pretendieron ampliar la agenda política ante el fracaso del régimen del 78 para proveer los bienes sociales para la mayoría pactados en el 78. Ese fracaso del régimen en el cumplimiento de la función histórica que lo legitimaba fue percibido como una crisis de tal régimen y alimentó la perspectiva de un procesos constituyente que ampliara la agenda política a aquellos problemas de la sociedad española que no encontraban hueco en la oficial.
Hay que subrayar el ámbito estrictamente político en el que se desplegaron las denuncias y propuestas del 15M y PODEMOS; así como la identificación con el apelativo de "casta" a la clase política del régimen. Los impulsores de ambos movimientos nunca pretendieron atacar los fundamentos del sistema capitalista en nuestro país, quizás conscientes de que la tarea les sobrepasaba al no contar para ello con el apoyo de un movimiento social de la dimensión histórica del movimiento obrero de los 60 y 70 del pasado siglo.
Se trataba ,pues -y no era poco-, de remozar las estructuras institucionales asentadas tras tres décadas de funcionamiento del régimen del 78 preparándolas para afrontar los retos incomparablemente más complejos a los que ya se enfrentaba la sociedad española.
Ni la dirección del PSOE ni la del PP de la época supieron ver el horizonte de renovación que planteaban los nuevos actores. La victoria del PP en la elecciones del 2011, en buena medida fruto de la ausencia de estos nuevos actores en el concurso electoral, confundió aun más a los partidos del régimen, que solo despertaron de su letargo cuando en las europeas del 2014 un PODEMOS apenas conocido consiguió cinco escaños para el Parlamento europeo.
La posterior entrada de PODEMOS en el Parlamento español y, posteriormente, en el Gobierno de la mano de un PSOE aún renqueante pero dispuesto a aprovechar la ocasión para restañar sus heridas y renovar lealtades desde el Gobierno, inauguraba con certeza un tiempo nuevo en el que la agenda política debía abrirse de forma inexorable a los nuevos problemas de la sociedad española. Era en términos objetivos, una agenda constituyente. Pero en el camino, PODEMOS se había dejado la fuerza social impulsora del cambio, había emergido un pujante movimiento social reaccionario complementado por la siempre eficaz cobertura de los aparatos del Estado profundo y, en síntesis, se había puesto de relieve que las dificultades y obstáculos para la empresa constituyente eran muy superiores a las evaluadas en 2014.
Ante las mismas, la dirección de PODEMOS sufriendo ya los costes de la escisión, experimentó un sordo proceso de repliegue sobre lo conquistado expresado en términos de visibilizar lo conseguido.
Junto al 15M y PODEMOS, en la segunda década del siglo estalla el procés. La respuesta del Estado, mitad negligencia mitad ocupación militar, enciende la rebelión nacional popular en Cataluña y preparando una factura que el nuevo gobierno salido de la moción de censura de 2018 tendrá que asumir procurando restañar las heridas de 2017 mediante el impulso a una serie de reformas legislativas orientadas a desjudicializar el procés y, de últimas, a amnistiar los hechos juzgados ante el Tribunal Supremo. Eso conducirá a la apertura de un doble frente con contendientes muy bien coordinados en sus acciones. En un lado, la judicatura como corporación, agrupada en torno a las posiciones más conservadoras que reclaman para sí lo que llaman la defensa del Estado de Derecho frente a los asaltos a la división de poderes y a la constitución perpetradas por el gobierno y sus socios. Y, de otro, en perfecta conjunción con el anterior, la permanente ofensiva de ls partidos de la derecha indistinguibles en su orientación contra la ilegitimidad del gobierno y sus socios "separatistas, bolivarianos, y terroristas".
La ubicación en el centro de la escena política de este conflicto tiene como consecuencia, entre otras, la subordinación y relegación de otras políticas contempladas en el programa de gobierno de la coalición primero con Unidos Podemos y luego con SUMAR. Especialmente las políticas orientadas a desarrollar derechos sociales, largamente olvidados por los gobiernos del régimen y que contienen el mandato ciudadano que quebró la normalidad política del régimen y llevó a los nuevos actores al gobierno: políticas de vivienda, de derechos laborales, políticas de inmigración, de rentas para las capas más desfavorecidas, etc. Políticas ,en resumen, destinadas a recuperar el soporte social para las instituciones democráticas sin el cual parecen inermes frente a las oleadas de desdemocratización ,primero, y abiertamente reaccionarias, después.
Esta supeditación al conflicto en el Estado perjudica en particular al socio minoritario del gobierno, en tanto le impide hacer posible el cumplimiento de su mandato; y favorece al PSOE que se presenta como el voto útil en el conflicto para "frenar a la extrema derecha" ,como se viene percibiendo elección tras elección y, sobre todo, desde el "cerco a Ferraz".
Todo lo anterior se da, además, en contexto de opinión en el que de forma sistemática se invocan los buenos y viejos tiempos del consenso para remediar situaciones como la del bloqueo en la renovación del CGPJ. Un contexto enel que apenas se entra a analizar las causas del enfrentamiento entre poderes del Estado ,el llamado lawfare, y en el que se puede escuchar al "necesidad de despolitizar la justicia" y propuestas como la de que "los jueces elijan a los jueces".
En estas condiciones y en el contexto global muy determinado por el clima bélico imperante, el estancamiento de la economía global y el ascenso de la extrema derecha, particularmente visible en la crisis de la UE, se produce una comprensible hipervaloración de la gobernabilidad y el rechazo de la polarización. Y es entonces cuando diversos analistas encuentran similitudes en la situación de los dos grandes partidos, especialmente en la rémora que supone para ellos y para la estabilidad de las instituciones la hipoteca de sus socios más extremos-SUMAR y VOX, respectivamente-.
Por supuesto que la gobernación de una sociedad contemporánea exige diálogo entre fuerzas políticas distintas pero ello debe darse en un marco que garantice unas condiciones efectivas de respeto a los derechos de los ciudadanos
La propuesta, entonces, está servida. Se trata de prescindir de tan molesta carga en beneficio de la recuperación del clima de consenso institucional y el abordaje de los graves problema del país en forma consensuada. Cualquier terreno es válido para ello pero la renovación del CGPJ reúne los mejores ingredientes. Así que, bajo los auspicios de una comisión europea en trance de renovarse sobre el acuerdo de las fuerzas políticas "constructoras de las instituciones comunitarias", se produce el acuerdo para desatascar la renovación del CGPJ con la designación del mismo número de vocales por ambas partes y la inclusión de un magistrado distinguido por su beligerancia contra la ley de amnistía para el tribunal constitucional.
No es lo más importante la falta de participación en el proceso del socio minoritario del gobierno sin cuyo apoyo no debería hablarse de "posición de Gobierno". Lo llamativo en mi opinión es que el ámbito subjetivo del mismo excluye a la fuerza política que lo representa, equiparándolo, además, con el socio de extrema derecha del otro firmante; conocemos ese esquema mental desde el que se construyeron las instituciones comunitarias -por cierto junto con la OTAN-. Pero no podemos aceptarlo. Reclamamos una política de acuerdos para afrontar esos graves problemas de nuestras sociedades pero rechazamos la limitación de las materias objeto de acuerdos a la recuperación de gobernabilidad. Si es necesario esta estrategia de acuerdos es porque el ámbito del acuerdo que debía supraordenar la política cotidiana, la Constitución del 78, se ha quedado obsoleta para abordar problemas que no pudo o no quiso abordar. Da igual el nombre con el que se denomine este imprescindible proceso de diálogo. La pasada década hablamos de proceso constituyente pero lo fundamental es la apertura misma del diálogo sin exclusiones de ningún tipo.
Se puede y se debe hablar de todo, nada debe quedar al resguardo de las sombras. Nada y desde luego, ninguna herramienta pública al servicio del bien común. Ninguna parte del Estado puede quedar en la sombra, al servicio de designios trascendentes al pueblo soberano. Ningún patrimonio desconocido, al margen del control de la ciudadanía.
Lo que no cabe es la vuelta al 78 como parecería deducirse de algunas posiciones. Las condiciones, los actores, el contexto global y, sobre todo, la naturaleza de los problemas a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, no admiten regresiones como esta. Creo innecesario recordar bajo qué condiciones se llevó a cabo el acuerdo del 78; su mayor legitimidad consistió en abrir una posibilidad para construir un régimen de convivencia democrática en nuestro país. Volver a la casilla de salida sería despreciar los esfuerzos de la sociedad española para construir, todos los días, una sociabilidad democrática.
El discurso y la política del cordón sanitario contra la extrema derecha que se pretende aplicar en Francia y en Europa, tiene en España sus valedores. El PSOE postula "liberar" al PP del lastre de VOX mediante una política de acuerdos de Estado que restituya la hegemonía del PP en el espacio de la derecha haciendo innecesaria la presencia de un partido de la extrema derecha (cuyo electorado volvería a la "casa paterna").
Una política de esta naturaleza implica exigencias difíciles de soslayar. La que me importa destacar tiene que ver con la inauguración de un nuevo ciclo político en el que ambos partidos de Estado se repartirían las responsabilidades de su gobernación y en el que no habría lugar para experimentos como los gobiernos progresistas de coalición como los habidos desde 2018.
Con la derecha nunca se puede estar seguro de haber llegado a un acuerdo, por muchas concesiones que se hayan hecho para lograrlo :su concepción patrimonialista del Estado y las instituciones, compartida con algunos cuerpos de funcionarios, no tiene fin en sus exigencias. Ahora vemos como por una parte el TS rechaza la amnistía para los delitos de malversación del procés mientras que por otro, un juzgado de instrucción de Barcelona concede la medida de gracia a los 46 policías acusados de lesiones y delitos contra la integridad moral durante la represión de la consulta del 1 de octubre de 2017. Es de una aplastante evidencia la beligerancia y falta de imparcialidad de la judicatura- o, al menos, de la parte mayoritaria de ella- en la interpretación y aplicación de la ley. Una actitud corporativa de la más extrema gravedad por mucho que el socio mayoritario del Gobierno pretenda poner sordina a lo que es una crisis constitucional.
En un excelente artículo del 8 de julio en El País, Innerarity critica esta actitud corporativa de jueces y policías que se ven a si mismos como los guardianes de la defensa de la nación, implicando una concepción del Estado de derecho esencialmente punitiva y alejada de aquella compatible con la democracia y defensora de los derechos de los ciudadanos frente a los poderes del Estado tanto como los económicos y financieros.
Por supuesto que la gobernación de una sociedad contemporánea exige diálogo entre fuerzas políticas distintas pero ello debe darse en un marco que garantice unas condiciones efectivas de respeto a los derechos de los ciudadanos, especialmente los que tienen que ver con las condiciones de vida. Ese marco está inacabado, su conclusión es la tarea de un gobierno progresista.
Estos últimos años, desde que se formó el primer gobierno de coalición progresista, hemos sido bombardeados con el discurso de los medios sobre la polarización. No se denunciaba, o escasamente para lo que ocurría en la realidad, el acoso al que se sometía desde el momento de su constitución la acción del gobierno; se hablaba en abstracto de polarización, como sinónimo de inestabilidad, enfrentamiento, ausencia de diálogo.