“Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar ni una”.
Valencia, 5 de noviembre de 2023. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronuncia estas palabras en un acto frente a las Torres de Serranos de la ciudad ante cargos públicos, militantes y simpatizantes de su partido, que reaccionan aplaudiendo con entusiasmo mientras agitan la bandera nacional.
Cuatro meses después de esta declaración de intenciones, y con la Cámara Alta a merced de la mayoría absoluta de los populares, asistimos al que, posiblemente, sea el ejemplo más gráfico de a qué se refería exactamente el señor Feijóo con “defender España desde el Senado”.
En el pleno de la semana pasada, los senadores y senadoras del PP votaron “no” al techo de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que significa que estas administraciones públicas, las más cercanas a la ciudadanía, verán mermados sus recursos económicos en unos 4.500 millones de euros.
Instalado, como está, en una oposición destructiva, que evidencia su incapacidad para asumir los resultados electorales del 23J, el Partido Popular olvida que con este movimiento político no impide la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y, por tanto, no hace daño al Gobierno de España. Ni a su presidente. Ni al Partido Socialista. Se lo hace a los territorios. A los presidentes y presidentas autonómicos. A los alcaldes y alcaldesas (también, por cierto, a los que gobiernan bajo sus mismas siglas).
Si echamos la vista atrás y hacemos un recorrido por el tipo de oposición practicada por el PP en los últimos años, es difícil imaginar que esta decisión haya pillado a alguien por sorpresa (ya nos lo dejó claro M. Rajoy con su célebre “cuanto peor, mejor”), lo que no quita para que pueda considerarse una auténtica torpeza. Otra más del Partido Popular.
Porque basta con alejarse un poco del ruido y acercarse a la realidad más próxima al ciudadano para darse cuenta de los efectos “tangibles” de esta decisión que acaba de ejecutar el Partido Popular en defensa de España.
Se resume rápido: un recorte en servicios e infraestructuras públicas.
Por ejemplo, a Castilla y León, mi comunidad autónoma, esta deriva del principal partido de la oposición le va a costar 70 millones de euros. En el caso del ayuntamiento de Burgos, la capital de mi provincia, el rechazo al techo de gasto se traduce en un recorte de unos 7,8 millones de euros. Es decir, una cantidad muy superior a todas las transferencias corrientes de promoción y protección social, o al montante económico destinado al fomento del empleo.
El Partido Popular olvida que con este movimiento político no impide la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y no hace daño al Gobierno de España. Ni a su presidente. Ni al Partido Socialista. Se lo hace a los territorios
Y así podríamos recorrer el conjunto de las CCAA y ayuntamientos del país, a los que el PP castiga en su boicot permanente a la acción del Gobierno. Caiga quien caiga. Cueste lo que cueste.
Que el Senado está siendo instrumentalizado por el Partido Popular es más que evidente. Lo hemos visto desde el inicio de la legislatura, con casos tan sangrantes como la reforma exprés del reglamento para dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía, o la imposición de tres plenos al mes anunciada por el propio Feijóo en los pasillos de la Cámara.
Pero esto va más allá. Porque la decisión del PP tiene un efecto negativo inmediato en los territorios, los mismos a los que los senadores y senadoras representamos en esta Cámara, que es la de representación territorial.
¿Cómo van a explicarlo entonces los parlamentarios del Partido Popular en sus comunidades autónomas y municipios? Cuesta imaginarlo, especialmente en el caso de quienes, además de ocupar un escaño en el Senado, son alcaldes o alcaldesas de sus ayuntamientos y, por tanto, conocen como nadie la realidad, y las necesidades, de las entidades locales.
La paradoja es tal, que entre quienes apretaron el botón rojo se encuentra también la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la alcaldesa de Jerez, que, como el resto de sus compañeros y compañeras, no ha dudado en plegarse a las exigencias de Feijóo, pese a estar a la cabeza de la institución que lleva por bandera la defensa de los intereses del municipalismo.
¿Cómo va a justificarlo ante los más de 8.000 ayuntamientos a los que representa? ¿Qué piensan decir los senadores del PP a sus alcaldes y alcaldesas?
Que recurran al “cuanto peor, mejor”, porque lo de “defender a España desde el Senado” no hay argumentario que lo sostenga.
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Ander Gil es senador del PSOE por Burgos y expresidente del Senado.
“Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar ni una”.