Privatización de las pensiones públicas: Escrivá dirige un asalto decisivo
El 24 de marzo, el Pleno del Congreso rechazó por una amplia mayoría una enmienda a la totalidad presentada por el Bloque Nacionalista Galego a la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo (LRIPPE). La enmienda sólo obtuvo 25 votos favorables de CUP, ERC, EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís. Está previsto que la tramitación parlamentaria de la LRIPPE finalice antes del 30 de junio. Arrancará entonces el proceso de privatización de la parte de las cotizaciones sociales a la que aspiran desde hace décadas bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. El ministro José Luis Escrivá habrá cumplido entonces su misión, la privatización y financiarización de las pensiones.
El preámbulo de la ley declara dos objetivos: facilitar el ahorro para la vejez especialmente entre las rentas medias y bajas y los jóvenes, y generar recursos para invertir y aumentar la capacidad productiva. Para conseguirlo propone la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y depósito y gestión privadas. Pero los planes de pensiones privados aumentarán la desigualdad y la pobreza en la vejez y no invertirán en actividades social y ecológicamente necesarias.
Los fondos de capitalización crean desigualdad
La LRIPPE se propone incentivar el ahorro de las rentas medias y bajas y de los jóvenes. La experiencia de los fondos de capitalización de empresa existentes demuestra que concentran las aportaciones, las desgravaciones fiscales y las prestaciones en los salarios más altos. En el conjunto del Estado español existen dos millones de cuentas en planes de pensiones de empleo. En 2020, en dos de cada tres cuentas no se ingresó ni un solo euro, y casi el 60% de las aportaciones fueron ingresadas por el 6% de las personas partícipes [Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social, Complementaria 2020 y Avance 2021, página 40].
Escrivá ha señalado las Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi (EPSV) como un modelo para imitar. Sin embargo, las EPSV ofrecen el mismo paisaje de desigualdad, cuentas sin aportaciones y concentración de las aportaciones en los altos salarios. En más de un tercio de las cuentas no se realizan aportaciones, el 9% de las personas partícipes, 1 de cada 11, realizan la mitad de las aportaciones totales [Dirección de Política Financiera, Departamento de Economía y Hacienda, Informe Previsión Social Complementaria en el País Vasco 2020, página 6].
El modelo de las EPSV no parece contribuir a reducir la brecha de género. Hay más partícipes hombres que mujeres, 57% y 43%; y la aportación anual media masculina es un 4% más alta que la femenina.
La EPSV menos desigual es la del funcionariado del Gobierno Vasco, Itzarri, debido a que las diferencias salariales son inferiores en el sector público que en el privado. Además, dos de cada tres partícipes son mujeres. Aun así, el 14% de las personas partícipes concentran el 42% de las aportaciones [Itzarri, Datos económicos Itzarri 2020, Asamblea General 2021], y en 1 de cada 6 cuentas no se realizan aportaciones. En el sistema público de Seguridad Social, todas las trabajadoras y trabajadores en situación de alta ingresan cada mes las cotizaciones sociales que les corresponden.
Geroa es la EPSV del sector privado en la provincia de Gipuzkoa. Su memoria anual no desagrega las aportaciones por tramos. Pero sí informa de las cuentas en las que no se hacen aportaciones, el 61%, es decir, 171 mil trabajadoras y trabajadores, frente a 110 mil que sí ingresan [Geroa, Memoria 2020, página 10], probablemente con la misma distribución desigual de las aportaciones que en los esquemas de los que disponemos de información. Geroa es un esquema predominantemente masculino, el 65% de las personas partícipes son hombres.
Este panorama de desigualdad ha provocado que el sindicato LAB haya decidido, después de 25 años, suspender su participación en las EPSV argumentando que sus prestaciones no son universales, aumentan las desigualdades y dan cobertura a una minoría.
Los sistemas privados de capitalización no son un sistema de protección social, sino un mecanismo para generar ingresos por comisiones para las entidades financieras y activos para favorecer el proceso de financiarización. En 2021, el 61% de los activos globales bajo gestión procedían de fondos de pensiones [Thinking Ahead Institute, Global Pension Assets Study 2022.]. Robin Blackburn, autor de una obra de referencia sobre el sistema de pensiones de capitalización dominante en Estados Unidos y Gran Bretaña, lo caracteriza como “estado de bienestar dividido”, basado en enormes beneficios fiscales para los fondos privados, con graves problemas de solvencia, con baja cobertura de los ingresos previos a la jubilación y que beneficia al 10% de mayores ingresos que deduce el 50% de las desgravaciones fiscales [Robin Blackburn, El futuro del sistema de pensiones, Siglo XXI, 2010]. Esa relación entre el 10% de ingresos más altos y el 50% de aportaciones y desgravaciones se repite, como hemos visto, en las pensiones privadas ya existentes en el Estado español y en las EPSV del País Vasco, y será reproducida por la LRIPPE de Escrivá que no impulsará el ahorro de las rentas medias y bajas y de los jóvenes, sino de los directivos y altos funcionarios.
Garantizar los beneficios de las finanzas desviando rentas salariales e ingresos públicos
En las últimas décadas ha avanzado el proceso de privatización de los sistemas sanitario y educativo, ya el 20% del gasto en educación y el 30% del gasto sanitario es privado. Por el contrario, la privatización en el sector de las pensiones es muy reducida. En 2020, la partida de las pensiones públicas ascendió a 140 mil millones de euros, las prestaciones de los sistemas privados poco más de 7 mil millones, un escaso 5% del gasto público. Para avanzar en la mercantilización de las pensiones Escrivá ha decidido desviar fondos públicos hacia los sistemas privados por dos cauces. Primero, las empresas que hagan aportaciones a planes de empresa de capitalización cotizarán hasta 400 euros anuales menos por trabajador a la Seguridad Social. Segundo, las aportaciones a los planes de empresa, hasta 10 mil euros anuales, se deducirán de la base imponible del IRPF, aumentando la regresividad del sistema fiscal. Se reducen los ingresos por cotizaciones sociales al sistema público para nutrir los fondos privados. Se reducen los ingresos por impuestos de las administraciones públicas para nutrir las comisiones de las entidades financieras. El descenso de los ingresos de la SS servirá para justificar la necesidad de reducir la tasa de sustitución de las pensiones iniciales y acercarnos al modelo propuesto por el Banco Mundial en 1994, pensiones públicas modestas complementadas con fondos privados de capitalización.
La crisis financiera de 2007-2008 estuvo a punto de hacer caer el sistema financiero mundial y sólo se pudo superar con una intervención sin precedentes de los bancos centrales. La pandemia obligó a la intervención masiva de los gobiernos con programas de mantenimiento de rentas. Ha nacido un nuevo neoliberalismo corregido, se mantendrá la privatización, pero ahora con un masivo apoyo público para garantizar los beneficios oligopólicos. Esta política se condensa en la fórmula de colaboración público-privada, es decir, socialización de pérdidas, vía deuda pública, y privatización de beneficios. Escrivá aplica este esquema en las pensiones, dirigiendo ingresos públicos hacia los fondos privados de capitalización. El aumento consecuente de la deuda pública aumentará los intereses que percibirán los poseedores de bonos.
La LRIPPE afirma que la promoción pública de los fondos “no supondrá en ningún caso garantía del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas”. Sin embargo, precedentes como la socialización de las pérdidas inmobiliarias de la banca a través de la Sareb permiten pensar que, en una futura situación de insolvencia, el Estado puede actuar como salvador. Máxime cuando estos fondos, aunque de gestión privada, serán de promoción pública.
Los fondos privados de capitalización no realizarán las inversiones necesarias
Desde 2007, el balance de la Reserva Federal y del BCE se ha multiplicado por nueve, desde 1 a 9 billones de dólares y euros, respectivamente. Al mismo tiempo, la deuda pública ha aumentado hasta el 140% del PIB en Estados Unidos y el 100% en la zona euro. La política de estímulo económico mediante la inyección masiva de dinero ha salvado al capitalismo de la quiebra dos veces en 15 años, pero no ha conseguido que el capital privado realice las inversiones necesarias para la transición energética y ecológica, ni la socialización de los cuidados imprescindible para afrontar la discriminación económica de las mujeres y la crisis del tiempo y los cuidados.
El año pasado se instalaron 80 mil sistemas de autoproducción y autoconsumo en viviendas y empresas, menos del 0,3% de 25 millones de instalaciones potenciales. El triopolio Naturgy- Endesa-Iberdrola dirige la inversión hacia grandes parques solares, eólicos y nuevos aprovechamientos hidroeléctricos afianzando el modelo centralizado que les permite producir valor y captar rentas de fenómenos naturales, agua, sol, viento, de naturaleza común y que podrían ser el alimento de un sistema descentralizado, de propiedad colectiva.
Las reformas privatizadoras del sistema público de pensiones forman parte del tipo de políticas que nos llevan a una sociedad más desigual, injusta y peligrosa. Por eso debemos combatirlas y frustrarlas. Por la civilización humana, por el bien común
En 2018, las economistas Martínez, Roldán y Sastre publicaron un estudio minucioso y preciso [Martínez, Rosa, Roldán, Susana, Sastre, Mercedes, La atención a la dependencia en España, IEF, 2018] sobre la creación de unos servicios públicos de ayuda a la autonomía y atención a la dependencia, inspirado en el modelo sueco, que mejorarían la atención a las personas usuarias, dignificarían las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y liberarían a las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, de una responsabilidad que las obliga a abandonar en muchos casos el mercado de trabajo. El aumento del gasto sería del 0,7% del PIB y se crearían 350 mil puestos de trabajo a tiempo completo. Nada se ha hecho, y se ha entregado el sector a los fondos de inversión, participados, en algunos casos, con fondos de las EPSV.
La LRIPPE se propone generar “un mayor volumen de recursos disponibles para invertir y aumentar la capacidad productiva y, con ello, poder elevar los ingresos y el nivel de vida”. Si se considera que se debe construir un pilar de capitalización, hágase de promoción y propiedad pública y diríjanse sus inversiones hacia un sistema energético descentralizado y de propiedad social y a un sistema público de atención a la dependencia. Los beneficios de las empresas públicas de energía se destinarían en el futuro a las pensiones públicas; los ingresos del IRPF de las trabajadoras de la ayuda a la dependencia al conjunto de las administraciones. El aumento de sus salarios transferiría a la SS ingresos por cotizaciones sociales que hoy son beneficios empresariales y altos salarios de los directivos que no cotizan a la SS por superar los topes máximos de cotización. Ese es el modelo de Noruega donde Equinor, 70% de propiedad pública, socializa la riqueza petrolífera y dirige una parte de los beneficios a un fondo de promoción y propiedad pública, y StatKraft, también estatal, produce energía eólica, solar e hidroeléctrica, y donde los servicios de atención a la dependencia son competencia de los municipios. El Gobierno elige el modelo anglosajón frente al noruego. En Estados Unidos el 1% de los más ricos se apropian del 20% de la renta total, en Noruega, de poco más del 8%.
Los resultados de la ley Escrivá alimentarán el malestar social
Los sociólogos Ferragina, Arrigoni y Spreckelsen proponen el concepto de mayoría invisible en ascenso [Emanuele Ferragina, Alessandro Arrigoni, Thees F. Spreckelsen, The rising invisible majority, Review of Political Economy, julio de 2020] constituida por las personas paradas, que trabajan con contratos precarios o en riesgo de pobreza y exclusión social. Para 14 Estados de la Unión Europea, entre 2002 y 2016 ese grupo se incrementó desde el 35% hasta el 49% de la población en edad de trabajar, como consecuencia de las privatizaciones, los impuestos regresivos, la flexibilización laboral y el debilitamiento del Estado del Bienestar. Más allá de reflejar la intensificación de la explotación y la desigualdad, este ascenso expande una base potencial para la utilización ultraderechista del malestar. Las reformas privatizadoras del sistema público de pensiones impulsadas desde el BM, el BCE, la CE y el BE forman parte del tipo de políticas que nos llevan a una sociedad más desigual, injusta y peligrosa. Por eso debemos combatirlas y frustrarlas. Por la civilización humana, por el bien común.
Xabier Pérez Davila es economista, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.
