En el año 2007 conocimos la primera norma humanitaria en materia de Derechos Humanos y víctimas del franquismo, la conocida como “Ley de Memoria Histórica”, norma en vigor, bajo la legislatura socialista del presidente Zapatero, y en 2022, con el siguiente ejecutivo socialista, en el gobierno del presidente Sánchez, con especial impulso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, capitaneada por su secretario, el catedrático Fernando Martínez, volvemos a ser testigos de avances en derechos humanos.
Con la nueva ley de memoria, el Estado español asume formalmente el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas, reafirmando el compromiso con la verdad y la reparación, como confirma la creación del registro y censo de Víctimas, y Banco Nacional de ADN de víctimas, o la constitución de tres grupos de trabajo: Consejo Territorial de Memoria Democrática; Consejo de la Memoria Democrática; y la más reciente, un comité que contribuya al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y Dictadura, que nos traerán verdad, y servirán de apoyo a la futura fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con categoría de Fiscal de Sala.
Lo que pretendía el franquismo fue eliminar el título de españoles a aquellos que no eran franquistas. Algunos eran republicanos, pero otros lo que hoy conocemos como simples demócratas, y eso se hizo por dos vías: el asesinato y el exilio, como dicen en el sur de Francia, la retirada, o la guerra de España en vez de la civil. Aprendimos mucho de los exiliados, aprendimos, por ejemplo, que el recuerdo suaviza la distancia, que hay tantos exilios como exiliados, o esa idea de evolución, desde sentirse republicanos a convertirse en demócratas, con la finalidad de instaurar la democracia en España.
La nueva ley, pensando en los referentes de “ley de nietos”, reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio, y prevé tres nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española, para descendientes de exiliados: nietos cuyos abuelos hubieran perdido la nacionalidad española; hijos de mujeres que hubieran perdido su nacionalidad, por matrimonio; e hijos e hijas de aquellos que obtuvieron la nacionalidad conforme a la Ley original de 2007, quedando limitado el plazo de su solicitud de la nacionalidad, hasta el año 2024.
La memoria democrática formará parte de la educación escolar en ESO, Bachillerato y formación profesional, y las futuras generaciones vivirán más dignamente, puesto que quedarán extinguidas las fundaciones de exaltación, de la Santa Cruz del Valle, y disueltas las asociaciones, procediendo a su vez a la supresión de 33 títulos nobiliarios franquistas, entre ellos: Duque de Primo de Rivera, Marqués de San Leonardo de Yagüe, Duque de Carrero Blanco, Marqués de Arias Navarro o Duque de Franco, y los restos mortales de José Antonio o de Queipo de Llano no permanecerán en lugares preeminentes, y todo gracias a una ley democrática, que impedirá los actos de exaltación.
Durante los años en que gobernó el Partido Popular, fueron algunas comunidades cutónomas, en su mayoría con gobiernos socialistas, las que mantuvieron viva la legislación de las víctimas, en tanto en cuanto el Ejecutivo de Rajoy en 2013 eliminó de los Presupuestos Generales del Estado toda ayuda para la memoria, como él dijo “cero euros”, ignorando la memoria. La norma de 2022 restaura esas ayudas, las pensiones a huérfanos mayores de 21 años, conforme a la legislación de 31 de diciembre de 1984, así como el resarcimiento de los bienes incautados, conforme a auditoría en el plazo de un año.
La Transición española, como paso de una dictadura a una democracia, con todos sus defectos, es de las mejores del mundo, no se puede obviar que el dictador no fue depuesto, sino que murió en una cama. El paso del tiempo ha demostrado que el dictamen de la conciencia no ha sido igual para todos, especialmente duro ha sido el trato de los gobernantes de la derecha, sin la menor sensibilidad con las víctimas del franquismo. Nadie comprendería que dentro de 40 años una víctima del terrorismo reclamara sus derechos y se le respondiera que es reabrir heridas, como nadie entiende que el PP reclame la transición en la que no estuvo, y bajo la coartada de la reforma de la Ley de Memoria, se ausente en el 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco. Algo que no es nuevo; hace cinco años, en el 20ª aniversario del espíritu de Ermua, quienes participaron en la ofrenda florar fueron el alcalde socialista Carlos Totorika y el periodista José María Calleja.
La Transición española, como paso de una dictadura a una democracia, con todos sus defectos, es de las mejores del mundo; no se puede obviar que el dictador no fue depuesto, sino que murió en una cama.
Como ha declarado el presidente Zapatero: “La democracia española con las leyes de 2007 y la de ahora, se perfeccionan, ¿por qué?, porque reconocen a nuestros olvidados. No tenemos que tener miedo a mirar a nuestro pasado más reciente, o más remoto”.
En 2016 tuve el honor de defender a quienes ya no se podían defender, y lograr la primera sentencia que autoriza u ordena a exhumar, la conocida como “hermanos Lapeña”, víctimas republicanas del Valle, que, gracias a la nueva ley se llamará “Valle de Cuelgamuros”, y se retomará el expediente de jurisdicción voluntaria, fundamento con el que se obtuvo esa única victoria judicial, puesto que en 2015 el PP eliminó el articulado de la “perpetua memoria”, introducido con esa expresión literal, en el siglo XIX, precisamente pensado para exhumaciones y amparo legal de las víctimas de las guerras civiles de entonces, las guerras carlistas.
Cuando el PSOE gobierna, tenemos normas en memoria; cuando lo hace el PP, supresión de derechos humanos. Y yo me pregunto ¿quién quiere revisar la historia?
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Eduardo Ranz es abogado y doctor
En el año 2007 conocimos la primera norma humanitaria en materia de Derechos Humanos y víctimas del franquismo, la conocida como “Ley de Memoria Histórica”, norma en vigor, bajo la legislatura socialista del presidente Zapatero, y en 2022, con el siguiente ejecutivo socialista, en el gobierno del presidente Sánchez, con especial impulso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, capitaneada por su secretario, el catedrático Fernando Martínez, volvemos a ser testigos de avances en derechos humanos.