Recuerdo, memoria y democracia

Josep Sala era el último superviviente que podía contar lo que fue San Marcos, edificio convertido hoy en un lujoso Parador, pero testigo de noches de hambre, frío y crímenes durante la Guerra Civil.

Los escasos documentos que él mismo y los familiares de otras víctimas conservan son la única prueba de que allí existió un campo de concentración. Hombres y mujeres que sufrieron todo tipo de golpes y vejaciones, inimaginables ahora entre las cuidadas paredes de una de las construcciones más emblemáticas de la capital leonesa. Pero eso no significa que sus testimonios vayan a desaparecer, como lo ha hecho el tiempo transcurrido.

Josep ha fallecido hace unos días con 102 años y quizás con él algunos de los secretos que no quiso compartir. Pero indudablemente sus vivencias, junto a las de tantos compañeros que fueron asesinados por defender unas ideas, por proteger nuestras libertades, formarán parte de nuestra sociedad para siempre.

Son estas historias, la superación de los hombres y de las mujeres que tuvieron que hacer frente a uno de los periodos más duros de la historia de España, las que sirven de ejemplo al Gobierno, que no cesa en la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Una transmisión que se está plasmando a través de un texto necesario, de la nueva Ley de Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos, de los derechos y de las libertades fundamentales.

Desde el PSOE buscamos la reparación integral a las víctimas del franquismo, y esta norma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo su germen en la Ley de Memoria Histórica impulsada por el presidente Zapatero, las sitúa en el centro de la acción pública con medidas de reconocimiento. Se trata de una herramienta necesaria, de reparación, de justicia para las víctimas y familias de los represaliados durante la dictadura franquista. Porque no podemos olvidar el sufrimiento de quienes padecieron la ignominia de un sacrificio innecesario, pero sí avanzar en la reparación de las víctimas.

En este sentido es fundamental eliminar la simbología franquista y los nombres que enaltecen la dictadura en nuestras calles y plazas. Por respeto y justicia tenemos que cambiarlas. La Ley declara expresamente el repudio y condena del golpe de Estado del 36 y la posterior dictadura, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Es la primera vez que esto aparece en la parte dispositiva de una Ley. Además, la norma hará política pública la exhumación de las fosas comunes, agilizando trámites para la identificación de las personas sepultadas en ellas. Un camino hacia la garantía de respeto e igualdad absoluta, en el que es muy importante destacar como novedad el reconocimiento del papel activo de las mujeres españolas en la vida intelectual y política y en defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales.

Por todo esto, el trabajo desarrollado desde el Gobierno de Pedro Sánchez en torno a esta ley está vertebrado en los cuatro grandes principios del Derecho Internacional Humanitario, es decir, defiende el derecho a la verdad de las víctimas, se garantiza la justicia, se favorece la reparación y se fomentan actuaciones con el deber de memoria como garantía de no repetición.

Este último punto es imprescindible, porque la educación es uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestro Estado del bienestar. La memoria democrática entrará en la escuela, un paso indispensable para seguir educando en inclusión, en libertad. Además, se fomentará la investigación y se establecerá la declaración de lugares de memoria democrática, que incluye la resignificación del Valle de los Caídos. 

Desde el PSOE siempre vamos a mostrar nuestra repulsa al menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil o del franquismo. Los valores socialistas, y estoy seguro que los de la mayoría de la sociedad, confían y esperan que a través de esta labor pedagógica y formativa que busca el respeto de los principios del Derecho Internacional, así como el fomento de los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, sea innecesario el régimen sancionador establecido ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley. Pero que actuará eficazmente.

La nueva Ley también apunta a la extinción de fundaciones que con sus actividades lleven a cabo la apología del franquismo, del golpe de Estado, de la dictadura o de sus dirigentes. En definitiva, es el instrumento que mejorará la calidad democrática de nuestro país, necesario para reconocer y compensar esa parte de nuestra historia, que hará que nuestra democracia sea más perfecta.

11,8 millones para la ley de memoria democrática y la resignificación del Valle

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Josep Sala se ha marchado, pero no sin antes recibir un sentido homenaje en el espacio que le convirtió en superviviente, en luchador y en recuerdo eterno. Se ha marchado, pero a sabiendas de que son muchos los que velan por la seguridad de que la parte más feroz y cruel de su vida no se volverá jamás a repetir.

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Javier Alfonso Cendón es diputado por León y portavoz de Ciencia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.