El grupo petrolero se encuentra bajo la lupa del regulador de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por presuntas prácticas abusivas contra el mercado. La CNMC ha incoado un nuevo expediente sancionador por apreciar prácticas poco ortodoxas en el libre mercado aprovechando la posición de operador dominante que ostenta Repsol. El regulador investiga concretamente si el grupo petrolero habría realizado una política de precios discriminatoria y lesiva para las gasolineras independientes durante el periodo de la pandemia para reforzar su propio liderazgo en el mercado. Repsol aplicó una política comercial muy agresiva de descuentos a los consumidores finales en su extensa red de gasolineras (más de 3.300) a través de aplicaciones como Waylet o tarjetas de fidelización. Según la CNMC, esta política, junto con la de "incrementar el precio que terceros competidores —estaciones de servicio independientes— pagan (a Repsol) por adquirir el combustible en el mercado mayorista", constituyen el armazón del expediente sancionador. "Dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, las conductas habrían supuesto una estrategia exclusionaria frente a terceros competidores —estaciones de servicio independientes—. Además, habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista", valora la CNMC.
Las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
Repsol no solo es la mayor empresa contaminante del IBEX35, sino que además, y a la vez, se vanagloria de seguir desarrollando nuevos yacimientos en Brasil de magnitudes muy considerables
La investigación de la Comisión se ha iniciado a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos. La AESAE aglutina a las gasolineras "low cost", un segmento de mercado en alza con alrededor de 2.000 puntos de venta y una cuota de mercado en 2021 del 12,5% y que se está está convirtiendo en un relevante competidor y apreciado objeto de deseo por los grandes grupos con una estrategia basada en ofrecer atractivos diferenciales de precios. Cepsa compró recientemente la red de la marca líder Ballenoil. Ante las sospechas de prácticas anticompetitivas, la CNMC procesió a inspeccionar las sedes de otros operadores, además de la de Repsol, en busca de documentación, pero finalmente ha decidido proseguir con el expediente sancionador solo a la compañía que preside Antonio Brufau.
Repsol ha rechazado "rotundamente" el expediente abierto y desmentido que tenga una posición de dominio en el mercado de carburantes español añadiendo que "cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia". El grupo afirma que ha hecho “un enorme esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania”, destinando más de 500 millones de euros a descuentos en sus estaciones de servicio en España. En opinión de la petrolera, el organismo de Competencia ha abierto un expediente sancionador “por una medida dirigida a favorecer a los consumidores”. También ha argumentado que el descuento de 10 céntimos aplicado durante el periodo sujeto a investigación por la CNMC supuso una reducción de "sus márgenes comerciales en un contexto de subida de las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo (...)". La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución, según la CNMC.
No es la primera vez que Repsol se enfrenta a este u otro tipo de problemas en el mercado de la distribución de hidrocarburos. En 2009 y 2013, la CNMC la sancionó, así como a otros competidores, por incumplir la normativa de competencia con empresarios de gasolineras independientes. El supervisor llegó a la conclusión de que las petroleras imponían a sus abanderados el precio de los carburantes. “Con esta práctica restringieron la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de las estaciones de servicio”, señaló la CNMC en su momento. Asimismo, los tribunales europeos han fallado en los últimos años contra el grupo español en casos relacionados con contratos de suministro y la fijación de precios a estaciones de servicio. No obstante, no han sido pocos los expedientes incoados con cuantiosas multas que en los largos procesos judiciales han acabo resolviéndose de forma favorable para el grupo petrolero. Paralelamente, Repsol se enfrenta a otros contenciosos pendientes como el del derrame en 2022 de 11.000 barriles de petróleo en aguas peruanas, el mayor desastre ecológico acontecido en el país, y que ha derivado en varios litigios, alguno de los cuales ya se ha resuelto favorablemente a la compañía. A este se suma otro pleito, el que se prolongó durante varios años en un caso de arbitraje con el gigante chino Sinopec a propósito de una filial conjunta en Reino Unido. El acuerdo alcanzado el año pasado, tras varias sentencias ambivalentes, se cerró con el pago de 1.900 millones de euros por el control de la filial Repsol Sinopec Resources UK (RSRUK).
Estos hechos de prácticas abusivas en el mercado se completan con las penosas acciones respecto al cambio climático; Repsol no solo es la mayor empresa contaminante del IBEX35, sino que además, y a la vez, se vanagloria de seguir desarrollando nuevos yacimientos en Brasil de magnitudes muy considerables de gas y petróleo de 1.000 millones de barriles y también en Colombia, en este caso de petróleo crudo. Tampoco hay que olvidar el derrame de más de 11.000 barriles de petróleo en las costas de Perú, que causó la mayor catástrofe medioambiental de la historia del país. Repsol, según CDP, es responsable del 0,3% de las emisiones mundiales históricas, y según otras fuentes todavía más. Estas emisiones acumuladas ya son responsables de billones de pérdidas causadas por el cambio climático. Por otra parte, estas elevadas emisiones, las exploraciones, la explotación de yacimientos, y los vertidos coinciden con la agresiva publicidad de empresa “verde” donde el “greenwashing” de sus anuncios ha sido incluso vetado por segunda vez por el regulador publicitario británico en lo que va de año. La Autoridad de Normativas Publicitarias dictamina que la publicidad de la petrolera española puede llevar a engaño al centrar su reclamo en un hidrógeno renovable que todavía no produce.
Los inversores institucionales y privados, las autoridades públicas y el público en general deberían ver estas conductas como muy reprobables y deberían esperar un cambio sistémico en el comportamiento de la petrolera, especialmente en un contexto de emergencia climática como la observada en todo el mundo y en España en particular en este pasado 2023.
__________________
Alfredo Aranda es periodista y Fernando Prieto es ecólogo. Observatorio de la Sostenibilidad.
El grupo petrolero se encuentra bajo la lupa del regulador de la competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por presuntas prácticas abusivas contra el mercado. La CNMC ha incoado un nuevo expediente sancionador por apreciar prácticas poco ortodoxas en el libre mercado aprovechando la posición de operador dominante que ostenta Repsol. El regulador investiga concretamente si el grupo petrolero habría realizado una política de precios discriminatoria y lesiva para las gasolineras independientes durante el periodo de la pandemia para reforzar su propio liderazgo en el mercado. Repsol aplicó una política comercial muy agresiva de descuentos a los consumidores finales en su extensa red de gasolineras (más de 3.300) a través de aplicaciones como Waylet o tarjetas de fidelización. Según la CNMC, esta política, junto con la de "incrementar el precio que terceros competidores —estaciones de servicio independientes— pagan (a Repsol) por adquirir el combustible en el mercado mayorista", constituyen el armazón del expediente sancionador. "Dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, las conductas habrían supuesto una estrategia exclusionaria frente a terceros competidores —estaciones de servicio independientes—. Además, habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista", valora la CNMC.