Romper el modelo tóxico de Redes Sociales
Las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva, como hasta ahora, con un escenario digital fuera de control. La ciudadanía no debería tener que soportar la toxicidad de las redes sociales por culpa de contenidos ilegales, injurias, bulos racistas o xenófobos, fake news y amenazas ultras con sus cuentas falsas, anónimas, haters y bots.
Las principales herramientas de internet están en manos de grandes corporaciones de ideología neoliberal. Esas plataformas digitales se ven invadidas por grupos ultras que han encontrado en las redes y sus aplicaciones a su mejor aliado y la vía más fácil para hacer penetrar sus ideas entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos populistas, la distopía y los relatos alternativos o la posverdad.
Las redes sociales no deben servir para amenazar la democracia sino para atender las necesidades vitales de la sociedad y de las personas. Pero los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los principios de una sociedad democrática. De modo que la UE y los Estados miembros tendrán que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos digitales para poder informarse con rigor, comunicar, debatir con libertad sus opiniones en las redes sociales y aplicaciones o hacer compras de bienes y productos con seguridad. La ciudadanía tampoco ha de ser objeto de manipulaciones informativas por parte de oscuros intereses políticos.
Ni Musk, uno de los principales financiadores de Trump y defensor de sus proclamas, ni las demás corporaciones tecnológicas —que actúan como el cuarto poder— están dispuestas a proteger el interés general en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de los contenidos ilegales y de aquellos otros que contravienen las propias normas de las plataformas en línea.
Los gigantes tecnológicos rechazan el Código de Conducta contra la desinformación y el paquete de Leyes de la UE sobre Mercados, Servicios Digitales (DSA) y Libertad de Expresión en Medios de Comunicación. En ellas se recoge una amplia regulación para garantizar la defensa de la libertad de expresión con los límites propios del Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la seguridad pública, la transparencia y otras obligaciones de las plataformas, los derechos de los consumidores y de los usuarios digitales, así como la protección del honor de las personas y de los derechos de la infancia.
Las plataformas tecnológicas ostentan un tecnopoder superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que aportamos cada día los usuarios de las redes. Esas macroempresas del capitalismo digital hacen con nuestros datos un oscuro e inmenso negocio sin control.
La prioridad de las grandes corporaciones es mantener la soberanía digital, sin aceptar obligaciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas multinacionales siguen reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, fomentan un consumo enfermizo de aplicaciones, hacen un inmenso negocio con el big data y aplican sesgos y algoritmos para fomentar tendencias en la opinión pública y direccionar la información.
Sin embargo, las redes ofrecen grandes ventajas en el tiempo de la revolución tecnológica y debemos recuperar su papel y sentido iniciales. La cuestión es qué hacer y cómo acertar en un escenario digital tan complejo, en un planeta tan polarizado y crispado, a la hora de controlar e intervenir desde los poderes públicos para lograr una gobernanza democrática de las redes.
Lo cierto es que hay distintas sensibilidades de cara a alcanzar un equilibrio regulatorio entre el ejercicio de una libertad individual plena y la primacía del interés general. Era necesario disponer de una regulación justa, ética y eficaz de las redes y otras plataformas digitales por parte de la Unión Europea. Con la regulación aprobada (ley DSA) se pueden sancionar contenidos ilegales que recojan discursos de incitación al odio, a la violencia y al terrorismo, la desestabilización de un país en momentos electorales o de graves crisis, la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía y la práctica de la desinformación continuada junto a las fake news.
Detrás de esas actitudes asoma la estrategia de la desinformación viral por parte de quienes ocupan las redes y actúan desde el ciberpopulismo o el tecnofascismo. En la actualidad, las redes se han convertido en poderosos sectores estratégicos que son utilizados para amenazar al sistema democrático.
Contamos, desde 2023, con la DSA, que es una ley europea reguladora muy prudente y especialmente garantista a la hora de fijar el procedimiento sobre las sanciones a las plataformas, restricciones a usuarios y la atención a reclamaciones. De modo que su aplicación se ha convertido en un gran reto para los Estados de la UE de cara a cumplir sus mandatos.
Para que la DSA resulte eficaz, se debe aplicar esta regulación sin demoras, extender las medidas de autorregulación y automoderación de las propias plataformas digitales e intervención decidida de las autoridades de los Estados. Este escenario nos empuja a los demócratas y a los movimientos cívicos de la sociedad a reflexionar, también, sobre cómo promover y configurar la idea de unas redes sociales que sean alternativas al actual modelo privado, que aporten confianza digital, funcionen con criterios de responsabilidad ética y estén dispuestas a cumplir las normas de regulación.
Necesitamos avanzar en un proceso de ejecución de las medidas contempladas en la ley DSA para democratizar el sistema de redes sociales
Necesitamos avanzar en un proceso de ejecución de las medidas contempladas en la ley DSA para democratizar el sistema de redes sociales, de modo que no estén presididas por la doctrina y visión neoliberales, sino que se gestionen conforme al interés general de la ciudadanía. Existe para ello una doble alternativa:
- Promover un modelo nuevo y alternativo de red social europea que no sirva a los intereses privados de las empresas ni a los intereses partidistas de ningún gobierno. En este proceso de reflexión cabe plantear, en competencia con las redes privadas, la creación de un modelo de red de auténtica dimensión social, titularidad pública y escala europea, administrada por la UE mediante una instancia independiente y bajo el control de una Comisión de expertos y del Europarlamento. Ni se plantea ni se trata de crear una red social estatal gestionada por funcionarios públicos, sino de estudiar la viabilidad de una red pública europea cuyo funcionamiento, repito, esté presidido por el interés general, la ética digital y los valores democráticos.
- Si no fuera posible una red social de propiedad pública, existe la opción de establecer algún tipo de colaboración o apoyo a una red existente, al margen de las grandes plataformas, con la condición de que esté configurada con vocación social, sin ánimo de lucro y funcione con características de servicio público. Su gestión tiene que estar basada en criterios de ética democrática para la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas (lo mismo que en la opción anterior) y con independencia de poderes económicos y políticos.
Por otra parte, se plantea el objetivo de impedir la difusión de contenidos ilícitos desde el anonimato y una supuesta impunidad. Próximamente, los Estados de la UE crearán una Cartera de Identidad Digital Europea, almacenada en el móvil, que podría ser de utilidad para lograr una identificación más directa de los autores de contenidos en las redes que infringen la legalidad. De momento, la DSA establece que la orden de las autoridades a las plataformas prestatarias de los servicios digitales, recabando información para actuar contra los responsables de contenidos ilícitos, exige una respuesta sin dilación porque esas empresas ya conocen la IP o identificador del dispositivo desde donde ha actuado el infractor.
Además, la ley señala que la Comisión Europea fomentará la elaboración consensuada de Códigos de autorregulación que formen parte de las normas generales internas de las plataformas digitales. Servirán para aplicar mejor la DSA y actuar con certeza contra contenidos ilícitos y para reducir riesgos sistémicos.
Si no actuamos con coherencia y convencimiento en la aplicación de la DSA para transformar y democratizar el actual modelo de redes, los enemigos de la democracia seguirán utilizando internet como arma. Y tienen todas las de ganar para favorecer la llegada de falsas democracias y de dictaduras tecnofascistas. De momento, ya han plantado en las redes sus nuevos cuarteles con milicias digitales.
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Odón Elorza es exdiputado del PSOE.
