Rota y en venta

España está rota porque mientras el 10% más rico acapara casi el 40% del patrimonio inmobiliario, el 50% de la población apenas posee un 16%. La brecha se ensancha cada vez más. El falso mito de la meritocracia, cuando la herencia inmobiliaria causa más del 74% de la desigualdad, la aspiración cultural de vivir de rentas, la fiscalidad también invita a ello, y el fantasma anabolizador de la okupación, cuando tienes 180 veces más de probabilidades de ser desahuciado que okupado, distorsiona demasiado el debate de fondo: la vulneración constitucional del derecho a la vivienda. 

Una desigualdad rampante que rompe cualquier sociedad democrática. No puede haber un país libre sin la posibilidad de que su pueblo pueda disponer de la tranquilidad de tener un techo donde dormir, un refugio donde tener intimidad, una mesa con comida donde socializar, una estantería para almacenar recuerdos y un balcón que nos invite a convivir en paz. También, un buzón amable donde poder volver y un sofá donde pasar la gripe. Sí, el derecho a la vivienda nos garantiza la libertad a equivocarnos, emprender, soñar, participar y ocuparnos del resto de la tribu, de la comunidad. 

España está rota y en venta. De 2008 a 2021, según datos oficiales del catastro, el 51% de las altas de bienes inmuebles de uso residencial han sido de personas jurídicas. Una cifra que se dispara hasta el 69% en el caso de València. Ahora mismo, parte de estos fondos de inversión como Blackstone o Lazora son los principales propietarios en España. En 2023, según la Estadística del Consejo General del Notariado, el 56% de las viviendas en España en 2023 se pagaron a tocateja. Pues bien, en el caso valenciano, estas llegaron al 70%: 7 de cada 10 viviendas se pagaron al contado. Y, en zonas turísticas, como las comarcas de Alacant, un 44’3% fueron compradas por población no residente. Sí, 4 de cada 10 fueron compradas por gente que no vive ni trabaja en Alacant. 

La turistificación de las ciudades y la mercantilización de la vivienda han convertido nuestros barrios en platós de televisión, en instantáneas de Instagram, donde todo es de cartón piedra, donde, cuando baja el telón, la soledad es la protagonista del barrio. No existen redes de solidaridad ni capital social porque nadie permanece allí, todo es efímero y fugaz. 

Afortunadamente, cada vez más, la resistencia se organiza en los márgenes, y nos interpela para que tomemos medidas valientes que cosan y se readueñen inclusivamente de los barrios, pueblos y ciudades. Urge un cambio de paradigma que no reivindique el derecho a poseer una vivienda, sino a disponer de un hogar. Un cambio de paradigma forzado por la precariedad. En 2008, según el Banco de España, un 64% de los hogares encabezados por una persona menor de 35 años vivía en régimen de propiedad (hipotecada, seguramente). En 2023, era ya menos de la mitad. Pero también debe ser forzado por un cambio en las políticas públicas. Hasta ahora, la intervención pública en el mercado ha sido para garantizar que el ladrillo era un activo seguro y rentable. 

Urge un cambio de paradigma que no reivindique el derecho a poseer una vivienda, sino a disponer de un hogar. Un cambio de paradigma forzado por la precariedad

La nueva política de vivienda debe estar centrada en garantizar el acceso a la vivienda a través de un parque público potente de alquiler social. Un parque con vocación mayoritaria que aporte seguridad, accesibilidad e inclusión en cualquier barrio y no un parche asistencialista para familias muy empobrecidas. Para ello, debemos dejar de regalar dinero público a rentistas, dejar de transferir de propietarios a inquilinos para invertir en la compra, con uso preferente del tanteo y retracto, y rehabilitación de vivienda pública. Un cambio inversor que debe llegar al 1% del PIB en políticas de vivienda.

Repetimos mucho que España dispone de un parque público minúsculo, un 2’5%, muy lejos de la media europea (9’3%) y extremadamente lejos del 30% de Países Bajos. Pero pocas veces explicamos que no es casual, ni fue por falta de construcción pública. De hecho, de 1951 a 2015, el 37% de la construcción fue de vivienda protegida, según Caritas, es decir, más de 6’4 millones de viviendas que en la mayoría de los casos se mercantilizaron y privatizaron. Así que el primer paso para creernos el nuevo parque de vivienda pública es prohibir su venta, también de las 50.000 viviendas de la SAREB. 

Finalmente, también proponemos otras medidas regulatorias, como una moratoria de 36 meses que suspenda la compraventa de viviendas por parte de fondos buitre y población no residente. Una medida extendida en otros países como Canadá, que ha vuelto a prorrogarla hasta 2027, Nueva Zelanda, Andorra… Las casas deben ser para garantizar el derecho a la vida de las familias y deben dejar de ser tratadas como un activo especulativo que destroza nuestros barrios.

Rota y en venta, es la mejor pasarela para la extrema derecha, mientras que la mejor solución, y para ello está la política, es dotarnos de un parque de vivienda público potente donde familias de diferentes realidades socioeconómicas puedan alquilar, mezclarse, convivir y construir comunidad.

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Alberto Ibáñez es diputado de Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados.