Saquen sus sucias manos de los libros de texto

Lo leo en infoLibre. Diversas asociaciones memorialistas y un nutrido y solvente grupo de historiadores (con los nombres de Enrique Díez, Isabel Alonso, Fernando Hernández y Fernando Yarza por delante) van a publicar en septiembre un manifiesto que tiene como objetivo conseguir en las aulas el mejor desarrollo posible de la nueva y ya anunciada Ley de Memoria Democrática. De paso, supone igualmente un toque de atención al articulado definitivo de esa ley. Ya son demasiados fiascos los sufridos en nuestro país cuando hablamos de leyes de memoria. Tuvimos la Ley de Amnistía de 1977, la propia Constitución del 78 que olvidaba definitivamente la República y decidía que España fuera una monarquía en la figura de un rey a quien Franco había nombrado su heredero, un rey que ahora anda huido sin que la justicia –ésa que dicen que es igual para todos– le ponga la mano encima. Lo último fue la Ley de Memoria de 2007 (tan disminuida ella), cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora se anuncia una nueva y hay que hacer lo imposible para que no resulte otra decepción. Por eso el documento que se anuncia –con la intención también de entregarlo a la ministra de Educación, Pilar Alegría– sitúa el espacio de su desarrollo en un ámbito imprescindible: la enseñanza secundaria. Y, dentro de ese ámbito, los libros de texto.

Un día daba yo una conferencia en un ateneo libertario cerca de mi pueblo. Al acabar, se me acercó un joven y me dijo que era profesor en un instituto. Él no era de historia, pero le preocupaba cómo se enseñaba esa disciplina en su propio centro. En la sala de profesorado le dijo a una colega –esta sí, profesora de historia– que por qué usaban un manual que no hablaba del golpe de Estado de 1936. Ella, como ofendida, le contestó que la enseñanza de la historia tenía la obligación de ser neutral. Clarito como el agua clara: neutral, dijo, y se quedó tan ancha. La neutralidad, el trocear la historia en compartimentos estancos, la también obsesiva necesidad de convertir la Segunda República en el Mal absoluto para ocultar un golpe de Estado en el envoltorio cínico de un violento acto de salvamento patriótico.

Esa neutralidad a la que se refería la ofendida profesora se asienta muchas veces en el lenguaje. Y sobre eso también interviene el manifiesto. Seguimos con el mismo de toda la vida. La guerra entre hermanos. Los dos “bandos” de la contienda. Todos fueron perdedores. Y por encima de todo: el caos de la República, la Revolución de Asturias en 1934 como paradigma del trágico despitorre republicano. Ya lo dije antes: el Mal absoluto que se merecía un escarmiento. Mucho dura ya ese escarmiento, demasiado dura. Hay un libro de Miguel Sánchez-Ostiz titulado precisamente así: El escarmiento. Habla de ese tiempo, de su cruelísima, devastadora duración: “Son historias que han estado durmiendo durante años, creciendo en la oscuridad, esperando el momento de salir a la luz…”. Esa oscuridad aún permanece en este país. Y en la mayoría de sus escuelas. Por eso ha de ser posible que la mano que escribía los libros del franquismo –y los sigue escribiendo desde un falso punto medio en democracia– salga de las escuelas y esa luz que dice Sánchez-Ostiz entre de una vez en sus páginas.

Digo “punto medio” porque desde hace tiempo viene destacando otra muestra de esa aparente neutralidad, tal vez la más extendida de todas: la equidistancia. Ni con unos ni con otros. La España que sólo quería vivir tranquila y llegaron comunistas y fascistas y rompieron esa tranquilidad. Para estos forofos de la equidistancia sólo hay esa simpleza reduccionista: Stalin o Franco. Y en medio, según ellos, la triste España de la inocencia. Ahora llevan los equidistantes el nombre de Chaves Nogales por todas partes (a ratos recuperan a Ridruejo, para formar un dúo), lo estrujan como un trapo en una escurridera, nos lo ofrecen en carne viva como el modelo a imitar de una equidistancia imposible. Todo vale para que la Segunda República se vea convertida en el vertedero infame de la historia. Claro que todo no fue para ella un camino llano, claro que no lo fue. Claro que hubo errores de bulto: piensen en Casas Viejas, por ejemplo. Le costó caro al mismo Manuel Azaña. Pero hubo sobre todo un asedio incansable a las políticas igualitarias que salían de los Gobiernos republicanos, de la Constitución de 1931, hasta que llegó el Bienio Negro y le doblaron las derechas la espalda a la República, como si fuera aquel personaje encorvado de Victor Hugo deambulando como un fantasma por los pasadizos de Notre Dame. Nunca dejaron, los militares reaccionarios, los ricos latifundistas, los monárquicos y la Iglesia, de incordiar los avances de una República a la que, incluso ahora mismo, tanto le cuesta encontrar un sitio en la enseñanza de la historia y en el recuento en las aulas adolescentes de la memoria democrática.

En esas aulas nunca se llegaba –creo que ahora tampoco– a la enseñanza del periodo que iba de la Segunda República a la Transición, pasando por el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista. La excusa era que el programa se pasaba de extenso. La realidad era muy distinta: a ver quién roía ese hueso si el franquismo seguía intocado en un país que ya vivía –aunque fuera muchas veces de refilón– en democracia. Mejor dejar todo en silencio, no nombrarlo. Y ya se sabe que lo que no se nombra es como si nunca hubiera existido. Es verdad que no todo el profesorado hacía lo mismo, claro que no. La prueba es el anuncio de ese manifiesto cuyo extracto acabo de leer en infoLibre, un documento que también alerta de que la historia mundial no es un edificio con habitaciones independientes. Tratar así la historia es hacer trampa. Todo está relacionado con todo. Por eso el texto firmado por asociaciones memorialistas y prestigiosos miembros de la historiografía contemporánea también habla de eso, de la necesidad de juntar en la enseñanza periodos históricos sin cuya relación no se explica con rigor el pasado, ningún pasado: tampoco, evidentemente, el que nos queda más cercano.

La nueva Ley de Memoria Democrática ha de hablar de reparación, de todas las reparaciones que hagan falta para que la República y quienes la defendieron dejen de ser burlados por la enseñanza de la historia. Ha de dejar bien claro el papel de la Iglesia en todo ese tiempo, sobre todo el que jugó como uno de los brazos represores más importantes de la dictadura. Tendrá que abrirse de una vez a que salgan a la luz en los libros de texto y donde sea necesario los nombres de los verdugos, sin que la justicia esté de parte de sus herederos: ¡cuántas veces esos herederos han denunciado a quienes han escrito los nombres de sus familias entre los de los verdugos y la justicia les ha dado la razón! La nueva Ley habrá de propiciar esa nueva época en la enseñanza, sin medias tintas, sin tapujos, sólo guiada, esa enseñanza, por el rigor que exige la verdad histórica. Y que no me vengan los de siempre con lo de que cada cual tiene su verdad. Esa es la cantinela de quienes saben que lo que ellos hacen es inventar su verdad, como escribía Antonio Machado.

Seguro que en los institutos surgirán enseguida familias que nieguen la aplicación de la Ley en los contenidos de historia contemporánea. Las derechas ya han empezado a sembrar en esas familias la idea del adoctrinamiento. Esos del PP, Vox y Ciudadanos quieren seguir con esa versión de la historia que la democracia no ha conseguido superar: la guerra fue un enfrentamiento entre quienes amaban a España y quienes querían destruirla. Ya saben, aquello de Pablo Casado que ha dado la vuelta al planeta: unos preferían ley sin democracia y otros democracia sin ley. Ya lo escribí aquí alguna vez: no consigo imaginarme al joven líder del PP sin el uniforme falangista. Qué quieren ustedes que haga. Serán manías mías, rarezas de la edad…

Nos tienen rodeados, pero no escaparán

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Para terminar reproduzco aquí, sacadas de infoLibre, las palabras de quienes han preparado el manifiesto en defensa de una enseñanza rigurosa y justa de la historia: “Si no se acometen desde ahora mismo una serie de cambios urgentes, que consideramos imprescindibles, corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado y no llegue de verdad a las aulas”. ¿Será la nueva y esperada Ley de Memoria Democrática –o su aplicación en la enseñanza– una nueva frustración? Ojalá que no. Ojalá.

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Alfons Cerveraes escritor. Su último libro es Algo personal (Piel de Zapa, 2021). Algo personal

Lo leo en infoLibre. Diversas asociaciones memorialistas y un nutrido y solvente grupo de historiadores (con los nombres de Enrique Díez, Isabel Alonso, Fernando Hernández y Fernando Yarza por delante) van a publicar en septiembre un manifiesto que tiene como objetivo conseguir en las aulas el mejor desarrollo posible de la nueva y ya anunciada Ley de Memoria Democrática. De paso, supone igualmente un toque de atención al articulado definitivo de esa ley. Ya son demasiados fiascos los sufridos en nuestro país cuando hablamos de leyes de memoria. Tuvimos la Ley de Amnistía de 1977, la propia Constitución del 78 que olvidaba definitivamente la República y decidía que España fuera una monarquía en la figura de un rey a quien Franco había nombrado su heredero, un rey que ahora anda huido sin que la justicia –ésa que dicen que es igual para todos– le ponga la mano encima. Lo último fue la Ley de Memoria de 2007 (tan disminuida ella), cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora se anuncia una nueva y hay que hacer lo imposible para que no resulte otra decepción. Por eso el documento que se anuncia –con la intención también de entregarlo a la ministra de Educación, Pilar Alegría– sitúa el espacio de su desarrollo en un ámbito imprescindible: la enseñanza secundaria. Y, dentro de ese ámbito, los libros de texto.