En abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, hecho que constituyó el inicio del Sistema Nacional de Salud actualmente vigente en España. Esa norma consagró la asistencia sanitaria a todos los españoles mediante un sistema público, en condiciones de igualdad y pretendiendo superar los desequilibrios sociales y territoriales de las prestaciones. Fue un hecho de gran trascendencia.
También las iniciativas legislativas para facilitar la privatización de la asistencia sanitaria pública ocurrieron pronto y llevadas a cabo especialmente cuando opciones conservadoras ocupaban el gobierno central. Hay varios ejemplos, pero uno de los que más repercusiones ha tenido fue la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En esa normativa se daba cobertura legal a muchas iniciativas y experimentos privatizadores tanto en la gestión como en la asistencia sanitaria. Posteriormente ha habido más normas legislativas que facilitaban y ampliaban la privatización sanitaria. Al menos el Real Decreto ley 7/2018 del 27 de julio hacía la cobertura sanitaria pública de nuevo universal a todos los españoles. Y el intento del proyecto de ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud no consiguió lo que pretendía dado que no estableció impedimentos legales a la privatización sanitaria, por lo que ésta ha continuado extendiéndose en España de forma progresiva.
Recientemente investigaciones muy rigurosas han demostrado que la privatización sanitaria ofrece mucho peores resultados en Salud:
- Así, una investigación realizada en una extensa área de Italia demostró como el aumento de financiación en las instituciones sanitarias públicas se asociaba a una notable disminución de la mortalidad evitable de la población atendida. Por el contrario, una financiación mayor a centros sanitarios privados asociados no suponía ningún beneficio en términos de mortalidad.
- En el Reino Unido, el National Health Service ha sido sometido a un progresivo proceso de privatización que fue potenciado a partir de 2012, cuando se aprobó que el diagnóstico y tratamiento de muchos procesos y enfermedades fueran realizados por entidades externas con ánimo de lucro, hecho que aumentó de forma progresiva en los años ulteriores. Los resultados de un estudio posterior, publicado por investigadores de la universidad de Oxford, demuestran de forma contundente cómo desde 2013 las cifras anuales de muertes evitables en Inglaterra han aumentado. Y ello se asoció de forma significativa con el aumento de la asistencia externalizada en entidades privadas durante el mismo periodo.
- Otro estudio en EEUU ha mostrado que la mortalidad de pacientes en hemodiálisis en centros con ánimo de lucro es significativamente superior a la encontrada en instituciones sin ánimo lucrativo. El estudio señala que el exceso de muertes por ese motivo fue de 3.800 casos/año que podrían haberse evitado con otra organización distinta a la realizada, para este tratamiento y en ese país. Señalar que en España muchos tratamientos de hemodiálisis se realizan en centros concertados.
- Existen fuertes intereses para aumentar la privatización sanitaria. Para ello el mecanismo es siempre el mismo: Deteriorar el Sistema Sanitario Público. Ello se consigue recortando la financiación directa a las instituciones públicas y, cuando eso ocurre, el nivel del sistema sanitario más afectado es la Atención Primaria (AP). Son múltiples las investigaciones que han comprobado que una mayor continuidad en AP a los pacientes es muy eficiente, dado que se producen menos hospitalizaciones y menos gasto farmacéutico, con el ahorro económico que ello implica. Pero, es más, se ha demostrado de forma rotunda que un mayor seguimiento por el médico de AP disminuye notablemente la visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida. El camino a seguir, por tanto, está meridianamente claro, pero ahora en España se va en dirección contraria especialmente en muchos territorios donde la AP se encuentra en una crisis brutal. Lo cual no es posible suponer que ocurre por error o ignorancia, sino que probablemente sus causas son, sobre todo, premeditadas.
- En los primeros tiempos tras el estallido de COVID-19 se registraron las cifras más elevadas de mortalidad producidas por esa pandemia. Uno de los colectivos más severamente afectados fueron las residencias de ancianos de larga estancia. En la Comunidad de Madrid se registró la mayor mortalidad por COVID 19 en residencias de ancianos en comparación con el resto de las comunidades autónomas del país. Independientemente de la influencia que pudo tener en esas diferencias cuestiones organizativas bien difundidas y estudiadas, se registró una significativa mayor mortalidad en los centros con distintos modelos de gestión público privada, en comparación con los estrictamente públicos, donde el número de muertes fue muy inferior. El hecho es que hoy en España un gran número de geriátricos pertenecen a un reducido grupo de sociedades mercantiles privadas.
Por otro lado, la Salud Pública y Comunitaria no es de interés para la asistencia sanitaria privada. Cuando ésta es la que predomina desaparecen todos los programas preventivos de Salud, lo que constituye un factor de aumento de las desigualdades sociales y ya conocemos sus consecuencias directas: Un aumento de la mortalidad evitable.
Es, por tanto, muy evidente que los modelos sanitarios basados en sistemas Nacionales de Salud universales, con propiedad y gestión pública ofrecen mejores resultados sanitarios y son más eficientes, equitativos y humanos. Los modelos basados en aseguramientos privados son mucho más caros. Las externalizaciones y privatizaciones realizadas de forma masiva por los gobiernos autonómicos no mejoran la calidad de los servicios, pero sí producen un encarecimiento de los mismos. Todo ello lleva consigo un mayor endeudamiento.
La adopción de las políticas neoliberales iniciadas por Margaret Thatcher y continuadas por gobiernos conservadores y laboristas ha hecho que el National Health Service se encuentre actualmente destrozado
Un ejemplo de lo nefasta que es la introducción del mercantilismo, propio de empresas privadas en la gestión y servicios de los sistemas sanitarios públicos, lo tenemos muy cerca. El National Health Service, el sistema sanitario público del Reino Unido, se creó al finalizar la II Guerra Mundial para dar cobertura sanitaria de calidad a todos los ciudadanos de ese país. La garantía de asistencia sanitaria se convirtió en un derecho social básico de cualquier ciudadano. Y ese modelo fue la referencia para la implantación de sistemas sanitarios públicos en varios países democráticos. La adopción de las políticas neoliberales iniciadas por Margaret Thatcher y continuadas por gobiernos conservadores y laboristas ha hecho que el National Health Service se encuentre actualmente destrozado. Aumento brutal de las listas de espera, aumento llamativo de muertes innecesarias, notables retrasos o no asistencia de ambulancias, sanitarios mal pagados y maltratados, etc. Esa situación ha sido denunciada por profesionales y se ha reflejado en publicaciones biomédicas de enorme rigor y gran difusión en todo el mundo. Y los dos pilares fundamentales de este grave desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos del Reino Unido han sido la subfinanciación del sistema y la privatización del mismo. La cuestión es: ¿nos dirigimos a una situación similar en España?
Como es bien conocido, actualmente las competencias sanitarias que incluyen la gestión de recursos y asistencia corresponden a las Comunidades Autónomas. Cuando una comunidad llega a ser gobernada por el Partido Popular (PP), las iniciativas privatizadoras suelen ser múltiples y rápidas, independientemente del signo político del gobierno central. En nuestro país hay múltiples ejemplos de ello y la realidad es que el panorama actual empieza a ser desolador. Tras alcanzar una excelencia y un prestigio internacional notable, la asistencia sanitaria pública en España ahora es cada vez más deficiente en múltiples aspectos. Un ejemplo es la situación escandalosa de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas de especialistas o pruebas diagnósticas y las demoras para obtener cita en Atención Primaria. Ello crea un panorama ideal para la entrada del mercado sanitario privado en formas muy variadas, mercado que muchas administraciones facilitan y consolidan también de múltiples maneras.
Ha sido un tanto sorprendente observar cómo en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio de 2023 se habló muy poco de Sanidad, a pesar de ser una de las necesidades más básicas e importantes de la gran mayoría de los ciudadanos. En cualquier caso, es muy evidente que un gobierno del PP implicaría un deterioro ya definitivo del sistema sanitario público español. Hechos y posicionamientos lo demuestran de forma tajante. Así por ejemplo, la sanidad en la Comunidad de Madrid es la más privatizada de toda España. En ese mismo informe se demuestra el notable aumento de la privatización sanitaria en Andalucía desde que gobierna el PP y determinadas iniciativas recientes van en el mismo sentido. Las acciones llevadas a cabo por Alberto Núñez Feijóo durante sus etapas de Presidente de Galicia deterioraron la Sanidad Pública de esa Comunidad de forma notable y progresiva a través de varios de sus mandatos. Y en el caso de ser Presidente de un gobierno central del PP, las acciones de privatización del Sistema Nacional de Salud y el desmantelamiento de la titularidad pública del mismo están anunciadas y sus efectos perjudiciales analizados. En el caso de que el gobierno fuera una coalición entre PP y Vox, los hechos demuestran que las acciones de privatización sanitaria serían potenciadas.
Por todo ello, creemos que el presente Gobierno Central progresista puede ser la última oportunidad para salvar el Sistema Nacional de Salud en España, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en proceso de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Ello ocurre a pesar de haberse demostrado que la privatización se asocia a resultados sanitarios mucho peores y mayor gasto, como se ha descrito previamente.
Las características, tanto generales como concretas, de un Sistema Sanitario público para nuestro país, son bien conocidas y están ampliamente difundidas y reivindicadas. Dada la preocupante evolución de la Sanidad Pública española en estos momentos, creemos que debe establecerse un nuevo marco legislativo que garantice la universalidad, la gratuidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud al igual que su carácter completamente público (no solo la financiación, sino también los servicios). Ello además garantizaría la equidad asistencial en todo el Estado y evitaría el desmantelamiento o la privatización en mayor o menor grado por un gobierno de alguna Comunidad Autónoma concreta. Creemos que es necesaria una acción política amplia, valiente y decidida y nos parece imprescindible que se haga ahora. Las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, pero el marco legal que define el Sistema Nacional de Salud del futuro debe volver a ser establecido completamente para todo el país y anular normativas del pasado facilitadoras de privatizaciones. Los técnicos deben establecer los métodos, pero nos parece que es necesario establecer y aprobar una nueva legislación y sus formas de aplicación, para que no pueda ser fácilmente cambiada por potenciales gobiernos futuros tanto centrales como autonómicos y que impida las dinámicas privatizadoras que actualmente imperan en el país. Si fuera necesario, debe hacerse un referéndum nacional para su ratificación. Entendemos que es mejor, para la gran mayoría, que el mercado esté fuera de la Sanidad.
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Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz), Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz) y José Antonio Brieva Romero ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía y Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.
En abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, hecho que constituyó el inicio del Sistema Nacional de Salud actualmente vigente en España. Esa norma consagró la asistencia sanitaria a todos los españoles mediante un sistema público, en condiciones de igualdad y pretendiendo superar los desequilibrios sociales y territoriales de las prestaciones. Fue un hecho de gran trascendencia.