La documentación y el testimonio aportado por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente son dos de los pilares sobre los que se sostiene la investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid contra el partido por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. De hecho, la decisión del juez José Manuel Escalonilla de citar como investigada a parte de la cúpula de la formación se produjo tras la declaración por videoconferencia del letrado ante el titular del órgano judicial. Durante casi tres horas, Calvente respondió a las preguntas que se le plantearon en relación con la denuncia presentada ante la Guardia Civil en diciembre, tras ser despedido fulminantemente. Sin embargo, durante los primeros compases del interrogatorio los “no sé”, “es un rumor”, “según me dijo” o “es lo que sospechábamos” fueron constantes. Así consta en la grabación de los primeros 41 minutos y 51 segundos del interrogatorio, a la que ha tenido acceso infoLibre. La falta de pruebas concretas es uno de los motivos que Podemos ha puesto sobre la mesa para denunciar una “causa general”.
Buena parte de la casi primera hora del interrogatorio –todavía no se conoce el contenido íntegro del resto de la declaración, que en un primer momento se dio por perdida pero que finalmente fue localizada– versa sobre la supuesta contratación de las empresas Neurona y ABD Europa Unipessoal LDA de cara a las elecciones generales de abril de 2019. En su denuncia, Calvente habla de “contratos simulados” con “importes muy elevados” que luego habrían servido tanto para “beneficio personal” de algunos de los dirigentes como para “financiar a partidos extranjeros”. El carácter ficticio de estos contratos –cinco aportados por el letrado– fue en lo primero en lo que se detuvo el juez al arrancar la sesión. El abogado, sin embargo, le frenó. “Que podrían ser simulados, tampoco es que lo afirme categóricamente”, explicó Calvente, que hizo mención a “indicios” que le habían llegado “a través de personas” que se dirigieron a él “confidencialmente”.
Algunos de esos documentos, continuó explicando el antiguo empleado de Podemos, fueron facilitados a Mónica Carmona, quien fuera responsable de Cumplimiento Normativo del partido hasta el momento de su despido y a la que habría estado ayudando Calvente a investigar, siempre según su declaración, las supuestas irregularidades dentro del partido. “Me parece que se los pasan, lo dirá ella, porque ella tiene también sus fuentes confidenciales, de la coalición electoral”, relató el letrado. Y prosiguió con su explicación: “Hay una serie de documentos que ponen en alerta al Tribunal de Cuentas, porque no los ven claros, y entonces los miembros de la coalición electoral se ponen nerviosos. […] Sobre todo porque había habido una serie de noticias que decían que la empresa Neurona podría estar implicada en supuestas actividades ilícitas”.
El juez continuó entonces indagando sobre estos contratos. Insistió entonces en lo que se aseguraba en la denuncia. Que se trataba de “contratos nulos”, que tenían como finalidad “realizar pagos en otros países”… “Incluso, que luego ese dinero sea para pagar a personas que en su día dieron microcréditos a Podemos de cara a la formación del partido”, señaló Escalonilla. Fue entonces cuando el juez se interesó por quién le había confiado dicha información. Y, de nuevo, el origen fueron terceras personas. Calvente señaló que se lo contó “directamente” Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien fuera consejero ciudadano del partido y que ya ha sido llamado a declarar como testigo el próximo 13 de noviembre. “Y a él se lo explican personas que supongo que son sus confidentes”, sostuvo al otro lado de la cámara. Unos segundos después, y preguntado de nuevo por el juez, insistió en que fue este dirigente del partido morado el que le dijo que “había estas sospechas, que se estaba rumoreando esto”.
“Es lo que me dicen que está pasando, pero yo no he visto nada”
Escalonilla se interesó también por si el denunciante tenía conocimiento de documentos que acreditasen si esos servicios que se recogían en los contratos con las dos empresas en cuestión se habían prestado o no. Al fin y al cabo, sobre la mesa se había puesto la sospecha de que dichos documentos fueran simulados. “Mónica Carmona se lo pidió y se lo negaron todo. No pudimos ver nada”, dijo. Con este camino cerrado, se intentó abordar este mismo detalle con la vista puesta en ABD Europa Unipessoal LDA –firma portuguesa cuyo administrador es una sociedad brasileña– y en los trabajadores que, en teoría, tendrían que haber venido a España desde Brasil para prestar los servicios contemplados en el contrato. “¿Le consta que se desplazasen?”, lanzó el juez. “No sé si llegaron o no. A mí me dijeron que habían venido de México. Pero no sé si eran de Brasil o de México. Extranjeros sí, evidentemente. Pero ya la nacionalidad…”, respondió el abogado.
Declaración del exabogado de Podemos José Manuel Calvente ante el juez. | IL
Con esta cuestión finiquitada, el juez comenzó a abordar el tema de las comisiones y los supuestos intermediarios. “Usted afirma en la denuncia que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y que se llevó también una comisión fue [Juan Carlos] Monedero”, deslizó Escalonilla. Sin embargo, en la respuesta de Calvente sobre esta cuestión volvió a planear el fantasma de la rumorología. “Es lo que me dicen que está pasando, pero yo no he visto nada”, fue la respuesta que dio. El juez, no contento, insistió en el origen de dichas informaciones. “Esto me lo cuenta Pablo Manuel Fernández […], que se rumorea”, replicó Calvente. Al volver a escuchar esta última palabra, Escalonilla volvió a la carga: “¿Pero como un rumor o como un hecho que él conoce?”. Fue entonces cuando el exabogado de Podemos señaló que son cosas “que se las cuentan entre ellos”. “Uno se las cuenta a otro confidencialmente, este se las cuenta a otro confidencialmente, y al final hay gente que no soporta saber cosas que no son lícitas”, apuntó.
Los 50.000 euros de la Caja de Solidaridad
Con la parte de los contratos concluida, se pasó a abordar el tema de la Caja de Solidaridad, un fondo que se nutre con la aportación del 15% de su sueldo que realizan los cargos públicos del partido, que debe ser utilizado para financiar fines sociales y que desde la derecha no han tardado en calificar de caja B. En su denuncia, Calvente arrojaba dudas alrededor de “una petición de 50.000 euros por parte de una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular” sin que en dicho documento constasen la fecha, la razón social o los datos de la persona física que la formulaba. Una información que, explicó a Escalonilla, le pasaron a Mónica Carmona. “Volvemos a lo de siempre. Hay gente que llega a decir que se están manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca”, señaló el abogado. Y, en relación con esta cuestión, aseguró que una senadora del partido le llegó a contar “personalmente” que había donado 2.000 euros y le habían cuantificado 5.000.
Llegados a este punto del interrogatorio, el juez se interesó por la persona que podría estar tras esta asociación. Calvente, en su denuncia, sostiene tras investigar en Internet a #404 Comunicación Popular descubre que “parece estar controlada” por Cristian Navarro, asesor parlamentario de la formación morada. Pero, de nuevo, no pudo asegurar categóricamente en su declaración ante el juez que no sabe “si es la misma persona”. Lo que sí dijo es que es “muy amigo”, por lo que le han dicho, del portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, a quien señala como principal responsable de dicha Caja de Resistencia. Puso como ejemplo de ello el viaje que ambos habrían hecho juntos a Brasil tras las elecciones de noviembre. El juez se interesó entonces por si estos desplazamientos podrían estar relacionados con los contratos de los que habían hablado unos minutos antes. “No, que yo sepa no, no me consta. Solamente lo señalo porque es significativo que se den contratos a una empresa de Brasil y se vayan a Brasil”, respondió el exabogado de Podemos.
Escalonilla regresó entonces a la petición de fondos. “¿Lo que usted plantea es que esos 50.000 euros no pudieron tener relación con los fines del partido –en referencia a los gastos en fines sociales–, sino que en principio terminó en dirigentes de Podemos o empleados de Podemos?”, deslizó el juez pasada la media hora de interrogatorio. De nuevo, como al principio, Calvente volvió a salir al paso. “No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo que digo es que tampoco sé si llegaron a pagarse. Porque igual se bloquearon y no se llegaron a pagar”, dijo el letrado, que señaló que este era el único indicio que tenía sobre una “presunta disociación fraudulenta”, en palabras del juez, relacionada con “esta caja”. No obstante, dejó caer la existencia de “cosas raras” con “otras cajas anteriores”, pero sin aportar muchos más detalles.
Sobre la reforma de la sede: “No se sabe, no se sabe”No se sabe, no se sabe
La primera parte de la declaración de Calvente –los 41 minutos a los que ha tenido acceso este diario– acaba cuando comienzan a abordar el asunto de los trabajos de reforma de la sede de Podemos. “Primero se licitan 600.000 euros en la página web. Pasan 10 días y, el 4 de junio de 2019, el informático introduce la cifra de 1,3 millones de euros”, intentó aclarar el denunciante al juez. Fue entonces cuando Escalonilla preguntó por los motivos de “este cambio del importe del presupuesto”. “Mónica Carmona pidió información y está esperando a que le digan algo. No se sabe, no se sabe. A mí lo que me dicen es que las obras comienzan el 20 de marzo”, concluyó Calvente, que ya en su denuncia sostenía que “los obreros” empezaron a trabajar antes incluso de que se resolviese la licitación.
La documentación y el testimonio aportado por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente son dos de los pilares sobre los que se sostiene la investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid contra el partido por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. De hecho, la decisión del juez José Manuel Escalonilla de citar como investigada a parte de la cúpula de la formación se produjo tras la declaración por videoconferencia del letrado ante el titular del órgano judicial. Durante casi tres horas, Calvente respondió a las preguntas que se le plantearon en relación con la denuncia presentada ante la Guardia Civil en diciembre, tras ser despedido fulminantemente. Sin embargo, durante los primeros compases del interrogatorio los “no sé”, “es un rumor”, “según me dijo” o “es lo que sospechábamos” fueron constantes. Así consta en la grabación de los primeros 41 minutos y 51 segundos del interrogatorio, a la que ha tenido acceso infoLibre. La falta de pruebas concretas es uno de los motivos que Podemos ha puesto sobre la mesa para denunciar una “causa general”.