De 167 votos a 188: Sánchez ensancha su bloque de investidura
La votación que dio la investidura a Pedro Sánchez en enero de 2020 fue, junto con la de la reforma laboral, la más ajustada de la legislatura. Sánchez logró 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. “Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, declara otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, lo que comunicará a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno". Así es como el diario de sesiones del Congreso reflejó la llegada de Sánchez al primer ejecutivo de coalición de la democracia española.
La derecha, con el Partido Popular a la cabeza, pensó que la debilidad parlamentaria de Sánchez no soportaría la pandemia, pero precisamente el covid-19 facilitó el acuerdo para los primeros Presupuestos de la legislatura, los de 2021. Los que se han aprobado este jueves son los últimos, propiciando el mayor periodo de estabilidad política desde 2015. Una estabilidad que se sostiene sobre un bloque heterogéneo de grupos de izquierdas, regionalistas, nacionalistas e independentistas que ha permitido desplegar al Estado frente a las múltiples y variadas situaciones sobrevenidas. Si bien estas formaciones suman 188 escaños, la votación que más se repitió fue la de 187 escaños ante la ausencia de una diputada de Unidas Podemos, Mar García Puig. No existe una votación de conjunto del proyecto de Presupuestos donde se manifieste el sentido del voto definitivo de cada grupo parlamentario.
Casi tres años después de la investidura de Sánchez, el Ejecutivo de coalición ha aprobado sus terceros Presupuestos, los últimos de la legislatura. Diez partidos –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Compromís, Más País, Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria–, que suman 188 escaños, decidieron estar en el bloque del sí y permitieron que las cuentas públicas inicien su viaje al Senado. Son 13 escaños más que los 176 en los que está ubicada la mayoría absoluta. Y 21 más de los que Sánchez logró en su investidura. Esas formaciones que entonces optaron por el no o por la abstención han ido cambiando sus postulados a medida que avanzaba la legislatura.
Esquerra Republicana: del "me importa un comino la gobernabilidad de España" a convertirse en el socio prioritario
La negociación para la investidura de Sánchez certificó el cambio de estrategia de ERC con el Gobierno del Estado. En un primer momento los republicanos trataron de sumar a Junts –su entonces socio en el Govern catalán– al acuerdo, pero el president Quim Torra no ratificó la estrategia y dejó patente su malestar. Pese a ello, a finales de 2019, la Ejecutiva del partido –con su líder, Oriol Junqueras, en prisión– acordó abstenerse en la investidura del líder socialista, una decisión que más tarde ratificó el acuerdo con 196 votos a favor, 4 en blanco y 3 en contra.
Sin embargo, el discurso de los republicanos en la investidura no fue, precisamente, en los mejores términos. En lugar de intervenir su actual portavoz, Gabriel Rufián, lo hizo Montserrat Bassa, hermana de la exconsellera de Treball, Dolors Bassa, entonces en prisión tras ser condenada a doce años de prisión por el 1-O. “Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España”, llegó a afirmar desde la tribuna del Congreso. Frente a Bassa, Rufián es un fiel representante del alma más pactista e ideologizada del partido.
Los discursos del portavoz de ERC en la Cámara Baja tienen un marcado contenido de clase y se dirigen a todo el país. Este mismo jueves, tras anunciar que su grupo apoyaría la investidura de Sánchez, ha defendido que en política "eres lo que consigues" y ha enumerado las contrapartidas que han conseguido para Cataluña en la negociación presupuestaria. Pese a amagar en varias ocasiones con no apoyar los PGE, los republicanos han votado a favor las tres veces que el proyecto ha llegado a la Cámara Baja.
EH Bildu: de socio incómodo para el PSOE a salvavidas del Gobierno
La formación abertzale, presidida por Arnaldo Otegi, sometió a votación entre sus bases la decisión de abstenerse en la investidura de Sánchez. "Impedimos que la derecha gobierne y se puede abrir una ventana de oportunidad", explicó el propio Otegi. La militancia de EH Bildu respaldó esa decisión con un 81,4 por ciento de los votos y los cinco diputados de la formación facilitaron, así, la investidura. Desde entonces la formación ha consumado un cambio estratégico respecto a la posición histórica de la izquierda abertzale.
En lo que va de legislatura, los nacionalistas han mostrado su disposición a contribuir a la gobernabilidad de España a cambio de su homologación como una fuerza política más en el escenario político del Congreso. Un estatus con el que, además, persigue disputar al PNV su tradicional hegemonía en la política vasca como partido más votado pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.
En el seno del PSOE hay quien todavía tiene ciertos recelos en llamar "socio" a esta formación (en un principio ni siquiera accedían a reunirse con ellos), pero lo cierto es que el Gobierno ha conseguido sacar adelante muchas medidas gracias a los diputados vascos, entre ellas el fondo público de pensiones, el decreto ley para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la ejecución de los fondos europeos o las prórrogas del estado de alarma.
PDeCat: su divorcio de Junts suma 4 diputados al bloque de investidura
En las elecciones de noviembre de 2019 Junts per Catalunya (JxCat) logró 530.225 votos y ocho diputados. Su entonces portavoz, Laura Borràs, fue la encargada de defender la negativa de su grupo parlamentario a la investidura de Sánchez. "Se llena la boca de diálogo pero luego no descuelga el teléfono", afirmó, distanciándose así de la estrategia de ERC.
Unos meses más tarde se abrió una guerra entre las dos facciones del partido. La disputa enfrentó, por un lado, al PDeCat, el partido heredero de Artur Mas, y por otro a los dirigentes de Junts, formación ligada a Carles Puigdemont, por el control que trataba de ejercer este último sobre la estructura de la organización, lo que soliviantó a los herederos de la antigua Convergència. Este choque fructificó en una ruptura de las dos formaciones en el Congreso: cuatro diputados por un lado y otros cuatro por otro.
Los dirigentes de PDeCat criticaban la oposición sistemática de Junts a cualquier vía de negociación con el Gobierno que no incluyera la autodeterminación. Por ese motivo, su actual portavoz, Ferran Bel, ha tendido la mano al Ejecutivo esta legislatura para tratar de alcanzar pactos en diversas materias, entre ellas los Presupuestos Generales del Estado, que han apoyado en las dos últimas votaciones.
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En enero de 2020 la Ejecutiva de Coalición Canaria llegó a un acuerdo con el PSOE para abstenerse durante la investidura de Sánchez. El día de la votación su única diputada en el Congreso, Ana Oramas, incumplió con la decisión de su formación y anunció que votaría en contra desde la tribuna del Congreso, contraviniendo el reglamento interno del partido. A juicio de Oramas, Sánchez estaba "inaugurando la demolición del Estado" por sus pactos con las formaciones independentistas.
Sin embargo, Oramas no ha tenido problema alguno en ratificar estos últimos presupuestos junto a esas formaciones. Coalición Canaria llegó a un acuerdo con el Ejecutivo por más de 300 millones de euros entre los que se incluye un plan de recuperación de 100 millones para la Isla de La Palma, otros 81 millones para subvencionar al 100% a los abonos de transporte y títulos multiviaje de la región, así como compensaciones de los costes del transporte de mercancías entre las islas y con origen o destino de las Islas Canarias.
En este último tramo de la legislatura Coalición Canaria ha ganado una diputada tras la salida de Pedro Quevedo, parlamentario de Nueva Canarias y uno de los apoyos más fieles del Ejecutivo. El diputado dejó su acta el pasado 30 de junio en favor de María Fernández, según el acuerdo que firmaron ambas formaciones de cara a las generales de 2019. El trato consistía en que Quevedo ocuparía el escaño dos años y medio (30 meses) y Fernández el resto de la legislatura (18 meses).
