La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha traído consigo el habitual cambio de nombres en los altos cargos de la administración y las empresas y organismos públicos. Pero más de una veintena de ellos ha mantenido su puesto en las principales posiciones de poder del aparato del Estado, entre ellos los más vinculados a la Casa del Rey: el director de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y la presidenta de Hipódromo de la Zarzuela –una empresa participada al 95% por el Estado–, Faina Zurita, sobrina de Margarita de Borbón, que a su vez es tía del rey Felipe VI.
El cambio de cromos en los principales puestos del Gobierno y las empresas y organismos públicos está siendo una de las polémicas de las últimas semanas. El PP, por boca de varios de sus dirigentes, ha cifrado en "más de 500 personas" el número de "amigos" colocados por Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Y es cierto que las cúpulas de los principales ministerios y compañías públicas han sido renovadas –como, por otra parte, ocurre tradicionalmente tras los cambios de Ejecutivo–, pero también lo es que hay responsables de altos cargos de la administración que han mantenido su plaza con el nuevo Gobierno. [Para elaborar esta información se han analizado los cargos secretarios y subsecretarios de Estado, secretarios generales y secretarios generales técnicos de los ministerios, pero no a los directores generales].
Alfredo Pérez de Armiñán, por ejemplo, llegó a la presidencia de Patrimonio Nacional en octubre de 2015, al final de la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy. El puesto que ocupa es uno de los que más relación tienen con la Casa del Rey: el organismo, que depende del Ejecutivo, se encarga de gestionar "los bienes de titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona española" y de apoyar "a la Jefatura del Estado para la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen". Después de casi tres años desempeñando su labor, el Gobierno no ha mostrado por el momento ninguna intención de relevar a Pérez de Armiñán del puesto.
También sigue al frente de Hipódromo de la Zarzuela su presidenta Faina Zurita, pese a que la empresa lleva años registrando pérdidas y necesitando inyecciones de dinero público para seguir en funcionamiento. Su caso, además, es especialmente llamativo, ya que el Gobierno sí que ha sustituido a los presidentes de la mayor parte de las 15 empresas públicas englobadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que controla de manera mayoritaria. Si no hay cambios, Zurita –que está al frente del Hipódromo de la Zarzuela desde el año 2012– seguirá percibiendo un salario anual de más de 108.000 euros.
Por el momento tampoco ha habido cambios en el Alto Comisionado para la Marca España, el organismo público-privado que dirige Carlos Espinosa de los Monteros desde 2012, a pesar de las polémicas que han rodeado desde su fundación a una entidad que se caracteriza por su opacidad. Hace unos meses, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que criticaba que el organismo trabaja con objetivos tan genéricos que es "prácticamente imposible" saber si se cumplen, y denunció que el Alto Comisionado se salta la ley de transparencia y hace tratos con las empresas sin ceñirse "a la normativa presupuestaria". En ese informe también se desvelaba que, de los 289.428 euros públicos invertidos en el proyecto, un 40% se han destinado a "vehículos y conductores", y se hacía público que los viajes de Espinosa de los Monteros habían costado poco más de 70.000 euros, prácticamente la misma cantidad invertida en "actividades" para promover la marca España.
Las Fuerzas Armadas y la cultura
No obstante, los casos de Zurita y Armiñán no son los únicos que reflejan que algunos de los altos cargos de la era Rajoy han mantenido sus puestos con Sánchez. Otro buen ejemplo de ello es la última cúpula militar, nombrada en su mayoría por la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Su sucesora, Margarita Robles, no solo no ha hecho borrón y cuenta nueva, sino que ha mantenido a los jefes de los Estados Mayores de las tres armas de las Fuerzas Armadas (Javier Varela en el Ejército de Tierra, Teodoro López en la Armada y Javier Salto en el Ejército del Aire) y a su superior, el Jemad Fernando Alejandre, máximo responsable de los ejércitos tras el rey y la propia Robles.
De la misma forma, el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán –nombrado en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero–, también mantiene su puesto al frente de los servicios de inteligencia. Y otro alto cargo de Defensa, este designado por Cospedal, sigue igualmente en su puesto: el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez, que se encarga de "dirigir la participación del Ministerio de Defensa en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa". De entre los altos cargos del resto de los ministerios, únicamente Interior ha mantenido algo del anterior equipo, ya que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha decidido dejar en su puesto al secretario general técnico del departamento, Juan Antonio Puigserver.
El otro ámbito donde varios de los altos cargos nombrados en la etapa del PP se han mantenido con Sánchez es la cultura. El ministerio, ahora dirigido por José Guirao, ha renovado a su cúpula, pero el nuevo responsable del ramo ha mantenido en sus puestos a los directores de la Biblioteca Nacional (Ana Santos, nombrada en 2013), el Museo del Prado (Miguel Falomir, que lleva en el cargo desde 2017) o el Museo Reina Sofía (Manuel Borja-Villel, que dirige el centro desde 2008). Asimismo, tampoco ha habido cambio de cúpula en el Museo Thyssen (Guillermo Solana y Emilio Acevedo seguirán como directores artístico y gerente, respectivamente) ni en el Teatro Real (cuya fundación seguirá presidida por Gregorio Marañón y Bertrán de Lis).
El INE, el CSIC, Aemet o el BOE mantienen sus cúpulas
El grueso de los altos cargos de etapas anteriores que han seguido en sus puestos con la llegada de Sánchez al Gobierno se encuentra en los organismos adscritos o autónomos del Estado. En el ramo de la ciencia, cuyo ministerio pilota Pedro Duque, hay al menos dos casos: el de Rosa María Menéndez, nombrada presidenta del CSIC en noviembre de 2017, y el de Miguel Ángel López, presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde 2013 y que, por el momento, no ha sido relevado de su cargo. De la misma forma, Fernando Martíse mantiene al frente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), si bien el Congreso ha recomendado su salida del puesto cuando acabe su mandato, en diciembre.
Otro organismo señero del Estado que tampoco ha visto renovada su cúpula es el INE, cuyo presidente sigue siendo Gregorio Izquierdo (nombrado en 2012), e igualmente Manuel Tuero se mantiene al frente del BOE, que preside desde ese mismo año. En la misma situación están la Organización Nacional de Transplantes (liderada por Beatriz Domínguez-Gil), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (cuyo director es Jaime Sánchez Revenga), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (que capitanea Isabel Maestre) o la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, más conocida como Agencia Española Antidopaje (presidida por José Luis Terreros). De igual manera, la Agencia Española de Protección de Datos seguirá presidida por Mar España, ya que su mandato no ha terminado (dura cuatro años y comenzó en 2015) y la entidad limita el cese de su cúpula a unos supuestos muy restringidos.
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La mayoría de las grandes empresas públicas estatales sí han cambiado a sus presidentes, aunque hay algunas excepciones a este hecho. Entre las empresas en las que se ha impuesto la continuidad se encuentran Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, cuyo presidente, David Martínez, fue nombrado en 2017 y percibe 163.133 euros anuales. Igualmente, Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa –una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares–, sigue en el cargo que desempeña desde 2012 con un salario de 160.000 euros al año. Y en este grupo se encuentra también la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén.
Los organismos reguladores
El Gobierno tendrá muchos más complicado cambiar a los presidentes de los organismos reguladores, cuyos mandatos normalmente son de más de cuatro años –para evitar, precisamente, que su acción se vea influida por los cambios de Gobierno– y cuyas causas de cese están muy restringidas. Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sigue presidida por Sebastián Abella (en el puesto desde 2016), mientras al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se mantiene José María Marín Quemada, presidente desde 2013. Por su parte, Pablo Hernández de Cos desempeñará el cargo de gobernador del Banco de España para el que fue designado hace apenas unos meses.
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha traído consigo el habitual cambio de nombres en los altos cargos de la administración y las empresas y organismos públicos. Pero más de una veintena de ellos ha mantenido su puesto en las principales posiciones de poder del aparato del Estado, entre ellos los más vinculados a la Casa del Rey: el director de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y la presidenta de Hipódromo de la Zarzuela –una empresa participada al 95% por el Estado–, Faina Zurita, sobrina de Margarita de Borbón, que a su vez es tía del rey Felipe VI.