De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Miguel Blesa, Cristina de Borbón, Ignacio González, Luis Bárcenas y Mariano Rajoy. | Europa Press
44,5%. El porcentaje es todo un síntoma del malestar.
Afloró en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo de 2013. Un 44,5% de los ciudadanos mentó la corrupción como su preocupación más importante. Nunca se había hallado una cifra similar en los registros del organismo público, ni siquiera en las postrimerías del Gobierno de Felipe González –el máximo se marcó en enero de 1995, un 33,5%–. Las razones que explicaron el pico récord tienen nombre propio: papeles de Bárcenas, caso Urdangarin, caso ERE... Escándalos mayúsculos que recorrieron todo 2013, de principio a fin, en un ciclo que culmina, en diciembre, con la aparición de los correos secretos de Miguel Blesa, que vinieron a demostrar la ruinosa gestión de una caja pública que al final tuvo que ser rescatada con el dinero de todos. Caja Madrid y Bankia como epítome del fracaso de una parte de un sistema financiero podrido.
Descubrir, desentrañar y relatar estos y otros tantos escándalos –la privatización de la sanidad, las pensiones de oro de los banqueros, el controvertido ático de Ignacio González, el expediente de registrador de Mariano Rajoy, el expolio de Telemadrid, el desfile de los directivos de banca por los juzgados...– ha sido un objetivo clave de infoLibre desde su nacimiento, el 7 de marzo de 2013. Ahora, cuando el año se acaba, toca hacer resumen, glosar las líneas maestras de unos casos con gran repercusión mediática y, a la vista está, en la opinión pública. Algunos comparten protagonistas, muchas historias se cruzan y todas tienen en común que no se ha escrito su última línea, su final abierto. Por ahora.
01. LAS VUELTAS DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Fue la primera exclusiva de infoLibre, la que acompañó su lanzamiento, el pasado 7 de marzo: Capio, el gigante de la sanidad privatizada en Madrid, hunde sus raíces en un territorio opaco y considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán. Allí tienen su sede las cinco filiales de CVC que dominan la empresa (hoy llamada IDC Salud). Como contó este diario, la holandesa HC Investments BV controla el 100% de Capio Sanidad Holding SL, la cabecera en España del grupo. A su vez, HC Investments BV está controlada al 100% por una empresa radicada en Luxemburgo, HC Investments sàrl. Y si se sigue tirando del hilo hacia arriba, como si se tratara de una muñeca rusa, se llega a las cinco filiales instrumentales de CVC residenciadas en el archipiélago caribeño. Capio (hoy llamada IDC Salud) nunca ha explicado por qué un operador dedicado a la gestión privada de la sanidad pública necesita esconderse en una compleja trama societaria cuyo último cabo se halla en las Caimán.
Meses después, en junio, el magistrado titular del Juzgado número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, cursó una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo "a fin de que informen de los accionistas, socios, administradores y apoderados de la compañía HC Investments BV y de su conexión con algún grupo de empresas". Sexmero pidió a este periódico los papeles que prueban la conexión de Capio con las Caimán.
La privatización de seis hospitales públicos madrileños, un bocado goloso aprobado por el Gobierno de Ignacio González (PP), ha dado en 2013 no pocas vueltas. Su suerte se ha ido discutiendo en los tribunales, en las instituciones y, también, en la calle, donde las sucesivas manifestaciones multitudinarias de la marea blanca han evidenciado la oposición de los profesionales sanitarios. En septiembre, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente el proceso. Los jueces en este caso estimaron el recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), y entendieron que si la externalización seguía adelante podrían darse situaciones "irreversibles" o "de difícil o costosa reversibilidad". El TSJM no entró al fondo de la cuestión, aunque sí advirtió de que la "modificación sustancial de las condiciones" ejecutada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad a cuatro días de que se cerrase el plazo de presentación de documentación para las empresas ofertantes –rebajó la fianza del 5% del total del contrato, a diez años, al 5% del primer año– podría haber "limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva".
La batalla no se paró ahí. Como adelantó infoLibre, el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM, Francisco Gerardo Martínez Tristán, dictó una resolución el 11 de octubre, por la que ordenó que todos los recursos sobre la privatización de los seis hospitales quedasen bajo su control. Martínez Tristán está casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno manchego de María Dolores de Cospedal. El Partido Socialista de Madrid (PSM) le recusó de inmediato y ya entonces apuntó que se postulaba para ser elegido por el PP como vocal para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sólo hizo falta esperar. Al final, los conservadores le incluyeron en su lista y Martínez Tristán entró en el órgano de gobierno de los jueces. Su nombramiento provocó, de camino, un enfrentamiento entre el PSM y el PSOE, que al final se ventiló con la marcha de Tomás Gómez del Senado.
El PSM, en cuanto se produjo la votación del magistrado, amplió su escrito contra él. Pero la Sala de Recusaciones del TSJM desestimó las alegaciones del partido en su auto del 10 de diciembre, por entender que no eran suficientes para "destruir la presunción de inocencia" que asiste a Martínez Tristán. Es un "recelo sustentado en presunciones y cábalas", concluyeron los jueces. Que el magistrado esté casado con una consejera del PP no le convierte, "ya directamente, en persona interesada en la resolución del procedimiento". Su apariencia de imparcialidad sólo podría verse "comprometida" por los actos propios del magistrado, no por una "mera relación de matrimonio" con una persona que no es parte. La Sala también despreció el argumento de que estuviera contaminado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP, porque su elección no tiene por qué suponer que "vulnere" sus deberes como juez.
La marea blanca rodea la Puerta de Alcalá para abrazar la sanidad pública y universal | EFE
Martínez Tristán fue elegido el pasado 20 de diciembre miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes. Este órgano centraliza todo el poder del Consejo, y sus integrantes lo son a tiempo completo, con dedicación exclusiva. Él, por tanto, ya no será quien presida el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo –50 magistrados– que, el 9 y de 10 de enero, decidirá la suerte de los siete recursos vivos contra la externalización sanitaria. Le sustituirá Miguel Ángel Vela, por ser el magistrado de más antigüedad en la sala.
En paralelo, hay otro proceso que sigue adelante: la imputación de los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes por dar los primeros pasos en la privatización sanitaria en los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardoz. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, dictó un auto en octubre por el que mantuvo la imputación, por prevaricación y cohecho, que endosó a ambos en junio.
02. EL TESORO OCULTO DE BÁRCENAS Y LOS SUELDOS DEL PP
Luis Bárcenas ha marcado 2013 de principio a fin. Más aún para el PP, al que ha condicionado toda su agenda política y del que ha intentado salir al paso a trompicones, y casi siempre de forma improvisada. La primera revelación llegó el 16 de enero, cuando trascendió que el extesorero llegó a tener 22 millones de euros en Suiza. A partir de ahí se desató la vorágine: El Mundo publicó que Bárcenas pagó durante años sobresueldos en negro a parte de la cúpula del PP, y el 31 de enero El PaísEl País difundió los papeles secretos, en los que se recogen supuestos pagos a las cúpulas del partido entre 1990 y 2009 y supuestas donaciones irregulares de empresarios. Mariano Rajoy, por toda respuesta, lo negó todo al principio: "Es falso". Al cabo de pocas horas, pasó al "todo es falso, salvo alguna cosa".
El partido fue convulsionando al mismo tiempo que avanzaban las revelaciones periodísticas y también las judiciales, porque el caso, tras un conflicto de competencias en la Audiencia Nacional, recayó en Pablo Ruz. Desde febrero, se conoció que el PP siguió pagándole un sueldo a Bárcenas aun después de dejar su escaño en el Senado y de ser apartado de las labores de tesorería, que había ocultado en Suiza no 22 millones, sino 47, que el propio presidente del Gobierno había seguido en contacto con él incluso después de destaparse la fortuna que escondía en el país helvético ("Luis, sé fuerte. Mañana te llamaré")... La espiral de acontecimientos se agolpó contra Rajoy y su número dos, María Dolores de Cospedal, a quien su archienemigo Bárcenas acusó incluso de haber cobrado, como presidenta del PP de Castilla-La Mancha, una comisión ilegal de una empresa constructora que ganó el concurso de limpieza del Ayuntamiento de Toledo cuando lo gobernaban los conservadores. El extesorero, en prisión desde finales de junio, entregó al juez más documentos y afirmó incluso que entre 2009 y 2010 pagó 45.000 euros al líder del PP y otros 45.000 a Cospedal en negro.
Las "mentiras" de Rajoy en relación con el caso Bárcenas concertaron a toda la oposición. Al final, el presidente, hostigado incluso por la amenaza de moción de censura anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció el 1 de agosto en sede parlamentaria. Allí reconoció que había sido un error confiar en Bárcenas y creer en su inocencia, pero poco más. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo se ha negado a nuevas comparecencias, con el argumento de que no había datos nuevos. Sí los ha habido: la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores del extesorero, pedidos por Ruz, ejecutada por el PP; los pagos en negro que reconoció el exgerente Cristóbal Páez, o la declaración de Cospedal ante el juez, en la que endosó a Rajoy y Javier Arenas la responsabilidad de la negociación de la salida de Bárcenas.
El último capítulo del serial fue el registro durante 14 horas de la sede nacional del PP, ordenado por Ruz el pasado 19 de diciembre. Se puede definir como un antes y un después en el caso Bárcenas. Tras constatar que el PP no había aportado toda la documentación que obraba en su poder, el juez se vio obligado a ir a la calle de Génova a ir a por los documentos relacionados con la presunta contabilidad B del partido. Los conservadores se han empeñado en negar que la entrada del juez Ruz en su sede se tratara de un registro. Pero no han dado ninguna explicación de por qué no aportaron los papeles cuando habían sido requeridos. Ruz, que seguirá al menos otros seis meses en la Audiencia Nacional, también rechaza en su auto el intento del PP de utilizar a la Fiscalía Anticorrupción como intermediario para aportar documentos y escritos al caso, pues fueron expulsados como acusación popular hace ya varios meses.
Uno de los muchos titulares que ha dejado este 2013 sobre el caso fue el de las altísimas retribuciones que el PP pagó durante años a sus dirigentes, reflejada en la contabilidad oficial que el partido entregó al juez, y que publicó infoLibre. Rajoy, por ejemplo, cobró, entre 2006 y 2011, 1.068.188 euros. Bárcenas, 1.107.395 euros y Páez, 1.051.336. Estos dos ya están fuera del partido.
03. LAS PENSIONES DE LOS BANQUEROS
El Estado ya ha asumido que perderá el grueso de los 40.000 millones de euros aportados por Europa para rescatar a la banca española. Y eso que el Gobierno siempre juró y perjuró que las ayudas no costarían "ni un euro" a los contribuyentes. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el pasado julio, ya avanzó sus cálculos provisionales: se podían dar por enterrados más de 36.000 millones de euros. Una factura descomunal para un Ejecutivo que, sin embargo, no ha dudado en acometer durísimos recortes sociales.
La enclenque situación del sector no impidió que en los últimos años las cúpulas directivas de bancos y cajas de ahorros intentaran asegurarse unas jubilaciones millonarias. Unas cifras que encajan mal con la pensión media de un jubilado en España: 986,16 euros en noviembre de 2013, según datos del Ministerio de Empleo.
Alfredo Sáenz dejó su cargo de vicepresidente y consejero delegado del Santander el pasado abril tras haber acumulado unos derechos de cobro de 88,14 millones de euros. Sáenz había sido indultado por el Gobierno socialista en 2011 de su pena de tres meses de arresto e inhabilitación, pero el Supremo anuló posteriormente esa medida de gracia.
No fue el único. El hoy presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se embolsó una pensión de tres millones de euros anuales cuando salió del BBVA en 2009, entidad en la que había trabajado durante 30 años. Una cantidad total de 52,5 millones de euros. Su jefe en el BBVA, Francisco González, de 69 años, ya tiene acumulados 79,7 millones de euros en derechos de pensión, que cobrará cuando cese en sus funciones ejecutivas. Su consejero delegado en el banco, Ángel Cano, ya atesora aportaciones para su jubilación de más de 22 millones de euros. Francisco Luzón, exresponsable de Latinoamérica del Santander, se retiró con 63 millones de euros bajo el brazo.
Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2011 recogen abultadas pensiones en la cúpula del Santander: Emilio Botín (25 millones); Ana Patricia Botín (31,32 millones) o Matías Rodríguez Inciarte (44,5 millones). Pero los casos se han repetido con las retribuciones a futuro de las cajas intervenidas. Los ejemplos son múltiples: los 8,5 millones como fondo de pensiones para el ex director general de Caixa Galicia José Luis Méndez; de entre 200.000 y 350.000 euros anuales para Miguel Castillejo (CajaSur); Manuel Escribano (Caja Segovia); María Dolores Amorós (Caja de Ahorros del Mediterráneo) o Roberto López Abad (también de la CAM).
Más datos para acabar de dibujar el paisaje: según un informe de la Comisión Europea publicado el pasado 20 de diciembre, España es el cuarto país de la UE que ha concedido más ayudas públicas para recapitalizar la banca desde el origen de la crisis, en 2008: un total de 60.000 millones, incluyendo la línea de crédito europea. Por delante sólo se ubican Reino Unido (82.000 millones); Alemania (64.000 millones) e Irlanda (63.000 millones). Los cuatro países suman 269.000 millones, la mitad del total de apoyo europeo a la banca (591.900 millones, el 4,6% del PIB de la UE). En el tercer puesto del ranking de los bancos que más fondos públicos han captado se halla Bankia (22.000 millones). El Banco de España también ofreció en septiembre el mismo balance: 61.366 millones de euros desde mayo de 2009. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un montante global más alto: 246.441 millones. ¿Por qué la diferencia? Porque incluye las ayudas públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb o banco malo para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta mayo de 2013.
Francisco González, presidente del BBVA | EUROPA PRESS
Otro informe reciente: el de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), publicado el 26 de noviembre pasado y con cifras de 2012. Un total de 100 banqueros españoles gana más de un millón de euros al año. Esa cifra coloca a España como el quinto país de la Unión con mayor número de directivos de banca millonarios, por detrás del Reino Unido (hay 2.714), Alemania (212), Francia (177) e Italia (109). La retribución media de esos 100 ejecutivos españoles es de 2,16 millones de euros, la segunda más alta de la UE. A nuestro país sólo le gana Chipre (2,2 millones). El 58% del salario total de los banqueros españoles lo conforman los bonus y las remuneraciones variables. En total, sumando sueldo fijo y variable, cobraron 216,84 millones en 2012.
Según un estudio sobre las retribuciones en el sector financiero de CCOO, como publicó infoLibre, el presidente del BBVA, González, percibe 379 veces más que el trabajador que menos cobra de su banco. El del Santander, Botín, 371 veces más. El de La Caixa, Isidro Fainé, 141 veces más. La media en el mundo de la banca es de 76 veces.
El escándalo por la obscenidad en las retribuciones bancarias ha sido tal que el Gobierno y la UE han tenido que ponerles coto. En agosto de 2012, el Gobierno impuso un tope máximo de salario de 500.000 euros para los directivos de las entidades con ayudas (meses antes, en febrero, el listón estaba en los 600.000 euros). Y este 1 de enero de 2014 entra en vigor la norma que impone un umbral máximo a los bonus de los ejecutivos de banca: estos no podrán sobrepasar la cuantía del salario fijo. Sólo si los accionistas del banco lo autorizan, los bonus podrían alcanzar el doble del sueldo. El objetivo es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos, un factor que para Bruselas está en el origen de la crisis financiera.
04. BANQUEROS EN EL BANQUILLO
Más de 200 directivos y empresarios de banca, según los datos recogidos por infoLibre, están imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción del país por el saqueo a las cajas, por delitos como evasión fiscal o administración desleal. Pero sólo dos han dado con sus huesos en prisión: Roberto López Abad, ex director general de la CAM, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Ninguno ha estado mucho tiempo en la cárcel. López Abad, menos de una semana, hasta que logró reunir la fianza de 1,5 millones de euros que el juez le impuso por desviar 247 millones de euros al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). Blesa estuvo fugazmente entre rejas dos veces: en mayo, una noche –y salió tras depositar una fianza de 2,5 millones de euros–; en junio, 15 días, hasta que la Audiencia Provincial anuló el auto de prisión dictado por el juez Elpidio José Silva. El magistrado investigaba al expresidente de Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida y el crédito de 26,6 millones de euros concedido al ex jefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. López Abad y Blesa rompieron además un largo periodo de casi 19 años en que ningún banquero había pisado la cárcel: fue en diciembre de 1994 cuando el juez mandó a prisión a Mario Conde por el caso Banesto.
Jueces y fiscales tienen bajo lupa a los gestores de casi una veintena de cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero cuyas costuras estallaron desde 2009 y que necesitó los 61.000 millones largos del Estado y de la UE para poder sobrevivir. Cajas, por cierto, controladas por los dos grandes partidos, aunque también por Izquierda Unida. A muchos de estos banqueros se les acusa de haber diseñado un sistema perfecto para poder cobrar pensiones multimillonarias; otros, por enriquecimiento ilícito.
Bankia (22.424 millones de dinero público) y Catalunya Banc (12.052), las dos entidades que más inyecciones han recibido, son las que tienen a más dirigentes imputados (36 y 54, respectivamente). Novacaixagalicia, la tercera entidad a la que se enchufaron más fondos públicos (8.198), cuenta con ocho imputados.
En el caso de Bankia, todo el consejo de administración (32 personas, tras el fallecimiento de una de ellas), incluido su primer presidente, Rodrigo Rato, está imputado. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga la fusión de las cajas que dieron lugar a Bankia y su polémica salida a bolsa. Pero el magistrado ha decidido en 2013 estudiar la comercialización de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, para lo que ha imputado a otras cuatro personas, entre ellas a Blesa. En Catalunya Banc el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona imputó a los 54 directivos que gestionaban Caixa Catalunya en 2010, incluido el entonces presidente, el exministro socialista Narcís Serra, y el director general, Adolf Todó, por supuesta administración desleal, por haber aprobado aumentos retributivos pese a la "situación crítica" en que se hallaba la entidad.
El último caso, conocido el pasado 23 de diciembre, es la imputación de siete exdirectivos de Caixa Laietana (hoy integrada en Bankia), ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona). La razón es la venta de preferentes, un producto de alto riesgo que ha atrapado a miles de ahorradores. Estos siete gerentes son los que elevan la cuenta a más de 200 personas.
05. 'CASO URDANGARIN': LA INFANTA CRISTINA EN LA PICOTA
El foco del caso Nóos, una investigación que profundizó a partir de 2010 en la supuesta malversación de seis millones de euros al Instituto Nóos y su constelación de empresas satélite, basculó en 2013 de Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina. Hasta el punto de que la clave fundamental aún por despejar es si la hija menor del rey será imputada por segunda vez o no. Una incógnita que el juez instructor, José Castro, despejará de forma inminente.
2013 despertó con la tanda de nuevos correos electrónicos que Diego Torres, socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, entregó al magistrado. Torres, aparte de intentar demostrar el papel central del duque de Palma en la trama para desviar fondos procedentes de las instituciones públicas, buscaba evidenciar que tenía en su poder información sensible capaz de socavar la imagen de la monarquía, pues implicaban directamente al rey Juan Carlos. El fuego, en efecto, fue acechando a la Corona poco a poco. El 29 de enero, el juez citó a declarar como imputado al secretario de las infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga. El asesor real, que ejerció de patrono y tesorero de Nóos, se vio implicado por las gestiones que pudo haber llevado a cabo dentro de Nóos y el conocimiento que pudo haber tenido de sus actividades. En uno de los emails entregado por Torres, el secretario exigió figurar como miembro de "la Casa de S. M. el Rey". En los correos también emergió el nombre de la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del monarca y participante en la promoción de eventos organizados por Urdangarin.
El 23 de febrero, Urdangarin declaró por segunda vez ante el juez Castro en Palma. Desde el primer momento, quiso desvincular a la Casa del Rey de toda labor de protección de sus turbios negocios con ayudas públicas. "La Casa de S. M. el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos", alegó ante el magistrado. Aseguró además que su mujer no hizo "absolutamente nada" como vocal de la junta directiva de Nóos. Se defendía así de las bombas lanzadas por Torres, que venían a apuntar que en la entidad teóricamente sin ánimo de lucro no se movía un papel sin que lo ignorara la Zarzuela. El exsocio de Urdangarin también reveló una presunta reunión en la Zarzuela (nunca desmentida) en 2004, que congregó a ambos jefes de Nóos, Francisco Camps y Rita Barberá, donde se fraguó la idea de organizar la primera Valencia Summit, la cumbre inaugural de una serie de tres cónclaves de menos de cuatro días en los que el instituto, aun siendo organizador, recibió un "canon" anual de 1,04 millones millones de euros.
El 3 de abril, Castro imputó finalmente a la infanta. El juez consideró que había indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera utilizado por su marido y su socio en Nóos. En su auto, el juez señaló que un "cierre en falso" de la instrucción, no implicando a la hija menor del rey, dejando que la incógnita sobre su papel en los manejos de Urdangarin y Torres "se perpetúe" iría "en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales".
La imputación de Cristina de Borbón abrió una brecha –aún no cerrada– entre Castro y el fiscal Anticorrupción que le había acompañado sin fisuras en toda la investigación del caso, Pedro Horrach. El representante del Ministerio Público anunció de inmediato que recurriría la decisión del magistrado. La Casa Real se deslindó de su habitual actitud de "respeto" a lo dictado por los tribunales: expresó su "sorpresa" por la imputación y mostró su "absoluta conformidad" con la impugnación de Horrach. La Abogacía del Estado se opuso igualmente a la imputación de la hija menor del monarca. A partir de entonces, se comprobó la movilización de todo el aparato del Estado en defensa de la infanta, poniendo en entredicho aquella afirmación de Juan Carlos en su mensaje de Navidad de 2011: "La Justicia es igual para todos".
La reina Sofía y la infanta Cristina, a su salida de la Quirón tras visitar al rey, operado por segunda vez de la cadera izquierda, el pasado 23 de noviembre | EFE
Al final, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la citación de Cristina el 7 de mayo. Pero el auto del tribunal no fue inocuo. Porque canceló la declaración de la infanta por los hechos que le atribuía Castro (básicamente, tráfico de influencias), pero abrió un nuevo frente de investigación: apuntó al juez que indagase si la hija del rey pudo incurrir en delitos fiscales y de blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su marido.
La investigación de los bienes de la infanta tropezó con un escándalo mayúscula: la Agencia Tributaria remitió un informe al juez en el que atribuía a la hija del rey la venta de 13 fincas por un valor de 1,43 millones de euros. La Casa del Rey lo negó tajantemente y, al final, Hacienda tuvo que admitir que había cometido dos errores al volcar la información de su base de datos al documento entregado a Castro y culpó a los notarios de otros 11 fallos. El estropicio acabó fusilando a la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, quien dimitió el 28 de junio por "motivos personales".
El fiscal rechazó el pasado 14 de noviembre una nueva imputación de Cristina, adelantándose por sorpresa al siguiente paso del juez: la petición a las partes de que se pronunciaran acerca de la conveniencia de una nueva citación, una vez conocidos más datos de cómo la infanta pudo aprovecharse de los ingresos obtenidos por Aizoon. El acusador público argumentó que no había aparecido ninguna nueva evidencia de que la hija menor de Juan Carlos pudo haber cometido delito fiscal o blanqueo de capitales. Todo eso eran "conjeturas" o "sospechas", dijo. Ahora habrá que esperar lo que diga el juez. Fuentes jurídicas apuntan que Castro, si da el paso y la imputa por segunda vez, es porque está convencido de que la Audiencia le respaldará.
La instrucción se encamina hacia su desenlace final y a la apertura de juicio oral. En estos meses, mientras, el magistrado inició los trámites para embargar los bienes de Urdangarin y Torres –después de esperar en vano que ambos depositaran la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso–, tomó declaración como testigo a Barberá (que negó haber presionado para que se concediera a Nóos la Valencia Summit) y tuvo que aplazar la citación de Camps, ante la imposibilidad de localizarlo.
06. EL EXPEDIENTE DEL REGISTRADOR RAJOY
Mariano Rajoy, cuando saltaron los papeles de Bárcenas, se jactó de que no estaba en la política para hacerse rico, que habría cobrado mucho más en su profesión, como registrador de la propiedad. Lo cierto es que la vida del presidente como registrador, labor que no ha ejercido en 30 de los 32 últimos años pero cuya plaza jamás ha dejado, sigue siendo un misterio.
infoLibre desveló en septiembre que, al menos durante el tiempo en que se lo permitió la ley, cobró como cargo público y como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, en el Parlamento de Galicia, Rajoy tenía dos alternativas: o pedir la excedencia como funcionario público –tenía plaza desde marzo de 1980 en Padrón (A Coruña), su segundo destino como registrador, tras Villafranca del Bierzo (León), obtenida en 1978–, con lo que su puesto saldría a concurso, o bien acogerse a la norma existente entonces que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que cobraba como diputado. Sólo renunció a las retribuciones como registrador en noviembre de 1985, 14 meses después de que entrara en vigor la ley 30/1984, que prohibió a todos los funcionarios (también los registradores) percibir dos salarios públicos. En noviembre de 1985 fue cuando requirió al Ministerio de Justicia su pase a la situación de "servicios especiales con reserva de plaza". En ese cuatrienio (1981-1985), simultaneó la titularidad de tres registros (Padrón, en A Coruña; Berga, en Barcelona, y Elche, en Alicante) con sucesivos cargos públicos: diputado autonómico, director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y presidente de la Diputación pontevedresa.
Esa doble cobranza se la permitió el artículo 541 del Reglamento Hipotecario de 1947. Unos ingresos legales pero que Rajoy nunca ha detallado. ¿Cuánto percibió en aquellos años? Nada se sabe. La ley socialista de 1984 prohibió la compatibilización de dos sueldos públicos a los funcionarios, sí, pero aún quedaba cierto margen de interpretación porque en 1998, ya con José María Aznar en la Moncloa, se introdujo el artículo 552 en el Reglamento Hipotecario para precisar que al registrador interino le corresponde la "totalidad de los honorarios que se devenguen" en el registro cuyo titular haya alcanzado un cargo público incompatible.
Este periódico también descubrió que el Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte Rajoy, ocultó en 2001, en un "archivo de seguridad" su expediente de registrador, donde figura todo su historial como funcionario público: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada al cuerpo en 1978 –Villafranca del Bierzo, el primero; Padrón, en 1980; Berga, en 1982; Elche, en 1985 y, finalmente, Santa Pola (Alicante), en 1987– y su solicitud de compatibilidad de cargo público para mantener la titularidad de la plaza. ¿El hoy presidente del Ejecutivo tuvo conocimiento de la decisión de ocultar su expediente en 2001? No hay respuesta. El Gobierno actual respondió al diputado Gaspar Llamazares el pasado octubre que Rajoy "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto donde se halla su expediente y la posibilidad de que pueda o no difundirse. El parlamentario de IU, tras las revelaciones de infoLibre, volvió a preguntar si en algún momento de su carrera cobró como registrador y político. El Gobierno ni aclaró ni negó: "Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 27 de diciembre en su comparecencia ante los medios en el palacio de la Moncloa | EFE
Lo único cierto es que en los 32 últimos años (desde 1981 a 2013), Rajoy sólo ejerció únicamente como registrador en dos, entre 1987 y 1989. Precisamente en ese bienio incumplió el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, que obliga a los registradores ejercientes a vivir en la ciudad donde tengan su plaza. El hoy presidente desarrolló una intensa actividad política a mil kilómetros de distancia, en Galicia. En 1989, Rajoy logró un escaño en el Congreso y pidió de nuevo la excedencia por servicios especiales con reserva de plaza.
Mientras permanecen sin respuesta muchas de las preguntas sobre el expediente del registrador Rajoy, el Gobierno ha seguido con su política de beneficiar a este cuerpo de funcionarios. Primero, con las ventajas que les confirió a través de la Ley de Emprendedores –150 millones de euros de nuevos ingresos–; después, declarándoles librar los sábados. Y más tarde, a través del anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, atribuyéndoles funciones reservadas a los jueces, lo que les permitirá engordar su facturación.
07. EL SAQUEO DE TELEMADRID
Telemadrid ejecutó hace prácticamente un año un doloroso ERE a más de 800 trabajadores de la cadena pública, y que justificó por razones económicas. En el hundimiento del ente público ha tenido mucho que ver la desastrosa gestión que el PP hizo de él durante años. Y a ella pudieron contribuir las operaciones de alto riesgo en las que la televisión autonómica se metió de lleno, incluso con la anuencia de la Comunidad de Madrid, relacionadas con los derechos del fútbol, tal y como ha destapado infoLibre.
El nudo gordiano del saqueo se halla en la empresa Madrid Deporte Audiovisual (MDA), cuyos accionistas mayoritarios son Telemadrid (49%) y Bankia (47,50%) –y los minoritarios, el Atlético de Madrid (2,50%) y el Getafe CF (1%)–. Una sociedad en concurso de acreedores desde enero de 2013. En 2007, MDA firmó un contrato por cinco años por los derechos audiovisuales por un valor de 270 millones de euros con el Atlético y el Getafe. El problema, sin embargo, es que un informe confidencial de la propia Caja Madrid desaconsejaba la operación, porque generaría pérdidas. Los papeles aseguraban que sólo se recuperaría la inversión en el octavo ejercicio. Y el contrato era por cinco temporadas.
Dio igual, porque la adjudicación –firmada en 2007, aunque entró en vigor en 2009/2010– se rompió tras el tercer ejercicio. La sociedad audiovisual no llegó a tener jamás beneficios. Los miembros del PP del consejo de administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), al igual que el consejero de IU, José Antonio Moral Santín, votaron a favor de la operación. No lo hizo el PSOE, precisamente porque no veía clara su rentabilidad.
Hubo un segundo contrato suscrito al mismo tiempo, también en 2007. MDA pagó al menos 24 millones al Atlético por un acuerdo que el club presidido por el empresario Enrique Cerezo no cumplió. La adjudicación detallaba que la compañía liderada por Telemadrid se comprometía a pagar cuatro millones anuales durante ocho años, desde la temporada 2006/2007 a la 2013/2014 (32 millones en total), y a cambio el equipo colchonero cedía espacios publicitarios a MDA en la equipación oficial, en la web y en el Vicente Calderón. Además, cedía los derechos para la retransmisión de los partidos amistosos del club. MDA no comercializó los espacios publicitarios en las seis temporadas en las que estuvo vigente el contrato.
Telemadrid también se dedicó a financiar el agujero económico del Atlético en octubre de 2011, ya que sufría una crisis de liquidez. La cadena adelantó al club rojiblanco dinero pendiente de los contratos por la cesión de derechos audiovisuales de los partidos oficiales y amistosos. Pero la empresa ocultó cuánto anticipó y no respondió si el equipo lo devolvió.
Los correos secretos de Blesa pusieron de manifiesto, como este diario publicó el pasado 21 de diciembre, que el Gobierno de Esperanza Aguirre alimentó en 2006 la compra de los derechos audiovisuales del Atlético y del Getafe pese a "aceptar que los números generaban déficit". Eso afirmaba un mensaje enviado por Carlos Contreras, entonces director general de Caja Madrid Business, a la dirección corporativa de Blesa. En el mail, Contreras informa de una reunión con los consejeros Francisco Granados y Engracia Hidalgo en octubre de 2006. Ambos intentaron convencer a Caja Madrid para que entrase en el negocio de los derechos del fútbol. La propia Aguirre envió un SMS a Blesa, pidiéndole que hiciera caso de "un asunto importante" que le iba a comentar Ignacio González, número dos del Ejecutivo regional y hoy presidente regional. En efecto, González se puso en contacto con el banquero y le exigió que Caja Madrid entrara en la sociedad audiovisual. Caja Madrid entró. Pero quien se descolgó del plan inicial fue el Real Madrid.
La correspondencia confidencial de Blesa y del resto de su equipo demostró, como descubrió infoLibre, un trato de favor hacia Enrique Cerezo, pese a reconocer que el presidente del Atlético y máximo accionista de Boomerang TV había hecho perder a la entidad 2,6 millones de euros.
Los sindicatos de Telemadrid están valorando la posibilidad de emprender acciones legales por todas las presuntas irregularidades descubiertas por este periódico.
08. EL ÁTICO DE GONZÁLEZ
El pasado 16 de diciembre, la magistrada sustituta del Juzgado número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, firmó un auto clave para la suerte del presidente madrileño. En su resolución, imputó a su mujer, Lourdes Cavero, por un presunto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del ático de lujo en Guadalmina que ambos usan desde hace años. La jueza también imputó al testaferro profesional Rudy Valner, titular de la sociedad Coast Investors Llc, utilizada para formalizar la compra del inmueble. Al tiempo, remitió la causa a la Audiencia Nacional, ya que investiga delitos que pudieron cometerse en el extranjero.
El caso arrancó hace año y medio, impulsado por una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (mayoritario en el cuerpo), pero no se reactivó hasta comienzos de 2013, una vez que Peregrina reclamó "toda la información fiscal" de Coast Investors Llc, una firma radicada en Delaware (Estados Unidos) y representada por el mexicano Valner, que desde 2008 fue la propietaria del ático que alquilaba, por un precio de 2.000 euros al mes, el matrimonio González-Cavero. Un precio sorprendemente barato para la zona en la que está enclavado el apartamento, un dúplex de 500 metros cuadrados, y la exclusiva urbanización a la que pertenece, Alhambra del Golf. En diciembre de 2012, la pareja adquirió por 770.000 euros el inmueble a Coast Investors, que solo declaró a Hacienda estos ingresos tras destaparse la investigación realizada por la Policía Judicial. El 80% de la vivienda está a nombre de Cavero, una de las vicepresidentas de la patronal madrileña, CEIM.
González, antes y después de la imputación, ha defendido su inocencia y la de su familia. Todo el auto está "plagado de presunciones" y no se ha acreditado "ninguna responsabilidad porque no hay nada", aseveró el presidente regional. La versión del jefe del Ejecutivo autonómico es que alquilaron a la empresa de Valner el ático a razón de 2.000 euros mensuales, para finalmente comprar el inmueble el 18 de diciembre de 2012 por 770.000 euros. Sin embargo, los denunciantes sospechan que Valner y Coast Investors Llc, la propietaria del apartamento desde 2008 a 2012, no eran más que meras pantallas para ocultar al verdadero titular de la vivienda, González. Los agentes sospechaban que el inmueble era el pago de una comisión.
El caso se ha llevado por delante a dos cargos policiales. Uno de ellos, Enrique Rodríguez Ulla, que era comisario jefe de la Policía Judicial. Ahora, la Fiscalía ha recurrido la imputación de Cavero. Y el SUP, de quien partió la denuncia, ha impugnado también la decisión de la jueza por entender que no es el momento procesal oportuno ya que antes deben conocerse los resultados de las comisiones rogatorias cursadas sobre las operaciones de compra del ático, que llevan meses paralizadas. Los agentes entienden que la investigación ha de centrarse en quiénes son los titulares del dinero con el que Coast Investors compró en 2008 la vivienda, ya que la firma carece de actividad económica. La compañía no pagó impuestos ni tasas pese a recibir 2.000 euros mensuales de González.
La Audiencia Nacional tendrá que tomar una decisión que, según expertos jurídicos, será la de rechazar la inhibición de la jueza, que tendría que seguir investigando. Si Peregrina hallase indicios de delito por parte del presidente regional, debería enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Una denuncia de extrabajadores de Telemadrid fue clave en la investigación, ya que acudieron al fiscal jefe de Málaga para advertirle de que el ático podría ser un regalo del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a cambio de al menos tres operaciones, desveladas por este periódico: la adquisición de los derechos audiovisuales del club colchonero por MDA; la cesión de la publicidad de Telemadrid a una compañía en la que figura Cerezo y la adjudicación de 10 televisiones digitales al presidente del equipo.
09. LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA
Los correos secretos de Miguel Blesa, el escándalo con el que se cierra 2013, se conocen gracias a las pesquisas del magistrado Elpidio José Silva, que ahora se enfrenta a su expulsión de la carrera judicial tras acordar en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid.
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, a su salida de prisión el pasado 20 de junio | EFE
Estos mensajes, a los que ha tenido acceso infoLibre, aportan evidencias de las actuaciones presuntamente delictivas de Blesa y su equipo directivo. Por eso el juez acordó su imputación, en virtud del contenido de esos más de 8.000 correos. En concreto, tal y como ha publicado este diario, Blesa sabía ya en 2006 que las preferentes eran vendidas por encima del precio real. Esto suponía que los compradores adquirían un producto con un precio irreal, en concreto un 10% superior. Además, también se puede leer en los mensajes intervenidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que Caja Madrid y el Canal de Isabel II habían pactado hacerse con la sociedad resultante de la privatización de la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid. También se conocen las gestiones realizadas por el propio Blesa con el expresidente José María Aznar y una empresa de venta de armas, de las que ni Blesa ni Aznar han dado explicación alguna, más allá de un comunicado del expresidente del Gobierno en el que aseguraba que no llegó a firmar ningún contrato con la empresa armamentística.
La última revelación de los correos la publicó este lunes, 30 de diciembre, este periódico: los mails muestran cómo desde 2006 el propio Blesa y su equipo de confianza tejieron un plan para asegurarse un retiro dorado ante el temor de que fueran desplazados de sus puestos en 2009, año en el que finalizaba el mandato del presidente. Los mensajes manifiestan que los directivos de Caja Madrid convencen a los miembros del comité de retribuciones de la entidad a que aprueben un "incentivo retribuido de fidelización a largo plazo".
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Con todas estas evidencias, la Fiscalía de Madrid ha asegurado que los correos electrónicos no son válidos, y no va a iniciar ninguna investigación al respecto. En la Audiencia Nacional tampoco ha habido ningún intento de aportar los correos. No obstante, tanto UPyD como 15MpaRato tienen intención de pedir que los correos puedan ser incluidos en el caso Bankiacaso Bankia, y más concretamente en la pieza separada de las preferentes en la que Blesa está imputado.
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* Con información de Tono CallejaTono Calleja