El pasado 1 de febrero quedó oficialmente constituida la subcomisión para un Pacto de Estado contra la violencia de género. Tras sucesivas prórrogas en los plazos, el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios ha quedado plasmado este lunes en un informe que reúne 212 medidas para la lucha contra la violencia machista –199 propuestas concretas y 13 compromisos para su aplicación– y que ofrece un margen de tres días para la presentación de votos particulares. El consenso deja una "sensación agridulce" entre las organizaciones feministas que han participado en el debate y que, aun reconociendo la importancia del mismo, lamentan las lagunas existentes y la lentitud de un proceso que requiere de movimientos urgentes.
Los diferentes actores políticos implicados en la elaboración del pacto también han valorado este martes el acuerdo como un primer paso importante, no sin señalar el largo trabajo que, consideran, queda aún por hacer. El más optimista ha sido el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, quien ha valorado el "esfuerzo ímprobo" de los grupos y ha destacado las "medidas útiles" que se han acordado en el marco del debate.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha recalcado en rueda de prensa que "casi todas" las propuestas que presentó el PSOE en la última legislatura y que fueron rechazadas por el PP "están incluidas en el pacto", que ha valorado como "un buen punto de arranque, pero sólo un punto de arranque". Calvo ha recordado, asimismo, que su grupo presentará votos particulares para que "los recursos económicos pactados –un total de mil millones de euros– estén activos pronto" y para que se incluya una reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de eliminar la dispensa a las víctimas por violencia de género a declarar contra su agresor, medida que "no se ha podido incluir porque Podemos no ha querido".
Por su parte, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez ha señalado en declaraciones a este diario que se trata de un pacto "de mínimos" en el que "faltan cuestiones". Aunque ha celebrado los objetivos alcanzados, Rodríguez ha insistido en que la violencia machista es "un problema estructural" que requiere de "compromiso en la regulación y desarrollo de las leyes".
Prevención, acción institucional y protección
El documento elaborado por la subcomisión presenta un total de 212 propuestas que quedan estructuradas en diez ejes de actuación. El primero de ellos atiende a la prevención, que bajo el epígrafe de La ruptura del silencio, determina los ámbitos en los que deben ser aplicados medidas al respecto y la forma de llevarlas a cabo. Así, en el campo educativo contempla una ampliación de los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria, además de la inclusión de una mayor prevención en todas las etapas formativas, bajo la supervisión de la Inspección Educativa. El pacto recomienda asimismo introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y logros del movimiento feminista, y contenidos específicos de prevención de la violencia machista en todos los centros.
En cuanto a las campañas, se apuesta por un foco que prime el rechazo al maltratador y presente ejemplos de mujeres "fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas", y se recomienda también revisar los criterios de las campañas publicitarias institucionales. Los medios de comunicación tendrán un papel sustancial en esta labor, de modo que se premiará a aquellos que rechacen contenidos sexistas o estereotipados. Además, los medios se comprometerán a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en caso de violencia de género, "con el fin de ayudar a la erradicación de cualquier sensación de impunidad". Entre las medidas destinadas al sector comunicativo, el acuerdo igualmente insta a la creación de un Observatorio de Igualdad en el seno de RTVE "para velar por el cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad".
En el ámbito laboral, la prevención ha de basarse en campañas institucionales en colaboración con organizaciones patronales, sindicales y empresas, así como en el impulso de "un sello identificativo para los servicios públicos y empresas privadas que establezcan políticas de responsabilidad social corporativa respecto de la violencia de género". A nivel sanitario, la detección precoz en los centros y la formación en cuestiones de género por parte de los profesionales será prioridad en la hoja de ruta marcada.
El segundo eje, bautizado bajo el nombre Mejora de la respuesta institucional: coordinación y trabajo en red, establece, entre otras medidas, modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para que pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad y contra la violencia de género. Promoverá, además, unidades de apoyo en el ámbito local que ayuden a la identificación de las víctimas con independencia de la interposición de la denuncia mediante un seguimiento individualizado de cada situación.
Respecto a la administración pública prevé "difundir y dar a conocer el Protocolo de Movilidad para funcionarias víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado, ampliando su ámbito de acción a las diferentes administraciones", así como garantizar, "a través de una implicación más activa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", que el derecho a la movilidad no menoscabe la promoción profesional de la víctima o suponga merma en sus ingresos. Se establecerá además la obligación de implantar medidas y protocolos contra el acoso sexual o por razón de género en las empresas.
Por otro lado, el texto alude a la justicia y sugiere "ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de Estambul", así como incluir aquellos casos "donde no exista con el agresor la relación [de pareja o expareja] requerida para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004". Otra de las medidas apunta a suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género "cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría" o suprimir igualmente la atenuante de reparación del daño. También consideran los autores del documento que la lucha contra la violencia de género debe adaptarse a los nuevos escenarios, de modo que apuestan por no considerar las injurias y calumnias en redes sociales como un delito leve únicamente. Reclaman, asimismo, un refuerzo de la especialización en los juzgados penales, por ser los que atienden el mayor número de casos.
En cuanto a la protección, el epígrafe titulado Perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, contempla medidas como impulsar la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los Ayuntamientos para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima, o potenciar un plan de inserción socio-laboral para las víctimas que desarrolle "más extensivamente" las medidas incluidas en el Real Decreto 1971/2008. También a nivel asistencial el pacto impulsa un necesario incremento de la atención en las zonas ruraleszonas rurales, con un mayor número de centros de acogida e información en coordinación con las comunidades autónomas.
Ampliar el foco
Uno de los grandes pilares del pacto, siguiendo las recomendaciones del movimiento feminista, consiste en la apuesta por ampliar el foco respecto a las diferentes formas que adopta la violencia machista, atendiendo como consecuencia a las especificidades de las distintas víctimas. En este contexto, el cuarto eje apunta a la protección de los menores, de modo que prevé, entre otras acciones, establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, y además prohíbe las visitas de los menores al padre en prisión.
También incide, en su quinto eje, en el impulso de una formación que "garantice la mejor respuesta asistencial". Para ello se recomienda formar al profesorado que atienda a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia machista, y especializar de manera evaluable a los equipos psico-sociales. El sexto eje establece la obligatoriedad de un seguimiento estadístico que detalle las circunstancias de cada caso así como el impacto en los menores, el alcance y tipología de la violencia sexual, entre otras propuestas.
Respecto a las comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones, el séptimo punto recalca la necesidad de mejorar la progresiva adaptación de los recursos de apoyo y atención, como las casas de acogida, para recibir a cualquier mujer, e insta a la promoción de un sistema acreditativo de centros de todo tipo en los que se dé especial importancia a la prevención.
El octavo eje, Visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer, gira en torno a la violencia sexual como una de las formas más extendidas de violencia de género y donde más necesario es el trabajo institucional. Se creará, por este motivo, una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual en la que se incluirán administraciones y asociaciones especializadas, todo ello acompañado por el desarrollo de programas integrales de atención y campañas informativas. También se contempla la aprobación de una ley de "lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", así como un sistema de análisis estadístico que recoja las violencia que sufren las mujeres que ejercen la prostitución, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas del matrimonio forzado y el derecho de asilo para dichas víctimas.
Las trece últimas medidas –ejes nueve y diez– que incluye el pacto son aquellas referidas al compromiso económico, que será de mil millones de euros, y al seguimiento del mismo mediante una comisión que estará "permanentemente atenta al cumplimiento de los acuerdos alcanzados".
Luces y sombras
Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, entiende que el pacto alcanzado es "fruto de la falta de evaluación" que durante años se requería y que sin embargo no se realizó. Existe, a juicio de la experta, una "sensación generalizada de que esto que se ha hecho, los trabajos y todo el debate que se ha generado, es algo que hacía mucha falta y que desde la sociedad civil se venía reclamando al Gobierno e instituciones". Aunque reconoce que "recoge buena parte de las medidas que se han reclamado", la feminista lamenta la "sensación agridulce" producto de unas "expectativas que apuntaban más hacia una mayor trancendencia del acuerdo institucional y hacia un mayor nivel de innovación".
Soleto destaca, en este sentido, que el pacto se basa en "medidas que se vuelven a poner encima de la mesa", que se corresponden con las leyes ya existentes pero que hasta ahora no se han desarrollado. Valora el "ejercicio de reflexión" que ha supuesto el debate en torno al pacto, y lo considera un "punto de partida" que únicamente podrá superarse "desarrollando hasta las últimas consecuencias todo lo que se legisla". Subraya, por ello, que "renovar el compromiso político es importante" y apuesta por "seguir trabajando para aunar voluntades políticas". En todo caso, admite, "habrá que ver cómo se van a ejecutar esos recursos" y el nivel de compromiso por parte de las instituciones.
También Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, se debate entre los logros alcanzados y las carencias detectadas. "Aspirábamos a que supusiera un cambio cualitativo, y no sólo a la mejora de medidas", reconoce en conversación con infoLibre. "Queríamos –añade– un marco más ambicioso".
Montero recalca como medidas clave aquellas que contemplan la violencia sexual, los cambios estructurales en otras leyes y el trabajo en cuestiones de igualdad. Asimismo, recalca el "clamor por que denunciar ya no fuera un requisito", y la necesidad de superar la definición que quedaba limitada al ámbito sentimental de la pareja o expareja. Por otro lado, la feminista estima que "para garantizar una atención integral es necesario un cambio radical de las competencias de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que están totalmente limitadas".
En todo caso, Montero se muestra prudente a la hora de hacer valoraciones: "Está por ver cómo va a quedar", admite, y rechaza que las medidas "se vuelvan a plantear como en el 2004 y se queden en meras recomendaciones". Además, recuerda que las políticas que siguieron a la ley contra la violencia de género no hicieron otra cosa que contravenir lo planteado en dicha norma. "Después de recomendar un Pacto Educativo vino la Lomce, y en cuanto a sanidad tuvimos el decreto ley sobre la sostenibilidad del sistema sanitario, que quitó ayuda a las inmigrantes", denuncia.
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Montserrat Boix, periodista y especialista en cuestiones de género, pone el acento en la dotación presupuestaria que acompaña al pacto. Aunque espera que "el PP no lo use sólo para maquillaje", la feminista valora que exista consenso y que "se haya vuelto a poner otra vez sobre la mesa un tema que estaba tan abandonado". También Boix coincide en que el acuerdo recoge "elementos que de entrada no son los esperados", pero sostiene que "la ventaja de este pacto es que llega con presupuesto económico".
El paso, que llega 13 años y 833 asesinatos tarde –entre el 2004 y el 2017–, "es un impulso necesario que debería haberse dado mucho antes", pero que "resuelve aspectos que la ley integral no planteaba". Las medidas, entiende Boix, "son muy coherentes y positivas, porque demuestran que todos los partidos están dispuestos formalmente a hacer un esfuerzo".
En todo caso las expertas coinciden en que, aunque la violencia machista responde a "un problema estructural que no van a resolver las leyes", el avance legislativo resulta "imprescindible para que la sociedad reciba el mensaje" y genere un cambio real.
El pasado 1 de febrero quedó oficialmente constituida la subcomisión para un Pacto de Estado contra la violencia de género. Tras sucesivas prórrogas en los plazos, el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios ha quedado plasmado este lunes en un informe que reúne 212 medidas para la lucha contra la violencia machista –199 propuestas concretas y 13 compromisos para su aplicación– y que ofrece un margen de tres días para la presentación de votos particulares. El consenso deja una "sensación agridulce" entre las organizaciones feministas que han participado en el debate y que, aun reconociendo la importancia del mismo, lamentan las lagunas existentes y la lentitud de un proceso que requiere de movimientos urgentes.