¿Qué tienen en común el proceso autonomista andaluz de finales de los 70 y principios de los 80 y el procés independentista catalán? El asunto no es materia de reflexión académica o análisis historiográfico, sino pura actualidad política.
El pasado jueves, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acudió a un encuentro de la Ser en Sevilla con motivo del próximo cuarenta aniversario de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, hoy recordadas porque en la de Málaga murió víctima de un disparo policial el joven Manuel José García Caparrós, símbolo del autonomismo andaluz. Se trataba de un formato pausado en el que el líder de la formación morada se sirvió del caso andaluz para realizar una llamada al diálogo en la crisis catalana. Iglesias se refirió al referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que el sí a la máxima autonomía ganó claramente, pero sin lograr el 50% de la participación en todas las provincias que exigía la Constitución, ya que en Almería se quedó unas décimas por encima del 42%.
Las condiciones de la votación eran duras: el sí debía superar el 50% del censo, no del electorado. La insuficiente victoria del sísí se produjo pese a la campaña en contra del Gobierno de UCD y de la derecha. Tras el referéndum se detectaron irregularidades en el censo que incrementaron la indignación popular. El entuerto se solucionó con la aprobación de dos leyes orgánicas que, en contra de los requisitos establecidos en el artículo 151 de la Carta Magna, dieron a Andalucía acceso a la autonomía plena, con los máximos techos competenciales, en igualdad de condiciones que las tres comunidades históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia.
Iglesias afirmó en Sevilla que tras el 28-F "el acuerdo político" sirvió para "superar los límites de la ley". "En aquel proceso se demuestra que cuando las leyes establecen límites hay que cambiar las leyes, hay que sentarse a dialogar, hay que buscar acuerdos políticos", añadió el líder de Podemos. Luego trasladó su reflexión a Cataluña. "Ojalá [el mismo espíritu de negociación] fuera capaz de informar en el presente a las élites políticas", dijo, animando a "buscar un acuerdo" en Cataluña. "Y si es necesario modificar las leyes, pues habrá que modificarlas, como se modificaron para dar conducto democrático a la voluntad del pueblo andaluz", afirmó. En el caso andaluz, concluyó, "el acuerdo político sirvió para superar los límites de la ley".
Iglesias, si no lo sabía ya, ha descubierto cómo reacciona el PSOE cuando se toca el tema de los símbolos, la bandera, la historia y la identidad de Andalucía, que suele intentar patrimonializar. Sus declaraciones ocasionaron la reacción fulminante de la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE). "Pablo Iglesias reescribe con mentiras la historia de #Andalucía. El 28F reclamamos igualdad dentro de la CE. No es ignorancia, sino mala fe", escribió en su cuenta de Twitter. Numerosos dirigentes y cuadros entraron en disputa pública en las redes. Alberto Garzón, Teresa Rodríguez y Sergio Pascual respondieron a Díaz. Los socialistas afirman que Podemos trata de blanquear el proceso independentista catalán utilizando la historia andaluza. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, reclamó este martes a Iglesias que explique la "grotesca" comparación y lo acusó de "reescribir la historia" y de "lanzar falsedades".
Iglesias no equiparó el proceso autonomista andaluz con el proceso independentista catalán. Sí dijo que del primero podían extraerse lecciones para el segundo. infoLibre compara los aspectos fundamentales de uno y otro.
Parecido 1: La posibilidad de un cambio legal
Es cierto, como apunta Pablo Iglesias, que con una aplicación estricta de la norma Andalucía no habría accedido a la máxima autonomía por el artículo 151. Dicho artículo establecía que para obtener dicho grado de autonomía por la vía rápida debía ratificarse mediante referéndum "por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores". Este listón se salvó en todas las provincias salvo Almería (en Jaén se logró tras un recuento). Esto no es opinable: el sí arrasó política y socialmente, pero legalmente Andalucía no conquistó su autonomía plena el 28-F en las urnas.
Sobre un censo de 4,43 millones de andaluces, votaron 2,84 (64% del censo), de los cuales 2,47 (86% del electorado) se inclinaron por el sí. Pero Almería no alcanzó el 50% de participación. Con la ley en la mano, a Andalucía le tocaba usar la vía lenta de acceso a la autonomía (artículo 143) o esperar al menos cinco años antes de intentarlo de nuevo por el 151. Pero la presión política y social hizo su trabajo, con la Junta preautonómica empujando. Se descartó reformar la Constitución. Se descartó repetir el referéndum. Pero finalmente la UCD de Adolfo Suárez y el PSOE de Felipe González, muy presionados por los andalucistas de Alejandro Rojas-Marcos, negociaron las modificaciones legales necesarias para encauzar el resultado. La fórmula fue acordar que si los diputados y senadores de Almería lo pedían se daba por aprobado el referéndum también en dicha provincia por "motivos de interés nacional", una fórmula tomada del artículo 144. También se estableció el efecto retroactivo del cambio. Un acuerdo político para dar cobertura a un clarísimo mandato popular.
Al igual que ocurrió con el caso andaluz, también en Cataluña podrían establecerse ahora cambios legales para permitir –por ejemplo– un referéndum de autodeterminación, que en su modalidad pactada es lo que defiende Podemos como solución al conflicto. A esto es a lo que se refería fundamentalmente Pablo Iglesias. El cambio necesario para dar salida a la pretensión del Govern implicaría a priori la modificación de la Constitución, lo que a su vez requeriría un referéndum de todos los españoles. De otro modo, habría de articularse un gran consenso contra constitutionem que permitiera celebrar un referéndum pactado sólo en Cataluña sin que fuera objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional (como no lo fueron las leyes que facilitaron el acceso de Andalucía a la autonomía plena). Esta hipótesis se antoja políticamente muy complicada. Pero hipotéticamente es posible si todos los partidos aceptaran, como aceptaron tras el referéndum andaluz.
Diferencia 1: La posición frente a la Constitución
El Govern de la Generalitat (Junts Pel Sí) y el Parlament han desatendido en numerosas ocasiones, a lo largo del procés independentista, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, al celebrar el referéndum del 1 de octubre a pesar de estar suspendido por el Alto Tribunal. Lo mismo ocurrió antes con el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Su ley del referéndum, que se situaba "jerárquicamente" por encima de la Constitución, ha sido anulada definitivamente. A pesar de todo, el presidente Carles Puigdemont mantiene su pretensión de declarar unilateralmente la independencia invocando los resultados del referéndum, celebrado sin garantías suficientes y sin cabida en la Constitución española.
El proceso autonomista andaluz se desarrolló enteramente dentro de la ley. Las autoridades de la preautonomía –el presidente era el socialista Rafael Escuredo– no incurrieron en ninguna desobediencia a sentencia o resolución judicial alguna. Fue tras el referéndum cuando los partidos políticos, en vista de que con sujeción a la letra de la Constitución el resultado no permitía dar por ganado el referéndum, acordaron las modificaciones legales necesarias para encauzar el sí. Estos cambios a posteriori no fueron recurridos. "Hay que tener en cuenta que el primer intérprete de la Constitución no es jurídico, es político. Y ahí se realizó esa interpretación política de los partidos", señala Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Por eso la nueva legislación no fue declarada inconstitucional.
El histórico dirigente andalucista Alejandro Rojas-Marcos, alcalde de Sevilla de 1991 a 1995 y uno de los grandes protagonistas de la reivindicación proautonomía desde las postrimerías del franquismo, señala: "No cabe comparación. Lo que hizo Andalucía estaba dentro de la Constitución. Separarse de España no lo está, ni crear una nueva legalidad como ha hecho el Parlamento catalán". Rojas-Marcos sostiene –como lo hacía en 1980– que el referéndum del 28-F era una "trampa" para Andalucía, al obligarla a recorrer un itinerario distinto al de Cataluña y el País Vasco, que habían votado sus estatutos en octubre de 1979. "Pero no podemos olvidar que la reforma legal para dar por válido el referéndum andaluz utiliza la fórmula del interés nacional para otorgar la autonomía, que está recogida en el artículo 144 de la Constitución, y que estaba pensada para Ceuta y Melilla. No hay nada anticonstitucional en todo el proceso, ni siquiera en la reforma legal posterior", añade Rojas-Marcos, a quien precisamente se atribuye la idea de esta vía para salvar el sí en el referéndum aunque no se cumplían los requisitos constitucionales.
Parecido 2: La oposición del Gobierno
Tanto el procés independentista catalán como el proceso autonomista andaluz se desarrollaron con la total oposición del Gobierno. Aunque la UCD se avino a negociar una vez que el sí logró lo que se llamó "victoria moral" el 28-F, su trayectoria fue de total oposición desde el principio. Durante la campaña electoral su lema de campaña fue "Andaluz, éste no es tu referéndum". El partido de Suárez pedía no ir a votar o votar en blanco, lo cual precipitó la dimisión del ministro de Cultura, que antes lo había sido de Relaciones con las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, considerado uno de los artífices del conocido como "café para todos" y que se oponía a la fórmula del "3+14", con tres autonomías históricas de primera y un gran furgón trasero en el que estaría Andalucía.
La Junta preautonómica denunció una campaña de obstaculización de la UCD, que pagó electoralmente su posición en Andalucía. El presidente, Rafael Escuredo, llegó a ponerse en huelga de hambre "testimonial" ante la sucesión de palos en las ruedas. La campaña electoral duró sólo 15 días, no 21 como en Euskadi y Cataluña en los referéndums sobre sus estatutos.
Además, la pregunta del referéndum era casi incomprensible, más aún en una región entonces castigada por el atraso cultural: ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? "Todavía hay una comisión de la NASA tratando de entender la pregunta", se quejaba recientemente Escuredo.
Más dificultades. Los 125 millones de pesetas para la campaña institucional llamando a la participación llegaron in extremis y dificultaron la organización, según denunció el PSOE, que aquellos días estrenó su exitosa estrategia de identificación con la defensa de Andalucía frente a los gobiernos conservadores en Madrid. Incluso el Partido Socialista Andaluz (PSA), firme defensor del sí, alertaba en los días previos al referéndum de que éste era "una emboscada". Hubo mítines a favor del sí durante los cuales avionetas lanzaban octavillas que con el famoso "Andaluz, éste no es tu referéndum".
Las crónicas de la época dan cuenta de un sentimiento de fuerte agravio y humillación popular en la Andalucía de entonces por la actitud del Gobierno, que se agravó tras la votación cuando se conocieron numerosas irregularidades en el censo. El presidente Escuredo, cuando fue a votar en el Polígono San Pablo, en Sevilla, no estaba censado para votar, pero sí lo estaba su hija, de seis años. "Andalucía es el único sitio donde los muertos votan y los vivos tienen dificultades para hacerlo", proclamó. Ese querer votar a pesar de Madrid –dejando al margen aquí consideraciones legales– emparenta el proceso andaluz con Cataluña.
En contra de lo que pretendía la UCD, su estrategia de dificultar el referéndum no hizo sino incrementar la adhesión popular al mismo, un fenómeno que podría tener paralelismos con el caso catalán. El propio Escuredo suele explicar que toda aquella campaña benefició al sí. No en pocas ocasiones dirigentes nacionalistas han admitido que la actitud del Gobierno del PP alimenta los intereses independentistas.
Diferencia 2: El contexto y la realidad social
El referéndum catalán del 1 de octubre se celebró pese a estar suspendido por el Constitucional. El sí ganó con más de 2 millones de votos y casi el 90%, si bien el recuento careció de garantías suficientes. Es de suponer que muchos contrarios a la independencia no fueron a votar no, por considerar que la cita no tenía validez. Pese a no manifestarse en las urnas aquel domingo, sí está acreditada demoscópicamente la existencia de una mayoría contraria a la independencia en Cataluña. Al menos puede afirmarse que hay una sociedad dividida al respecto. Según la última encuesta al respeto de la Generalitat, el 49,4% de los catalanes son contrarios a la independencia, frente al 41,1% que son favorables. Los contrarios a la independencia se han manifestado masivamente en las calles de Barcelona.
Los resultados del referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980 acreditan que el no era una opción prácticamente testimonial en Andalucía. noA pesar de la campaña de la UCD y de Alianza Popular ("Para muchos la autonomía no es otra cosa que acercarse a la teta de los sueldos", proclamó Fraga, muy en su estilo), el no apenas obtuvo 152.000 votos de un total de más de 2,8 millones.no Incluso había más votos en blanco que noes, algo más de 200.000. La sociedad se había situado de forma abrumadoramente mayoritaria del lado del sí. De hecho, las masivas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 –que, de hecho, activaron el proceso que desembocó en el 28-F y en el referéndum del Estatuto de 1981– acreditaron un clamor autonomista que no tenía una réplica en sentido contrario.
Entre las sociedades de Andalucía durante la Transición y de Cataluña en la segunda década del siglo XXI media un abismo. La gran región del sur venía del subdesarrollo. El analfabetismo rondaba el millón de personas. El déficit de infraestructuras, el pésimo estado de numerosos pueblos y la falta de trabajo en el campo habían creado una sensación de desprotección y marginación, pero también de esperanza ante lo que podía suponer la autonomía, que al fin situaría a Andalucía en pie de igualdad con las regiones más avanzadas de España, a las que durante décadas habían salido tantos inmigrantes del sur. Ésa era al menos la promesa, si bien la brecha de la desigualdad con la media española sigue ahí.
El párrafo central del manifiesto leído en las manifestaciones del 4-D da idea de la distancia que separaba aquella Andalucía de la Cataluña de hoy: "En Andalucía, en efecto, existen muchos y muy graves problemas: la emigración de los hombres y los recursos de Andalucía; un elevado índice de paro; una difícil situación en el campo, que hace que unas tierras tan ricas como las nuestras no puedan garantizar el sustento de los que en ellas viven; una escasa y mal planificada industrialización; unas condiciones generales de vida que son muy inferiores a las de otras zonas del país. Todos ellos son problemas que exigen unas soluciones urgentes, y es precisamente para ello para lo que exigimos la más rápida institucionalización de unos órganos de representación y gobierno autónomos".
"Andalucía no tiene conciencia de nacionalidad, pero su conciencia regional basada en el subdesarrollo aumenta por días", afirmaba en marzo de 1977 Manuel Clavero Arévalo. En cambio, el subdesarrollo no ha sido el combustible social del independentismo en Cataluña, sino una extendida sensación de desprecio por parte del Gobierno y frustración ante la falta de reconocimiento de singularidades identitarias, además de causas políticas y económicas coyunturales. El independentismo ha convencido a cientos de miles de personas de que la separación de España conllevará una mejora económica, pero no necesita prometer la salida de la miseria que sí ilusionaba –por ejemplo, con la ansiada reforma agraria– a amplias capas de población de la Andalucía del ciclo 1977-1980.
Alejandro Rojas-Marcos opina que hay otra diferencia, en este caso social e ideológica. "En Cataluña había, y hay hoy también, una enorme conciencia de pueblo. En Andalucía, por desgracia, no la había y sigue habiendo un déficit enorme, en parte porque el PSOE ha querido voluntariamente adormecer esa conciencia. La movilización aquí estuvo muy basada en el agravio comparativo, en no querer ser menos, mientras que en Cataluña sí hay una conciencia propia de pueblo", apunta.
Parecido 3: Desbordamiento de las previsiones
El 4-D cogió por sorpresa incluso a sus promotores. Entre 1,5 y 2 millones de personas se manifestaron por toda Andalucía reclamando mayor autonomía. A esto se sumaron manifestaciones masivas en ciudades como Barcelona, con cientos de miles en las calles. Las banderas verdiblancas lo inundaron todo. Las marchas, que el PSOE capitalizó en su estrategia de oposición contra la UCD en Madrid, acabaron contribuyendo a la apertura de la vía del artículo 151 en la Constitución.
A juicio de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho y patrono de la Fundación Blas Infante, fue el día en que "se manifestó la nación andaluza al expresarse un pueblo que preexistía, que se postuló políticamente y que fue reconocido como tal". En este sentido, andalucistas como Rodríguez consideran que Andalucía desbordó el marco previsto –una autonomía de segunda en comparación con las comunidades históricas–, se saltó el guión de la Transición y se autodeterminó, conquistando su particular "derecho a decidir". A juicio de Rodríguez, de hecho, el 4-D es precursor de dicho "derecho", invocado ahora por amplios sectores de la sociedad catalana.
El sentimiento de agravio con respecto a las conquistas de Cataluña, Euskadi y Galicia formó parte esencial del caldo de cultivo del 4 de diciembre, que a su vez es el desencadenante social del 28 de febrero. Hubo en Andalucía una reacción por oposición a los planes del Gobierno para Andalucía. El auge del independentismo catalán –y de la defensa del derecho a decidir– también se alimenta del descontento por la forma en que el Estado encaja a Cataluña, sobre todo a raíz de la sentencia sobre el Estatut de 2010, que provocó una manifestación de cientos de miles de personas.
Si quedarse fuera del trío de comunidades de primera sublevó a millones de andaluces, ver su Estatut podado por el Constitucional hizo lo propio con millones de catalanes. Las Diadas fueron desde entonces adquiriendo un cariz independentista y de reivindicación del derecho de autodeterminación mediante un referéndum.
La limitación principal de esta pretensión es que dicho referéndum requiere una reforma constitucional o un gran acuerdo político. Eso es lo que Podemos reclama acudiendo al caso andaluz para anclar sus argumentos. ¿Por qué? Porque en Andalucía la reclamación popular de autonomía fue satisfecha mediante un pacto político para validar el referéndum del 28-F, que con una interpretación legal rigorista habría fracasado.
Diferencia 3: Escalón autonómico Vs independencia
Es muy distinto lo que pretendía el 4-D y más tarde el 28-F de lo que intentaba el 1-O. En 1980 los andaluces fueron llamados a votar para acceder al máximo grado de autonomía, no la independencia. La pertenencia a España de la gran autonomía del sur no estaba en discusión. El proceso que impulsa el Govern liderado por Carles Puigdemont pretende una ruptura unilateral y una separación del resto de España, no mayores grados de autogobierno.
El proceso autonomista andaluz se concreta en fases dialogadas y pautadas. La preautonomía de abril de 1978, presidida por Plácido Fernández Viagas, sigue en realidad –a cierta distancia– los pasos del restablecimiento de la Generalitat de 1977. El Pacto de Antequera de diciembre del 78 intenta la creación de un gran bloque político-social a favor de la autonomía, como se había visto en Cataluña y el País Vasco. El 28-F y el referéndum por el Estatuto de 1981 van detrás de los celebrados en 1979 en Cataluña y el País Vasco. Andalucía va haciendo, con variaciones, caminos ya transitados por las comunidades históricas. No emprende un camino unilateral hacia la autonomía.
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El salto cualitativo lo da Rafael Escuredo, que había sustituido a Fernández Viagas. En junio del 79, la Junta preautonómica aprobó acogerse a la vía del 151 de la Constitución para conseguir la autonomía, a pesar de las condiciones leoninas que establecía. El 28-F, pese a la oposición del Gobierno, fue totalmente legal. El propio Adolfo Suárez y Rafael Escuredo se reunieron para pactar su fecha.
El procés no trata de lograr sus objetivos a través de los cauces establecidos, que los líderes independentistas consideran amortizados. Desde Artur Mas hasta ahora, la vía de la reforma contitucional se ve como una opción imposible por la posición del PP y, en menor medida, del PSOE. El Govern y la mayoría del Parlament (Junts Pel Sí y las CUP) han decidido jugar sus cartas fuera del marco vigente, por considerar que su propósito –la independencia– no tiene posibilidades de éxito dentro del mismo.
Caso diferente es la Andalucía de la Transición, cuando incluso antes del referéndum se contaba con las propias herramientas del sistema para validar los resultados también en el caso de que no se cumplieran todos los requisitos. Así lo dejó dicho Escuredo a las puertas del 28-F: "Incluso si se diera el caso de que una provincia no alcance la mayoría absoluta en favor del proceso autonómico, no se quiebra la posibilidad de autogobierno, y ahí está la Constitución para demostrarlo. Si una provincia quedase descolgada, podría añadirse posteriormente en otro referéndum. Ni tan siquiera en esta hipótesis se puede jugar al catastrofismo". No fue ésa la fórmula elegida, fue otra. Pero la idea era la misma: las literalidad de las leyes importa poco cuando todos los partidos alcanzan un acuerdo contra lo establecido en dichas leyes.
¿Qué tienen en común el proceso autonomista andaluz de finales de los 70 y principios de los 80 y el procés independentista catalán? El asunto no es materia de reflexión académica o análisis historiográfico, sino pura actualidad política.