Ni ha desarrollado su regulación, ni tiene unos objetivos claros y mensurables, ni cuenta con financiación ni, por supuesto, ejerce la transparencia. Ese es el retrato que hace el Tribunal de Cuentas de la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España, el organismo público-privado que dirige Carlos Espinosa de los Monteros que, en teoría, debe servir para "mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles". Y esos no son los únicos problemas que identifica el Tribunal de Cuentas, que también critica la existencia de irregularidades en la firma de algunos acuerdos con empresas como Inditex, de la que Espinosa de los Monteros es consejero.
El Tribunal hizo público su informe este miércoles, el primero que realiza a una institución que se ha caracterizado por su opacidad desde que fue creada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que la hizo depender del Ministerio de Asuntos Exteriores. Espinosa de los Monteros, en calidad de Alto Comisionado para la Marca España, tiene rango de secretario de Estado, aunque no cobra por desempeñar su cargo, más allá de las dietas que le corresponden por alojamiento y manutención. La Oficina no tiene presupuesto exclusivo ni una relación de puestos de trabajo propia y trabaja, fundamentalmente, a través de convenios de colaboración con empresas.
El Tribunal de Cuentas denuncia en su informe que Marca España está incumpliendo la ley de transparencia, ya que "no consta publicada en el Portal de Transparencia ninguna de las informaciones que exige" la norma, "salvo el currículo" de Espinosa de los Monteros. Y que la transparencia no es el fuerte del organismo lo demuestra el hecho de que, hasta seis años después de su puesta en marcha, haya sido imposible conocer con exactitud qué coste ha tenido para el erario público publicitar las virtudes de España.
El informe resuelve esa incógnita: "los gastos que para el Ministerio de Exteriores ha supuesto el proyecto Marca España" ascienden a 289.428 euros, la mayor parte de los cuáles (118.340 euros) se han destinado a "vehículos y conductores"; es decir, un 40% del total. Los viajes de Espinosa de los Monteros han costado 71.297 euros y los de su equipo, algo más de 27.500 euros. Y, en seis años, el presupuesto para desarrollar "actividades" para promover la marca España únicamente ha ascendido a 72.269 euros.
Pactos verbales con las empresas
Pero esa no es, ni mucho menos, la única crítica del Tribunal de Cuentas a la Oficina. Tras analizar el organismo, el Tribunal concluye que "no cuenta con ninguna norma que regule su funcionamiento", ni tampoco con ningún protocolo que sirva de reglamento para sus relaciones con los "embajadores de la marca España" y cómo deben estos ser elegidos y desempeñar su función. Tampoco existen, denuncia el informe, "criterios establecidos para relacionarse con las empresas colaboradoras". Y eso ha permitido que la Oficina "pudiera disponer de fondos aportados por empresas privadas para gastos ordinarios de funcionamiento de la oficina y para el pago de servicios prestados por terceros para el proyecto" usando métodos que no se ajustan "a la normativa que regula los flujos de ingresos a la Administración".
Y es que, según el informe, "el seguimiento y control de la documentación y de la ejecución de estos convenios" firmados por Espinosa de los Monteros para desarrollar la actividad de la Marca España "ha sido defectuoso, impidiéndose en algunos casos la comprobación de la realidad de las actividades". "En ocasiones los pactos se han acordado de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia e impide cualquier revisión o control posterior", denuncia el Tribunal de Cuentas.
Buena muestra de este mal funcionamiento es el convenio suscrito con Inditex, la multinacional en la que Espinosa de los Monteros es consejero. El acuerdo, explica el informe, "contempla una aportación" por parte de Inditex de hasta 100.000 euros para el "mantenimiento, desarrollo y mejora de la web" de la Oficina de la Marca España. Pero ni Espinosa de los Monteros "ha informado de la cantidad que fue finalmente aportada" ni ha aportado documentación para "comprobar la forma de ejecución y el cumplimiento de las disposiciones que el convenio establecía". Y es más: el "sistema de abono de facturas" utilizado –por el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores expedía las facturas de los trabajos encargados por la Oficina para que fueran abonados por Inditex– "no se adecúa a la normativa presupuestaria".
Es "prácticamente imposible" saber si se cumplen objetivos
Más de 20 altos cargos de la etapa de Rajoy siguen en sus puestos tras la llegada de Sánchez al Gobierno
La Oficina para la Marca España tampoco ha tenido un funcionamiento ejemplar en lo relativo al cumplimiento de sus metas, que el Tribunal de Cuentas considera difusas y poco claras. "Marca España configura su estrategia mediante objetivos generales que carecen del necesario desglose en objetivos sectoriales y acciones concretas y medibles", critica el informe. Y eso implica que el "seguimiento" del trabajo para alcanzar estos fines sea "prácticamente imposible, pues no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España, contrariamente a lo que sucede en iniciativas de marca país desarrolladas en otros países de nuestro entorno", señala el Tribunal.
De hecho, la importancia que el Gobierno ha otorgado públicamente al organismo no se corresponde con su escasa financiación, apunta el informe. "El proyecto Marca España se ha concebido como una política de Estado, en su sentido más amplio, incluyendo a todas las administraciones, al sector privado y a la sociedad civil, atribuyéndole el objetivo prioritario de mejorar la imagen de nuestro país, coadyuvando a la recuperación del crecimiento y del empleo, al aumento de las exportaciones, a la atracción de la inversión extranjera, al apoyo de la internacionalización de las empresas, a un mejor acceso de los mercados de financiación y al incremento del turismo", recuerda el Tribunal de Cuentas. Y, a pesar de ello, "su financiación es prácticamente inexistente", algo que "impide el desarrollo de actividades dirigidas" al cumplimiento de estos objetivos, según ha señalado la propia Oficina.
Pero el problema no es solo que los objetivos de la Oficina sean genéricos, escasamente mensurables y carentes de presupuesto, sino también que algunas de sus funciones "ya eran parcialmente asumidas por otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores" en el momento de su creación, algo que no ha cambiado en seis años. Buen ejemplo de ello, critica el informe, es "la promoción exterior", una de las misiones fundamentales de la Oficina para la Marca España que también está asignada a la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática y a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Puede entenderse que la función del Alto Comisionado para la Marca España es dar unidad y homogeneidad e integrar" el trabajo de estos entes "con el fin de proporcionarles un canal común que potencie las actuaciones recíprocas", razona sin embargo el Tribunal de Cuentas.
Ni ha desarrollado su regulación, ni tiene unos objetivos claros y mensurables, ni cuenta con financiación ni, por supuesto, ejerce la transparencia. Ese es el retrato que hace el Tribunal de Cuentas de la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España, el organismo público-privado que dirige Carlos Espinosa de los Monteros que, en teoría, debe servir para "mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles". Y esos no son los únicos problemas que identifica el Tribunal de Cuentas, que también critica la existencia de irregularidades en la firma de algunos acuerdos con empresas como Inditex, de la que Espinosa de los Monteros es consejero.