Un total de 4.339 personas fallecieron en noviembre a la espera de atención para la dependencia, cifra que eleva a 51.540 el total de fallecidos en lo que va de año. Así lo señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En concreto, a lo largo del presente año han pedido la vida 31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar. "Cada nueve minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley", denuncia la plataforma.
En un comunicado emitido este lunes, la asociación recuerda que "se está abandonando sin atenciones a las 381.115 personas que están a la espera de la ley de dependencia". Asimismo, el 82% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 37% de las muertes se ha producido en personas con Grado III, el más alto en cuanto a dependencia.
De nuevo las residencias vuelven a estar en el foco: "Se observa un impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencias" siendo un total de 51.204. La tasa de dependientes fallecidos en residencias fue de 219 por cada mil, según la entidad. Las mayores tasas del año se registraron en Madrid (307), Castilla-La Mancha (281) y Cataluña (259).
Entre enero y noviembre del presente año, un total de 41.494 dependientes perdieron la vida con prestación de atención residencial. De marzo a junio el número de dependientes fallecidos en residencias había sido de 22.095, un incremento de 10.702 respecto al mismo periodo del año anterior. De julio a noviembre se registraron 708 fallecidos más que en el mismo periodo del año pasado. En octubre, detalla la asociación, "el comportamiento fue contrario al resto del año, ya que el exceso de mortalidad en personas con atención en residencia fue inferior que en apoyo en el domicilio". En cuanto a las personas dependientes con servicios de proximidad –ayuda a domicilio o asistencia a centros de día, entre otros–, los fallecidos en exceso en lo que va de año fueron 10.497 personas.
El impacto del covid-19, reseña la organización, en el sistema de atención a dependientes "ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias". En comparación con los datos anteriores al estado de alarma, las cifras constatan importantes retrocesos. Hay 34.412 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos y la lista de espera "se reduce por el fallecimiento de las personas, no porque sean atendidas". También se han reducido en un 2,6% las personas beneficiarias con derecho y en un 2,4% las solicitudes. Al mismo tiempo, han disminuido un 2,3% las resoluciones y un 0,1% las personas beneficiarias con prestación. Solamente en nueve comunidades ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre del año pasado. Por contra, las autonomías donde más ha descendido el número de personas beneficiarias con prestación han sido La Rioja, Madrid y Cataluña.
La asociaicón felicita al Gobierno por el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado "donde se revierten los recortes del sistema", pero al mismo tiempo insiste en la urgencia de "lograr los acuerdos necesarios en el Consejo Territorial para poder implementar de manera inmediata el reparto del nivel acordado y la asignación del nivel mínimo". Para la asociación, "sería imperdonable que, dado lo dramático de las cifras, los electoralismos cortoplacistas y tacticismos de todo tipo y color que, por desgracia, caracterizan a la política española en los últimos años, se antepusieran a la solución de la auténtica emergencia humanitaria que están viviendo las personas dependientes".
Un total de 4.339 personas fallecieron en noviembre a la espera de atención para la dependencia, cifra que eleva a 51.540 el total de fallecidos en lo que va de año. Así lo señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En concreto, a lo largo del presente año han pedido la vida 31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar. "Cada nueve minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley", denuncia la plataforma.