Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo. Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del 85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei.
El debate sobre la pertinencia de que estos colegios se financien con dinero público ha vuelto a resurgir recientemente después de que la Junta de Andalucía se haya mostrado decidida a no consolidar estos conciertos. Y eso a pesar de que la legislación educativa actual –la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, en vigor desde el 30 de diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público.
El PP garantizó en su reforma el retorno de los conciertos a los colegios que los habían perdido después de que el Tribunal Supremo, en varias resoluciones, cuestionara que se sostuvieran con fondos públicos. Las resoluciones del Alto Tribunal, no obstante, estaban basadas en la ya modificada Ley Orgánica de Educación (LOE), que dejaba la decisión final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria".
La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas y añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales, bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este modelo en los últimos años.
A pesar de ello, Andalucía mantiene que "no está obligada a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo". "Respetamos a quienes opten por otros modelos como una enseñanza que diferencia entre niños y niñas, que los separa y los segrega, pero esta no puede ser sostenida con fondos públicos", dice un portavoz a preguntas de infoLibre.
La Junta ha decidido denegar la financiación pública a las unidades del nivel de acceso a las enseñanzas, que son cuarenta de un total de 113 que estaban concertadas este curso. Por tanto, el alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo. En cualquier caso, tanto las familias como los centros ya se preparan para acudir a los tribunales. Rafael Caamaño, secretario general de la patronal CECE Andalucía, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta cuarenta sentencias dándoles la razón ante denegaciones del concierto por parte de la Junta.
En conjunto, los nueve centros andaluces que segregan por sexo y acceden a la financiación pública tienen un coste para la Administración de alrededor de cinco millones de euros anuales. Siete de ellos (Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima) están vinculados a la a la prelatura del Opus Dei y otros dos, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes, a las Hermanas de la Cruz.
Madrid y Cataluña, a la cabeza
No obstante, Madrid es la comunidad que cuenta con más centros concertados que separan en clase a niños y niñas, un total de 18, que fueron financiados con 27,7 millones de euros. Todos están relacionados de forma directa con el Opus Dei salvo cinco, que pertenecen a otras entidades de carácter ultracatólico: Edith Stein (Fundación Chesterton), Juan Pablo II en Alcorcón y Parla (Fundación Educatio Servanda), Monte Tabor (movimiento apostólico de Schoenstatt), y Stella Maris (Discípulos de Jesús y María).
En Cataluña el número de centros concertados que segregan por sexo asciende a 15 y su financiación anual es de 28,6 millones de euros, según datos facilitados por el Govern a la diputada del PSC Esther Niubó. El grupo de Catalunya Sí que es Pot presentó en marzo del año pasado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el objetivo de que sólo se pudieran concertar las escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue tumbado por Junts pel Sí (incluidos los representantes de ERC) y el PP. "Es el modelo de Convergència de toda la vida y ERC parece haberlo comprado absolutamente: 28 millones para estos centros, cero para escuela infantiles públicas municipales y tres millones para guarderías privadas de iniciativa social", se queja Niubó.
La legislación establece que las comunidades autónomas pueden tomar como referencia los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados que recogen los Presupuestos Generales del Estado o aprobar módulos propios en sus cuentas anuales, si bien las cuantías nunca pueden ser inferiores a las estatales. En todo caso, la subvención total a la que accede cada centro depende del número de unidades concertadas en cada etapa educativa. La cantidad total se realiza multiplicando el número de módulos concertados de cada enseñanza por la asignación presupuestaria de cada uno de esos módulos.
La Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había en ese momento, cuenta actualmente con siete centros de este tipo (Aitana, Altozano, El Vedat, Guadalaviar, Miralvent, Torrenova y Vilavella), todos vinculados también a esa institución. Recibieron el año pasado 12,3 millones de euros, una cantidad que el actual Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) mantendrá a pesar de estar "totalmente en contra de la educación segregada" porque hay que "cumplir la ley", tal y como señala un portavoz a este periódico.
En el País Vasco hay cinco centros que segregan que reciben cada año, según datos del departamento de Educación vasco, 12,2 millones de euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados con tres millones al año. El primero de ellos, exclusivamente de Formación Profesional, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta institución.
Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros obtuvieron 1,1 millones entre los dos y el segundo, 1,7 millones. En Murcia, el colegio Nelva-Monteagudo computa administrativamente como uno, si bien cuenta realmente con dos edificios en los que separan a alumnos y alumnas. Recibió alrededor de cuatro millones de euros anuales de subvención. En Navarra hay otros dos centros educativos que segregan por sexo –Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga–, que recibieron 13,6 millones de euros anuales. Y en Cantabria uno, el Torrevelo-Peñalabra, también de Fomento, que obtuvo 1,3 millones de euros.
Obligados por la ley
Otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias, Baleares y Extremadura, también mantienen los conciertos de este tipo de centros. Portavoces de las consejerías de Educación de las tres autonomías insisten en mostrar su preferencia por un modelo educativo mixto que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, pero recuerdan que estos conciertos están amparados por la actual ley educativa.
En 2013, el Gobierno de Asturias retiró los conciertos a los dos centros de educación diferenciada de la empresa Fomento que hay en el Principado. Esa decisión fue avalada por el tribunal superior de la comunidad pero sólo tuvo efecto hasta que entró en vigor la actual norma educativa, unos meses después. Esos dos colegios, Los Robles y Peñamayor, cuentan actualmente con 29 unidades concertadas por las que recibieron 1,5 millones de euros en 2016.
En Baleares también hay dos colegios de educación segregada con doce aulas subvencionadas en total, Aixa y Llaüt. Los dos pertenecen a la fundación de carácter católico Educació i Familia Illes Balears y recibieron en 2016 alrededor de 460.000 euros. En Extremadura hay un único colegio concertado que solo admite a niñas, La Inmaculada y San Ignacio, regentado por la Congregación de las Hermanas de la Cruz. Percibió 224.000 euros el año pasado. "Se mantiene este concierto porque no se puede modificar. No hay ninguna cláusula legal que podamos poner para impedir la segregación por sexos", señala una portavoz.
El Tribunal Supremo avala los conciertos a los colegios que separan a sus alumnos por sexos
Sin fondos públicos en tres comunidades
Precisamente la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condenó al Gobierno de esa comunidad a conceder sendos conciertos educativos a dos colegios privados de Zaragoza que separan a los alumnos por su sexo y a los que el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi les había denegado la financiación pública en dos ocasiones la pasada legislatura, tal y como adelantó Público. Los colegios, Montearagón y Sansueña, pertenecen a la empresa Fomento.
Aragón era, hasta ahora, una de las tres comunidades que no destinaba dinero público a financiar colegios que segregan por sexo. En Canarias, los dos colegios de este tipo que existían se convirtieron en su día en mixtos para no perder el concierto. Y en Castilla-La Mancha, por su parte, existen centros que separan a niñas y niños, pero ninguno de ellos ha pedido ayudas públicas.
Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo. Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del 85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei.