Santiago Abascal cumplió con su amenaza y tras reunir de urgencia a la dirección de Vox decidió que su formación rompe con el PP en todos los gobiernos de los que forma parte —Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura— y a los que da apoyo desde fuera, como el de Baleares. "Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente, igual que en el resto de España", confirmó.
La comparecencia del ultraderechista de este jueves se retrasó más de una hora y media y duró apenas cinco minutos. En ella acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "impedir y torpedear" todos los acuerdos con su formación a nivel regional y concluyó que "es imposible pactar con el que no quiere hacerlo" y "pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas" tras la decisión de las autonomías del PP de aceptar la reubicación de 347 menores migrantes.
Abascal inició su discurso acompañado de la dirección de su partido y, sin aceptar preguntas de la prensa, aseguró que se trata de "una de las decisiones más importantes de su historia política". Negó cualquier "apego a los sillones" por parte de los cargos de sus formaciones, después de que algunos de sus consejeros trasladaran que no querían irse de sus respectivos gobiernos autonómicos.
La justificación del líder de Vox es que "nadie ha votado a Vox" ni "tampoco al PP" para "que continúe la inmigración ilegal". Desde el PP, anunciaron una comparecencia de Feijóo este viernes en la sede nacional de Génova 13 para analizar la decisión de su ya exsocio, pero a lo largo de la semana se mostraban tranquilos ya que consideran que pueden seguir gobernando sin ningún tipo de problema. Y ellos aunque para algunos presidentes autonómicos como el valenciano Carlos Mazón o la extremeña María Guardiola se podría complicar la legislatura ya que la izquierda suma más votos que ellos en solitario.
En los últimos días, la formación ultra había amagado con romper todos los gobiernos autonómicos que comparte con la formación conservadora si el PP aceptaba, como finalmente ocurrió este miércoles, la reubicación ya acordada de los 400 menores — 347 a la Península, 40 en Canarias y 13 en Ceuta— para este año. Sin embargo, los de Feijóo evitaron mojarse sobre la reforma pactada entre el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjería y obligar por norma desde el Estado al reparto entre las comunidades autónomas
No era la primera vez que las autonomías gobernadas por el PP y Vox se comprometían a esta reubicación. El año pasado ya acordaron que tendrían que acoger a 373 menores migrantes procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, sólo tres comunidades aceptaron los traslados. Fueron Andalucía, Aragón y Asturias. Un año antes la situación dejó mejores datos, pero tampoco un cumplimiento completo de los compromisos adoptados.
La xenofobia y los bulos contra el migrante, seña de identidad de Vox
Vox insiste una y otra vez en las mismas imágenes. Inmigrantes que vienen a por las ayudas. Extranjeros que saturan la sanidad. Venidos de fuera a los que el Estado trata mejor que los de aquí. Es un discurso insistente. Da igual si son mayores o no de edad. De hecho, para Vox los niños y adolescentes que llegan a España son también peligrosos. Un discurso que replicó Abascal este jueves: "Feijóo obligó a sus presidentes autonómicos a mentir y a aceptar el reparto, condenando a la inseguridad, al efecto llamada, las ocupaciones, la delincuencia y a un coste económico aun mayor a esas regiones", lanzó.
Los de Abascal también han sido muy críticos con el PP después de que el pasado mes de abril la formación de Feijóo avalara —empujado por la Iglesia y los empresarios que demandan trabajadores extranjeros— abrir la puerta a una regularización de migrantes. Sería, si llega a materializarse, la primera que tenga lugar en España desde 2005. La actitud del PP de Feijóo, que nunca antes se había manifestado a favor de una regularización, facilitó que el Congreso diese luz verde a la tramitación de una iniciativa legislativa popular que persigue precisamente solucionar el problema en el que viven decenas de miles de extranjeros en España.
Cerrar las fronteras y expulsar a todos los migrantes, tengan o no arraigo y empleo, es una de las principales señas de identidad de Vox desde su creación y un objetivo que la extrema derecha trasladó a sus acuerdos de gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. Un tema que se ha sido la seña de identidad de la extrema derecha desde sus inicios. La extrema derecha se ha opuesto a la regulación con el argumento de que quieren que "España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal" insistiendo en relacionar a los migrantes con la delincuencia en general y la violencia sexual en particular.
El PP achaca la ruptura a la irrupción de Alvise
Desde el Partido Popular habían desdeñado la amenaza de sus socios de gobierno hasta que Abascal volvió a repetir la amenaza el pasado lunes. Así, desde territorios como la Comunitat Valenciana o Aragón ya venían planificando el nuevo organigrama gubernamental ante la posible ruptura, que finalmente se ha producido este jueves. Sin embargo, ninguna de ellas y tampoco Extremadura, Murcia ni Castilla y León se plantean, por el momento, el adelanto electoral.
En la dirección del PP, admitían su sorpresa ante la reacción de Vox por la reubicación de trescientos cincuenta menores en toda la Península y, en privado, lo achacaban a la irrupción el pasado junio de la candidatura de Luis Alvise Pérez, que, según la encuesta postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pierde hoy un 18% de sus votantes de generales en favor de Se Acabó La Fiesta (SALF), lo que se traduce en más de medio millón de votos. También consideran que necesitan endurecer su discurso para no verse invisibilizados y que la alianza con el presidente húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen en Bruselas va en esa dirección.
Lo cierto es que Vox recientemente ha cambiado de estrategia con el agitador y ha pasado al choque frontal con el que, no hace tanto, estuvo en la órbita de su líder. Es más, Alvise presumió recientemente en su canal de Telegram de que Abascal dijo que él era "el mejor analista" que había conocido. La formación de extrema derecha, que en el pasado se sirvió de su contenido en redes —supuestas "informaciones en exclusiva" que en la mayoría de los casos eran acusaciones sin pruebas o directamente bulos— para atacar a sus rivales políticos. Sin embargo, ahora están viendo como ellos son el objetivo.
Durante la campaña electoral de las europeas, la dirección de Vox evitó mencionar a Alvise, conscientes del daño que podría hacer como finalmente ocurrió. Los puentes con Vox se rompieron en pandemia, cuando Alvise buscó devaluar el apoyo del diputado Juan Luis Steegman a la campaña de vacunación acusándole de haber cobrado "sumas millonarias de las farmacéuticas". En Vox reconocen que es "incontrolable" y voces del partido señalan que no le van a dejar pasar "ni una" y que, si tienen que responderle públicamente ante sus bulos y amenazas, lo harán.
Santiago Abascal cumplió con su amenaza y tras reunir de urgencia a la dirección de Vox decidió que su formación rompe con el PP en todos los gobiernos de los que forma parte —Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura— y a los que da apoyo desde fuera, como el de Baleares. "Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente, igual que en el resto de España", confirmó.