La Abogacía del Estado, órgano de la Administración General adscrito al Ministerio de Justicia, intentó bajo el Gobierno del PP pero también bajo el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez y el formado luego en coalición con Unidas Podemos que la ONU tirase a la papelera la queja planteada por Baltasar Garzón una vez que el Supremo ya lo había expulsado de la carrera judicial por su instrucción del caso Gürtel. En respuesta a las preguntas formuladas por infoLibre, el servicio jurídico confirmó este viernes que "como representante del Reino de España actuó en defensa de las resoluciones judiciales dictadas en los casos Santander [archivado en la fase de instrucción], Gürtel y Franquismo [que culminó con una absolución dos años después de que el entonces magistrado fuese suspendido en sus funciones porque la causa iba a ser juzgada]". Ahora, el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977 ha declarado "arbitraria" la sentencia que en 2012 inhabilitó a Garzón por 11 años.
En marzo de 2017, con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia, la Abogacía planteó sus primeras "observaciones de inadmisibilidad" ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En julio de 2018, con Dolores Delgado al frente del Ministerio, el servicio jurídico elevó otras observaciones "adicionales". Y en julio de 2020 y enero de 2021, en la etapa de Juan Carlos Campo, formuló "observaciones de fondo". La posición no cambió. En el último año, distintos medios han difundido que Dolores Delgado, fiscal general desde febrero de 2020, y Baltasar Garzón, director de un bufete de abogados, son pareja.
En sus respuestas a este medio, la Abogacía del Estado no ofreció detalles sobre el contenido de sus "observaciones" contra la "comunicación" –en la práctica, el equivalente a un recurso– de Garzón ante la ONU. Pero sí precisó que tomó como pieza esencial el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hubiese inadmitido su demanda contra la sentencia del Supremo por su actuación en Gürtel y por las otras acciones que el alto tribunal había realizado contra él por su investigación de los crímenes del franquismo y por impartir en Nueva York cursos pagados por el Banco Santander. Garzón acudió a la ONU con el argumento de que se le había sometido a "acoso judicial". Finalmente, la ONU ha considerado que se vulneraron sus derechos.
"En todas sus observaciones –sostiene la respuesta de la Abogacía facilitada por el Ministerio de Justicia a infoLibre– el Reino de España puso de manifiesto que al haberse sometido a otro procedimiento de resolución de controversias internacional (en este caso el TEDH), no cabía el sometimiento al Comité de DDHH [Derechos Humanos]".
En espera de que el Gobierno desvele si adoptará medidas para cumplir el dictamen del comité de la ONU, la Abogacía ya ha marcado territorio. El protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se lee en su respuesta a este periódico, "permite al comité de derechos humanos conocer de comunicaciones individuales basadas en derechos del Pacto y formular recomendaciones al Estado parte". Pero, remata el párrafo, "sus dictámenes no son vinculantes".
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España ya en 1977, es el que regula la existencia del Comité de Derechos Humanos, su composición y sus funciones. Y el artículo 10.2 de la Constitución española señala literalmente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas se interpretarán "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".
infoLibre no ha podido averiguar aún si el Gobierno comparte la estrategia mantenida por la Abogacía del Estado en este caso o si, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, la decisión de Garzón de acudir a la ONU abrió una brecha. El Ejecutivo, aseguran fuentes del equipo de la actual ministra, Pilar Llop, se encuentra "estudiando el asunto". En noviembre de 2018, estalló la mayor crisis conocida entre la Abogacía del Estado y el que oficial y legalmente es su cliente: el Gobierno. La entonces titular de Justicia y hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cesó a Edmundo Bal como responsable del Departamento de Penal los servicios jurídicos por falta de confianza. Muy crítico con la estrategia del Gobierno ante el procés, Bal se sumó de inmediato a las filas de Ciudadanos, donde desde mayo ostenta el cargo de número 2 del partido.
Pero lejos de darle la razón a la Abogacía del Estado, el comité de Naciones Unidas ha condenado a España. Integrado por 16 expertos elegidos a propuesta de cada Estado –el español es a día de hoy el presidente del TSJ balear, Carlos Gómez, el único que, cumpliendo así el reglamento interno, no intervino en la deliberación sobre el caso Garzón–, el comité emitió el 13 de julio un dictamen que asesta un verdadero mazazo al Tribunal Supremo. El dictamen no solo califica de "arbitraria e imprevisible" la condena a Garzón sino que pone en duda la imparcialidad de los jueces del Tribunal Supremo que le declararon culpable de prevaricación por haber interceptado las conversaciones de los principales imputados en Gürtel con sus abogados.
El veredicto del comité también critica que no existiera la opción de recurrir la condena ante otra instancia judicial y exige a España que aborde una "reparación efectiva" del daño infligido al exmagistrado. El organismo de Naciones Unidas entiende que aun en el caso de que como instructor de Gürtel hubiese interpretado de forma errónea la jurisprudencia existente respecto a la intervención de las conversaciones de imputados, su forma de actuar "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal".
Un dictamen que "no puede ser papel mojado"
En un clima dominado a medias por las vacaciones estivales y el terror que devora Afganistán, la irrupción del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la recta final de agosto ha pasado oficialmente inadvertida para las principales asociaciones de jueces. Este viernes, infoLibre contactó con los portavoces de la mayoritaria y conservadora APM, la más moderada Francisco de Vitoria y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Tanto la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, como el de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, recalcaron que no conocen todavía el dictamen y que solo tienen información por lo publicado en la prensa. Del Barco y su homóloga de JJpD, Ascensión Martín, coincidieron en que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no posee carácter vinculante que obligue al Tribunal Supremo a rectificar su sentencia contra Garzón.
Martín lo expresó en estos términos: "El dictamen jurídicamente es impecable. Lo que más ha valorado es que no existiese la segunda instancia penal pero no es vinculante. El comité no es un tribunal jurisdiccional como podría ser el del Estrasburgo [el TEDH] o el de Luxemburgo [el de Justicia de la UE]". En su opinión, el dictamen sobre Garzón constituye un “resarcimiento personal” y "un espaldarazo a que en lo sucesivo se establezca el criterio de la doble instancia" que abra la opción del recurso judicial para quienes, al gozar de aforamiento, solo pueden ser sentenciados por el Tribunal Supremo.
La portavoz de la APM sostiene que "desde luego", el comité de la ONU "no es un tribunal de justicia" y que "no se integra por juristas". "Ya ha habido antecedentes en los que ante un dictamen de este comité se ha instado la revisión de una sentencia, que se ha denegado porque no es una resolución del TEDH", relató Del Barco para subrayar que ninguna decisión de Naciones Unidas puede alterar a posteriori las resoluciones del Supremo. Eso es, exactamente, lo que mantiene el alto tribunal.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que Garzón fue inhabilitado de forma arbitraria y exige una reparación al juez
Fue Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la segunda asociación por número de miembros, la Francisco de Vitoria, quien defendió con mayor contundencia el papel del comité de la ONU y de su dictamen sobre lo sucedido con Baltasar Garzón. "El dictamen –considera el portavoz de la Francisco de Vitoria– no es vinculante para el tribunal pero sí para el Estado. No puede ser igual que un papel mojado". "Es verdad –agrega– que no es una sentencia, pero España se ha adherido volutariamente a este sistema [el derivado de la firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos] y en la medida de lo posible hay que cumplir los dictámenes".
Fernández cree que el reingreso de Garzón en la carrera judicial "puede ser una forma de reparación". La portavoz de la APM no se pronuncia sobre ese punto. Y la de JJpD entiende que si solicita su vuelta a la carrera judicial "lo más normal es que el CGPJ conceda el reingreso". Pero eso, matiza, "no significa que vuelva a la Audiencia Nacional". "Se le ofertan las plazas vacantes, y ha habido algunos casos en que se ha denegado el reingreso", remata Martín.
La Abogacía del Estado, órgano de la Administración General adscrito al Ministerio de Justicia, intentó bajo el Gobierno del PP pero también bajo el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez y el formado luego en coalición con Unidas Podemos que la ONU tirase a la papelera la queja planteada por Baltasar Garzón una vez que el Supremo ya lo había expulsado de la carrera judicial por su instrucción del caso Gürtel. En respuesta a las preguntas formuladas por infoLibre, el servicio jurídico confirmó este viernes que "como representante del Reino de España actuó en defensa de las resoluciones judiciales dictadas en los casos Santander [archivado en la fase de instrucción], Gürtel y Franquismo [que culminó con una absolución dos años después de que el entonces magistrado fuese suspendido en sus funciones porque la causa iba a ser juzgada]". Ahora, el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977 ha declarado "arbitraria" la sentencia que en 2012 inhabilitó a Garzón por 11 años.
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