La Abogacía del Estado pide a Llarena que suspenda las euroordenes contra Puigdemont y Comín

La Abogacía del Estado ha solicitado al juez instructor de la causa del procésindependentista en Cataluña, Pablo Llarena, que suspenda las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín y solicite "a la mayor brevedad" el suplicatorio al Parlamento Europeo para que levante sus inmunidades.

En el informe de 14 páginas remitido este viernes al magistrado y firmado por Rosa María Seoane, subraya que la justicia belga dejó en suspenso este mismo jueves la tramitación de las reclamaciones hasta que la cámara europea se pronuncie. Eso sí, añade que se trata de una "información no contrastada a la hora de redactar estas alegaciones" y que "se ignoran los concretos motivos de tal decisión".

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, llega después de que el juez Llarena solicitara a las partes que se manifestaran sobre si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre, que afirmó que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue proclamado europarlamentario, tiene "la misma incidencia" en la situación de Puigdemont y Comín, ambos también electos en el Parlamento Europeo y huidos de la justicia española.

En el caso de Junqueras –condenado por el procés independentista a 13 años de prisión e inhabilitación–, la Abogacía del Estado solicitó su excarcelación para que pueda ejercer como eurodiputado, mientras se solicita al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad que le confiere esa condición. Una medida que, en su opinión, el Tribunal Supremo debe realizar "a la mayor brevedad".

La Abogacía del Estado comienza su informe afirmando que la doctrina derivada de la sentencia del TJUE sobre Junqueras "tiene efectividad para Carles Puigdemont y Antoni Comín", puesto que sus resoluciones "son de obligado cumplimiento para todos aquellos que se encuentran en situaciones similares".

En este sentido, explica que para el mantenimiento de la tramitación de las euroordenes ante la justicia belga, "resulta indispensable una decisión del Parlamento Europeo a fin de permitir la continuación del procedimiento de ejecución". Por ello, solicita que reclame la suspensión de la inmunidad cuanto antes.

Ninguna medida cautelar contra Puigdemont y Comín

Asimismo, Rosa María Seoane destaca en su informe que no consta la imposición de ninguna medida cautelar contra Puigdemont y Comín que les prive de su libertad de movimiento, sino que únicamente deben encontrarse a disposición de los tribunales belgas.

La postura de la Abogacía es en parte contraria a la Fiscalía, que pidió al juez instructor de la causa del procés que mantenga las órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía del expresidente catalán y el exconsejero. El Ministerio Público también exigió al magistrado que pidiera la retirada de la inmunidad.

Por otro lado, el informe hace hincapié en que las inmunidades recogidas en el artículo 9 del Protocolo número 7 tienen efecto en el ámbito del Parlamento Europeo y recuerda que contra los líderes independentistas se sigue un procedimiento penal. Así, subraya el principio de cooperación leal, que, según recuerda, tiene un carácter "recíproco" entre la institución europea y el órgano jurisdiccional nacional, en este caso el Tribunal Supremo.

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"De esta manera, el principio de cooperación leal no solo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión, sino que impone también un deber recíproco de cooperación leal del Parlamento Europeo con el órgano jurisdiccional nacional que debe realizar la aplicación del derecho europeo", dice el escrito.

Con todo ello, la Abogacía del Estado afirma que procedería a suspender las euroordenes hasta que se conozca la decisión del Parlamento Europeo. Pero también trasladar a esta cámara la traducción al francés y al inglés de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por el procés independentista, causa en la que Puigdemont y Comín se encuentran procesados y por los que son reclamados a Bélgica para que permita "una mejor comprensión de la inexistencia de cualquier tipo de fumus persecutionis o motivación política en el enjuiciamiento de estos hechos".