La abogada de Podemos que denuncia irregularidades se ratifica ante el juez pero no aporta documentación

La abogada Mónica Carmona, quien fuera jefa de Cumplimiento Normativo de Podemos hasta su cese en diciembre de 2019, ha ratificado ante el juez sus sospechas sobre "irregularidades" contables en el partido morado, las mismas que denunció su compañero, el letrado José Manuel Calvente, pero no ha aportado ninguna documentación que acredite la investigación interna que había estado realizando o indicios que podrían acreditar esas supuestas anomalías.

Carmona ha comparecido por videoconferencia desde Barcelona durante cuatro horas en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la denuncia que presentó Calvente por posible delito electoral, financiación irregular, falsedad, apropiación indebida y malversación. Tanto Podemos, como persona jurídica, como altos cargos de la formación están imputados desde el verano pasado y pasarán por el juzgado a declarar a lo largo del mes de noviembre.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, Carmona ha dicho que inició una investigación "sigilosa" sobre las sospechas que empezó a tener meses antes de ser cesada y que le habían llegado de trabajadores de Podemos, pero que apreció que desde el partido se intentó obstaculizar cualquier indagación en este sentido. Estas sospechas, ha dicho, se centraban en la contratación de empresas como Neurona o ADB Europa LDA para trabajos durante la campaña electoral de abril de 2019, así como en la adjudicación para las obras de reforma de la sede del partido.

Carmona no ha querido revelar los nombres de esos trabajadores del partido que supuestamente le avisaron, lo que ha generado la protesta de los abogados defensores alegando que esta ocultación les impide verificar esos testimonios. Eso sí, en lo que respecta a Neurona, según otras fuentes consultadas, ha dicho que no encontró indicios de financiación irregular, sino de posible delito electoral, un ilícito que tanto el instructor como el fiscal acordaron seguir investigando pero que no es imputable a Podemos como persona jurídica, sino como que sólo puede ser cometido por personas físicas, esto es, por los administradores generales y de las candidaturas, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales.

La abogada ha revelado al juez Escalonilla que el día en que el Consejo Ciudadano de Podemos votó su cese, le envió un mensaje al líder del partido y ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, advirtiéndole de que su despido era una represalia por la investigación interna que había empezado. Fuentes jurídicas han indicado que en esa comunicación no aportó ningún dato concreto sobre las irregularidades que podría haber detectado.

Dos líneas de investigación archivadas

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La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 el verano pasado y hasta el momento el magistrado ha acordado el archivo de dos de las líneas de investigación. Por un lado, sobre la concerniente a la contratación de ADB Europa, concluyó la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que los servicios encargados a esta empresa fueran “simulados”, ya que constató que el Tribunal de Cuentas había fiscalizado los gastos; sin embargo, mantiene abiertas sus indagaciones con respecto a Neurona. En segundo lugar, también sobreseyó las indagaciones sobre la caja de solidaridad, una especie de fondo que Podemos destina a fines sociales, y las transferencias realizadas a la asociación #404 Comunicación Popular, ya que para el juez no existe “ningún indicio” de que la entidad “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”.

Vox, que está personado en esta causa como acusación popular, ya ha adelantado que va a recurrir el archivo sobre la caja de solidaridad. Su letrada, Marta Castro, ha dicho además tras la declaración de Carmona que va a solicitar que se aporten al sumario los chats de Telegram del equipo de Cumplimiento Normativo para comprobar si la abogada transmitió algo de sus sospechas sobre las supuestas irregularidades y si miembros de la dirección de Podemos sabían de la investigación interna.

Para Podemos, la comparecencia de Carmona ha sido un "calco" de la que prestó Calvente en verano y, en su opinión, ambas se sustentan en "rumores sin pruebas", pues ha sido "incapaz de aportar documentos o testimonios que sustenten sus afirmaciones". Además, desde el partido cuestionan el testimonio de los dos abogados, de la primera por su "amistad" con el segundo, y de éste porque es "una persona cuya animadversión contra Podemos ha señalado incluso la Fiscalía".