El abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias que percibieron cuatro antiguos directivos de la cúpula de Novacaixagalicia, Ricardo Pradas Montilla, defendió este lunes que estas retribuciones eran legales y que él siempre actuó con "pulcritud jurídica" para defender los intereses de la entidad a la que representaba. "Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", dijo.
Así se pronunció en la primera sesión del juicio que la Audiencia Nacional celebra desde este lunes contra cuatro altos cargos que se adjudicaron indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros y contra el expresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y él mismo por cooperar para que los ejecutivos cobraran esa cantidad en plena crisis de las cajas.
La Fiscalía Anticorrupción y Novacaixagalicia, como acusación particular, piden que sean condenados a tres años de cárcel por delitos de apropiación indebida y administración desleal por modificar los contratos de alta dirección para percibir esas prestaciones y a una pena de inhabilitación de tres años para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector bancario. La acusación popular, ejercida por Adicae, solicita sendas penas de cuatro años de prisión.
La vista comenzó con la declaración del abogado Ricardo Pradas, que insistió en que los contratos no incluían mejoras salariales, sino que se trataba de "adaptar" las condiciones de los cargos procedentes de Caixanova y Caixagalicia al plan de fusión suscrito en mayo de 2010, medio año antes de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara con 1.162 millones de euros al nuevo banco.
En un interrogatorio, que se prolongó durante más de tres horas, el acusado explicó que su labor consistía en prestar "asesoramiento global" a la entidad y examinar los borradores de los contratos, cuyo redactado final, según dijo, ha visto por "primera vez" en la sesión del juicio. "Siempre actué en representación de la entidad, nunca en representación de ninguno de los directivos. ¡Hombre, por favor!", respondió a la fiscal Pilar Melero.
Dicho esto, aseveró que los directivos de la caja fusionada "podían prejubilarse aun no cumpliendo con el requisito de edad" y recibir el dinero de una tacada o fraccionado en varios pagos, como hizo Ángel López-Corona, con una categoría similar a la de los acusados y quien, a diferencia de ellos, optó por no recibir su indemnización de 2,2 millones de una sola vez. "Yo no soy el dueño de los dineros, no decido quien recibe o quien deja de cobrar", precisó.
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El abogado explicó que los altos directivos estaban "inquietos" sobre su futuro en la nueva entidad y que informó a la Comisión de Retribuciones de que tenían derecho a extinguir su relación laboral en agosto de 2011 y optar, en ese caso, por una prejubilación. "No entro en el elemento cuantitativo porque Ricardo Pradas Montillas no ha tenido conocimiento de las cuantías de los salarios ni tampoco de las liquidaciones por prejubilación", dijo hablando en tercera persona sobre sí mismo.
"Sigo manteniendo que no es una cláusula de blindaje, sino una liquidación de prejubilación y si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", prosiguió Pradas, que defendió haber actuado con "pulcritud jurídica" y que ir "más allá es buscar tres patas al gato". La Fiscalía le culpa de asesorar a los acusados en la mejora de sus contratos y omitir esta información a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración.
El juicio se reanudará este martes con el turno de las preguntas de la defensa a Pradas y proseguirá con los interrogatorios del resto de acusados. La Fiscalía propone que continúe con la declaración del exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes –el único procedente de Caixagalicia y que anunció que renunciaría a la "mayor parte" de la indemnización–; el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso; el que fuera director general de Novacaixagalicia José Luis Pego; el exresponsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y el antiguo gestor de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.
El abogado que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias que percibieron cuatro antiguos directivos de la cúpula de Novacaixagalicia, Ricardo Pradas Montilla, defendió este lunes que estas retribuciones eran legales y que él siempre actuó con "pulcritud jurídica" para defender los intereses de la entidad a la que representaba. "Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", dijo.