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"¿Cómo le vamos a quitar el complemento a la escasa pensión de la abuela María?". Ese es el símil que utilizan desde el área socialista del Gobierno para justificar su rechazo a la ley de vivienda que defiende su socio de Gobierno, Unidas Podemos, con la limitación a la baja de los precios de los alquileres. Con ese ejemplo tratan de ilustrar cómo afectaría esa regulación a los pequeños propietarios para los que la vivienda supone un ingreso extra en su nómina mensual.
Pues bien, las abuelas Marías pueden estar tranquilas. El piso que alquilan y les supone un complemento para su pensión no es el objetivo de los morados. Eso fue lo que le transmitió la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en la reunión celebrada entre ambos a primera hora de este lunes.
Según las fuentes consultadas por infoLibre, Belarra propuso que en la ley de vivienda, el principal escollo para aprobar los Presupuestos del Estado de 2022, la regulación del alquiler a la baja solo afecte a los grandes tenedores de viviendas (aquellos que tienen más de 10 inmuebles) dejando la regulación de los pequeños propietarios para más adelante. Una propuesta que fue rechazada por Bolaños en ese encuentro, ya que la posición de los socialistas es que no haya ningún tipo de regulación a la baja.
¿Y cuántos grandes tenedores hay en España? Según los datos de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, a los que ha tenido acceso este medio, con 10 o más inmuebles urbanos hay 276.667 propietarios. Un dato que excluye a Navarra, comunidad que cuenta con su propia gerencia catastral. El País Vasco también tiene su propia Hacienda foral, pero sí ha aportado datos.
La suma de todos se sitúa en una horquilla que va de 276.000 a 300.000 personas, según las fuentes consultadas. Es difícil conocer el número exacto pero esa es la estimación que maneja el Gobierno sumando los datos de los gobiernos forales. En total, menos del 1% de la población mayor de edad, algo más de 41 millones de españoles.
Pero con cinco o más inmuebles, el número de propietarios se dispara por encima de los 2,1 millones. A esta cifra hay que sumarle los 8.081 propietarios con cinco o más inmuebles que hay en País Vasco, de acuerdo con los datos aportados por la Consejería de Vivienda de Euskadi. Fuentes moradas aseguran a este diario que el número final (para considerar o no pequeño propietario) se tendría que debatir entre los socios más adelante.
Once meses de retraso
Esta ley de vivienda lleva un retraso de once meses, según los objetivos que se marcaron PSOE y Unidas Podemos, en octubre de 2020. "La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses", rezaba el documento firmado en el acuerdo de los anteriores Presupuestos.
Por ese motivo, desde el lado morado del Ejecutivo, aseguran que ahora solo aceptarán que el texto del borrador de la ley vaya al Consejo de Ministros. En otras palabras, no darán su visto bueno a las nuevas cuentas públicas hasta que se cierre un acuerdo en vivienda. "Los jóvenes españoles no necesitan paternalismos sino poder emanciparse para acceder a una vivienda. Hoy esto es un imposible y, por tanto, lamento decirles que no hay acuerdo. Estoy segura de que avanzaremos estos días y desde luego por nosotros no va a ser. Cuando el PSOE quiera estamos dispuestas", ha lamentado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, líder del grupo confederal en el Ejecutivo. "Estoy segura de que avanzaremos estos días y desde luego por nosotros no va a ser. Cuando el PSOE quiera, estamos dispuestas", ha enfatizado.
Su propuesta pasa por dotar de herramientas legales a ayuntamientos y comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, para intervenir en el mercado del alquiler y fijar precios máximos en las zonas especialmente tensionadas por las subidas abusivas de las viviendas. En ese sentido los morados estarían dispuestos a ceder con los pequeños propietarios (la norma catalana no realiza esa distinción) y recuerdan que la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se acogió en mayo a dicha ley para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y poder, así, limitar las rentas durante cinco años.
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Protegerse frente a posibles recursos
El equipo de Bolaños ha mantenido un cauteloso silencio este lunes. Su propuesta contempla la posibilidad de congelar precios en las zonas consideradas tensionadas, de forma reversible, mientras que desde Unidas Podemos exigen que también se faciliten eventuales bajadas de precios, como recoge el acuerdo firmado entre los socios para pactar el proyecto de Presupuestos, marcadas por un índice de precios.
Un mecanismo que se ha aprobado en algunas ciudades europeas, como París o Berlín, pero que no convence a la parte socialista del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicaban recientemente a este medio que ellos quieren el modelo de la ley aprobada recientemente por Países Bajos, donde las rentas no podrán subir más de un 1% (además de la inflación) durante los tres próximos años. La propuesta del ministerio establece una limitación del 10% en comparación con el contrato anterior. En ese sentido aseguraron que la nueva ley debe ser "estable, sólida y segura" para evitar que los recursos que previsiblemente presentará la oposición prosperen. "Tenemos que garantizar unos derechos blindados para que no se puedan recurrir".
"¿Cómo le vamos a quitar el complemento a la escasa pensión de la abuela María?". Ese es el símil que utilizan desde el área socialista del Gobierno para justificar su rechazo a la ley de vivienda que defiende su socio de Gobierno, Unidas Podemos, con la limitación a la baja de los precios de los alquileres. Con ese ejemplo tratan de ilustrar cómo afectaría esa regulación a los pequeños propietarios para los que la vivienda supone un ingreso extra en su nómina mensual.