Distintas resoluciones del pleno del Parlamento Europeo, así como informes de la Comisión de Control Presupuestario de la Cámara, constatan que los eurodiputados adscritos al fondo de pensiones que aún gestiona una sicav de Luxemburgo no solo veían cómo el erario público aportaba dos euros por cada uno que salía de su bolsillo –95 millones públicos en diez años– sino que ese euro supuestamente privado era también desembolsado por el erario público como adelanto por “dietas” para gastos generales.
El contenido de las resoluciones e informes corrobora lo que varios eurodiputados le contaron este lunes a infoLibre, en línea con lo ya adelantado la semana pasada por el exparlamentario Ignasi Guardans. Al confirmar la versión de las dietas, los papeles dejan en evidencia nada menos que a uno de los tres expresidentes españoles de la Eurocámara, el socialista Enrique Barón. Junto con los otros dos expresidentes españoles del Europarlamento, el también socialista Josep Borrell y José María Gil Robles (PP), Barón lanzó ayer un comunicado en el que defiende la sicav.
Barón, que presidía el Parlamento Europeo cuando la Mesa de la Cámara aprobó crear –y financiar generosamente– este fondo de pensiones voluntario y propiedad de una "asociación sin ánimo de lucro" dueña de una sicav, se hizo una pregunta a renglón seguido: "¿Usted se cree que los miembros de de la Mesa del PE, los responsables de los grupos políticos y los jueces del Tribunal de Cuentas son unos chapuceros? Se dicen unas cosas inauditas... Lo que pasa que todo sale gratis".
El exdirigente socialista, que concedió una entrevista al programa Hoy por hoy que dirige Pepa Bueno en la Cadena Ser, no hizo ni una sola mención al hecho de que de cada 100 euros ingresados en ese fondo 68,5 eran públicos. Y esquivó profundizar sobre el hecho de que quienes lo suscribieron –entre ellos hay 100 españoles– ya tenían garantizada una pensión de jubilación en sus países de origen.
Uno de los documentos que ata con nudo marinero el fondo de pensiones de la sicav de Luxemburgo y las dietas que los eurodiputados cobraban hasta que en 2009 Estrasburgo asumió el pago de sus salarios y su cobertura de jubilación, desgrana los acuerdos de la sesión plenaria del 22 de abril de 2008.
Que demuestren que lo reembolsaron
En esa jornada, la Cámara aprobó la gestión de 2006. Sobre el fondo de pensiones privado y voluntario de los eurodiputados, la resolución dice lo siguiente: “Constata [el Parlamento] que la cotización mensual al Fondo por diputado ascendía a 3 354,21 euros repartidos de la siguiente forma: un tercio, es decir 1.118,07 euros, pagado por el diputado y actualmente deducido de su dieta para gastos, y dos tercios, es decir 2.236,14 euros, pagados por el Parlamento”.
En teoría, el diputado debía reembolsar ese dinero. Pero el año antes, justamente el 24 de abril de 2007 y en la sesión donde quedó aprobada la gestión de 2005, el pleno había emitido una resolución que dice así: “Pide a los miembros del Fondo de pensiones voluntario que demuestren, antes de finales del mes de noviembre de 2007, que se han reembolsado a partir de una fuente privada de ingresos las cotizaciones deducidas de la dieta de gastos generales. En otro caso, los miembros del fondo se expondrán a que se les acuse de intentar asegurarse una renta complementaria disimulada”.
Parece que el aviso de la Cámara surtió efecto. El pleno que el 23 de abril de 2009 refrendó la gestión presupuestaria de 2007 dio vía libre a un punto donde la Cámara mostraba su alegría: “[El Parlamento] Se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales”.
Vinculación con el Pacto de Toledo
O sea, que a partir de 2007 y hasta que el fondo de pensiones dejó de recibir dinero público en 2009, el origen del dinero privado ya era realmente privado. De lo ocurrido antes de 2005 se sabe poco: el Parlamento no considera oportuno informar a este diario sobre asuntos que, como este, fracturan el cliché de transparencia que siempre ha acompañado a la Cámara de Estrasburgo.
Tras negarse a hablar con este diario la semana pasada y expresar ayer martes una especie de júbilo oficial porque “por fin” podía defender su posición, Barón aseguró en la Ser que señalar esas dietas –que en teoría cubrían gastos de papelería y teléfono, entre otros– como origen del tercio aportado por cada eurodiputado del fondo es “una de las barbaridades que se han dicho”. Tras la entrevista, infoLibre intentó de nuevo sin éxito hablar con Barón. Luego, envió por una pregunta a su secretaria con el ruego de que se la hiciera llegar: si el dinero no salía de las dietas, ¿podría explicar cuál era su origen? No hubo respuesta.
Muy satisfecho del fondo –materializado a través de una asociación “sin ánimo de lucro” que a su vez posee todas las acciones de una sicav homónima–, Barón vinculó su creación nada menos que con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Pero el fondo fue aprobado por el Parlamento bajo el mandato presidencial de Barón el 12 de junio de 1990 con efectos de 1989. Y el Pacto de Toledo no vio la luz hasta marzo de 1995. “El Pacto de Toledo –argumentó Barón- recomienda que además de la cobertura para todos los ciudadanos aquellos que quieran mejorar su situación tengan un fondo de pensiones […]. Es una forma de ahorro. No es una inmoralidad”.
Las diferencias con el fondo de las Cortes Generales
El antiguo eurodiputado también trazó una analogía entre el fondo privado de pensiones que Congreso y Senado mantuvieron (y que gestiona el BBVA) y el que “tienen los funcionarios españoles”. A ese fondo privado de pensiones destinado a diputados y senadores liquidado en 2012, las Cortes Generales aportaban el 10% de la llamada asignación constitucional, mientras que el Parlamento Europeo copó el 68,5% de los ingresos totales del fondo, al menos entre 2000 y 2009.
En enero, la prensa económica informó con detalle de cómo la aportación de dinero públicos al fondo privado de los funcionarios permanecía congelada. En el mejor de los casos, y aunque se produjese un deshielo, esa aportación solo habría llegado a un 0,7% de la masa salarial y siempre que la masa quedase rebajada en ese mismo porcentaje.
Porque lo contrario –explicó el diario Expansión– implicaría una subida encubierta de retribuciones. Dado que no pudo hablar con él, este diario ignora si Enrique Barón conoce la abismal diferencia porcentual que media entre los fondos de pensiones de funcionarios y el de los eurodiputados.
Tras una semana que registró la dimisión del portavoz de IU en la Eurocámara, Willy Meyer, varios anuncios de bajas en el fondo por parte de socialistas –de Elena Valenciano a Soraya RodríguezSoraya Rodríguez–, un contradictorio discurso de la líder de UPyD, Rosa Díez, antes detractora de las sicavs y ahora partidaria de su normalización, y una silenciosa satisfacción en el PP –sabe que esta no es su guerra–, el Parlamento Europeo permanece varado en la opacidad.
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Estrasburgo se niega a dar la lista
Pese a que Barón insistió ayer en que el fondo es “del Parlamento y no privado”, Estrasburgo lleva diez días negando a este diario la lista oficial de componentes del fondo bajo el argumento de que se trata de una iniciativa privada que la Cámara “aceptó apoyar” con dinero.
Tampoco es pública la información sobre el coste total que para el Parlamento Europeo ha implicado financiar desde 1990 y en dos tercios el fondo y, por ende, su sicav, un 70% de cuyos activos llegaron a estar invertidos en acciones. Los únicos datos sin sombra de duda sobre su fiabilidad y que infoLibre ha logrado obtener son aquellos que se encuentran disponibles en el Registro Mercantil de Luxemburgo.
Distintas resoluciones del pleno del Parlamento Europeo, así como informes de la Comisión de Control Presupuestario de la Cámara, constatan que los eurodiputados adscritos al fondo de pensiones que aún gestiona una sicav de Luxemburgo no solo veían cómo el erario público aportaba dos euros por cada uno que salía de su bolsillo –95 millones públicos en diez años– sino que ese euro supuestamente privado era también desembolsado por el erario público como adelanto por “dietas” para gastos generales.