La justicia europea se escuda en la protección de la privacidad para avalar que la Eurocámara no revele las dietas de sus eurodiputados

La justicia europea avala la opacidad en relación con las dietas de los eurodiputados. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dio este martes un espaldarazo a la Eurocámara al rechazar un recurso interpuesto por periodistas de varios países del Viejo Continente a los que la Parlamento Europeo vetó el acceso a toda la documentación relativa a las dietas diarias, a las dietas para gastos de viaje y a las dietas de asistencia parlamentaria de los eurodiputados. En la sentencia, hecha pública este martes, el TGUE se escuda en la obligación que tienen las instituciones comunitarias de proteger la privacidad y la integridad de los individuos, incluidos los miembros del Parlamento, para avalar la postura mantenida por la Eurocámara. El fallo ha sido duramente criticado tanto por colectivos en defensa de la transparencia como por varios grupos parlamentarios contrarios a dicha opacidad.

El proceso se remonta al año 2015, cuando un grupo de periodistas europeos solicitaron hasta en dos ocasiones información detallada sobre las dietas recibidas por los eurodiputados desde el año 2011. Ante la negativa del Parlamento Europeo de permitirles el acceso a dichos documentos, terminaron por llevar el caso hasta la justicia europea. Tres años después, el Tribunal General de la UE ha emitido su veredicto: “debe desestimarse el recurso en su totalidad”. A lo largo de la sentencia, los magistrados del TGUE consideran que la divulgación de esta información iría contra la normativa europea de protección de datos y rechazan, aludiendo a la enorme dimensión de la documentación solicitada, la posibilidad de que la Eurocámara hubiese facilitado toda esta información ocultando los datos personales.

“Las instituciones deben denegar el acceso a un documento en el caso de que su divulgación menoscabe la protección de la intimidad y la integridad de una persona”, sostiene el tribunal, al tiempo que recuerda que por “datos personales” se entiende “toda información sobre una persona física identificada o identificable”. Y esto, profundiza el fallo, protege también a los propios eurodiputados: “El hecho de que los datos relativos a las personas en cuestión estén estrechamente vinculados a los datos públicos de esas personas, entre otros motivos porque figuran en el sitio web del Parlamento y porque son nombres de eurodiputados, no significa en absoluto que esos datos ya no puedan calificarse como datos personales”, prosigue el Tribunal General de la Unión Europea.

Publicación sujeta a dos requisitos

No obstante, los magistrados no cierran la puerta totalmente a la publicación de documentos que contengan información de carácter personal. De hecho, los magistrados explican que el Parlamento Europeo puede permitir el acceso a ese tipo de documentación siempre que los solicitantes demuestren que “la transferencia [de esos datos] es necesaria” y que “no hay motivos para creer” que la publicación de dicha documentación “podría perjudicar los intereses legítimos del interesado”. En este sentido, la sentencia del TGUE recuerda que, de cumplirse el primer requisito, sería la propia Eurocámara la que entraría a valorar si la petición también respeta el segundo punto.

Llegados a este punto, el fallo rechaza que las peticiones realizadas por los periodistas cumpliesen ambas premisas. En concreto, los recurrentes alegaron que con sus solicitudes de información se buscaba comprobar que los eurodiputados estaban haciendo un uso correcto de esas dietas recibidas y garantizar el derecho público a la información y la transparencia. Sin embargo, el tribunal considera que con la redacción “excesivamente amplia y general” de esos objetivos no se puede “establecer la necesidad de la transferencia de los datos personales en cuestión”. Por tanto, sentencian los magistrados europeos, “los demandantes no han demostrado” que sus peticiones cumpliesen con los requisitos necesarios para el acceso a documentación que incluya datos personales.

“Una carga administrativa excesiva”

En su recurso, los periodistas también argumentan que la Eurocámara, a fin de proteger el derecho a la intimidad de los eurodiputados, podría haber facilitado toda la documentación requerida ocultando los datos personales de los miembros del Parlamento Europeo. Pero el fallo también tira por tierra dicho argumento. El Tribunal General de la UE considera que la divulgación de documentación con los datos personales eliminados no habría tenido el “efecto útil” que buscaban los periodistas. “Dicho acceso no habría permitido a los solicitantes controlar individualmente los gastos de los diputados al Parlamento Europeo, ya que sería imposible vincular los documentos solicitados con las personas afectadas”, señala la sentencia.

De haberse hecho, no obstante, la justicia europea señala que habría supuesto “una carga administrativa excesiva” para la propia institución comunitaria. “Durante la audiencia, el Parlamento afirmó, sin que los solicitantes contradijeran ese extremo, que había un promedio de 5.500 páginas [de documentos relativos a dietas] por cada miembro del Parlamento Europeo durante los períodos solicitados, es decir, 33.000 páginas para los seis miembros chipriotas, más de 500.000 páginas para los 96 miembros alemanes y más de cuatro millones de documentos para todas las solicitudes”, señala el Tribunal General de la UE, que añade que la petición “extremadamente voluminosa” también constituye “un hecho que justificaba la denegación del acceso parcial a esos documentos”.

Además de sus salarios, los 751 miembros de la Eurocámara disponen de una serie de dietas para sufragar todos sus gastos. En primer lugar, para las actividades que desarrollen fuera de su propio país, los parlamentarios tienen derecho al reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento y otros gastos asociados hasta un máximo anual de 4.264 euros –si las actividades se desarrollan en su Estado de elección, sólo tienen derecho al reembolso de los gastos de transporte–. Además, tienen derecho a una dieta fija diaria de 313 euros para gastos de alojamiento por cada día que permanezcan en Bruselas o en Estrasburgo realizando actividades oficiales. En el caso de que estas reuniones se realicen fuera de la Unión Europea, la dieta es de 156 euros semanales y las facturas de hotel se les reembolsan por separado.

Los europarlamentarios también tienen a su disposición las conocidas como “dietas para gastos generales”, que ascendieron a 4.416 euros mensuales en 2018–dicha cantidad se reduce a la mitad si el diputado falta de forma injustificada a la mitad de las sesiones plenarias de un año parlamentario (septiembre-agosto)– y que están destinadas a “cubrir los gastos de las actividades realizadas principalmente en la circunscripción en la que el diputado fue elegido”, según la información del propio Parlamento Europeo. La idea es que con esa cantidad se sufraguen aspectos como el alquiler y administración de oficinas; actividades de representación; los gastos de teléfono y suscripciones; la compra y el mantenimiento de equipos informáticos y teléfonos; o la organización de conferencias y exposiciones.

“Duro golpe a la transparencia”

La resolución de la justicia europea no ha sentado nada bien a los colectivos que trabajan para que la luz y los taquígrafos estén siempre en pleno funcionamiento en las instituciones comunitarias. Para Nick Aiossa, miembro de Transparencia Internacional Europa, el Tribunal de Justicia Europeo “ha asestado un duro golpe a la transparencia” con la sentencia. “Los periodistas que presentaron el caso correctamente reconocieron que es de interés público permitir que los ciudadanos escudriñen cómo están utilizando los eurodiputados el dinero de los contribuyentes”, sostiene el activista, que considera que con el fallo se envía “un mensaje ridículo” a pocos meses de unas elecciones a la Eurocámara que se celebrarán “en un momento en el que la confianza” de los ciudadanos en las instituciones comunitarias está en horas bajas.

También se pronunció sobre la sentencia el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea. “El hecho de que los periodistas hayan tenido que acudir a los tribunales para tener acceso a documentos que deberían ser públicos demuestra la urgente necesidad de accesibilidad y transparencia en torno a los gastos de los eurodiputados”, afirma el eurodiputado Ernest Urtasun, que añade que es necesario un cambio de reglas para evitar que “el secretismo” continúe dañando la imagen del Parlamento Europeo y alentando a los euroescépticos. “Los Verdes/ALE piden a los eurodiputados que conserven los recibos de todos los gastos, que devuelvan el dinero no gastado al final del mandato y que publiquen anualmente un resumen de sus gasto”, señaló el grupo parlamentario en un comunicado.

Garzón urge una reforma legal para salvar los casos de justicia universal en España

Ver más

“Gastos que no tienen que ver con la representación”

En la misma línea se pronuncia el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. Marina Albiol, eurodiputada por Izquierda Unida, apunta en conversación con infoLibre que la sentencia del tribunal “da cobertura a la opacidad que caracteriza a las instituciones comunitarias”. “No se puede usar la excusa de la privacidad cuando se trata de dinero público”, asevera la parlamentaria, que considera que la transparencia es el único camino para conseguir “unas instituciones libres de corrupción” y califica de “bastante preocupante” que “tras años de políticas de austeridad dictadas desde Bruselas” se intente “por todos los medios” que no se sepa “cuánto dinero público gastan los cargos electos y en qué”. “Son conscientes de que desde el Parlamento Europeo se sufragan gastos que no tienen nada que ver con la representación y, además, quieren ocultar los desproporcionados salarios y dietas que aquí se cobran”, sentencia.

Este diario intentó, sin éxito, recabar la opinión de la delegación socialista en la Eurocámara sobre la sentencia y sobre la postura que mantienen los socialistas sobre este asunto. Desde el PP, por su parte, sólo se limitaron a responder que respetan el fallo, pero no aclararon si están a favor o no de incrementar la transparencia en relación con las dietas que perciben los eurodiputados. A pesar de ello, la postura del Partido Popular Europeo quedó clara el pasado mes de julio, cuando sus cuatro eurodiputados presentes en la Mesa de la Eurocámara rechazaron la propuesta de aumentar la transparencia de las dietas para gastos generales de los miembros del Parlamento. Junto a ellos, votaron en contra tres eurodiputados socialdemócratas y otro del Grupo de los Conservadores y Reformistas.