El Gobierno ha calculado que el ahorro vinculado a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como a lo descuentos del 50% en los Avant y en algunos AVE, alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre. Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros, en la que ha informado que unas 300.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos a partir de este miércoles.
El ahorro se ha calculado a partir de una familia compuesta por una pareja y dos hijos estudiantes que se desplazan en el entorno metropolitano de las principales ciudades españolas que cuentan con servicios de Cercanías (Rodalies en Cataluña) y de Media Distancia.
Así, las familias, según las estimaciones del Gobierno, se ahorrarán durante estos cuatro meses unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades grandes como Valencia o Sevilla.
Raquel Sánchez ha aprovechado su intervención para interpelar al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que voten a favor del paquete de ayudas en el que se incluye esta gratuidad de los trenes, al entender que "impacta positivamente en las familias y en los trabajadores".
"Esta medida ayuda a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y, en definitiva, a todos, porque hace que el transporte público sea más asumible, posibilitando acudir al centro de trabajo, de estudios, a los centros sanitarios y al resto de servicios públicos. Supone un alivio para sus economías, sobre todo para los más vulnerables, y beneficia al conjunto de la sociedad porque ayuda a contener la espiral inflacionista", ha añadido la ministra.
Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de cara a la adquisición de los abonos desde este miércoles. Los usuarios que utilicen normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata de registrar los datos.
Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza. En el caso de los Cercanías y Rodalies, la fianza a pagar a la hora de adquirir el abono será de 10 euros, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.
En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.
Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.
La adquisición del abono se realizará por cada núcleo de Cercanías y será válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino. Todos los clientes podrán obtener este abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la app de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente.
La app generará un código QR que descargará en el móvil y que se podrá utilizar para cruzar directamente los tornos en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia/Alicante, Valencia y Zaragoza. Asimismo, generará un código de siete dígitos con el que se podrá obtener el abono en soporte físico o bien cargarlo en el que ya disponga el cliente en las taquillas o las máquinas autoventa de los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Barcelona. En cualquier caso, en las estaciones de estos núcleos Renfe dispondrá de personal de apoyo.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha trasladado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene una "enorme responsabilidad" en la votación del plan de ahorro energético que tendrá lugar este jueves 25 de agosto en el Congreso, y le ha pedido que "no haga demagogia" en torno a las centrales nucleares, ya que "no se cerrará ninguna hasta el 2027".
Como ha destacado, el plan energético responde a las exigencias de ahorro de gas que marca Europa para reducir la dependencia de Rusia, por lo que ha pedido a los 'populares' que tengan "altura de miras y sentido de Estado" a la hora de votar.
En este sentido, la también vicepresidenta primera del Senado cree que "debemos ser consecuentes con nuestra pertenencia a la Unión Europea", de la que "formamos parte para recibir fondos" pero eso también conlleva "hacer algún sacrificio", y a su juicio "tampoco es una cosa extraordinaria" lo que incluye el plan.
Narbona se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en su visita a San Vicente de la Barquera, donde ha acudido esta tarde para conocer las actuaciones realizadas con fondos europeos Next Generation en el municipio, acompañada del secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, y del alcalde y secretario general del partido en San Vicente de la Barquera, Dionisio Luguera, entre otros representantes socialistas.
La presidenta del PSOE ha incidido en la importancia que tiene el plan desarrollado por el Gobierno para paliar la escasez de gas, que "puede ser muy aguda en los próximos meses a nivel europeo". Por ello, y tras "ver algunas de las propuestas que el PP plantea", ha lamentado que su solución sea decir que se prolongue la vida de las centrales nucleares.
España ha superado las 138.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania cuando se cumplen este miércoles seis meses desde el inicio del conflicto bélico, según ha informado el Ministerio del Interior.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado que, desde la activación de esta iniciativa, el pasado 10 de marzo, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la Policía Nacional han tramitado y concedido en concreto un total de 138.370 protecciones a los refugiados ucranianos que han llegado al país.
Interior ha destacado que, este dato sitúa a España entre los países europeos que más protecciones ha concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania.
En este sentido, el Ministerio pone en valor el mecanismo puesto en marcha de urgencia por el Gobierno para dar cumplimiento del acuerdo de la UE, con el que, por primera vez en la historia, se autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
El número de personas hospitalizadas en UCI por COVID-19 en España ha disminuido un 23,4% durante la última semana y sólo Baleares y La Rioja registran aumentos en este indicador. Los ingresos en planta, por su parte, bajan en todas las Comunidades Autónomas y se han constatado un total de 340 fallecidos por la pandemia desde el pasado martes, frente a los 507 del martes anterior.
En concreto, Sanidad ha informado este martes de 4.603 personas hospitalizadas en España actualmente, 1.075 menos que el martes anterior, el pasado 16 de agosto, cuando se notificaron 5.138 pacientes hospitalizados. Mientras, este martes hay 271 personas en UCI, 83 menos que el pasado viernes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un nuevo llamamiento a Rusia y su presidente, Vladimir Putin, a que se retiren de todo el territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea anexionada en 2014, y ha reconocido su preocupación por las consecuencias que tiene la ocupación rusa de puertos ucranianos.
Sánchez ha intervenido en la reunión virtual de la Plataforma Internacional de Crimea, creada hace un año para aunar esfuerzos en pro de la reintegración de la península en Ucrania, y en la que han intervenido unos 50 líderes mundiales, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski,
Violación de Derechos Humanos
En su mensaje, el presidente ha reiterado su "enérgica condena a las agresiones injustificadas" por parte de Rusia, incluida la ocupación de Crimea, donde sus actuaciones ilegales constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y delos Derechos Humanos".
En este sentido, ha dejado claro que España y sus aliados están "decididos a defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, incluidas sus aguas territoriales". "Instamos a Rusia a que se retire de todo el territorio de Ucrania", ha defendido.
Asimismo, ha manifestado su preocupación por la ocupación por parte de Rusia de puertos ucranianos puesto que "viola las leyes marítimas y obstaculiza la libertad de tráfico en el Mar Negro, lo que exacerba la inseguridad alimentaria y amenaza la vida de millones de personas en todo el mundo".
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado hoy de "frivolidad" el 'no' del PP al decreto Ley del Gobierno con medidas para el ahorro energético que se prevé convalidar el próximo jueves en el pleno del Congreso. En cualquier caso, ha señalado que el Ejecutivo está "ultimando conversaciones" con los grupos políticos en el Parlamento para lograr los apoyos y sacar adelante estas medidas.
Así respondía la Portavoz del Gobierno este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al anuncio, realizado ayer mismo por los populares, de que votarán en contra de ese Decreto Ley si no se corrigen las "frivolidades" que contiene.
Isabel Rodríguez devolvía el calificativo a los populares al asegurar que lo que la parece una "frivolidad" es la forma en que ha respondido el PP al que ha acusado de haber tenido 23 días para leer el contenido de las medidas y, a pesar de ello, dan la impresión, según ha dicho, de desconocerlas.
Además, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo al retarle a que pregunte en la estación de Atocha o la de Sans si los ciudadanos consideran una frivolidad tener el transporte gratuito, contar con 100 euros más en las becas al mes de aquí a fin de año o los 450 millones de euros en ayudas para los transportistas. Dicho esto, ha exclamdo: "esperábamos algo más del PP, están en otro tiempo, en el pasado".
En cualquier caso, la Portavoz ha explicado que el Gobierno está trabajando para que el Decreto Ley salga adelante con el apoyo de otros grupos y para ello, ha dicho, está "ultimando conversaciones" con el resto de los partidos para que el jueves sea aprobado en el Parlamento.
Así, ha recordado que el Ejecutivo está pidiendo el apoyo de todas las fuerzas políticas a este Decreto Ley desde el 1 de agosto. En este contexto, ha señalado que han estado intentando contactar durante este mes con el resto de grupos, aunque ha admitido que algunos estaban de vacaciones, y que van a seguir haciéndolo en las próximas horas. "Esperamos contar con ese apoyo mayoritario", ha remachado.
Según la ministra, los ciudadanos no entenderían que ningún grupo político pueda decir "no" a las becas, las ayudas al transporte o los abonos gratuitos para desplazarse. "Es tan de sentido común que esperamos un acuerdo mayoritario para sacarlo adelante", ha remachado.
En cuanto a la petición del PP de realizar modificaciones, ha recordado que se trata de un Decreto Ley que incluye las medidas de un acuerdo en la Unión Europea para reducir el consumo energético en un 7%, por lo que no se puede modificar, según ha dicho, pero ha pedido al PP que utilice otro camino para realizar sus propuestas. "No se entiende que el PP no se haya aprendido los trámites parlamentarios", ha espetado.
El Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.
No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.
De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse los peajes.
El Gobierno defiende que este plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y al alineamiento con las agendas estratégicas de la Unión Europea, en cuya mayoría de países (Italia, Francia o Portugal, por ejemplo) se aplican peajes de forma generalizada.
Estos contratos abren la primera de las tres fases en las que se articulará esta medida. La segunda será el diseño e ingeniería de la solución adoptada y la tercera estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro.
Uno de los primeros elementos que se analizarán en estos informes será si se adopta un sistema de viñetas, con las que se paga una cantidad fija al año para poder circular, o de peajes, que dependerá de la distancia que se recorre en cada momento.
También se estudiará al alcance de la red vial a tarificar, si son solo las autovías estatales o también las autonómicas (para no crear agravios territoriales) o incluso cualquier carretera, así como la posible progresividad fiscal para no perjudicar a los más vulnerables.
El Gobierno ha calculado que el ahorro vinculado a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como a lo descuentos del 50% en los Avant y en algunos AVE, alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre. Así lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros, en la que ha informado que unas 300.000 personas se han registrado ya en la web de Renfe para adquirir estos abonos gratuitos a partir de este miércoles.
El ahorro se ha calculado a partir de una familia compuesta por una pareja y dos hijos estudiantes que se desplazan en el entorno metropolitano de las principales ciudades españolas que cuentan con servicios de Cercanías (Rodalies en Cataluña) y de Media Distancia.
Así, las familias, según las estimaciones del Gobierno, se ahorrarán durante estos cuatro meses unos 600 euros en Madrid, 750 euros en Barcelona y hasta 1.000 euros en otras ciudades grandes como Valencia o Sevilla.
Raquel Sánchez ha aprovechado su intervención para interpelar al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para que voten a favor del paquete de ayudas en el que se incluye esta gratuidad de los trenes, al entender que "impacta positivamente en las familias y en los trabajadores".
"Esta medida ayuda a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores y, en definitiva, a todos, porque hace que el transporte público sea más asumible, posibilitando acudir al centro de trabajo, de estudios, a los centros sanitarios y al resto de servicios públicos. Supone un alivio para sus economías, sobre todo para los más vulnerables, y beneficia al conjunto de la sociedad porque ayuda a contener la espiral inflacionista", ha añadido la ministra.
Desde el pasado 8 de agosto, los usuarios pueden registrarse en la página web y en las aplicaciones de Renfe y Renfe Cercanías para preparar los trámites necesarios de cara a la adquisición de los abonos desde este miércoles. Los usuarios que utilicen normalmente las herramientas de Renfe ya tendrán este paso hecho, puesto que se trata de registrar los datos.
Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza. En el caso de los Cercanías y Rodalies, la fianza a pagar a la hora de adquirir el abono será de 10 euros, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.
En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.
Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.
La adquisición del abono se realizará por cada núcleo de Cercanías y será válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino. Todos los clientes podrán obtener este abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la app de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente.
La app generará un código QR que descargará en el móvil y que se podrá utilizar para cruzar directamente los tornos en los núcleos de Cercanías de Madrid, Málaga, Murcia/Alicante, Valencia y Zaragoza. Asimismo, generará un código de siete dígitos con el que se podrá obtener el abono en soporte físico o bien cargarlo en el que ya disponga el cliente en las taquillas o las máquinas autoventa de los núcleos de Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Sevilla y Barcelona. En cualquier caso, en las estaciones de estos núcleos Renfe dispondrá de personal de apoyo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de cerca de 1.900 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y el alquiler social a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, como ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno también estima que estas acciones de rehabilitación y construcción de vivienda social servirán para crear unos 180.000 puestos de trabajo para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que suelen dedicarse a este tipo de actuaciones. Sánchez ha explicado en la rueda de prensa que los criterios de transferencia se pactaron de forma conjunta con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial y ha avanzado que en las próximas semanas se convocará una nueva Conferencia para "abordar esta transferencia e ir consolidando a cada una de las comunidades".
"El alcance de este programa de ayudas es mayúsculo tanto para la ciudadanía, como por la capacidad de creación de puestos de trabajo y en esa decidida lucha contra el cambio climático", ha expresado la ministra en su intervención. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) estima que la rehabilitación energética de los edificios supondrá un ahorro de consumo de la menos el 30%.
Sánchez ha comentado que ya se han puesto en marcha el 75% de los recursos destinados a rehabilitación y el 100% para la promoción de vivienda en alquiler social.
La Comisión Europea ha aprobado este martes el mayor programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea, que contará con una dotación de 320 millones de euros para la cooperación entre España y Portugal.
El plan, entre otras iniciativas económicas, apoyará la relación entre pequeñas y medianas empresas a los dos lados de la frontera, mejorará la investigación y la trasferencia de conocimiento y financiará proyectos para mejorar la eficacia energética en edificios publicos.
En el plano social y cultural, el programa respalda el turismo sostenible, iniciativas para preservar el patrimonio cultural y mejorar las infraestucturas sanitarias y la formación profesional para las poblaciones en las regiones fronterizas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, a los territorios afectados por grandes incendios en 15 comunidades autónomas, todas excepto Cantabria y Asturias.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez ha lamentado los 120 incendios forestales producidos en los últimos meses que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.
"Son incendios con características diferentes a las conocidas hasta ahora, debido al cambio climático, como las altas temperaturas que estamos viviendo", ha señalado al respecto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se han visto afectadas más de 200.000 hectáreas frente a las 50.000 del año pasado.