La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II presentó este martes un acuerdo para la defensa la gestión pública, transparente y participativa del agua en la Comunidad de Madrid. El acuerdo, que está compuesto por nueve puntos, ha sido apoyado por decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Entre ellas, destacan PSOE, Podemos, IU, UPyD, CCOO, UGT, Marea Azul, Ecologistas en Acción o Attac.
En un acto celebrado en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, la plataforma presentó el documento con el que pretenden blindar el agua como un derecho que quede libre de la gestión privada. Además, durante todo el encuentro estuvo presente el recuerdo a Ladislao Martínez (Ladis), referente del movimiento ecologista y pionero en la lucha contra la privatización del agua, que falleció el pasado mes de diciembre.
Jaime Cedrún, de CCOO, fue el encargado de abrir el acto, mandando un claro mensaje a Ignacio González: "Que pare todo el intento de privatizar el agua. No tiene legitimidad, está en minoría". Asimismo, recordó que "la mejor forma de gestionar un derecho" es la pública, porque "el agua no puede estar sometida al mercado".
Tras su intervención, llegó el turno de los ponentes invitados: Pedro Arrojo, propulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Por su parte, Arrojo contó la experiencia del pacto del agua en Zaragoza, donde se logró evitar la privatización de la gestión. Una situación a la que, apuntó, se ven forzados muchos ayuntamientos que se encuentran en "anorexia financiera" y, en lugar de solventar estos problemas a largo plazo, solo se hace "mirando a las próximas elecciones"
Arrojo también denunció que la "visión neoliberal" ha generado "la idea de que todo se compra y se vende, de que todo debe estar bajo la lógica del mercado" y, así, "convertir a los ciudadanos en clientes". Esto hace que "si somos pobres, estemos siendo sacados de nuestros derechos elementales", por lo que definió las luchas contra la gestión privada del agua como una "rebelión de los pobres" que, a su vez, lleva a una "reivindicación democrática, que va más allá de la izquierda".
El gerente de Aeopas, Luis Babiano, comenzó recordando las numerosas protestas contra la privatización del agua que se han ido sucediendo en los últimos años en España, como las de El Puerto de Santa María (Cádiz) o Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Una oposición ciudadana que recalcó como muy importante, ya que "antes se privatizaba sin que apareciera en los programas electorales ni estuviera en la agenda pública".
Así, Babiano definió este cambio en el modelo de gestión como un "acto de sabotaje social" que, en muchos casos, abre "una puerta a la corrupción". Además, señaló cuáles son, a su juicio, los dos objetivos primordiales para la defensa del agua pública: desprivatizar y mejorar el actual sistema de gestión pública. Por ello, animó a participar en el Pacto Social por el Agua Pública, conocido bajo el nombre #Iniciativagua2015.
Tras estas intervenciones, Enrique Ortega, representante de la Plataforma, hizo un breve repaso de los seis años de intentos de privatización del Canal de Isabel II por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, algo para lo que "no había razón técnica ni económica". Por este motivo, apuntó que se trataba de algo "hecho para favorecer a los amigos de las grandes empresas constructoras". También hizo un apunte sobre la situación política, recordando que "el pacto está formado por la mayoría política, por lo que va a haber una propaganda muy fuerte de los poderes fácticos y el propio gobierno regional".
Las organizaciones políticas que han firmado el acuerdo intervinieron en el acto como muestra de apoyo a la iniciativa. Así, participaron Ramón Linaza (Equo), Carmen Villares (IU), Jesús Montero (Podemos), Amparo Balcarce (PSOE) y Guillermo Zapatara (Ganemos Madrid). La presentación finalizó con una breve actuación de la Orquesta Solfónica.
Las claves del pacto
El acuerdo al que han llegado las organizaciones se dividen en nueve puntos. El primero, defiende la gestión cien por cien pública sin ánimo de lucro, mediante una empresa pública que se dedique exclusivamente a las actividades derivadas del ciclo integral del agua. Del mismo modo, señalan que "cualquier excedente deberá destinarse a la mejora y sostenibilidad del sistema".
El documento también defiende el refuerzo del peso de los ayuntamientos madrileños en esta empresa, la garantía de una dotación mínima de suministro, una política tarifaria progresiva o no cortar el suministro en caso de "impagos justificados".
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La participación ciudadana y la transparencia son uno de los aspectos fundamentales del acuerdo, por lo que señala en otro de sus puntos el establecimiento de indicadores públicos de gestión y calidad y la creación del Observatorio del Agua, un "órgano de participación social y ciudadana" para garantizar la pluralidad.
El cuidado del medio ambiente protagoniza uno de los apartados del tratado, subrayando que "la gestión estará orientada a un uso sostenible del agua, en cumplimiento de las directivas medioambientales".
Otros aspectos señalados son la defensa de derechos y condiciones de trabajo justas para los empleados, la apuesta por un plan bianual de I+D+i y la derogación de la "mal llamada ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local", ya que consideran que fomenta la privatización de los servicios municipales".
La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II presentó este martes un acuerdo para la defensa la gestión pública, transparente y participativa del agua en la Comunidad de Madrid. El acuerdo, que está compuesto por nueve puntos, ha sido apoyado por decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Entre ellas, destacan PSOE, Podemos, IU, UPyD, CCOO, UGT, Marea Azul, Ecologistas en Acción o Attac.